Apertura, desregulación y endeudamiento (No hay plan B)

jpmorgan

La primera semana del 2017 vino acompañada de una serie de modificaciones en el esquema macroeconómico del país pero a su vez, y en mayor medida, por grandes acontecimientos en la escena económica internacional.

En el plano nacional sucedieron varios hechos de relevancia: el estreno de la tasa de pases como “referencia monetaria”, una tasa promedio entre la pasiva que se opera poco (la mayoría de los pases son a 1 día) y la activa, que directamente no se opera; la formalización de la baja “gradual” de retenciones a la soja; la eliminación de la obligatoriedad a las exportaciones de servicios para liquidar las divisas en el BCRA y la reducción de los impuestos internos a los autos de lujo. Pero, sin dudas, la medida central ha sido la quita total de restricciones a la entrada y salida de capitales.

Hacia fines de 2015, cualquier inversor del extranjero que quisiese comprar un activo financiero en el país debía constituir un encaje del 30% del monto a invertir y tenía la obligación de mantener los fondos en el país por, al menos, 365 días -disposición establecida en 2005 por el ex Ministro Lavagna que daba cuenta de una nueva fisonomía regulatoria en el periodo abierto con la pos-convertibilidad-. El ex-ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, alivianó las responsabilidades de los inversores financieros al comienzo de su gestión (el 16 de diciembre de 2015) quitando el requerimiento de encaje y reduciendo el plazo mínimo de permanencia a 120 días. Al parecer, seguía siendo mucho. El jueves 5 de enero de 2017, el nuevo ministro de Hacienda anunció la eliminación total de esos plazos mínimos, garantizando así que cualquier fondo de inversión pueda entrar y sacar los capitales del país en la magnitud que le plazca y sin límites de plazos mínimos de permanencia.

En relación a esta medida, que no hará otra cosa que dotar de un fuerte componente de inestabilidad al mercado cambiario local, cabe detenerse en dos aristas centrales. En primer lugar, el objetivo oculto de esta medida y, en segundo lugar, cómo se compatibiliza el modelo económico de Cambiemos con las grandes mutaciones que está enfrentando la economía mundial.

Respecto del primer punto debemos retrotraernos unos meses, puntualmente a octubre de 2016. En esa fecha el Tesoro Nacional hizo la extraordinaria (y sospechosa) proeza de colocar $75 mil millones a 10 y 7 años en pesos y a tasas fijas de 15,5% y 16%, respectivamente. Lo primero que llamó la atención de dicha colocación fue la tasa de corte sumamente baja que se obtuvo, incluso por debajo de cualquier proyección de inflación para el próximo trienio. Un mes antes de dicha colocación, el gobierno había fracasado en una licitación igual (pero a 18 meses), teniendo que pagar 22,7% y pudiendo colocar sólo $15 mil millones de los $25 mil millones objetivos. En esa rueda, para colocar el total el gobierno debió haber cortado el interés por encima del 23%, sin embargo eligió fijar la tasa en un valor menor y rechazar ofertas. Asimismo, en la mega-colocación de octubre llamó poderosamente la atención también la gran cantidad de ofertas recibidas desde el exterior para adquirir un bono en moneda local de una economía con serios problemas inflacionarios y pagando una tasa fija inferior, por lo menos, a la suba de precios y tipo de cambio proyectada los primeros 3/4 años. ¿Qué fue lo que cambió tanto en un mes? ¿Será que los fondos especulativos ahora apuntan al mediano plazo? Nada de eso.

