DESPIDOS MASIVOS EN ARGENTINA: CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACION Y ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL (2015-2016)

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A continuación presentamos un informe conjunto elaborado entre especialistas de Conicet, Cepa y Universidades Nacionales respecto del impacto de los despidos masivos sobre la salud mental y física de los trabajadores a lo largo de 2016.


El informe adjunto tiene por objetivos:

 

1) Caracterizar sectorial e institucionalmente la dinámica que experimentaron los despidos y suspensiones entre diciembre 2015 y noviembre 2016, combinando fuentes de información complementarias provenientes de cámaras empresariales, medios masivos de comunicación, registros administrativos oficiales y organizaciones sindicales; y

 

2) Realizar una primera evaluación del impacto de este proceso sobre la salud física y mental de la población afectada, en base a más de 450 encuestas a trabajadores despedidos entre noviembre de 2015 y junio de 2016.

RESUMEN

Desde fines de 2015 a noviembre de 2016, más de 230.000 trabajadores perdieron su empleo o fueron suspendidos en Argentina, generándose un intenso proceso recesivo y regresivo sólo comparable a lo acontecido en 1976 (en términos distributivos) y a lo observado entre 1998 y 2002 (en materia de destrucción masiva de puestos de trabajo).

En este contexto particular, el objetivo de la presente investigación se dirige a: 1) caracterizar sectorial e institucionalmente dicha dinámica, combinando fuentes de información complementarias provenientes de cámaras empresariales, medios masivos de comunicación, registros administrativos oficiales y organizaciones sindicales; y 2) realizar una primera evaluación del impacto de este proceso sobre la salud física y mental de la población afectada, en base a más de 450 encuestas a trabajadores despedidos entre noviembre de 2015 y junio de 2016.

Entre los principales resultados se destaca que de los 232.286 trabajadores despedidos o suspendidos en Argentina en los últimos 12 meses, el 70% corresponde al sector privado, provenientes principalmente de la construcción y la industria (y en ella, mayoritariamente de firmas metalmecánicas y textiles). Este acelerado proceso de destrucción masiva de puestos de trabajo, sin precedentes desde la crisis de la Convertibilidad, no sólo ha incrementado sensiblemente el desempleo, la pobreza y la desigualdad, sino que también ha derivado en un significativo deterioro de los indicadores de salud física y mental (más elevado incluso que el esperable de la literatura especializada), principalmente entre mujeres mayores de 45 años, jefas de hogar y que están a cargo de familias numerosas. En estos sub-grupos poblacionales se observa, entre otros resultados, una caída de hasta el 46% de la autopercepción relativa al estado de salud física, un aumento de hasta el 436% de los problemas de salud mental, y la triplicación de personas que tienen fantasías de suicidio. La magnitud de estos efectos y la masividad del fenómeno examinado dan lugar a la emergencia de un severo problema epidemiológico con daños potencialmente irreversibles.

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1.- Introducción

“La centralité du travail se constate dans l articulation entre sphère sociale et sphère privée, entre rapports sociaux de travail et rapports domestiques. De ce point de vue, le travail est un puissant opérateur d intelligibilité de la société. Caractère paradoxal du travail qui est le médiateur essentiel des rapports de domination des hommes sur les femmes mais qui est, aussi, l instrument décisif de la réappropriation par les femmes de leurs droits civils et civiques. La centralité du travail est enfin bruyamment manifestée par laliénation et la pathologie résultant du chômage qui tend à exclure le sujet de toute une série de médiations avec le collectif et avec la société, le confinant à une marginalité et un isolement délétères”. Dejours y Moliner (1994, pp.42).

“[…] the occupational group has the three-fold advantage over all others that it is omnipresent, ubiquitous and that its control extends to the greatest part of life. Its influence on individuals is not intermittent, like that of political society, but it is always in contact with them by the constant exercise of the function of which it is the organ and in which they collaborate. It follows the workers wherever they go. Durkheim (1897[1951], pp.397).


(1) Los autores agradecen los valiosos aportes (sobre todo para la etapa cualitativa de la investigación que se encuentra en desarrollo y se publicará en un próximo documento) de Martín Di Paolo, Nicolás Vilchez, Yamila Fuxman, María Elena Rubio, Ricardo Gal liani, Jorge Winter y Ana Mallimaci, así como también a todos los trabajadores encuestados y entrevistados que en medio de su padecimiento nos dieron la oportunidad de poder escucharlos.
(2) Ver la nota del New York Times del 10 de diciembre de 2015 (http://www.nytimes.com/2015/12/10/opinion/the-end-of-work.html?_r=0).

El trabajo es el principal factor de estructuración social y construcción identitaria en las sociedades modernas, existiendo una enorme cantidad de literatura que describe los distintos mecanismos a través de los cuales se establece esta condición (ver Neffa, 2003 y Neffa et al. 2000).

Más allá de la renovada controversia respecto al “Fin del Trabajo”, amplificada en los años 80/90 con los trabajos de Rifkin (1997), Méda (1995), Gorz (1982 y 1998) u Offe (1985,1992).y reeditada recientemente con una particular lectura acerca de los avances en materia de inteligencia artificial (2), la centralidad del trabajo se sigue mostrando mucho más inmune a la acelerada acumulación de avances tecnológicos que a los medios masivos de comunicación en sus intentos por minimizar los corrosivos efectos sociales de regímenes de acumulación que promueven elevados niveles de desocupación. En el mundo como un todo, y en la enorme mayoría de los países, no es la innovación sino la redistribución regresiva del ingreso (que requiere del desempleo como mecanismo de disciplinamiento salarial) lo que amenaza al pleno empleo e intenta arraigar la idea de la “sociedad post-laboral” (ver Lavoie y Stockhammer, 2013; Neffa et al., 2006; Neffa et al. 2007a; y Neffa et al. 2007b).

En este contexto general, Argentina tiene el extraño privilegio de ser uno de los pocos países que, en los últimos 100 años, ha vivido al menos 3 grandes procesos de destrucción masiva de puestos de trabajo sin que haya mediado ninguna guerra prolonganda (3) ni catástrofe natural generalizada en su territorio. Históricamente (por ejemplo, en la crisis de los años 30, entre 1998 y 2002 y, recientemente, desde fines de 2015), los despidos masivos en nuestro país estuvieron asociados o bien a shocks económicos externos o bien a presiones redistributivas internas, pero en todos los casos permitidos o impulsados por gobiernos adherentes y beneficiarios directos de los -mal llamados- programas de estabilización ortodoxos (DADA: devaluación, apertura, deuda y ajuste).

Esta dudosa “ventaja comparativa” argentina ha dado lugar a una prolífica producción académica acerca de los efectos sociales del desempleo y la pérdida del puesto de trabajo, destacándose las contribuciones de Stolkiner (1994), Beccaria y López (1996), Lo Vuolo et al (1999) o Panigo (2013), entre otros. Es bien sabido entonces que el incremento forzado, masivo e involuntario del ejercito industrial de reserva en nuestro país está significativamente correlacionado con aumentos en la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la mortalidad infantil, la morbilidad de grupos vulnerables y, dependiendo su duración y alcance, con una disminución de la esperanza de vida y un aumento de los problemas de salud mental, adicciones, diversas modalidades de violencia familiar, asesinatos y suicidios.

La reciente pérdida del empleo por parte de cientos de miles de argentinos no es ni un problema estadístico, ni uno meramente socio-económico, sino que constituye una catástrofe epidemiológica de consecuencias potencialmente irreversibles. Entonces ¿bajo qué argumentos se implementan las recientes políticas argentinas que generan recesión, pobreza y desempleo?

Es sabido que los despidos masivos forman parte de la agenda en toda reforma neoliberal, de todo régimen político que busca una redistribución regresiva del ingreso. En el actual caso argentino, los despidos forman parte de una estrategia de “shock”, cuyo objetivo es reducir el costo laboral de la mano de obra local (4) y disciplinar a la clase trabajadora -que posee la tasa de sindicalización más alta del continente-. Se trata de una operación que, para tener éxito, necesita fragilizar individuos y colectivos, poniendo en duda su valor e identidad, desmovilizando mediante el miedo y la deslegitimación.

Es por ello que la oleada inicial de despidos se ejecutó en el seno del Estado, con los empleados públicos, allí donde la estrategia podía ponerse en práctica sin intermediarios y sobre la base de un plan premeditado a gran escala.(5) En su enorme mayoría, estos despidos se llevaron a cabo sin causa justa, preaviso ni indemnización, incumpliendo diversas leyes constitucionales (se despidió a trabajadores con mucha antigüedad, a embarazadas, a personas con problemas de salud, a delegados sindicales, etc.). La estrategia puesta en práctica no solo necesita de la disminución cuantitativa de la mano de obra ocupada sino que también requiere el uso de la violencia física y psicológica. Esto último se puso en evidencia tanto a través del modo (brusco y en muchos casos con apoyo de las fuerzas de seguridad) con el que los despidos fueron implementados, como en la cuidadosa y detallada construcción de una narrativa oficial en las que los trabajadores/as despedidos fueron acusados de “inútiles” , vagos” y “ñoquis”(6), haciéndolos responsables de la pérdida de su puesto de trabajo y deslegitimando su protesta ante la sociedad. (7)

Los despidos, más aun cuando estos son violentos e intempestivos, suponen un descolocamiento psíquico abrupto que puede poner en peligro la construcción identitaria y llevar al desmoronamiento subjetivo (ver Dejours y Begue, 2009; Wlosko, 2014). No hay misterio respecto del impacto que posee la desocupación sobre la salud física y mental: la evidencia empírica es extensa y contundente (la misma se examinará en la sección destinada al marco teórico) (8)

Tampoco es desconocido que resulta imposible implementar estas políticas de destrucción masiva de puestos de trabajo sin elaborar argumentos que las legitimen. Al igual que en otros países que atravesaron abruptas reformas neoliberales, también aquí tales argumentos ese construyen en función de un supuesto interés colectivo superior (e.g. ganar competitividad internacional, “sanear” las cuentas públicas, etc.).

