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La represión de la protesta socio-laboral en los dos primeros años de Cambiemos: Relevamiento enero 2016 a noviembre 2017

El propósito de este informe es describir los hechos donde las manifestaciones laborales y sociales fueron enfrentadas y reprimidas por las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales. La información del presente informe comprende el periodo enero 2016 a noviembre 2017.

El aparente acrecentamiento de la cantidad de casos represivos motiva la realización del presente informe. En este sentido, el día 15 de abril de 2017, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Zaffaroni, advirtió lo siguiente:

"Hay una orden de reprimir a la protesta pública y eso no se da si no hay una orden de arriba (…) Si no se da una orden la policía no lo hace. No es que la policía se suelta por sí misma, eso viene de arriba. Nos estamos apartando del Estado de Derecho y nos vamos acercando al Estado de la Policía (…)"(Por) esta escalada de represión de la protesta, desgraciadamente no va a tardar mucho en haber un muerto" (Diario Clarín, 15-4-2017).

Cabe mencionar que las recientes muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco de la actuación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación, colocan al presente debate en el centro de la agenda pública.


Metodología del relevamiento

El relevamiento de conflictividad social y laboral que se realiza desde CEPA tiene un carácter permanente y continuo. Un equipo integrado por 10 relevadores y relevadoras se ocupan de cargar los conflictos distribuidos por zonas geográficas del país: Regiones Patagónica, Cuyo, NOA, NEA, Pampeana, GBA y CABA.

Las fuentes de información del relevamiento de conflictividad laboral son diversas. Entre las fuentes primarias, se toman como válidas las declaraciones efectuadas por dirigentes sindicales o publicadas desde las sedes gremiales respectivas, las conferencias de prensa, los informes o comunicaciones oficiales desde los sindicatos y, por otro lado, la información provista por el Ministerio de Trabajo respecto a homologaciones de acuerdos y conciliaciones obligatorias en cada conflicto. Se realizan asimismo consultas a dirigentes gremiales, delegados y/o trabajadores involucrados respecto del devenir del conflicto y los motivos centrales, e incluso para validar información publicada en medios de comunicación. En carácter de fuentes secundarias, el relevamiento utiliza el conjunto de información disponible en medios gráficos y audiovisuales respecto de la cobertura mediática de protestas y conflictos.

En el caso de la conflictividad social, se utilizan asimismo fuentes primarias provenientes de declaraciones de dirigentes políticos y sociales, información sobre protestas publicadas en los resortes web y en papel de las organizaciones en conflicto y asimismo se consulta a los respectivos dirigentes, representantes o voceros sobre la validez de datos provistos por la prensa, y la eventual continuidad de los reclamos. Las fuentes secundarias provienen del relevamiento de información disponible en medios gráficos y audiovisuales respecto de la cobertura mediática de protestas y conflictos.

A los fines de cargar, ordenar y luego cuantificar y clasificar la información sobre conflictos laborales, se trabaja con una matriz con distintos rubros: ámbito (publico/privado), sector de actividad, fecha del conflicto, ubicación geográfica, empresa u organismo estatal involucrado, razón del conflicto (reclamo salarial, despidos, suspensiones, tercerización, otro -detalle-) y modalidad de protesta (movilización con paro, movilización sin paro, concentración, corte de ruta o calle, interrupción ingreso a establecimiento laboral, denuncia gremial, otro), y se adiciona la existencia de represión o no y las características de la misma en cada conflicto específico. Una matriz similar, con ajustes menores, se utiliza para el relevamiento de la conflictividad social.


Cuantificación de los casos represivos

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el mes de noviembre de 2017 se registraron 111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales. Los datos relevados dan cuenta que en estos hechos se detuvo a 354 manifestantes, y resultaron heridos alrededor de 328. El promedio indica: un caso cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos días.

En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de noviembre totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes.

El gráfico N° 1 da cuenta de la evolución mensual de estos hechos desde enero de 2016 a noviembre de 2017. En el año 2016 podemos observar dos momentos centrales, en el mes de agosto y el mes de septiembre; y en el año 2017, en los meses de enero, abril y agosto.

Seguidamente, en el Grafico N° 2 se visualizan los sujetos sociales que fueron reprimidos y su proporción respecto del total.

Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores -formales e informales- (52%). En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.

El Gráfico N° 3 permite observar las causas que originaron los conflictos que fueron seguidos de represión: el 31,5% de estas protestas responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, el 17,1% fueron protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones). El 5,4% de los hechos de represión se realizaron contra manifestantes que reclamaban por la libertad de referentes comunitarios, entre ellos Milagro Sala y Facundo Jones Huala. El resto de las movilizaciones en las que se reprimió a sus protagonistas tuvieron como causa la protesta por casos de gatillo fácil (3,6%), la aparición con vida de Santiago Maldonado (3,6%), reclamos medioambientales (2,7%) y las protestas contra la violencia machista (1,8%).

