Cerrar las cuentas

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Días atrás, Carlos Pagni, columnista de La Nación, indicó que la “actual crisis” se debe al descontrol del gasto público. El ex Secretario de Finanzas y reciente incorporación del massismo, Guillermo Nielsen, sostuvo asimismo que “el Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para hacer desestabilizar la economía, al hacer caso omiso de la importancia al equilibrio fiscal y el monetario”. Y el economista Orlando Ferreres indicó en estos días que “el gasto público se ha desajustado en esta última década, pues en 2014 llegará a los u$s 225.000 millones, por lo que habrá que rebalancear su evolución si se desea tener un país estable, sin inflación y sin pobreza. Para ello es necesario volver al nivel de gasto público sustentable que para este momento es de u$s 100.000 millones”.

La recurrente instalación del déficit fiscal como problema central de la economía argentina tiene por estos días un nuevo capítulo. Es que para los economistas del establishment, allí residen los escollos de la economía actual.

Pero a su vez, la vehemencia del reclamo sigue sin expresar el eje del conflicto. El tan reclamado ajuste ortodoxo implica un recorte de las transferencias a sectores populares (y la exclusión de las mayorías como beneficiarios del gasto público). Pero además, como la propia historia revela, en las administraciones liberales tampoco “cerraron las cuentas”, precisamente porque el déficit fiscal habilito un negocio en doble vía: transferencias fiscales y cuasi fiscales a los grupos económicos responsables del propio déficit y, en paralelo, un proceso de endeudamiento para la financiación del mismo, el cual benefició a un puñado de grandes empresas en el proceso de valorización y fuga.
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Los negocios del déficit

Durante el modelo de Valorización Financiera (1976-2001) se transfirieron ingentes ingresos a favor de los principales grupos económicos (transnacionales y locales), siendo el Estado argentino el encargado de solventar y proteger tales intereses en desmedro del sector asalariado.

En el periodo 1981-1989 tales transferencias se canalizaron a través de políticas como los Seguros de Cambio, la Promoción Industrial (que subsidió el 85,8% de la inversión privada en la industria, cifra que ascendió al 91% para 1985), Fondos de Fomento y el subsidio-precio en la venta de bienes estatales al sector privado. En números, esas transferencias representaron 3,5% del PBI acumulado a través de políticas previstas en el gasto fiscal presupuestado, 9,7% del PBI acumulado a través de transferencias vía gastos cuasi fiscales, 8% del PBI a través del pago de los intereses de la deuda externa, y 5,3% del PBI a través de otras transferencias vinculadas al sector externo (por ejemplo, para solventar la fuga de capitales). Estas políticas que afectaron la cuestión fiscal no fueron cuestionadas por deficitarias. Como contracara, los trabajadores perdieron en el periodo, 8800 millones de dólares anuales, cayendo su participación en el PBI al 30,2%.

Pero fue efectivamente en los ‘90 donde se perfeccionó el negocio en doble vía (déficit y endeudamiento). Una vez efectuado el proceso de privatizaciones para habilitar con el Plan Brady la capitalización de deuda a través de bienes públicos, se dio lugar a la reforma laboral.

La reducción de aportes y la implementación del sistema de AFJP impactaron negativamente en las finanzas públicas. En el periodo 94-2000 el Estado deja de percibir $ 29960 millones por la implementación del sistema previsional privado, y $ 22372 millones por la reducción de aportes. En suma $ 52332 millones. En el mismo periodo, el déficit financiero ascendió a $54615 millones, que se originó en los ingresos dejados de percibir.

El endeudamiento en la etapa tiene este origen: el déficit. No fue por los intereses de la deuda contraída por la dictadura, ni para financiar los gastos corrientes (que eran la mitad del endeudamiento). Fue por los ingresos que dejó de percibir (como resultado del reparto de los excedentes entre las fracciones del capital) y por la necesidad de financiar el déficit del sector privado producto del déficit por servicios reales (es el turismo, marcas y patentes y fletes), servicios financieros (deuda externa privada), y fuga que no se logró compensar con el endeudamiento y la IED del periodo (de distinta naturaleza porque es por compra de empresas, lo que implica la extranjerización de la economía salvo en el sector agropecuario). Tanto la fuga propia del proceso financiero al estilo de la dictadura como la resultante sobre todo del proceso de extranjerización “debía” financiarse con divisas. Según Gaggero, en la hipótesis “contrafáctica” de que ambos flujos (aportes previsionales y cargas previsionales e impositivas eliminadas) hubiesen continuado alimentando las arcas públicas, el déficit del período se habría limitado a un promedio 1 punto de PBI por año (o, lo que es lo mismo, el desbalance fiscal del período hubiese sido 74% más bajo).