En este sentido, la eliminación o degradación de más de 232.000 puestos de trabajo (entre despidos y suspensiones) en los últimos 12 meses, junto con las controvertidas declaraciones de funcionarios de primer nivel del nuevo gobierno (9), han generado conmoción (debido a las conocidas consecuencias de este tipo de procesos sociales) y la necesidad de producir conocimiento local en base a instrumentos de probada validez científica internacional, que contribuya a la comprensión del fenómeno examinado y permita diseñar e implementar políticas dirigidas a contrarrestar sus efectos.


(3) Cabe recordar, sin embargo, que las Islas Malvinas Argentinas se encuentran invadidas por el Reino Unido desde 1833 (siendo uno de los pocos casos de colonialismo contemporáneo abierto que se mantiene en flagrante violación de los tratados internacionales y resoluciones de Naciones Unidas). Entre el 2 de abril y el 14 de Junio de 1982 tuvo lugar el último conflicto bélico de nuestro país en la “Guerra de Malvinas”, con efectos políticos y socio-económicos incluso más graves que los que dan sentido a la presente investigación, pero que no se tradujeron en una destrucción masiva de puestos de trabajo (nuestro objeto de estudio). Por su parte, el genocidio de Estado de la última dictadura militar (1976 -1982), aunque duradero y sangriento, encontró en las armas el sustituto imperfecto del desempleo como mecanismo de disciplinamiento social y garante de la redistribución regresiva del ingreso.
(4) Debido a que, como se señala en un informe de la OIT y la CEPAL de 2014, Argentina era el
país con los salarios más elevados e igualitarios de América Latina (Ver http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=241082).
(5) Ver aquí (https://es.scribd.com/doc/295359005/Manual-Del-Despido) el “manual de despidos” entregado por el Ministerio de Modernización a los distintos organismos del Estado a fines de 2015.
(6) Ver entre otras piezas de esta estrategia de comunicación la siguiente nota del diario La Nación a fines de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1856411 -noquis-en-el-estado-hay-4-millones- de-empleados-publicos-de-los-cuales-e ntre-el-5-y-7-serian-fantasma.
(7) Un caso evidente (y por eso fallido) y reciente de esta estrategia puede verse en el análisis del
siguiente post: https://elgatoylacaja.com.ar/jugada-preparada/ (acerca de la estrategia deliberada de deslegitimación del discurso crítico -en este caso de investigadores del CONICET- a través de bots en las redes sociales).
(8) Incluso parte de esta evidencia fue elaborada recientemente en Europa, EEUU y Canadá luego
de las políticas neoliberales implementadas en diversos países.
(9) Ver el mensaje del presidente Mauricio Macri a los despedidos (http://www.pais24.com/index.php?go=n&id=287836); las violentas apreciaciones del ex- ministro de Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas sobre los empleados públicos que perdieron su trabajo (http://www.lanacion.com.ar/1861924 -prat-gay-hablo-de-grasa-militante-y- desato-la-polemica-en-twitter) o las declaraciones del recientemente nombrado ministro de Hacienda -sucesor de Prat Gay- respecto a la necesidad de nuevos despidos para lograr un ajuste adecuando en las cuentas públicas (http://www.eldestapeweb.com/el-nuevo-ministro-hacienda- cree-que-sobran-un-millon-empleados-publicos-n23988).

Es por ello que los objetivos de la investigación radican en: 1) caracterizar sectorial e institucionalmente la reciente destrucción masiva de puestos de trabajo en Argentina, combinando fuentes de información complementarias provenientes de cámaras empresariales, registros administrativos y organizaciones sindicales; y 2) establecer una primera evaluación acerca del impacto en la salud física y mental de la población afectada por este proceso, en base a 451 encuestas a trabajadores despedidos desde noviembre de 2015 (diferenciando impactos para distintos sub-grupos poblacionales, ver sección metodológica).

En el marco del segundo de los objetivos del estudio, una de nuestras principales preguntas de investigación sostiene que: “a diferencia de otros procesos de destrucción masiva de puestos de trabajo en donde los operarios varones (de bajo nivel educativo) eran -según la mayoría de la literatura existente, ver meta-análisis de más de 300 estudios de Paul y Moser (2009)- los más afectados por la pérdida de su puesto de trabajo, el impacto en términos de salud física y mental de los despidos masivos observados en Argentina desde noviembre de 2015 ha deteriorado principalmente la calidad de vida de mujeres profesionales (no en términos de sobre-representación relativa entre los despedidos, sino en relación a las consecuencias relativas de los mismos sobre indicadores de salud física y mental) (10).

A fin de exponer los argumentos y datos de la presente investigación, el artículo se estructura de la siguiente manera: luego de esta introducción se caracteriza el contexto macroeconómico en el cuál se llevan a cabo los despidos masivos. Posteriormente se procede a la cuantificación y desagregación sectorial de dichos despidos y a continuación se expone el marco teórico a utilizar para el análisis de los resultados. Inmediatamente después se detalla la metodología de trabajo, para finalizar luego con los resultados del análisis empírico, las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos.

2.- Contexto macroeconómico

A un año de la asunción de Mauricio Macri -el 10 de diciembre de 2015- los resultados económicos evidencian fuertes retrocesos para los trabajadores e importantes avances para las clases dominantes.

En efecto, el plan económico del nuevo gobierno significó la aplicación de un conjunto de políticas que han delineado una nueva comunidad de negocios y una acelerada distribución regresiva del ingreso (ver Panigo y otros, 2016). En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior beneficiadas por el retorno al financiamiento internacional. Aun con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esa comunidad reside en “ordenar” la relación capital-trabajo marcando un fuerte retroceso de la participación de la clase trabajadora en la distribución funcional del ingreso (ver CEPA, 2016a). (11)


(10) Esta pregunta de investigación constituye además una hipótesis de trabajo transversal para distintos proyectos de investigación complementarios en curso.
(11) En 2016, la tendencia a la baja de la brecha entre los altos y ba jos ingresos constatada entre 2003 y 2015 se revierte bruscamente. La brecha aumenta en un año 4.5 veces adicionales, pasando de 18.7 a 23.2 (entre segundo trimestre 2015 y segundo trimestre 2016), siendo el aumento más intenso en todo el período (aumenta 24%).

La consecuente inflación provocada por una devaluación del peso del orden del 50% en diciembre de 2015, conjugada con la simultánea quita de derechos de exportación al conjunto del agro, minería e industria, y en el caso de la soja una reducción de 5 puntos- más que duplicó los aumentos de precios registrados a lo largo del año 2015. En este escenario, la transferencia de ingresos fue ostensible: el salario real de los trabajadores registrados y conveniados- perdió cerca de 10 puntos de poder adquisitivo (ver CEPAL, 2016b).

La redistribución regresiva del ingreso en perjuicio de los asalariados también tuvo lugar en materia de empleo, con una significativa expulsión de trabajadores a lo largo de 2016, objeto particular del presente artículo.

Si en una primera instancia respondió a la clara decisión de las grandes empresas de reducir costos laborales (iniciando una “ola de despidos” luego de la “señal de vía libre” asociada al achicamiento de los planteles laborales del sector público), hacia la segunda mitad del año ya comienzan a visualizarse serias dificultades de viabilidad económica en el mundo PyME y una creciente pérdida de empleo asociada a la recesión.12

Ello explica la caída del consumo de más de 8 puntos en 2016 respecto de 2015 y el surgimiento de importantes reclamos por reapertura de paritarias tanto del sector público y privado. En este marco, los bonos compensatorios o sumas fijas acordadas entre el gobierno nacional y el Triunvirato de la CGT fueron el mecanismo de desplazamiento de la agenda política de los reclamos salariales de carácter más profundo, mientras que el renovado pacto “anti despidos” hasta marzo de 2017 buscó asimismo reubicar al año siguiente el debate sobre el incremento de la tasa de desempleo.

Pero no todos fueron perdedores. Además de los exportadores de agro y minería, el sector financiero recuperó centralidad a partir de la reedición de la valorización financiera, donde el endeudamiento externo superó los U$S 50.000 millones en 12 meses y la fuga de capitales interanual registrada al 30 de noviembre de 2016 trepó a U$S 11.966 millones13. El retorno al mundo por la vía financiera ha sido, por otro lado, el mecanismo de resolución del creciente déficit fiscal, agudizado por la reducción de ingresos por la quita y baja de impuestos y por la caída de la actividad económica y su impacto negativo en la recaudación impositiva, como es el caso paradigmático de la caída en términos reales de la recaudación por IVA.

Se visualiza, en este sentido, una alteración de importantes variables del escenario macro social, contexto que se conjuga con la modificación institucional atinente al rol regulador del estado, particularmente en las relaciones laborales. Se observa un corrimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la supervisión de la negociación colectiva y en la intervención ante la conflictividad laboral por exigencia de reincorporaciones y reapertura de paritarias14, al tiempo que emerge una ampliación de las funciones de contención del Ministerio de Desarrollo Social.

