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El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 702, el cual estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –comúnmente entendido como salario familiar-, que perciben las y los trabajadores registrados. Por un lado, se elevó el piso del mínimo de ingreso familiar total para la percepción de las asignaciones familiares (de $200 a $2.816). En segundo lugar, se redujo el tope del ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917. Asimismo, un hogar no puede percibir la asignación si 1 integrante del grupo familiar cobra más de $41.959, cifra que se redujo en tanto se ubicaba en torno a los $47 mil. En tercer lugar, se eliminaron los plus o extra por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como el norte, Cuyo y la Patagonia.

El Gobierno acaba de acordar con algunos Gobernadores el aval a la nueva fórmula de actualización previsional sumándole un adicional para las jubilaciones de menos de $10.000 y para los beneficiarios de la AUH. El diario Clarín indica que “el monto de la compensación tendrá tres variantes. Los jubilados que hicieron aportes cobrarán $750 por única vez, mientras que quienes se jubilaron sin aportes cobrarán $300. A su vez, los beneficiarios de AUH cobrarán $400”.

“Queremos una beca y no un subsidio. Creemos en la educación como el camino para igualar oportunidades y posibilidades. Establecemos inventivos positivos para que estudien y se gradúen.
Promovemos el mérito y la mayor inclusión. Destinamos más dinero para que cada joven pueda estudiar”.

Del dossierdel Ministerio de Educación sobre la Beca Progresar

La triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas y la negociación del Gobierno Nacional con los gobernadores por el pedido de reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos y sobre el reclamo del Fondo del Conurbano, denominado “Consenso Fiscal”, derivó en una importante modificación de la estructura recaudatoria.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que se dirigen a desfinanciar al Tesoro, para favorecer al sector privado empresario.

Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018) (1), junto con la posterior corrida cambiaria (2), aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento “Tocando Fondo” (3), el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.

Informe de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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