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El pasado jueves 12 de octubre el INDEC informó que el IPC del mes de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional y 2% en el GBA. Con estos resultados, en 9 meses de 2017 la inflación acumulada (17,6% nacional y 18% GBA) que informa el propio ente de estadísticas oficial ya superó el techo del 17% de la meta de inflación prevista por el BCRA para todo el año y puso en discusión la política impulsada por la autoridad monetaria bajo la presidencia de Federico Sturzenegger.

A lo largo de los años, la política de desendeudamiento implementada hasta 2015 permitió la reducción progresiva del peso de los intereses de deuda. La decisión política volcada en el presupuesto muestra que desde 2009 no se destinó más de 10% del presupuesto de gastos a atender los intereses de la deuda, incluso llegando en 2016 (en el presupuesto realizado en 2015) a sólo el 6,6%. Sin embargo, en 2017 el presupuesto aprobado superó el 10%, cambiando la dinámica de la curva.

Las recientes intervenciones del Banco Central de la República Argentina – BCRA-  con la venta de 1.471,7 millones de dólares en la plaza cambiaria el día 25 de abril, y otros 853 millones de dólares el 26 de abril –que arrojaron, sin embargo, un cierre del dólar minorista en alza a $20,837- colocaron en el centro de la escena el cíclico debate sobre las determinaciones del movimiento del tipo de cambio y, particularmente, sobre la problemática de la restricción externa en una economía periférica como la Argentina.

Como hemos detallado en nuestro último informe La reciente suba del dólar en la plaza local: consecuencias del modelo, el actual esquema planteado por la gestión económica de Cambiemos, basado en la desregulación, liberalización, apertura, endeudamiento y fuga de dólares, agrava sensiblemente los cíclicos problemas de restricción externa de la economía argentina, tornándola más dependiente de los dólares financieros y más expuesta a las turbulencias. Ante elementos coyunturales como la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos o la entrada en vigencia del resistido impuesto a la renta financiera para extranjeros, el esquema conduce a una encerrona: las únicas dos soluciones posibles son devaluar o entregar las reservas. Es importante destacar que estas reservas provienen exclusivamente del endeudamiento externo y que, incluso vendiendo el 100% de las mismas, no alcanzan para pagar ni el 50% de la deuda contraída en estos dos últimos años.

Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018) (1), junto con la posterior corrida cambiaria (2), aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento “Tocando Fondo” (3), el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.

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