En este marco, resulta clave efectuar un análisis de los indicadores de empleo de la gestión del gobierno que asume en Argentina en diciembre de 2015. Debido al “apagón estadístico” de 6 meses generado por decisión del PE en diciembre de 2015 (por el cual el INDEC suspendió la publicación de sus principales datos acerca de precios, empleo, distribución del ingreso, pobreza, etc.), y a las llamativas (e inconsultas, en términos de ausencia discusión y validación con el mundo académico y con reconocidos especialistas del tema) modificaciones introducidas posteriormente tanto a la Encuesta Permanente de Hogares15 como a otras metodologías de carácter social (e.g. items y ponderadores de la canasta básica alimentaria) existen 2 grandes problemas para el análisis de la dinámica del mercado de trabajo en Argentina:

1) baches de información (la EPH no se desarrollo para el 4to trimestre de 2015 y 1er trimestre de 2016); y

2) incomparabilidad de series estadísticas (por la implementación de un nuevo diseño muestral sumamente controvertido).

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El gráfico 1 da acabadas muestras de los problemas mencionados: la nueva metodología de medición implica un incremento sin precedentes (interanual) de la tasa de actividad, subocupación, y desocupación, que sólo puede explicarse por especificidades de construcción. Independientemente de la no comparabilidad generada por la modificación del diseño muestral (admitida por el INDEC), es importante examinar que tipo de sesgo estadístico implica el nuevo esquema metodológico para evitar el mal uso de los datos.

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Sin bien los resultados en materia de desocupación y sub-ocupación parecen razonables en el marco del contexto recesivo descripto, los datos de la nueva EPH para tasa de actividad y, principalmente, tasa de empleo, resultan contrarios a la teoría económica. En efecto, aún cuando el resultado de la Tasa de actividad podría explicarse en términos del conocido “efecto trabajador adicional” (ver Lundberg, 1985) su magnitud (aplicada a la población total) implicaría la repentina incorporación al mercado de trabajo de 600.000 nuevos oferentes (algo sin precedentes ni plausibilidad). Por su parte, el caso de la tasa de empleo es aún más intrigante. De ser comparables las metodologías de muestreo de ambas EPH (vieja y nueva), esto supondría que (dada las tasas de empleo publicadas y la tasa de crecimiento poblacional interanual) mientras que el PBI cae entre II y III trimestre (promediados) de 2015 a igual período de 2016 un 3,7% el empleo total de la economía sube un 1,1%.

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Este resultado no sólo resulta contradictorio con el sentido común y la teoría económica, sino que implicaría además un profundo cambio en el comportamiento de la economía argentina. En el gráfico 3 a continuación se observa que históricamente, existe una elasticidad producto del empleo positiva y (recientemente) creciente, cercana a 0,3.

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En la última etapa del gráfico 3 se observa como con la nueva EPH la elasticidad producto del empleo en Argentina no sólo cambia sustancialmente, sino que se vuelve negativa implicando que cuando los empresarios venden menos, contratan mas trabajadores. Como esto resulta imposible, se ratifica que los resultados obtenidos se deben a un radical cambio de muestro en la EPH que condiciona críticamente los resultados obtenidos. Para comprender los aspectos clave que determinan esta modificación muestral, presentamos a continuación, en el gráfico 4, la comparación de las muestras (expandidas) de la población encuestada por las EPH de 2015 y la nueva de 2016.

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En el gráfico 5 a continuación se aprecia más claramente las diferencias muestrales entre vieja y nueva EPH.a5

El principal resultado es que la nueva EPH (llamativamente) ha cambiado la estructura muestral reduciendo la cantidad de menores y aumentando la cantidad de adultos y mayores. Por construcción, esta nueva composición muestral fuerza un aumento ficticio (si se compara con la EPH 2015) de la Población Económicamente Activa y de la Tasa de Empleo, ocultado así la masiva destrucción de puestos de trabajo en 2016 (ocultamiento que también se da si se esgrime la incomparabilidad de las muestras). Esto es así porque los menores, por definición, tienen una tasa de actividad y empleo nula o mucho más baja que el resto de los grupos etarios.

De haberse mantenido tanto la estructura muestral pre-existente como la elasticidad producto del empleo, la EPH mostraría 235.000 puestos de trabajo menos (expandidos a población total) que los que se infieren de los datos publicados. Esta peculiaridad estadística nos obliga utilizar, en lo que resta de la investigación, fuentes alternativas de información para la cuantificación y caracterización de los recientes despidos masivos experimentados por la población argentina.

En primer lugar se desarrollará una descripción y análisis de la cantidad de despidos y suspensiones desagregados por ámbito, sector y rama de actividad- que tuvieron lugar entre diciembre de 2015 y noviembre 2016 y posteriormente se examinarán y compararán los números publicados por las estadísticas oficiales de registros administrativos -atendiendo específicamente a la dinámica de expulsión de empleo según tamaño de empresa-.

3.- El número de despidos y suspensiones a partir del cambio de gobierno

La situación del mercado de trabajo en la Argentina ha evidenciado un cambio de tendencia en 2016, con una sostenida destrucción de puestos de trabajo y expulsión de trabajadores. Sin embargo, una de las características de las estadísticas oficiales residió en la opacidad en la información laboral: el primer informe del Ministerio de Trabajo fue publicado en el mes de mayo de 201616, y sólo acotado al Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA) que cubre a trabajadores registrados del sector privado17. Ello impedía analizar el impacto de la destrucción de empleo en el sector público, y asimismo en sectores de amplia informalidad como es el caso de la rama de la construcción o el empleo en el agro. Esta situación se vio agravada por la ausencia de publicación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH- INDEC) para el III y IV trimestre de 2015. La inexistencia de esta decisiva base de datos conjugada con la parcialidad de la información provista por el SIPA dificultó el análisis de la situación del empleo a lo largo de 2016, un año bisagra al respecto.

En este marco, una vía alternativa para efectuar un seguimiento en materia laboral consistió en la realización de un amplio y exhaustivo relevamiento de despidos y suspensiones mensuales, basado en una diversidad de fuentes tanto cualitativas como cuantitativas. Se contabilizaron los despidos y suspensiones a través de denuncias efectuadas por sindicatos y colectivos de trabajadores, información publicada en los medios de comunicación (no sólo nacionales, sino fundamentalmente provinciales, regionales y municipales) y se utilizó información recogida a través de fuentes primarias, con consultas directas a dirigentes y representantes sindicales de cada rama de actividad.18

Tal como se observa en la tabla 2, la cantidad de despidos y suspensiones asciende a 232.286 al 30 de noviembre de 2016.

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En una primera instancia tuvieron lugar una enorme cantidad de cesantías en el ámbito público, concentradas en los meses de diciembre 2015 y el primer trimestre de 2016. Se trata de un total de 70.145 trabajadores expulsados, tanto en la esfera municipal, provincial como nacional. Los despidos en el ámbito público tuvieron un segundo hito en el mes de agosto, con nuevos vencimientos de contratos que no fueron renovados. Cabe remarcar que la cifra acumulada a noviembre considera las reincorporaciones obtenidas en algunas áreas del Estado, como el RENATEA, la Secretaría de Comercio, Atucha, casos aislados del Ministerio de Trabajo y los trabajadores de Conicet ingresantes en 2015 cuya incorporación estaba en suspenso. Es importante indicar que las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo a septiembre de 2016 (SIPA-OEDE) no reflejan una pérdida neta de setenta mil trabajadores, sino que indican la existencia de 3.113.438 trabajadores estatales registrados a noviembre de 2015 y 3.119.877 a septiembre de 2016. En efecto, la evidencia disponible indica que los despidos del ámbito público han sido posteriormente reemplazados por nuevos trabajadores incorporados en la actual gestión a un nivel prácticamente equivalente.

El segundo hito en materia de despidos tuvo lugar con el rubro de la Construcción, directamente afectado por la paralización de la obra pública desde inicios del año 2016, donde se alcanzó un total de 57.825 casos de trabajadores despedidos en el primer trimestre del año, cifra que se mantuvo relativamente en ese nivel en los meses siguientes (hasta noviembre 2016, último dato disponible).

A los despidos de estatales y de trabajadores de la construcción siguió una segunda “ola”, en este caso asociada específicamente al sector privado y a las ramas industriales, que a fines del primer semestre de 2016 impactó de manera negativa en el sector servicios. La industria había registrado, entre diciembre 2015 y el mes de marzo de 2016, 18.825 despidos y suspensiones, cifra que se elevó a 83.905 casos a noviembre de 2016 (345% de incremento), mientras que en el sector servicios se contabilizaron 3.796 despidos hasta marzo de 2016, guarismo que llegó a 14.581 en noviembre del mismo año (284% de aumento).

En septiembre 2016, una reducción en la cantidad de despidos podía dar apariencia de una cierta estabilización en la dinámica del empleo (en dicho mes se contabilizaron

1.554 despidos y 3.532 suspensiones). Sin embargo, tanto en octubre como en noviembre hubo nuevamente una elevada cantidad de despidos y continuaron las suspensiones en la industria, reflejando la profundización de la retracción en la producción de bienes. En octubre se produjeron 3.544 despidos y 4.318 suspensiones, mientras que en noviembre fueron 8.413 despidos y 2.845 suspensiones. Esta cantidad resulta la más significativa para dos meses consecutivos desde el período abril/mayo.

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Como se observa en el Gráfico 6, la expulsión de trabajadores es progresiva a lo largo de 2016, particularmente en los meses comprendidos entre marzo y noviembre. En el ámbito público la cantidad de cesantías se concentró fundamentalmente en el primer trimestre de 2016, alcanzando a marzo un total de 61.096 casos, que siete meses más tarde se elevaron a 70.145. En el orden privado el incremento es significativamente más pronunciado: si al mes de marzo se registraban un total de 80.446 despidos y suspensiones, en noviembre esa cifra se verá duplicada a 162.141, con un aumento de 101%.