Vale recordar que para el mismo período, los montos por el pago de servicios de la deuda externa ascienden a $54446 millones. La similitud de estos montos refleja que tanto el déficit como el endeudamiento son el resultado de la compensación al capital local en la misma medida que los acreedores externos. De esta forma se intenta resolver las disputas de las fracciones del capital llegando a un equilibrio. El estado debe endeudarse para generar divisas que garanticen esas transferencias y a la vez, continuar con el ajuste del gasto.

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Ejercicio Renovador

Las propuestas que hoy en danza proponen “equilibrar” las cuentas públicas tienen también otro significado. En el caso del Frente Renovador, al mismo tiempo que aumenta el déficit por la vía de quitar y reducir formas de financiamiento, también propone eliminar ese déficit. El sentido común indica que el ajuste “equilibrador” está dirigido al gasto.

En líneas generales, el FR propone recortes de impuestos y, a la par, aumentos de gastos. La reducción de impuestos quitaría financiamiento al propio gasto que pretende aumentar y contraería la actividad que es impulsada por la acción del Estado.

  • Propone una reducción de las retenciones a los productos primarios (5% a la carne, 10% al maíz, 16% al girasol y reducción total al trigo) como base para mejorar la oferta y la exportación, y así poder abaratar los precios locales. Esta eliminación/reducción de las retenciones conllevaría un costo total de 10.000 millones. Además, esta decisión implicaría una presión adicional para trasladar el precio internacional de los bienes que integran la canasta básica, que Argentina exporta. Si se considera el aumento del precio internacional del trigo en un 91% entre 2004 y 2014, hoy el kilo de pan saldría $43,2.
  • La disminución de impuestos a las importaciones de bienes de capital rondaría el costo total de 8.000 millones.
  • El subsidio a las microempresas y la reducción de ganancias generalizada para empresas que contratan empleo joven llevaría un costo de 26.700 millones y 800 millones de costo fiscal para las provincias.
  • La suba del Mínimo No Imponible de Ganancias costaría 17.800 millones y 11,4 millones de pesos de costo fiscal para las provincias.
  • La propuesta de elevar el Mínimo No Imponible a $800.000 y ajustar las alícuotas aplicables por el valor total de los bienes gravados implicaría un costo fiscal de 1,9 mil millones, y una transferencia al decil más rico de 1,629 millones.
  • Un bono para jubilados de 16,1 millones de pesos.

Aun considerando la compensación a jubilados (única transferencia pautada y con impacto social positivo) y la suba del Mínimo No imponible de Ganancias, el programa fiscal del Frente Renovador (reducción de impuestos a deciles más ricos y escasas propuestas de incremento de gasto social) reduce el potencial distributivo de la acción del Estado, al tiempo que genera un impacto negativo sobre la evolución del PBI.

Sin embargo, en paralelo el FR propone “equilibrar” las cuentas públicas. Si hacemos el ejercicio de traducir ese “costo fiscal” de 64.000 millones en reducciones de gasto, una posibilidad podría ser la eliminación de la AUH (16.420 millones), una reducción de las jubilaciones de 34.950 millones y de los subsidios de 13.030 millones. Estos recortes en jubilaciones, AUH y subsidios significarían achicar en 3,3 millones las prestaciones de AUH (es decir, eliminar la AUH), tener 900.000 jubilaciones mínimas menos, y provocar un aumento promedio del 237% para la tarifa residencial de electricidad o del 264% para el boleto de colectivo en el AMBA.

En definitiva, las fuentes de nuevo financiamiento, o las propuestas de reforma tributaria para mejorar la progresividad de los ingresos que financien los nuevos gastos (o en otras palabras, que compensen la desfinanciación que se haría a las finanzas públicas) están ausentes.

Financiar el desfinanciamiento

Un Estado desfinanciado y débil, no es simplemente tributario de la ideología de Estado mínimo neoliberal, que libera la acumulación a los “mejores” del mercado. Es un Estado débil en materia social, pero que mantiene su presencia en la acumulación de pocos actores (que con deuda estatal financia la fuga privada, cuando no estatiza la propia deuda de los privados).

Que “cierren las cuentas públicas” es parte del catálogo de buenas intenciones, que parece preocuparse por la salud del Estado. En pos de ese objetivo –que los economistas del equilibrio lejos estuvieron de lograr, sino que acrecentaron el “rojo” de la “caja” del Estado- las cuentas “cerraron” con deuda, y con los argentinos afuera.

 

Hernán Letcher

Julia Strada

CEPA – Centro de Economía Política Argentina

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