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El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 702, el cual estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –comúnmente entendido como salario familiar-, que perciben las y los trabajadores registrados. Por un lado, se elevó el piso del mínimo de ingreso familiar total para la percepción de las asignaciones familiares (de $200 a $2.816). En segundo lugar, se redujo el tope del ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917. Asimismo, un hogar no puede percibir la asignación si 1 integrante del grupo familiar cobra más de $41.959, cifra que se redujo en tanto se ubicaba en torno a los $47 mil. En tercer lugar, se eliminaron los plus o extra por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como el norte, Cuyo y la Patagonia.

El diagnóstico oficial

En el documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación hace poco más de un año, en abril de 2017, tenía prevista la concreción de importantes reducciones de transferencias a empresas publicas, consideradas sobredimensionadas a lo largo de cada párrafo del texto oficial. Este documento es el resultado de la creación, bajo la gestión de Cambiemos, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas a partir de octubre de 2016. El mismo está integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes  (en abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Además, el Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada “para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir”. (2017: 7).

El Gobierno acaba de acordar con algunos Gobernadores el aval a la nueva fórmula de actualización previsional sumándole un adicional para las jubilaciones de menos de $10.000 y para los beneficiarios de la AUH. El diario Clarín indica que “el monto de la compensación tendrá tres variantes. Los jubilados que hicieron aportes cobrarán $750 por única vez, mientras que quienes se jubilaron sin aportes cobrarán $300. A su vez, los beneficiarios de AUH cobrarán $400”.

El Plan denominado Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y tenía por fin garantizar una transferencia monetaria a los jóvenes de entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).

La triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas y la negociación del Gobierno Nacional con los gobernadores por el pedido de reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos y sobre el reclamo del Fondo del Conurbano, denominado “Consenso Fiscal”, derivó en una importante modificación de la estructura recaudatoria.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que se dirigen a desfinanciar al Tesoro, para favorecer al sector privado empresario.

El mes de diciembre y enero han sido particularmente difíciles para los trabajadores y sobre todo para los trabajadores estatales. El informe de despidos y suspensiones de CEPA indica que en último mes de 2017 los despidos del sector público alcanzaron los 1.904 casos, indicando que “los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”. El mismo informe detalla que los despidos en organismos descentralizados alcanzan los 654 casos, 557 casos en lo referido a la Administración Publica Nacional, repartido entre distintos Ministerios y finalmente, 564 casos de despidos provinciales, que se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As.

Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018) (1), junto con la posterior corrida cambiaria (2), aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento “Tocando Fondo” (3), el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.

Informe de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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