Déficit fiscal o energético

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A diario la ortodoxia económica del establishment remite mecánicamente a los graves desequilibrios fiscales y monetarios que tiene la Argentina, fruto de un Estado que derrocha el dinero público por doquier y que emite sin límites cuando los recursos recaudados se le terminan. Analizando las diferentes variables económicas, podemos concluir que el problema no es fiscal, sino que nuestro país se encuentra atravesando un problema de déficit energético, en el marco del crecimiento económico más importante de su historia. Hasta el año 2011, el kirchnerismo se había caracterizado por ser un modelo de crecimiento basado en los “superávits gemelos”, es decir que exportaba más de lo que importaba (superávit comercial) y recaudaba más de lo que gastaba (superávit fiscal). Este resultado se modificó por primera vez en 2012, año en que se mantuvo el superávit comercial pero se incurrió en déficit fiscal. En 2011 ya se había registrado una fuerte contracción del superávit fiscal, pasando de 25 mil millones de pesos en 2010 a casi 5 mil millones en 2011. Y esta reducción de 20 mil millones de pesos tiene una relación directa y estrecha con la situación de la balanza energética.

Hasta el año 2010 Argentina tuvo superávit energético: más de 2.041 millones de dólares ese año, mientras que en 2011 el déficit energético representó casi 2.800 millones de dólares, lo cual determina una caída de aproximadamente 20.800 millones de pesos (más de 4.800 millones de dólares al tipo de cambio vigente en aquel momento), entre pérdida de ingresos y aumento de los egresos, resultando esta ser una cifra muy similar al tamaño de la caída interanual en el resultado fiscal de 2011.

En 2012 el resultado fiscal argentino empeoró en $9.200 millones de pesos. El déficit energético fue similar al del año anterior, pero el peso argentino terminó en diciembre de 2012 con un valor 20% superior al del año anterior. Esto significa que el estado necesitó más pesos para comprar al BCRA los dólares necesarios para importar los recursos energéticos: alrededor de $13.400 millones de pesos.

En 2013, año de consumo energético record, Argentina tuvo déficit energético por 6.163 millones de dólares, acompañado de micro-devaluaciones que arrojaron un dólar a $6,52 hacia fin de año. En 2013 el déficit fiscal fue finalmente de $22.479 millones de pesos.

Desde el Ministerio de Economía acaban recientemente de anunciar el resultado fiscal primario de años 2014: déficit de $38.562 millones de pesos. A su vez, diferentes estimaciones expresadas por el oficialismo, calculan que el déficit energético rondará este año entre los 7.000 y los 8.000 millones de dólares, o, convertido a pesos al tipo de cambio de diciembre de 2014 ($8,58), entre 60.000 y 69.000 millones de pesos. Nuevamente un valor superior al del resultado fiscal primario, como se puede ver en el gráfico 1.

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¿Por qué decimos que Argentina tiene un problema energético y no fiscal?

Si del cálculo de los ingresos y los egresos de fondos al Estado dejamos afuera el cargo que le genera el déficit energético, tendríamos superávit fiscal. Naturalmente esto es un mero ejercicio analítico, pero permite comprender la causa principal del déficit fiscal. No es el gasto descontrolado en diversos sectores en formas de subsidios desesperados, transferencias populistas y demás acusaciones. Fruto del aumento de consumo energético debido a la explosión del consumo de los hogares, más el fuerte incremento del consumo industrial, Argentina en 10 años aumentó su demanda de energía a casi el doble. La oferta de energía, claramente, no ha acompañado el crecimiento de la demanda en igual medida. La expropiación del 51% de las acciones de YPF responde firmemente a la necesidad de atender esta necesidad. Esta situación obligó a la Argentina a importar energía, sobre todo gas, debido a que la matriz energética depende principalmente de este combustible, situación que se dio en el contexto de los mayores precios del petróleo y sus derivados en la historia mundial. Este combo de necesidad de importación, sumado a la devaluación de la moneda y el crecimiento de la demanda energética, junto a la decisión de no trasladarle a la industria el aumento de los costos internacionales de la energía a través de subsidios han generado esta situación fiscal.