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Si se efectúa una desagregación más específica (Tabla 3), se observa que el total de despidos a acumulados en 12 meses (diciembre 2015 – noviembre 2016) asciende a 192.917 trabajadores (lo que equivale al 83,05%) mientras que el total de suspensiones es de 39.369 (16,95%). Al analizar la composición interna de cada segmento, el 57,09% de los despidos corresponden al ámbito privado, y el 42,90% al ámbito público. En el caso de las suspensiones, se evidencia una absoluta preeminencia del ámbito privado (y como se verá a continuación, de la rama industrial) y sólo 30 suspensiones en el ámbito público.

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Al efectuar un análisis desagregado por sector de actividad al interior al ámbito privado (Tabla 4), se visualiza el predominio de la industria con 83.905 despidos y suspensiones al 30 de noviembre de 2016, un 51,75% del total del ámbito privado, seguida por la Construcción con 60.626 trabajadores expulsados (37,39%) y el sector servicios con un total de 14.581 despidos y suspensiones (8,99%). En el sector primario la cifra es menor, alcanzando 3.029 (sólo 1,87% de los casos del sector privado), ello reside no sólo en la menor cantidad de empleo explicada por el agro, sino particularmente en la importante tasa de informalidad laboral y bajo nivel de afiliación sindical, lo que dificulta el acceso a la información sectorial.

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En la Tabla 5 se observa una desagregación de la información al interior del ámbito privado, enfocada en las ramas de actividad de la industria y de los servicios.

En el total de los despidos y suspensiones de la industria (que totalizan 83.905 casos a noviembre 2016), el 80% están explicados por ocho actividades: metalúrgica, textil, automotriz (con autopartes y neumático), electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas, petróleo, energética y frigorífica.

En la rama metalúrgica se registraron 16.364 despedidos y suspensiones a noviembre 2016 (según datos provistos por el secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica y relevamientos particulares). En la metalurgia se consideran además despedidos y suspendidos de la siderurgia, de empresas como Siderca y Siderar de las ciudades de Campana y San Nicolás, respectivamente, con importante incidencia de despidos de tercerizados de firmas contratistas de ambas firmas junto con retiros voluntarios- (19)

El sector textil ha consolidado el segundo lugar en términos de despidos y suspensiones a noviembre de 2016, el cual se ha visto seriamente afectado por la caída del consumo local y la apertura importadora, por lo que refleja 3.205 despidos y 11.720 suspensiones acumulados. Allí se incluyen, entre otros, los casos paradigmáticos de Broderie Suizo- Argentina, Felsom, Hilados I y II, TN Planex, Alpargatas, Coteminas, Guilford, Unisol

Puma-. Distintas fuentes primarias del sector textil han asegurado que la caída efectiva en los puestos de trabajo es incluso más elevada, pero difícil de constatar por el bajo nivel de registro en el sector y la utilización (por parte de las grandes marcas de diseño de indumentaria) de extensas cadenas de subcontratación provistas por empleo informal y población inmigrante de países vecinos, en sendos casos deliberadamente sin documentar.

El sector automotriz evidencia asimismo una cantidad ostensible de despidos y suspensiones. Se produjeron 9.160 bajas laborales -con suspensiones en Fiat, Ford, Scania e Iveco y despidos en Volkswagen, Renault, Ford, Honda e Iveco- a las que se adicionan 1.514 trabajadores despedidos y suspendidos en empresas de autopartes tales como Punch Automotive, Kromberg & Schubert, Paraná Metal, Carraro Argentina, Concentric Chivilcoy, Argentoil, Montich y Gestamp, estas dos últimas con suspendidos-. Se agregan además 1.994 suspensiones señaladas por el SUTNA en el sector neumático, en las firmas FATE y Pirelli. Considerando la suma de las tres ramas de actividad mencionadas, las terminales automotrices, la producción autopartes y neumáticos se ubican en segundo lugar en cantidad absoluta de despidos y suspensiones al interior de la industria.

En electrónica y electrodomésticos las pérdidas de empleo acumuladas entre diciembre 2015 y noviembre 2016 alcanzaron 4.507 despidos y 2.870 suspensiones, en empresas como BGH, Brightstart, Siam Avellaneda e Iatec y suspendidos en Bambi, GAFA, Longvie, Eskabe, IFSA o ATMA.

En el sector alimenticio se produjeron 6.913 despidos y suspensiones en empresas altamente conocidas (por tratarse de grandes marcas) como Havanna, Alco Canale, Cervecería Quilmes, Arcor, Nevares, Cresta Roja, entre otras. Asimismo, el sector frigorífico ha alcanzado los 2.869 despidos y suspensiones.

Seguidamente, en el sector petrolero, los despidos crecieron significativamente y alcanzaron a noviembre 2016 uno 5.692 casos -en empresas como Petrolera del Sur, Tecpetrol, Sipetrol y Petersen e YPF-, mientras que el sector energético continúa con 4.012 despedidos. (20)

Por su parte, con 1.848 despidos y 240 suspensiones, la industria del calzado ha sido también afectada, en empresas como Antequera, Wyler´s y Maincal. Con un impacto similar en magnitud se observa la producción y venta de materiales para la construcción (Ferrum, Cerámica San Lorenzo, por ejemplo), donde los despidos y suspensiones ascienden a 1.766.

Entre los servicios , se ubican con preeminencia el sector comercio y el sector gastronómico, que representan casi el 50% de los despidos y suspensiones. En comercio, los casos alcanzan a 4.552 trabajadores en cadenas de supermercados como Grupo Cencosud, Coto, Triangulo Color, Avenida.com y Maxiconsumo, entre otras. A la vez, el sector gastronómico continúa con 2.392 despidos. Se registraron, además, 550 despidos en panaderías. Tanto en comercio como en la rama gastronómica se manifiesta un ostensible silencio de las conducciones sindicales respecto de la bajas en el empleo.

Por otro lado, en las empresas de medios de comunicación tales como Grupo 23, Deport TV y 360 TV, La Mañana de Córdoba, Diario Uno, Canal 13 de Santiago del Estero, Buenos Aires Herald y El Ciudadano, entre otras, continúan los despidos y suspensiones, que totalizan 2.242 trabajadores a noviembre 2016. Junto con comercio y rama gastronómica representan el 63% de despidos y suspensiones del sector servicios.

Cabe señalar que, si bien ha sido la variable de ajuste principal, los despidos y suspensiones se han acompañado de la caída del salario real y la reducción de horas extras y adicionales. En este sentido, el recrudecimiento de las relaciones laborales también se vio reflejado en la aplicación de vacaciones anticipadas, retiros voluntarios y en la reiteración de conflictos por tercerización laboral. A continuación se detallan algunos casos.

Vacaciones anticipadas. Renault, Papelera Interpack y Coteminas con anunciaron 3.000 vacaciones anticipadas en el mes de julio 2016, la tabacalera Massalin Particulares implementó 500 casos en agosto, en septiembre las textiles Tavex y Santana dieron vacaciones a 630 personas, y en los meses de octubre y noviembre hubo vacaciones anticipadas para 400 empleados de Arcor, 900 en Unisol y 1.200 en distintas empresas textiles de la provincia de Tucumán.

Retiros voluntarios. Se produjeron 200 retiros voluntarios en la terminal Renault como resultado de la retracción en la producción automotriz, asimismo esta modalidad se aplicó con 260 retiros voluntarios en Siderar, y otros 713 en Pirelli, Volkwagen, FIAT y Banco Hipotecario.

Conflictos por tercerización laboral. El caso del call center de Telefónica ha sido paradigmático. Telefónica decidió romper el vínculo con Consulting Group, la empresa con la que tercerizaba el call center de reclamos. Esta subcontrataba personal a través de SAS Consultora. La ruptura del contrato derivó en el despido de 70 empleados, pero la firma Telefónica indicó en todo momento que no era el empleador, por lo que no tenía responsabilidad. El conflicto se resolvió finalmente en el Ministerio de Trabajo con un acuerdo de pago del 80% de las indemnizaciones, llegando al 100% sólo en el caso de dos embarazadas. Por otro lado, Chick, empresa tercerizada de telefónica, realizó 100 despidos.

Los 130 tercerizados del Supermercado La Anónima en Bariloche y los del subte vinculado a la seguridad también han marcado un hito en materia de conflictividad por despidos en el marco del fenómeno de la tercerización laboral. En el caso de La Anónima, supermercado propiedad de la familia Braun, despidió a 130 empleados de seguridad (lo cuales no integran Empleados de Comercio porque están tercerizados). El conflicto, fue encabezado por la Unión del Personal de Seguridad y Afines de la Patagonia (UPSAP), quienes han denunciado que La Anónima se desmarcó de la responsabilidad indicando que el personal pertenecía a Securitas.

Los tercerizados despedidos del subte, por su parte, sumaban 120 trabajadores, y la empresa principal Metrovías argumentó que “pertenecen a una empresa de seguridad privada que ya no presta servicio alguno en el ámbito del subte”.

Además, Forja Norte, tercerizada de la siderúrgica jujeña Aceros Zapla, despidió otras 4 personas.

Se evidencia, en este sentido, que la tercerización es una vía rápida de ajuste laboral en contextos de crisis.

