El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) impugnará la propuesta de Federici y Talerico en la UIF

HSBC

Este próximo lunes se llevará a cabo la audiencia para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo para encabezar la UIF.

El Centro de Economía Política Argentina, encabezado por su director, Hernán Letcher, impugnará las propuestas en virtud de los siguientes motivos:

1) Postulantes

a. Los nombramientos de Federici y de Maria Eugenia Talerico han estado vinculados a la defensa de bancos en causas sobre lavado de dinero, lo que permite poner un manto de dudas sobre su idoneidad. Constituyen tareas centrales de la UIF la supervisión de la tarea de los bancos en tanto sujetos principales en la obligación de detectar e informar operaciones sospechosas, asi como también la exigencia de tales controles, inspección, análisis y actuación en consecuencia. Eventualmente la judicialización de los casos pertinentes.

b. M. Federici se desempeña como consejero externo de la Fundación Finint cuyo titular es

Juan Félix Marteau, litigante contra la propia UIF. Adicionalmente, Federici pretende designar como responsable del área de fiscalización a Celeste Plee, también consejera de la Fundación y perteneciente al estudio Marteau. La mencionada abogada defiende actualmente en representación de ese estudio al Banco Masventas S.A., una de las principales sociedades denunciadas por la UIF. A pesar de que la normativa expresa la obligación de detallar vínculos con estudios de abogados y casos de asesoramiento es particular, en el CV de Federici no figura su participación en la Fundación.

c. Por su parte, María Eugenia Talerico ha sido abogada del HSBC en casos de lavado.

Nuevamente, a pesar de que la expresa normativa sobre la obligación de detallar vínculos con estudios de abogados y casos de asesoramiento es particular, en el CV de Talerico se indica “actividad independiente” sin detallar el vinculo mencionado.

2) Vinculaciones

a. Los bancos HSBC y Masventas S.A. son las dos entidades que poseen la mayor cantidad de sanciones ante la UIF por haber infringido las normas antilavado.

b. La mencionada Celeste Plee es abogada del estudio Marteau, el cual defiende al Grupo

Clarín y al JP Morgan en la causa que tramita en el juzgado federal de Sergio Torres por la fuga y lavado de unos 5 mil millones de dólares. También defiende al Banco Masventas S.A, multado por la UIF el 6 de mayo de 2014 por no reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.

c. Talerico es la abogada patrocinante del HSBC en, al menos, tres causas en queja ante la

Corte Suprema por las irregularidades detectadas por el organismo de control relacionadas al mencionado banco. El HSBC es la entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3500 millones de dólares a través de 4040 cuentas radicadas en el exterior.

d. El estudio Marteau también tiene una causa vinculada al HSBC (ver Exp. 36.549/2012).

3) Planteos jurídicos. Cuestionamientos al rol de la UIF. La Dra. Talerico ha argumentado ante la Justicia la inconstitucionalidad de artículos de la norma que persigue el encubrimiento y el lavado

de activos (25.246): “Se deja expresamente planteada la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 25.246 a la luz de su manifiesta violación a los artículos 14, 16,17 y 28 de la CN, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen en este descargo. La inconstitucionalidad se relaciona con la falta de razonabilidad, proporcionalidad y el carácter confiscatorio de la sanción prevista”. Esto implica argumentar contra la capacidad de la UIF para evaluar posibles conductas de lavado de activos (artículo 21), contra la potestad del presidente para iniciar sumarios (cuestiona la resolución 111/2012 que otorgó al presidente del organismo la posibilidad de iniciar los sumarios contra los bancos sospechados sosteniendo que “este cambio priva a mi defendido de la garantía de ser juzgado por un órgano colegiado integrado antes de los hechos de la causa, de carácter técnico, integrado por funcionarios designados por las distintas ramas de la administración nacional vinculadas con la prevención del lavado de dinero”) y contra los montos de las multas (considerando lo que estipula que la norma “de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción” carece de “razonabilidad, proporcionalidad y el carácter confiscatorio de la sanción prevista”).

4) La política.