El déficit energético también tuvo un impacto en la balanza comercial. En el año 2013, por ejemplo, la balanza comercial fue superavitaria en alrededor de 7.000 millones de dólares, y el déficit energético representó un monto similar, 6.163millones de dólares. De nuevo, si hacemos el ejercicio de eliminar la balanza energética de la ecuación, Argentina contaría con un superávit comercial de más de 13 mil millones de dólares.

Sin el problema energético, Argentina se mantendría con el modelo de superávit gemelos. Y el estrangulamiento externo sería, al menos, una problemática de un impacto menor.

La emisión para financiar el déficit público y la inflación.

Otro de los caballitos de batalla de la ortodoxia económica es que el Estado argentino emite permanentemente dinero para poder financiar ese déficit, o sea, cuando el Estado se gasta todo el dinero que acumuló básicamente a través de impuestos, comienza a imprimir dinero para poder seguir gastando. Vayamos por partes. En primer lugar, asumir que un aumento de la emisión monetaria por encima del incremento de la oferta de productos y servicios genera una aceleración inflacionaria de la misma magnitud implica dejar de lado el poder de fijación de precios de los principales actores económicos del país. La lógica de que a un aumento en la tasa de emisión le corresponde un aumento similar de la tasa de inflación es absolutamente falaz. En segundo lugar, una economía con inflación y devaluaciones requiere de mayor cantidad de pesos para adquirir la misma cantidad de bienes. De esta forma, la cantidad de dinero no es exógena como asume la ortodoxia, sino que sigue a la actividad económica: la emisión viene detrás de la inflación. Los economistas que exigen devaluación y luego declaman en contra de la emisión, están pidiendo abiertamente un ajuste o bien que se produzca un enfriamiento de la economía, lo cual implica contraer la oferta de dinero para que caiga la demanda -básicamente la popular- y bajen los precios.

Pero nuevamente nos encontramos que el crecimiento de la emisión en Argentina, que está ligada al aumento del déficit fiscal, es un problema, en realidad de déficit energético. “Emiten descontroladamente para financiar el gasto público, y como hay tantos pesos en el mercado se devalúan, la gente no los acepta y, por lo tanto pierden valor” se escucha repetir a diario a los voceros de la ortodoxia económica, casualmente afines al discurso de las grandes corporaciones económicas. Ahora, si el déficit fiscal está explicado desde el déficit energético, entonces la emisión que hace el estado para cubrir ese déficit no puede generar inflación de ninguna manera. El estado emite pesos con los cuales le compra al BCRA los dólares necesarios para pagar la importación de combustible, por lo que esos pesos que se emitieron nunca entran al circuito económico nacional, por lo tanto estamos frente a una situación en que no es siquiera discutible el argumento de la emisión inflacionaria, más allá de su escasa rigurosidad teórica. Como dijera el Ministro de Economía Axel Kicillof, “¿Cómo va a ser inflacionario el gasto público en dólares?”. El Estado argentino, al usar dólares de sus reservas para comprar combustible, no inunda el mercado de pesos, lo único que se incorpora al mercado en esta situación es el combustible importado; y el principal problema es el deterioro que esta situación genera en las reservas internacionales.

El Estado argentino podría reducir fuertemente el déficit energético si decidiera trasladar el precio al que importa la energía a la industria. Es decir, Argentina importa el gas a un precio

muy superior al que lo compra la industria nacional. Esta decisión de subsidiar a la industria como política de generar competitividad y mantener los niveles de empleo, tiene sentido en el marco de un proyecto que tiene como objetivo el pleno empleo, el desarrollo del mercado interno, la inclusión social y la generación de oportunidades para todos los argentinos.

De todas maneras, destacamos que en el caso de que la industria recibiera menos subsidios y debiera pagar precios más altos por la energía, los principales afectados, dado el alto grado de concentración de la industria nacional, serían las pymes y los trabajadores, que verían subir el precio de sus insumos y de los productos y servicios que consumen, respectivamente.

Ignacio Vila – Martín Fernández – Nicolás Taiariol

Centro de Economía Política Argentina

(CEPA)

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