4.- Análisis de la evolución del empleo según las cifras oficiales de SIPA

Es importante señalar que la primera reacción de nuevo gobierno en relación a las estadísticas laborales fue modificar la forma de calcular el empleo que se obtiene del Sistema Integrado y Previsional Argentino SIPA-, una de las estadísticas más confiables dado que permite evaluar la evolución del universo de trabajadores registrados y sus remuneraciones. La modificación consistió en informar los datos de empleo sólo por trabajadores y no por puestos de trabajo. El cambio impactó de lleno en los cálculos sobre empleo, dado que el cálculo por persona naturalmente arroja un número menor de destrucción de empleo que la estimación anterior realizada en base a la cantidad de puestos de trabajo registrados: una persona puede tener más un puesto de trabajo, o en otros términos, la destrucción de un puesto de trabajo puede no significar necesariamente que esa persona quede desocupada. Vale mencionar que el SIPA no incluye trabajadores autónomos, monotributistas, trabajo doméstico, informales y de otros regímenes. Esto se vio reflejado en el informe “Situación y evolución del trabajo asalariado en el sector privado” con información a marzo de 2016  elaborado por el Ministerio de Trabajo, que indicó “en esta publicación se considera como unidad de análisis al trabajador y no al puesto de trabajo, lo que significa que se cuantifica el número de trabajadores asalariados registrados, independientemente de la cantidad de puestos que ocupe cada uno de ellos” .21 Considera entonces Trabajo Registrado al “a toda persona (identificada a través de un CUIL) que ocupa al menos un puesto de trabajo declarado en el sistema de la seguridad social” . De este modo, se conceptualiza al “Trabajo Registrado” como el “conjunto de trabajadores que cuentan con los beneficios del sistema de la seguridad social previstos en las normas laborales” (22) A diferencia de este criterio, hasta el 10 de diciembre el método de cálculo consistía en considerar la sumatoria de puestos de trabajo.

4.1.- Los despidos en el sector privado y las estadísticas de SIPA en 2016

Si se analiza la evolución por cantidad de trabajadores, se observa que el SIPA computa entre noviembre de 201523 y septiembre de 2016 aproximadamente 120.939 trabajadores menos, de los cuales 43.936 casos corresponden a la industria, 45.041 refieren a la construcción, 21.667 están vinculados a los servicios y 10.295 al sector primario de la economía.

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La comparación con los datos desarrollados previamente, y publicados por el Centro de Economía Política Argentina, permite constatar que para el mismo período (diciembre 2015 septiembre 2016) CEPA computó 59.618 casos en construcción, 37.548 casos en industria, 12.276 casos en servicios y 1.599 en el sector primario. En el total CEPA registra al mes de septiembre 111.041 despidos en ámbito privado, mientras que SIPA publicó una merma de 120.939 trabajadores.

Como es de esperar por tratarse de un relevamiento alternativo carente de la estructura de registro que provee la AFIP a través de declaraciones de los empleadores y que luego se publica en el marco del Sistema Integrado y Previsional Argentino por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-, los guarismos relevados por CEPA se encuentran levemente por debajo de los valores indicados por SIPA en la Tabla 6. La excepción está dada por el caso de la Construcción (con datos de CEPA más elevados que los registrados por SIPA), actividad caracterizada por un alto grado de informalidad, donde los datos oficiales de SIPA no registran el fenómeno, mientras que el relevamiento de CEPA efectuado con consultas a informantes clave considera el total de expulsados en el sector.

4.2.- Expulsión de trabajadores según tamaño de empresa

En el marco de un período de destrucción de empleo a lo largo de 2016, es clave revisar cuáles han sido los actores empresarios que protagonizaron el fenómeno. En virtud de este objetivo, se tomaron para el análisis nuevamente los datos provistos por la AFIP- SIPA en materia de declaraciones de empleadores sobre altas y bajas de empleados, y se establecieron segmentos de empresas según su tamaño. La hipótesis inicial que orientó el trabajo indicaba que importantes marcas (de diversos rubros) asociadas a grandes empresas habían sido fuertes expulsoras de empleo, en un periodo donde el contexto económico no parecía avalar tal comportamiento24. Se asumía, en paralelo, y a partir de sendas declaraciones de empresarios pymes, que las empresas más pequeñas (para este caso, con menos de 100 ocupados declarados) no tenían intencionalidad de desprenderse de trabajadores sino de mantener su nivel actividad en una etapa de grandes cambios (devaluación, incrementos tarifarios y apertura importadora, fundamentalmente).

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Si analizamos el periodo vis à vis, se observa un aumento de la expulsión de fuerza de trabajo a medida que aumenta el tamaño de la empresa, ya sea en cantidad absoluta de despidos como en términos relativos.

Las empresas del segmento más pequeño, con menos de 100 trabajadores, han despedido a una tasa de 0,94% para el periodo completo. Asimismo, las empresas de entre 100 y 2.500 trabajadores cesantearon a razón de 1,01%, por debajo del promedio general de 1,82%. Como ostensible contracara, las empresas que detentan más de 2.500 trabajadores han reducido sus planteles laborales desde diciembre de manera ininterrumpida, con una caída de 9,30 puntos porcentuales entre diciembre y septiembre. Ello da cuenta de una marcada disparidad en los comportamientos de grandes y pequeñas empresas.

A pesar de la existencia de un compromiso antidespidos firmado el 9 de mayo último por el nuevo presidente y las grandes empresas por un plazo de 90 días y a la luz de la evolución de los despidos y suspensiones entre mayo y agosto, se puede percibir que el comportamiento empresario fue inmune al acuerdo.

Por otro lado, el 23 de noviembre se firmó asimismo un nuevo acuerdo antidespidos, que no obstante pareció tener poca incidencia en la dinámica concreta del empleo. Desde la fecha de firma, hubo despidos en, entre otros, Avenida.com (120), Brinkmann (4), Triángulo Color (30), Cerámica San Juan (5), Casino Golden Night (2), Canal 13 de Santiago del Estero (20), Nevares (60) y Pecom en Cerro Dragón (270). El total, al menos 511 despidos.

5.- Marco teórico: el abordaje conceptual de la problemática de los despidos y su impacto en la salud/salud mental

La noción de “despido” alude a la decisión unilateral del empresario de poner fin a la relación laboral que mantiene con el trabajador A diferencia del desempleo -que se refiere a un “estado” respecto del situación mercado de trabajo25-, el despido constituye un acontecimiento puntual que supone un impacto traumático no solo por la inseguridad económica que implica la falta de empleo, sino por la vulnerabilidad psicológica que genera. Esto se agrava más aun en el caso argentino, debido a que una gran cantidad de despidos fueron inesperados, intempestivos, sin causa justa26 y ejecutados de modo violento.

Los despidos masivos acaecidos en Argentina a lo largo de todo el 2016 han sido la puerta de entrada al desempleo de numerosos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué impacto en la salud y la salud mental de la población cabe esperar en estas circunstancias?

En lo que sigue se sintetizan diversos abordajes teóricos de la relación desempleo/salud, para luego resumir las más recientes investigaciones realizadas a nivel internacional sobre el impacto de las crisis económicas, las reformas neoliberales y los despidos masivos en la salud de la población

La relación entre desempleo y salud ha sido originalmente analizada por diversos autores entre los cuales se destacan los trabajos de Jahoda, Lazarsfeld y Zeisel (1933), Bakke (1934) y Komarovsky (1940). Dichos estudios evalúan el impacto del desempleo sobre el individuo, su familia y la comunidad. En todos los casos, los resultados demuestran que el desempleo es una situación que pone en jaque a la construcción identitaria de individuos y colectivos, y que posee un impacto significativo en la salud física y mental. Más recientemente, emergieron numerosos estudios similares realizados Europa (a partir de la crisis económica y la reestructuración de empresas) que ratifican tales resultados y dan cuenta de la relación irrevocable que existe entre despidos/desocupación y distintos indicadores de salud y bienestar.

Según Brenner (1979, 1981), el desempleo se encuentra directamente asociado a la frecuencia de asesinatos, suicidios y enfermedades cardíacas. Adicionalmente Fagin y Little (1981) han verificado que los desocupados presentan tasas más elevadas de asma, cefaleas y dolores de espalda.

Por su parte, War (1984) señala que la falta de empleo entre los jóvenes en edad activa genera severos problemas cognitivos.

Existen diversos marcos teóricos para examinar los efectos del desempleo sobre el individuo, la familia y la sociedad. Extendiendo la clasificación de Panigo (2013), los modelos más relevantes serían los siguientes:

1. Aproximación rehabilitacionista (Tiffany, Cowan y Tiffany, 1970): El desempleo es la consecuencia y no la causa de los problemas de salud mental. Por lo tanto, para reducir la desocupación se debe impulsar políticas sanitarias de rehabilitación. El individuo, y no los distintos factores económicos y sociales, es el responsable de su situación ocupacional.

2. Modelo funcionalista de Jahoda (1981, 1988): Según la autora, la desocupación perjudica a quien la padece al privarlo de diversos sub-productos derivados del empleo, el cual posee funciones manifiestas y latentes. Entre las manifiestas, la principal es el sustento financiero. Entre las latentes se destacan, la estructuración de las actividades cotidianas, el contacto con personas que se encuentran fuera del núcleo familiar, la posibilidad de perseguir objetivos y propósitos que exceden al propio trabajador, la participación de la construcción de la identidad, etc.

3. Modelo de las “vitaminas” de War (1987): De manera similar al efecto que ejercen ciertas vitaminas sobre el organismo, existen factores ambientales que impactan positivamente sobre la salud mental: posibilidad de control, de uso de las habilidades, disponibilidad de dinero, seguridad física, oportunidad para el contacto interpersonal, posición social valorada, diversidad, etc. En tanto, el desempleo afecte positiva o negativamente a alguna de estas “vitaminas” (o factores ambientales), tendrá influencia sobre la salud mental de los individuos. El punto central de esa teoría es que no existe una relación hipotetizada entre desempleo y salud. Puede ocurrir que el desempleo mejore la salud mental si el ambiente de trabajo era opresivo, y las actividades estaban mal pagas, no requerían del uso de las habilidades de los trabajadores, etc.