En el actual Gobierno existen funcionarios comprometidos con operatorias que la UIF debe y deberá investigar. En particular, el Ministro de Hacienda Prat Gay, a pesar de haber sostenido que “La mejor manera de combatir el lavado de dinero, la evasión y la corrupción es a través de una norma que no permita uno de los delitos más aberrantes en materia financiera, como es el lavado de dinero”, se encuentra sospechado en la causa que investiga al banco HSBC por las cuentas no declaradas en Suiza. El actual ministro era apoderado de la cuenta a nombre de Amalita Fortabat y su nieta, la cual fue creada el 29 de junio de 2005. El detalle de los activos a noviembre de 2005 ascendía a 101,3 millones de dólares, a noviembre de 2006 a 84.135.336 dólares y en diciembre de 2006 sumaba 68.317.899 dólares. Cualquier persona relativamente habituada al estudio de los comportamientos de gestores de cuentas puede deducir que, por el nivel de información que manejan los mencionados gestores, difícilmente no supieran qué hacían o qué relaciones involucraba la administración del dinero de sus clientes. Reforzando esta idea, el actual Ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay prestó servicio de asesoramiento también a Pilar Isabel Estella Supervielle, quien figura también en el listado de las 4040 cuentas con un activo de U$S 19,6 millones.

5) El funcionamiento del lavado.

Las entidades financieras recurrentemente operan los servicios offshore, garantizando confidencialidad y articulando con guaridas fiscales en beneficio de empresas y personas ricas. En el caso HSBC, la AFIP denunció que dicho banco había desarrollado una plataforma que consistía en estructuras complejas de acceso a la información a través de una red de sociedades offshore para obstaculizar el control de la administración fiscal, operada por “facilitadores”, intermediarios, abogados, contadores y apoderados. El ex directivo de JP Morgan, actualmente procesado por sus denuncias sobre el tema, Hernan Arbizu, indicó que “había personas que administraban, había equipos de abogados que se dedicaban a fijarse la parte legal justamente de cómo hacer estructuras para que no paguen impuestos. Otros que se dedicaban a los problemas hereditarios de esas familias, porque obviamente en esas familias uno de los grandes problemas que tienen son los hereditarios, porque tienen hijos que piensan, hijos que no piensan. Entonces era todo un equipo que hacia todo el servicio completo desde la inversión, hasta que no paguen impuestos, las estructuras hereditarias y demás”.

Como puede desprenderse de la denuncia de la AFIP, el Banco se dedicó a abrir cuentas bancarias con activos no exteriorizados ante el fisco sin solicitar la declaración jurada impositiva al cliente, como en efecto debe realizarse según la normativa vigente. La apertura era realizada en Suiza, que posee en estricto secreto bancario y no considera a la evasión impositiva como un delito. Figuraban como titulares de esas cuentas sociedades offshore vinculadas asimismo a los beneficiarios efectivos de las cuentas, permitiendo encubrir a los verdaderos titulares de activos. La AFIP denunció además que en ciertos casos se han utilizado códigos alfanuméricos no asociados a los verdaderos titulares y a su vez se ha recurrido a la asignación de apoderados encargados de gestionar las cuentas en el exterior.

El rol de la UIF en esta investigación ha sido fundamental. Junto con AFIP, el BCRA y el fiscal de la causa han logrado detectar este funcionamiento.

6) Efecto de la desregulación y no control sobre la actividad financiera.

A nivel global, el impacto de la desregulación ha sido significativo. La actual crisis mundial ha sido resultante de esa falta de control, afectando además la tasa de crecimiento en muchos países. Adicionalmente, el efecto fiscal de la evasión y particularmente su incidencia sobre los niveles, ya elevados, concentración económica ha sido también relevante. Se estima que la riqueza financiera mundial al año 2013, tomando sólo 10 bancos globales, se aproxima a los 8,9 billones de dólares, especulándose para el caso de Argentina un monto no menor a 120 mil millones de dólares (Gaggero y Rua, 2015). En efecto, el monto estimado de riqueza offshore de residentes argentinos para el año 2012 asciende a 374 mil millones de dólares (Gaggero, Rua y Gaggero, 2013).

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