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El pasado martes 9 de enero, luego de una gran expectativa generada a partir de la modificación de la meta de inflación prevista para 2018, el BCRA resolvió una reducción cosmética de la tasa de política monetaria (el centro del corredor de pases a 7 días) de tan sólo 75 puntos básicos, ubicándola en un 28%.

Aquella revisión al alza de la meta de inflación para 2018, se dio en un marco de incumplimiento de la meta para 2017, en virtud de una inflación acumulada en el año pasado de 24,8% a nivel nacional y 25% en el GBA (INDEC-IPC), contrastante con únala meta fijada que tenía un piso de 12% y un techo del 17%. Es decir que la inflación observada más que duplicó el piso de la meta, superó en 5,8 puntos porcentuales al techo, y se suma al incumplimiento en 2016.

Los acontecimientos de los últimos meses han producido impactos en una serie de variables relevantes de la economía argentina. En particular la suba del dólar y de los precios minoristas han adquirido una significación clave para el análisis, en este caso, de créditos hipotecarios sujetos a la inflación. Desde enero hasta julio de 2018 la inflación acumuló 19,6%, impulsada por el sostenido incremento del dólar que, si el 23 de abril se ubicaba en torno a los 20 pesos, en poco más de 4 meses ascendió a 39,77 pesos (según el tipo de cambio minorista vendedor del Banco Central). De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la inflación anual de 2018 se ubicará en torno al 42%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el Banco Central –al mes de agosto- estima una inflación de 40,3%. A estas dos variables debe adicionarse la pérdida de poder adquisitivo promedio de 2018 que desde CEPA estimamos en 6,5% promedio de los salarios registrados, respecto de 2017. Y, por otro lado, la caída en la actividad económica incide negativamente en la dinámica crediticia.

El pasado jueves 12 de octubre el INDEC informó que el IPC del mes de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional y 2% en el GBA. Con estos resultados, en 9 meses de 2017 la inflación acumulada (17,6% nacional y 18% GBA) que informa el propio ente de estadísticas oficial ya superó el techo del 17% de la meta de inflación prevista por el BCRA para todo el año y puso en discusión la política impulsada por la autoridad monetaria bajo la presidencia de Federico Sturzenegger.

El Presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación vertió datos sobre la economía argentina que poco se condicen con las cifras de fuentes oficiales. Unos días antes, el periodista del diario La Nación Joaquín Morales Solá en la nota “La derecha y la izquierda, contra Macri”(publicada el domingo 25 de febrero), detalló asimismo una serie de apreciaciones relativas al devenir económico, expuestas en privado por el Presidente, que revelan una llamativa distancia con la información existente. A continuación proponemos un repaso por los mismos.

En el presente informe se presentan los resultados para el año 2017 del relevamiento y procesamiento sistemático de información que realiza el Observatorio de la conflictividad socio-laboral, atendiendo a la cuantificación y clasificación de los conflictos existentes en dicho período. En la primera parte del informe (apartado 1) se lleva a cabo la descripción y el análisis de las protestas que se generaron a raíz de los conflictos laborales. La segunda parte (apartado 2) está dedicada a los conflictos que exceden el universo de los asalariados y que denominamos sociales. En el apartado 3 se detallan los conflictos donde se reprimió a sus manifestantes. Finalmente, en el apartado 4, se describen las principales conclusiones del informe.

Las recientes intervenciones del Banco Central de la República Argentina – BCRA-  con la venta de 1.471,7 millones de dólares en la plaza cambiaria el día 25 de abril, y otros 853 millones de dólares el 26 de abril –que arrojaron, sin embargo, un cierre del dólar minorista en alza a $20,837- colocaron en el centro de la escena el cíclico debate sobre las determinaciones del movimiento del tipo de cambio y, particularmente, sobre la problemática de la restricción externa en una economía periférica como la Argentina.

El mes de diciembre y enero han sido particularmente difíciles para los trabajadores y sobre todo para los trabajadores estatales. El informe de despidos y suspensiones de CEPA indica que en último mes de 2017 los despidos del sector público alcanzaron los 1.904 casos, indicando que “los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”. El mismo informe detalla que los despidos en organismos descentralizados alcanzan los 654 casos, 557 casos en lo referido a la Administración Publica Nacional, repartido entre distintos Ministerios y finalmente, 564 casos de despidos provinciales, que se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As.

Como hemos detallado en nuestro último informe La reciente suba del dólar en la plaza local: consecuencias del modelo, el actual esquema planteado por la gestión económica de Cambiemos, basado en la desregulación, liberalización, apertura, endeudamiento y fuga de dólares, agrava sensiblemente los cíclicos problemas de restricción externa de la economía argentina, tornándola más dependiente de los dólares financieros y más expuesta a las turbulencias. Ante elementos coyunturales como la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos o la entrada en vigencia del resistido impuesto a la renta financiera para extranjeros, el esquema conduce a una encerrona: las únicas dos soluciones posibles son devaluar o entregar las reservas. Es importante destacar que estas reservas provienen exclusivamente del endeudamiento externo y que, incluso vendiendo el 100% de las mismas, no alcanzan para pagar ni el 50% de la deuda contraída en estos dos últimos años.

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