4. Modelo de “incongruencia” de Paul y Moser (2006): el malestar que genera el desempleo que no se basaría en el hecho de que la gente desocupada no trabaja (generando pérdida de sub-productos y/o vitaminas), como lo afirman las teorías de Jahoda (1981, 1982) y Warr (1987), sino en el deseo de trabajo insatisfecho, prototípico de los desempleados. A diferencia de a las personas con empleo, los desocupados se encuentran en una situación de incongruencia entre sus valores (alto compromiso con el trabajo) y la realidad (sin trabajo).

5. Modelo de “agencia” de Fryer (1986): Fryer y sus colegas señalan que los modelos de War y Jahoda no toman en cuenta al individuo como un sujeto activo y suponen que, simplemente, responde adaptativamente a los cambios que enfrenta. El autor plantea que, para evaluar correctamente el efecto del desempleo sobre la salud mental, debe analizarse el papel mediador de las estrategias proactivas de coping con las cuales los individuos enfrentan al problema de la pérdida (o la falta) del puesto de trabajo.27

Entre los estudios cuantitativos tradicionales que analizan la evidencia empírica de esta relación se destacan los trabajos de Stern (1981), quien ha concluido que las regiones con mayor incidencia de la desocupación presentaban una mayor mortalidad materna; Morris y Titmus (1944), Brenner (1973, 1977) y Kasl y Cobb (1971), quienes señalan que el desempleo, a nivel agregado, presenta una relación positiva con la tasa de mortalidad, la incidencia de cardiopatías reumáticas, y la tasa de admisiones hospitalarias; y los trabajos de Jackson y Warr (1983), Fagin y Little (1981), Cook y otros (1982) o Fox y Goldblatt (1982), quienes -en todos los casos- hallaron algún tipo de incidencia negativa de la pérdida del empleo sobre diversos indicadores de bienestar, y/o salud física y mental.

Por su parte, entre los estudios cualitativos históricos más sobresalientes en la materia se destacan los trabajos de Seabrook (1982), Burman (1988), Marsden y Duff (1975) y Turner (1983). Estos autores, pese a sus diferencias, tienden a compartir la idea de que la pérdida del empleo afecta negativamente a la salud física y mental, debido a que el trabajo remunerado permite una recompensa y un desarrollo de las habilidades personales, facilita una variedad respecto a la vida doméstica, extiende las relaciones humanas y sociales y contribuye a la construcción de la identidad.

Diversas investigaciones llevadas a cabo más recientemente muestran que:

Las personas desempleadas poseen más del doble de problemas de salud mentaly de necesidad de tratamiento psicológico y/o médico que las personas ocupadas (Paul y Moser 2009); asimismo, en situaciones de crisis económica y recesión los indicadores de salud mental se degradan más fuertemente que los de salud física (French y Davalos, 2011).28

  • El desempleo y los factores asociados al mismo están relacionados con una mayor prevalencia de trastornos mentales en general y de depresión en particular: las personas desempleadas presentan un riesgo entre dos y siete veces mayor de padecer depresión (Gili, Campayo y Roca, 2014). Comparativamente con los trabajadores activos, los desocupados tienen mayor numero episodios depresivos mayores (Sapinho et al., 2008; Blasco y Brodaty, 2016). En la misma línea, Economou et al. (2013) y Madianos et al. (2011) muestran que las tasas de prevalencia de depresión mayor en Grecia en 2008, 2009 y 2011 -se elevaron más de 5 puntos en tres años (3,3% en 2008, 6,8% en 2009 y 8,2% en 2011), teniendo estrecha relación con las dificultades financieras (como las que enfrentan los desocupados). El aumento significativo de episodios depresivos fue también constatado en el estudio de Lee et al (2010) realizado en Hong Kong, en el de Wang et al (2010) llevado a cabo en Canadá, y en el de Thekiso et al. (2013) realizado en Irlanda. En todos estos estudios se comprueba el incremento de depresiones severas relacionadas con dificultades financieras abruptas y/o reformas neoliberales.
  • Gili, Roca, Basu et al (2013) encontraron para España que la desocupación incrementaba de manera muy significativa la prevalencia de trastornos del estado de ánimo (19,4% la depresión mayor y 10,8% la distimia) y de trastornos de ansiedad (8,4% los trastornos de ansiedad generalizada y 6,4% la crisis de angustia).
  • En lo relativo a la relación entre desempleo y el suicidio, Stuckler et al (2009) mostraron que en los 26 países de la UE se produjo un rápido y amplio crecimiento de las tasas de suicidio agregadas asociado al desempleo: un 1% de aumento de la desocupación se asocia a un 0,79% de aumento en la tasa de suicidios en menores de 65 años en Europa.29
  • Una gran cantidad de investigaciones recientes muestran que las personas desempleadas, tanto las que lo están hace mucho tiempo como las que no, poseen un mayor riesgo de suicidio (Maki and Martikainen, 2012; Garcy and Vagero, 2013; Luo et al 2011, Barr et al, 2012; De Vogli et al, 2014; Pompili et al, 2014). Estudios recientemente publicados dan cuenta que en los países de la Unión Europea existe una asociación positiva significativa entre desempleo y aumento de las tasas de suicidio (Laanani et al., 2015; o Breuer, 2015). Según estos estudios, el sub-grupo poblacional más vulnerable son los varones, menores de 65 años (Breuer, 2015). Para Reeves et al. (2015) el suicidio de los varones en la Unión Europea se asocia al desempleo y las deudas contraídas.
  • En línea con las investigaciones antes citadas, hay diversos estudios que muestran que las personas desocupadas consumen más medicamentos psicotrópicos que los trabajadores activos, y que dicho consumo aumenta significativamente con la duración del desempleo (Blasco y Brodaty 2016:18). Bradford et Lastrapes (2013) realizaron un estudio en Estados Unidos encontrando que el numero de prescripciones de antidepresivos y ansiolíticos aumenta significativamente junto con la tasa de desempleo.
  • Finalmente, diversos estudios han indagado la relación entre pérdida de empleo y autoestima. Básicamente, perder el empleo aumenta la inquietud, fragiliza la estima de sí y la confianza en la propia eficacia, perturbando la estabilidad emocional (Bardasi y Francesconi, 2004; Kivimäki, Vahtera, Ferrie, Hemingway y Pentti, 2001; Osthus, 2007; Weber, Hörmann y Heipertz, 2007).

Estos aspectos generales de relación entre despidos/desempleo y diversos indicadores de bienestar y salud física y/o mental, son moldeados por características o dimensiones individuales, colectivas y de contexto, que determinan conjuntamente de qué manera específica la pérdida del puesto de trabajo afecta a la persona despedida. Entre estas características la literatura científica existente destaca:

  • Género: En la mayoría de los estudios relevados, ser hombre y tener un trabajo de “cuello azul” se asocia a una mayor vulnerabilidad a la angustia /ansiedad por el desempleo que ser mujeres y/o tener un trabajo de “cuello blanco” (Paul y Moser, 2009). Concomitantemente, diversos estudios coinciden en que el desempleo tiene mayor impacto sobre la salud mental en los hombres de entre 40-49 años de edad (Brasco y Brodaty, 2016; Katikireddi et al, 2012). También Bartoll et al. (2014) encuentran que en España la ansiedad y depresión entre desocupados aumentan con mayor intensidad en hombres que en mujeres.
  • Ingresos: Según algunas investigaciones, son los grupos de ingresos más bajos los que poseen el mayor riesgo de depresión, ideación suicida y/o intento de suicidio, ante situaciones de desempleo (Hong, Knapp y McGuire, 2011). En la misma línea, Hauksdottir et al (2013) muestran que el estrés psicológico aumenta particularmente entre los grupos económicamente más vulnerables luego del colapso financiero en Islandia.
  • A mayor duración del desempleo , los efectos negativos en la salud mental son más pronunciados: hay un aumento agudo de los síntomas de salud mental durante el primer año de desempleo que alcanza un pico máximo al noveno mes de desempleo. Durante el segundo año y la primera mitad del tercer año de desempleo, se produce una estabilización en niveles medios de malestar; para luego de 29 meses de desempleo, producirse un renovado empeoramiento de los síntomas de salud mental (Paul y Moser 2009). Este resultado se confirma en estudios similares sobre la temática como Panigo (2013) y Blasco y Brodaty (2016), entre otros.
  • Nivel de desarrollo, desigualdad y protección social : El impacto negativo del desempleo en la salud mental es más fuerte en los países con débiles niveles de desarrollo económico, distribución desigual de ingresos y frágiles sistemas de protección del desempleo (Paul y Moser, 2009). Se ha demostrado que en países con índices de Gini elevados, dichos efectos son significativamente mayores que en países en los que dicho índice es bajo, así como en países con niveles relativamente bajos de protección social (Paul y Moser, 2009:275). Es preciso destacar que según diversas investigaciones a protección social amortigua el efecto del desempleo sobre la probabilidad de suicidio y su inexistencia la agrava (Norstrom and Gronqvist 2015; y Baumbach A, Gulis G., 2014).
    • Motivo del desempleo: el motivo de la entrada al desempleo no es una variable menor: posee un fuerte impacto en los resultados sobre la salud mental, distinguiéndose significativamente los efectos del ingreso voluntario (de la inactividad a la búsqueda voluntaria de empleo) respecto de los del ingreso involuntario (pérdida del puesto de trabajo; ver Schmitz, 2011).

    Sobre la base de los diversos fundamentos teórico-conceptuales y metodológicos reseñados, el equipo de investigación ha diseñado una encuesta específica para nuestra temática de investigación (ver anexo 10.4) cuyo fundamento metodológico se despliega en la sección siguiente.

6.- Metodología implementada para el análisis de impacto de los despidos masivos en la salud física y mental

A los efectos de realizar una primera evaluación del impacto de los despidos masivos en la salud física y mental de la población afectada, se diseñó y aplicó en julio de 2016 una encuesta multidimensional autoadministrada a trabajadores despedidos de distintos sectores laborales, tipos de organizaciones, a lo largo de todo el país entre noviembre de 2015 y junio de 2016. La encuesta fue aplicada mediante dos modalidades: de forma presencial en el marco de una entrevista personal, y mediante un formulario en línea vía Web.

