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En el marco de la triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional ha propuesto una reforma tributaria con importantes alteraciones en materia de recaudación provincial, particularmente en lo atinente a la reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos (1). Seguidamente, la discusión sobre el reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, M. E. Vidal, abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores provinciales, cuyas arcas se encuentran en serios problemas de solvencia en un escenario de creciente endeudamiento en dólares.

El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 702, el cual estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –comúnmente entendido como salario familiar-, que perciben las y los trabajadores registrados. Por un lado, se elevó el piso del mínimo de ingreso familiar total para la percepción de las asignaciones familiares (de $200 a $2.816). En segundo lugar, se redujo el tope del ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917. Asimismo, un hogar no puede percibir la asignación si 1 integrante del grupo familiar cobra más de $41.959, cifra que se redujo en tanto se ubicaba en torno a los $47 mil. En tercer lugar, se eliminaron los plus o extra por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como el norte, Cuyo y la Patagonia.

A diferencia del discurso engañoso sostenido en la campaña presidencial del año 2015 (con la coacheada frase de Mauricio Macri “no vamos a devaluar”, que tuvo como corolario una brusca alteración del tipo de cambio del 60% el 16 de diciembre), en las legislativas de 2017 el gobierno nacional ha sido muy claro en sus objetivos pos electorales. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional. La triada reformista a la que “no hay que tenerle miedo” ha sido avisada de antemano. En este informe nos concentramos en las transformaciones en el frente fiscal, desgranando hacia dónde van los cambios en las arcas públicas y cuáles serían sus implicancias más profundas.

El ajuste tiene paso obligado: jubilaciones y AUH

El domingo 29 de octubre, siete días posteriores a las legislativas, en una nota periodística publicada sin firma en el Diario Clarín –y con protagonismo como artículo principal de la web digital- el título rezaba: “Jubilaciones y planes sociales: Macri quiere que se actualicen de acuerdo a la inflación”.

El Gobierno acaba de acordar con algunos Gobernadores el aval a la nueva fórmula de actualización previsional sumándole un adicional para las jubilaciones de menos de $10.000 y para los beneficiarios de la AUH. El diario Clarín indica que “el monto de la compensación tendrá tres variantes. Los jubilados que hicieron aportes cobrarán $750 por única vez, mientras que quienes se jubilaron sin aportes cobrarán $300. A su vez, los beneficiarios de AUH cobrarán $400”.

El Plan denominado Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y tenía por fin garantizar una transferencia monetaria a los jóvenes de entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).

La triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas y la negociación del Gobierno Nacional con los gobernadores por el pedido de reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos y sobre el reclamo del Fondo del Conurbano, denominado “Consenso Fiscal”, derivó en una importante modificación de la estructura recaudatoria.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que se dirigen a desfinanciar al Tesoro, para favorecer al sector privado empresario.

Los tres jefes de los bloques que integran Cambiemos en la Cámara Baja (Elisa Carrió por la Coalición Cívica -ARI, Mario Negri por la UCR y Nicolás Massot por el PRO) redactaron en un comunicado su rotundo “apoyo al proyecto de reforma previsional", argumentando que “en 2018, con esta fórmula, las jubilaciones le van a ganar por alrededor de 5 puntos a la inflación”.

Informe de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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