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En el marco de la triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional ha propuesto una reforma tributaria con importantes alteraciones en materia de recaudación provincial, particularmente en lo atinente a la reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos (1). Seguidamente, la discusión sobre el reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, M. E. Vidal, abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores provinciales, cuyas arcas se encuentran en serios problemas de solvencia en un escenario de creciente endeudamiento en dólares.

A diferencia del discurso engañoso sostenido en la campaña presidencial del año 2015 (con la coacheada frase de Mauricio Macri “no vamos a devaluar”, que tuvo como corolario una brusca alteración del tipo de cambio del 60% el 16 de diciembre), en las legislativas de 2017 el gobierno nacional ha sido muy claro en sus objetivos pos electorales. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional. La triada reformista a la que “no hay que tenerle miedo” ha sido avisada de antemano. En este informe nos concentramos en las transformaciones en el frente fiscal, desgranando hacia dónde van los cambios en las arcas públicas y cuáles serían sus implicancias más profundas.

El ajuste tiene paso obligado: jubilaciones y AUH

El domingo 29 de octubre, siete días posteriores a las legislativas, en una nota periodística publicada sin firma en el Diario Clarín –y con protagonismo como artículo principal de la web digital- el título rezaba: “Jubilaciones y planes sociales: Macri quiere que se actualicen de acuerdo a la inflación”.

El Gobierno acaba de acordar con algunos Gobernadores el aval a la nueva fórmula de actualización previsional sumándole un adicional para las jubilaciones de menos de $10.000 y para los beneficiarios de la AUH. El diario Clarín indica que “el monto de la compensación tendrá tres variantes. Los jubilados que hicieron aportes cobrarán $750 por única vez, mientras que quienes se jubilaron sin aportes cobrarán $300. A su vez, los beneficiarios de AUH cobrarán $400”.

El año 2017 finalizó con la aprobación legislativa del cambio en la ley de movilidad jubilatoria. Desde el 2008, las jubilaciones y pensiones tenían por ley un incremento garantizado dos veces por año: en marzo y septiembre según un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses. La nueva ley de movilidad jubilatoria impuso una serie de modificaciones.

La triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas y la negociación del Gobierno Nacional con los gobernadores por el pedido de reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos y sobre el reclamo del Fondo del Conurbano, denominado “Consenso Fiscal”, derivó en una importante modificación de la estructura recaudatoria.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que se dirigen a desfinanciar al Tesoro, para favorecer al sector privado empresario.

En virtud de que la propuesta oficial –y recientemente ratificada en el dictamen de Comisión del Senado- que implica actualizar las jubilaciones, las AUH y el salario familiar con la variación de precios, y del escaso efecto del “incentivo” por encima de la inflación propuesto (acotado a la evolución salarial en un 30%), en adelante, los jubilados, los beneficiarios de la AUH y del sistema de asignaciones familiares no podrán ganar poder adquisitivo sino que –cuanto mucho- podrán esperar a no reducir sus ingresos reales.

Los tres jefes de los bloques que integran Cambiemos en la Cámara Baja (Elisa Carrió por la Coalición Cívica -ARI, Mario Negri por la UCR y Nicolás Massot por el PRO) redactaron en un comunicado su rotundo “apoyo al proyecto de reforma previsional", argumentando que “en 2018, con esta fórmula, las jubilaciones le van a ganar por alrededor de 5 puntos a la inflación”.

Informe de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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