Concentración y puja distributiva

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Para Tiempo Argentino

Las causas principales de los aumentos de precios derivan de una intensa puja distributiva que se viene agudizando desde el 2007, en el marco de una economía concentrada en pocos actores. Paradójicamente, los grandes empresarios son los ausentes de la discusión, y los que tienen la capacidad (y la usan) para generar inflación. Por eso, una excelente política para atacar una de las principales razones de la inflación (una economía oligopolizada) es la nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Justamente la reciente presentación judicial del Grupo de los Seis, expresa la resistencia a esta medida porque su intención es impedir normativas que permitan tanto a los consumidores como al Estado neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, han podido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de distintas estrategias, pero particularmente mediante aumento de precios.
En Argentina hay 700 mil empresas chicas y medianas. Y sólo 5000 grandes. La estructura económica funciona muchas veces condicionada por los grandes oligopolios formadores de precios. Esto se expresa en el sector productivo (donde dos empresas producen el 60% de las galletitas o el 82% de la leche, entre otros ejemplos), en la distribución (tres cadenas de supermercados concentran más de 1000 bocas de expendio y facturaron el último año por encima de los 30 mil millones de pesos) y entre los insumos difundidos (la producción de chapas o de polietileno es manejada por una sola empresa en ambos casos).
La incidencia de esta concentración en la formación de precios ha significado entre 2001 y 2010 que los precios de las industrias oligopólicas (Ramas Altamente Concentradas) se incrementaran un 7,6% por encima del promedio sectorial, mientras que los precios de las Ramas Medianamente Concentradas y las Ramas Escasamente Concentradas retrocedieron un 10% respecto a la media fabril.
Asimismo, sólo para el período 2007-2010, las RAC explicaron el 63% del incremento de precios mientras que las RMC y las REC explicaron el 23 y el 12 por ciento.
Los defensores del establishment económico local se resisten a perder los privilegios derivados de la posibilidad de determinar el precio hacia ambos lados de la cadena productiva y de comercialización (hacia pequeños productores y hacia consumidores). Esta es una ley que otorga una herramienta clave al Estado y a sus ciudadanos para defender a los consumidores y cuidar su bolsillo. Pero no sólo a los consumidores: también a aquellos pequeños y medianos empresarios que suelen pagar los “platos rotos cuando el poder concentrado avanza con políticas de concentración o presionando por devaluaciones bruscas”.
En definitiva, la ley refleja uno de los ejes del proyecto político iniciado en 2003: una mayor regulación estatal en la economía, para defender a los más débiles, consumidores y productores no concentrados. Porque, como decía Scalabrini Ortiz, lo que no se regula explícitamente en favor del más débil, se determina implícitamente en favor del más fuerte.
Hernán Letcher / Julia Strada.

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