La encuesta fue contestada por 497 personas. Excluyendo los errores de carga, duplicaciones y encuestas inválidas se obtuvo una muestra final de 451 casos, determinando una base de datos con más de 126.000 datos (producto de la utilización final de unas 280 variables en total, al adicionar dummies (indicatrices) desde variables jerárquicas originales, variables numéricas desde variables string (de texto), indicadores sintéticos desde una serie de variables individuales, etc.)

Las 2 variables de la encuesta más relevantes para el análisis del impacto de los despidos en la salud física y mental son el ISM -índice de salud mental-, obtenido mediante el Self-Reporting Questionnaire -SRQ de la OMS, instrumento incluido en la pregunta SRFP 4 de la encuesta (ver formulario en el anexo) y el IPSF -es decir, el índice de percepción de salud física-, que fue construido en base al indicador al respecto testeado y validado en Panigo (2013)

Los veinte ítems del SRQ (incluido en la pregunta SRFP 4 de la encuesta) son de 27 28 carácter dicotómico y se utilizan para evaluar el estado de salud mental de los trabajadores despedidos (ver formulario de la encuesta en el Anexo 10.4). Estos ítems se tomaron íntegramente -sin ningún tipo de modificación- del Self Reporting Questionnaire de la Organización Mundial de la Salud (Mari et al., 1986; OMS, 1994), organismo que ha aplicado este cuestionario en más de cien países. Si bien existen otros instrumentos para evaluar el estado de salud mental entre las que se destaca el General Health Questionnaire, desarrollado por Goldberg y Williams (1988), estudios como los de Mari y Williams (1985) señalan que los coeficientes de validez interna de ambos cuestionarios son similares (sensibilidad promedio de un 85% y especificidad de un 80%) por lo que se ha optado por trabajar con el instrumento más extendido en la literatura (el SRQ de la OMS) a fines de comparabilidad científica. Cada respuesta afirmativa suma 1 punto al ISM construido a partir del SRQ de la OMS. A los efectos de poder comparar el nivel del ISM antes y después del despido, se realizan las mismas preguntas vinculadas a 2 momentos distintos en el tiempo (septiembre de 2015 y julio de 2016). Aunque recurrir a las preguntas retrospectivas podría generar ciertos problemas de sesgo en las respuestas (ver Morgensten y Barrett, 1974), ello permite construir un pseudo-panel indispensable para el análisis de impacto.

Por su parte, la evaluación de la salud física se realizó siguiendo la metodología del trabajo de Panigo (2013). El IPSF (índice de percepción de la salud física) se construye sobre la base de una escala de Likert de 4 niveles (Mala =1, Regular=2, Buena=3 y Muy buena=4), de manera que el indicador toma valores en un rango que va de 1 a 4 y se pregunta, al igual que en el caso del ISM para 2 momentos distintos del tiempo, con preguntas retrospectivas (septiembre de 2015 y julio de 2016).

El resto de las variables son en su gran mayoría de corte o clasificación, y se incluyeron a fin de poder obtener valores del ISM y el IPSF para distintos sub-grupos muestrales. Casi todas estas variables se explican directamente del enunciado de las preguntas (sexo, edad, antigüedad laboral, tamaño de la organización, tipo de actividad, composición familiar, responsabilidad en los gastos del hogar, eventos estresantes de vida, entre otras, ver anexo 10.4.).

Sin embargo, la pregunta SRFP 2 contiene 3 dimensiones adicionales de análisis que requieren una mayor explicación. La pregunta contiene once ítems que han sido utilizados para construir tres escalas diferentes: autoestima, percepción de control y soporte social. Cada ítem fue medido en base a una escala de Likert modificada de tres puntos: “nada de acuerdo”, “parcialmente de acuerdo”, o “totalmente de acuerdo”. Los primeros tres ítems corresponden a la escala de autoestima (versión sintética de la escala Rosenberg, 1965). Es importante aclarar que el segundo ítem debe ser invertido para la construcción del índice de autoestima pues, a diferencia de los restantes, a mayor acuerdo con este ítem menor autoestima revela el individuo. Aún cuando existen otras escalas de autoestima como la de Perlin y Schooler (1978) o la de Coopersmith (1976), en el módulo se emplea la de Rosemberg (1965) debido a su aceptación generalizada en círculos académicos y por la posibilidad de desarrollar comparaciones de los resultados obtenidos en estudios realizados con la misma escala en otros países y regiones. Los ítems d, e, f y g corresponden a la escala de percepción de control que ha sido tomada -y resumida- del trabajo de Pearlin y Schooler (1978), debido a su difusión en el ámbito académico para este tipo de estudios. Aún así existen otras escalas, inclusive más extensas y desarrolladas, como las de Greenberger y Strasser (1986), que podrían mejorar la captación de esta dimensión pero que deberían aplicarse en estudios 29

exclusivamente diseñados para el análisis de percepción de control. Al igual que en el caso anterior, existen algunos ítems (el d y el f) que deben ser invertidos para que puedan ser utilizados en el cálculo del índice de percepción de control. Los cuatro ítems finales de la cuarta pregunta (h, i, j y k) se refieren al soporte social. Siguiendo a Turner y Marino (1994), hemos optado por utilizar una versión resumida (cuatro ítems) de su escala de soporte social. Otras medidas de soporte social como el cuestionario de soporte social de veintisiete ítems de Saranson y otros (1983), el cuestionario de soporte social funcional de Duke-UNC (diseñado por Broadhead, y otros, 1988) o la escala de soporte social de Caplan y otros (1975) no han sido evaluadas en este estudio y podrían utilizarse en estudios posteriores para análisis de sensibilidad de los resultados a distintos instrumentos de medición.

Sobre la base de las 451 encuestas con respuestas válidas resultantes del proceso de revisión y depuración de errores de carga de la muestra inicial, expondremos a continuación el desarrollo del análisis empírico a continuación consta de 5 etapas:

1) Caracterización de la muestra obtenida;

2) Chequeo de validez interna del instrumento utilizado;

3) Obtención y análisis de resultados generales para el ISM y el IPSF (variación entre 2015 y 2016);

4) Desagregación de los resultados generales del ISM por ítems del SRQ; y

5) Desagregación de los resultados por sub-grupo poblacional a partir de variables de corte seleccionadas.

7.- Resultados empíricos

7.1.- Caracterización de la muestra

En la tabla 8 se pueden observar las principales características de la muestra espontánea utilizada para el análisis empírico. La misma cuenta con cerca de un 60% de mujeres, 40% de despedidos en la CABA, 40% de encuestados con hijos, la mitad de los individuos con edades que oscilan entre 30 y 45 años, un nivel educativo general elevado y una caracterización por tipo de tarea en la que predominan las actividades técnicas o profesionales (sólo el 20% desarrolla actividades operativas o administrativas).

a1

7.2.- Análisis de consistencia interna del indicador de salud mental

Antes de avanzar al análisis de los resultados, presentaremos los datos del análisis de consistencia interna de la escala SRQ (20 ítems). Este análisis de consistencia30 permite establecer la capacidad que tienen los distintos ítems de la escala para representar el mismo constructo general sobre la base del nivel de correlación interna de las respuestas (correlación interna de los distintos ítems de la pregunta SRPF 4).

Para este análisis de consistencia interna se utilizó el estadístico alpha de Cronbach (1951), cuyas propiedades han sido extensamente examinas y validadas para este tipo de análisis (ver Henson y Roberts, 2006; y Henson, 2001), lo que ha generado una aceptación y difusión generalizada entre los investigadores que aplican escalas psicométricas a temas de salud y salud mental (ver, por ejemplo, Bakhla et al.; 2013).

a2

Los datos de la tabla 9 muestran que en ambos períodos (septiembre 2015, con pregunta retrospectiva, y junio de 2016) las respuestas al SRQ poseen una sólida consistencia interna, con valores del alpha de Cronbach que se encuentran dentro del rango de aceptación tradicional (0.70/0.9, ver Tavakol y Dennick, 2011).

En la tabla 10.2.1 del anexo 10.2 se desagregan los resultados para los distintos ítems que componen la escala. En primer lugar se observa que la enorme mayoría de los ítems presentan una elevada correlación con el resto de ítems de la escala. En efecto sólo 2 de ellos tienen una correlación media inferior a 0.4 en ambos períodos (ítems d y e), pero ninguno presenta una correlación inferior a 0.32. En conjunto con los resultados de la tabla 9, estos nuevos datos permiten confirmar la fuerte consistencia interna de las preguntas utilizadas por el SRQ para aprehender problemas de salud mental entre los individuos de esta muestra.

Habiendo fundamentado la consistencia interna de la escala, a continuación se presentan principales resultados de la investigación.

7.3.- Impacto de los despidos sobre la salud física y mental

En el gráfico 7 que se muestra a continuación (que se ha construido con los datos de la quinta columna de la tabla 10) se observa que, para la muestra completa, los problemas de salud mental asociados a los despidos masivos prácticamente se han triplicado (incremento del 181%). Este resultado general se combina con el hallazgo de que para ciertos sub-grupos poblacionales este impacto ha sido de menor intensidad (hombres, jóvenes, sin hijos a cargo, de salarios y nivel educativo bajos, despedidos de pequeñas empresas privadas, con experiencia previa de desocupación, mala valoración del puesto perdido y si mayores responsabilidades en el sustento familiar), mientras que para otros, los despidos han significado un profundo deterioro del salud mental percibida (mujeres, mayores de 45 años, con nivel educativo elevado y salarios intermedios, jefas de familias numerosas monoparentales, despedidas de organismos públicos con gran cantidad de empleados).