Como indica el Gráfico N° 4, el 73% de los hechos de represión fueron realizados por las policías provinciales (1). Las fuerzas nacionales actuaron en el 27% de los casos: el 13% sólo gendarmería nacional (2), el 8% gendarmería nacional en coordinación con policías provinciales, el 3% Policía Federal y otro 3% Policía Federal con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante estos hechos de represión las fuerzas de seguridad detuvieron a 354 personas e hirieron a 328 (Ver ANEXO “Descripción de los hechos represivos 2016-2017”).

De las 354 personas detenidas, 277 fueron apresadas por las policías provinciales, 8 por gendarmería nacional, 8 por gendarmería nacional en coordinación con las policías provinciales,  35 por la Policía Federal, 24 por la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 2 por Prefectura.

Entre las detenciones de las policías provinciales se puede mencionar los 48 casos sucedidos el 15 de agosto de 2016 en La Plata, durante un violento desalojo a una toma de tierras realizada por campesinos (Policía de la Provincia de Buenos Aires). Entre los casos de detenciones de la Policía Federal es posible enumerar las 35 personas detenidas el 27 de abril de 2016 y que se manifestaban por la Ley de Glaciares. Además de ello, es de destacar el caso de las 24 detenciones llevadas adelante por la Policía Federal en conjunto con la policía de la Ciudad de Buenos Aires y los 20 casos del 8 de marzo de 2017, en la manifestación por el Paro Internacional de Mujeres en Plaza de Mayo.

Por otra parte, del total de 328 personas heridas, 245 fueron víctimas de las policías provinciales, 17 de la gendarmería nacional, 2 de las policías provinciales en conjunto con la gendarmería nacional, 8 de la Policía Federal y 56 de la Policía Federal en coordinación con la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

A modo de ejemplo se puede decir que 30 de esas personas fueron heridas el 9 de octubre de 2016 en Rosario, en el marco de la marcha de cierre del 31° Encuentro Nacional de Mujeres cuando la Policía Santafesina actuó sobre dicha manifestación. Entre quienes hirió la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 50 personas del 9 de abril de 2017, cuando los docentes trataban de instalar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nación. Además, entre las personas heridas por las policías provinciales hay 80 trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron reprimidos por la Policía Jujeña el 14 de julio del corriente cuando reclamaban un aumento salarial.

Como resultado vale la pena indicar que las policías provinciales participaron en el 73% de los conflictos, 78% de las personas detenidas y 75% de los heridos. La gendarmería participó en el 13% de los casos, 2,5% de las detenciones y 5% de los heridos. Cuando actuaron en conjunto gendarmería nacional con policías provinciales, abordaron el 8% de los casos, 2,5% de las detenciones, 0,5% de los heridos. La Policía Federal actuó sola en el 3% de los casos, pero significó el 10% de las detenciones y 2,5% de los heridos. Y finalmente, en el 3% de los casos actuaron la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, implicando ello 7% de los detenidos y 17% de los heridos.

El 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias del NOA se registraron el 19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

Vale dar cuenta de que la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización. Esta lógica se inauguró en enero de 2016 con la detención de la dirigente social Milagro Sala. En Río Negro detuvieron a integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre los que se encuentran el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y al secretario Adjunto de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro Aldo Capretti. En lo que refiere a la provincia de Mendoza se imputó al diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina, los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de Derechos Humanos Enrique Jasid, por haber participado activamente en el paro realizado el 6 de abril.


Conclusiones

  • Desde enero 2016 a noviembre 2017 se constatan 111 hechos Según los datos relevados, se detuvo a 354 manifestantes y fueron heridos 328. El promedio es interesante: un caso cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos días.
  • En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de noviembre totalizan 56 Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes.
  • Más de la mitad de los hechos represivos se llevaron a cabo contra la movilización de trabajadores –formales e informales-, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.
  • Entre las causas podemos mencionar que el 31,5% de estas protestas responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, el 17,1% fueron protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones). 
  • Las policías provinciales participaron en el 73% de los conflictos, 78% de las personas detenidas y 75% de los La gendarmería participó en el 13% de los casos, 2,5% de las detenciones y 5% de los heridos. Cuando actuaron en conjunto gendarmería nacional con policías provinciales, abordaron el 8% de los casos, 2,5% de las detenciones, 0,5% de los heridos. La Policía Federal actuó sola en el 3% de los casos, pero significó el 10% de las detenciones y 2,5% de los heridos. Y finalmente, en el 3% de los casos actuaron la PolicíaFederal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, implicando ello 7% de los detenidos y 17% de los heridos.
  • El 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos En las provincias del NOA se registraron el 19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.
  • La judicialización de la protesta alcanzó la detención de dirigentes sociales, dirigentes de gremios, e incluso diputados. 


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