Lo que estaba por detrás del éxito de la colocación del tesoro es el acercamiento de Argentina a los requerimientos que el JP Morgan le impone a las economías emergentes para incluirlos en su Government Bond Index-EmergingMarkets (GBI-EM). Este índice, compuesto por bonos en moneda local de deuda soberana de países emergentes como Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Turquía, Nigeria y otros, es benchmark a nivel internacional, es decir, diversos fondos de todo el mundo reproducen ese índice armando sus carteras según la estructura que el JP Morgan les asigna. Lo cierto es que para que el banco del ex-ministro decida incluir a un país emergente dentro de su codiciado índice, el país debe cumplir una serie de requisitos, a saber: tener emisiones a tasa fija y en moneda doméstica por más de USD 1.000 millones, que la inversión en esos activos sea convertible y que no existan restricciones al movimiento de capitales. Nuestro país superó en octubre dicho monto mínimo, por eso la desesperación de todos los actores financieros por adquirir esos bonos en pesos. ¿Cuál era el negocio? Si Argentina eliminaba la restricción de los 120 días, el JP Morgan incluiría al país en el GBI-EM haciendo que los fondos que reproducen ese índice deban venir al país a adquirir dichos bonos, lo que aumentaría su precio y permitiría a los tenedores hacer un fabuloso negocio de compra-venta.

En efecto, y prácticamente como acto reflejo, el viernes 6 enero de 2017 el banco JP Morgan anunció que incorporará a los bonos argentinos en el índice GBI-EM en su próxima reunión del 28 de febrero. Parece claro que la banca JP Morgan está jugando el rol que antaño desempeñaban el FMI y BM: ofrece “beneficios” con condicionalidades. Ahora bien, si el BM y FMI son organismos con representación de los estados, el JP Morgan directamente es la banca privada. El capital financiero transnacional.

Explicado esto, es bastante más simple entender qué busca el gobierno con la quita de restricciones: hacer un guiño a la banca internacional, quien determina en gran medida hacia qué países van los fondos de inversión. Claro está que los dólares que ingresen por este acuerdo serán dólares especulativos que, dada la nueva legislación, podrán volver a su país de un momento a otro. Esto no sólo es una forma más de financiar la fuga de capitales en el corto plazo (ya en niveles históricos, similares a los previos a 2011 cuando la formación de activos externos y la remisión de utilidades superaron los 20 mil millones de dólares) sino también un factor que agrega un fuerte componente de fragilidad y vulnerabilidad económica al país.

En segundo lugar, y más allá de este evidente acuerdo entre el ex-ministro y el JP Morgan, vale mencionar también que nuestro país continúa tomando un rumbo totalmente opuesto al que

parece dirigirse la economía mundial. Sin ir más lejos, en la misma semana que anunciaban la quita de controles a los capitales en nuestro país, en China imponían un límite a la compra de divisas por individuo (si, lo que aquí algunos llamarían “cepo”). Como precedente no menor, cabe indicar que la unificación cambiaria del Yuan impulsada por el FMI y la liberalización del mercado de capitales en China generó una fuga próxima a los USD 200 mil millones sólo en 2016 (guarismo cercano a medio PBI argentino), obligando a las autoridades de dicho país a establecer un máximo de venta de divisas de USD 50 mil por individuo al año. Como si fuese poco, las previsiones para este año no son alentadoras para nadie: la FED ya confirmó que subirá la tasa al menos tres veces durante 2017, lo que supone un fortalecimiento del dólar y fuga de capitales globales hacia la plaza norteamericana. En ese contexto, este tipo de políticas no son aisladas: comienza a repensarse la regulación de los mercados de capitales.

Asimismo, durante la primera semana de enero el flamante presidente de los EEUU instigó a Ford por planificar una inversión de USD 3 mil millones para producir autos en México y luego exportarlos a Estados Unidos; a tal punto que la empresa americana canceló la inversión y re-localizó parte del proyecto en Michigan. También le tocó el turno a General Motors y Toyota que fueron instadas “amablemente” a producir en el país o pagar los altos aranceles que impondrá Estados Unidos, en palabras del propio Trump: “NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax”.

En contraste, Cambiemos intenta abrir la economía y especializarse en la producción de alimentos, remozando el sueño oligárquico del granero del mundo, ahora convertido en la apuesta al supermercado del mundo.

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