Al comparar los resultados obtenidos con los que resalta gran parte de la literatura científica reseñada (ver apartado de marco teórico) se observan ciertos patrones comunes -los despidos impactan con mayor virulencia en la salud mental de adultos, jefes de familias numerosas y responsables del sustento familiar- y otros hallazgos contradictorios. En efecto, a diferencia de lo que se verifica en muchos estudios empíricos especializados en la temática (ver marco teórico), en este caso no son los hombres, operarios del sector privado con bajo nivel educativo los más intensamente afectados en su salud mental por el despido, sino las mujeres, profesionales y de ingresos medios/altos.

Aunque este resultado podría parcialmente explicarse por el período en el cual fue tomada la muestra (dando potencialmente lugar a una sobre- representación relativa de despedidos del sector público, en el que las mujeres posee una mayor frecuencia relativa y donde los despidos fueron implementados con mayor carga de violencia y estigmatización), presenta no obstante una llamativa e interesante diferencia con lo informado por otros estudios y nos pone ante el desafío de profundizar la investigación teniendo en consideración una nueva dimensión de análisis vinculada de desigualdad de género. A modo de hipótesis explicativa preliminar (que será preciso profundizar en investigaciones ulteriores) podría argumentarse que la crisis de la Convertibilidad (y posterior histéresis del efecto trabajador adicional) en conjunto con las transformaciones sociales que delinean la progresiva feminizacion de la población económicamente activa (pero que no parecieran poder explicar apropiadamente la diferencia de resultados con estudios recientes de otros países que también experimentan dicha tendencia) han incrementado significativamente la importancia de los ingresos de la mujer en el sustento del hogar, generándoles una mayor presión psicológica en caso de despido.

a4

Respecto de los indicadores de percepción de la salud física se aprecian resultados similares, aunque con menor volatilidad inter-grupos de los resultados (esto se debe a la construcción del índice que pose menor cantidad de ítems que el SRQ). A nivel general, los despidos han generado un deterioro del 20,5% en la percepción de la salud física de los encuestados. Al igual que el caso de la salud mental, el mayor deterioro se da entre las mujeres, a cargo de familias numerosas que continúan desocupadas y son las principales responsables del hogar. Sin embargo, también se aprecian algunas diferencias remarcables: a diferencia que lo que se observa con el SRQ (índice de salud mental), el indicador de percepción de salud física no se deteriora más entre los despedidos del sector público y trabajadores con elevado nivel educativo, sino entre los despedidos que trabajaban en cooperativas o poseían un nivel educativo básico.

g6

Los principales resultados de esta sección del estudio son, por tanto, los siguientes:

tt

aa

dd

Para concluir el análisis empírico, se realiza a continuación una evaluación desagregada de la evolución de los distintos componentes (ítems) del Self-Reporting Questionnaire, que dan lugar (en conjunto) a nuestro índice de salud mental.

En el gráfico 9 y tabla 11 a continuación (que presentan los resultados para la muestra completa; para examinar los resultados desagregados para distintos sub-grupos poblacionales, ver las tablas 10.3.1 a 10.3.3 del anexo) se verifica principalmente un incremento generalizado de todos y cada uno de los ítems de la escala utilizada, dando cuenta de un deterioro consistente para cualquiera de las sub-dimensiones de salud mental que puedan construirse (en una evaluación posterior) a partir de un análisis factorial. La consistencia interna de los resultados no resulta sorprendente a la luz de los valores obtenidos (y previamente reportados) para el coeficiente alpha de Cronbach (ver tabla 9). No obstante ello, existen diferencias de intensidad. Mientras que los ítems más vinculados a somatización presentan un incremento relativamente más bajo, aquellos asociados a cuadros depresivos y de deterioro cognitivo sufren un deterioro (aumento) mucho más marcado.

33

 

222

11

8.- Conclusiones

Desde fines de 2015 a noviembre de 2016, más de 230.000 trabajadores perdieron su empleo o fueron suspendidos en Argentina, produciéndose de este modo un intenso proceso recesivo y regresivo sólo comparable a lo acontecido en 1976 (en términos distributivos) y a lo observado entre 1998 y 2002 (en materia de destrucción masiva de puestos de trabajo).

En este contexto particular, el objetivo de la presente investigación ha consistido en: 1) caracterizar sectorialmente dicha dinámica, combinando fuentes de información complementarias provenientes de cámaras empresariales, medios masivos de comunicación, registros administrativos oficiales y organizaciones sindicales; y 2) realizar una primera evaluación del impacto de este proceso sobre la salud física y mental de la población afectada, en base 451 encuestas a trabajadores despedidos entre noviembre de 2015 y junio de 2016.

Los datos examinados permiten dar cuenta de la puesta en marcha de una política de reestructuración económica que se orienta al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, como piedra angular de un acelerado proceso de redistribución del ingreso del conjunto de la sociedad a un pequeño grupo de empresarios vinculados al complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y los acreedores externos.

Esta política no sólo ha generado 232.286 despidos y suspensiones en sólo 12 meses, sino que ha dado lugar a un deterioro alarmante de la salud física y mental de la población despedida. Desde diciembre de 2015 a la fecha, se produjeron 192.917 despidos y 39.369 suspensiones (mayoritariamente del sector privado, con una sobre-representación relativa de la construcción y la industria -especialmente de firmas textiles y metalmecánicas-), lo que constituye el mayor y más intenso deterioro de las condiciones de trabajo desde la crisis de la Convertibilidad, y el primer evento de esta naturaleza que se verifica en nuestro país en ausencia de crisis o golpes de Estado.

Esta investigación, además de presentar la primera aproximación metodológicamente fundada a la cuantificación de la temática (ante el apagón del INDEC durante la primera mitad del año y la ausencia de estadísticas oficiales comparables y confiables), también constituye un aporte a la evaluación del impacto de los despidos sobre la salud física y mental de los afectados a través de la encuesta específica implementada. Entre los resultados más significativos para el total de la población examinada se destaca que los problemas de salud mental se triplicaron, y que los indicadores de salud física se deterioraron un 20,5%. Entre los subgrupos poblacionales mas damnificados se encuentran las mujeres, mayores de 45 años, con elevado nivel educativo, jefas de hogares monoparentales y a cargo de familias numerosas.

En el caso específico del indicador de salud mental, llama la atención el notable incremento de indicadores asociados a cuadros depresivos, particularmente, el vinculado a la ideación suicida. Al analizar de manera desagregada los ítems del indicador relativo a la sintomatología de salud mental (en base al SRQ-20, Self-Reporting Questionnaire de la Organización Mundial de la Salud), se visualiza con claridad que los y las despedidos/as manifiestan vivencias estrechamente vinculadas a los estados depresivos esperables luego de despidos compulsivos, violentos y humillantes. En relación a esto último, resulta de particular importancia epidemiológica el hecho de que, en la muestra examinada, 1 de cada 6 encuestados reporte tener ideaciones suicidas después del despido.

Ante la continuidad y aceleración de una nueva ola de despidos recientemente anunciada oficialmente -y aplicada en primera instancia en el CONICET y el Ministerio de Educación de la Nación, a fines de diciembre de 2016-, es preciso tener en consideración la abundante evidencia que aporta al respecto la literatura científica:31 ante el advenimiento de la destrucción masiva de puestos de trabajo no sólo resulta indispensable combatir sus causas para detener y revertir los despidos, sino es esencial que se instrumente políticas de sostén para los damnificados, tanto en términos materiales como psicológicos.

Los despidos, el desempleo y la pérdida de la relación salarial provocan serios problemas de salud, con el agravante de que no siempre los cuidados de la salud psíquica y mental están cubiertos por las obras sociales o los servicios de medicina prepaga (porque la actual Ley de Riesgos del Trabajo no ha reconocido aún estos riesgos, demostrando una rémora respecto de los convenios y recomendaciones de la OIT ratificados por el estado argentino) y que los servicios públicos al respecto están siendo desmantelados o desfinanciados.

A su vez, si se tiene en cuenta que, solo los trabajadores registrados pueden acceder al subsidio por desempleo, y que quienes los que lo obtienen no logran cubrir con éste ni siquiera la canasta básica para el trabajador y sus familias.

Es por ello que resulta indispensable frenar por medios institucionales (haciendo uso de normas legales32) y convencionales (comisiones paritarias de los convenios colectivos e trabajo) los despidos injustificados, invocando la difícil situación económica actual, la caída del PIB y de las ventas, y la apertura comercial indiscriminada que afecta fuertemente a las PyMES y a la economía social.

En este punto, la responsabilidad de las organizaciones sindicales es primordial para obtener estos resultados ante la postura refractaria o indiferente que han venido adoptando diversos funcionarios del gobierno nacional. La solución de fondo consiste en generar nuevos empleos, mediante una redistribución progresiva del ingreso que estimule la demanda y con ello la creación de nuevas empresas y la ampliación de las existentes, otorgando además (cuando fuese necesario) facilidades crediticias y medidas promocionales para el sostenimiento de los puestos de trabajo (preferentemente vinculados a desarrollos tecnológicos que contribuyan a enfrentar problemas de restricción externa en un mundo crecientemente proteccionista).

La severidad de los resultados encontrados en esta investigación, nos permite afirmar que de no mediar políticas macroeconómicas, laborales, sociales y de salud que reviertan la dinámica del empleo y combatan los efectos económicos y sanitarios ya generados, sobrevendrá un notable incremento tanto de la morbilidad como de la mortalidad por causas violentas (hetero y autoinflingidas) y evitables, de exclusiva responsabilidad de la política pública.

 

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