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Cambios en las asignaciones familiares y deducciones del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría

El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 702, el cual estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –comúnmente entendido como salario familiar-, que perciben las y los trabajadores registrados. Por un lado, se elevó el piso del mínimo de ingreso familiar total para la percepción de las asignaciones familiares (de $200 a $2.816). En segundo lugar, se redujo el tope del ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917. Asimismo, un hogar no puede percibir la asignación si 1 integrante del grupo familiar cobra más de $41.959, cifra que se redujo en tanto se ubicaba en torno a los $47 mil. En tercer lugar, se eliminaron los plus o extra por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como el norte, Cuyo y la Patagonia.

En la misma jornada se conoció una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que limitó la deducción de hijas o hijos a cargo a sólo un cónyuge, y que tenía por objetivo –según palabras oficiales- evitar la superposición entre quienes percibieran asignación familiar por hija/o.

Estas medidas se dirigen a recortar derechos del sector registrado de la economía, en lo que refiere a las erogaciones en materia de seguridad social. Paradójicamente en el Staff Report elaborado por el FMI en julio de 2018 se contemplaba que tanto la Asignación Universal por Hijo como la Asignación Universal por Embarazo (derechos dirigidos a los sectores desocupados y no registrados de la economía), y también las Asignaciones Familiares, mantendrían un piso básico de protección, en el marco de una creciente tendencia a la reducción del déficit fiscal que recortaría recursos de otras partidas ajenas a las mencionadas. A continuación se cita la página 13 de dicho documento:

“A program floor on federal government spending on social assistance (a quarterly performance criterion) equivalent to 1.3 percent of GDP (or AR$177 billion) in 2018 and at a level that safeguards program coverage for 2019–20 while allowing benefits to rise according to the existing indexation formula. This represents an effort by the government to ensure that such spending is prioritized and protected within the budget.

The focus will be on programs that cover children through the existing social safety net: the universal child allowance program (Asignación Universal por Hijo, AUH) and the allowance for pregnant mothers (Asignación por Embarazo, AUE). Both programs (which together comprise the Asignación Universal para Protección Social) are efficiently administered, have reasonably wide coverage, and have been shown to improve socioeconomic outcomes in the target population.

In addition, the floor will protect social spending on contributory family allowances (including allowances to monotributistas which are included under the budgetary program named Asignaciones Familiares)” (Staff Report, July 2018, p. 13).

En la última línea de la cita precedente, y realizando la traducción al español, el FMI señala que “Se protegerá el gasto social en asignaciones contributivas familiares (incluyendo subsidios a monotributistas que se contemplan en el programa presupuestario denominado Asignaciones Familiares)”. Podría argüirse que la redacción, sin embargo, es lo suficientemente ambigua para abarcar una reducción de los beneficios por zona (y modificar escalas) y mantener, de cualquier manera, la medida para el conjunto del país en tanto derecho básico de las y los trabajadores registrados (cuyos aportes personales a la seguridad social, en efecto, también tienen el objetivo de financiar este gasto).

Por otro lado, cabe señalar que fue el propio FMI quien recomendó la modificación de la fórmula de movilidad en 2017, sugiriendo su actualización por inflación, lo que inspiró la reforma previsional propuesta por el Ejecutivo y votada en diciembre 2017 (finalmente con una formula basada en un 30% por salarios y 70% por inflación). Ello redujo los niveles de movilidad no sólo de jubilaciones y pensiones sino también del sistema de asignaciones, respecto de la anterior formula basada en la variación en un 50% de los salarios y otro 50% de la recaudación.  

A continuación analizamos el impacto fiscal de estas medidas y la cantidad de hijas e hijos menores de 18 años que se verán afectados por la reducción del plus por zona y las modificaciones en las escalas de ingreso familiar total e individual para percibir los beneficios.


La eliminación de las zonas en las Asignaciones Familiares

Como se detalló previamente, no sólo la reforma subió el piso y redujo el mínimo de ingresos familiar total para percibir la asignación, sino que eliminó la distinción entre zonas (se planteaban 4 zonas específicas para mejorar los ingresos), que permitía un impulso particular a algunas regiones del país. A continuación se detallan las 4 zonas que existían previamente a la modificación, y cubrían las provincias (enteras) de La Pampa, Rio Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y asimismo comprendían en la norma beneficios mayores para algunos departamentos de las provincias de Formosa, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.

La eliminación de estas zonas se hizo unificando los valores de las asignaciones al “valor general” que aplica para el resto del país, que es más bajo a las cuatro zonas mencionadas. En el cuadro que sigue, se visualiza las asignaciones familiares por hija e hijo según zona, pudiendo constatar que el valor general es inferior respecto de las zonas 1 a 4. En efecto, la modificación que, según palabras de voceros oficiales, tenía el objetivo de “homogeneizar” el conjunto del país, no se realizó equiparando hacia arriba, sino hacia abajo.


En efecto, en el cuadro 3 se observa un ejemplo de diferencial para los grupos familiares con una hija o hijo que se ubiquen en la zona 3 (departamentos de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca). Aquellos que se ubiquen en el primer rango de ingresos (entre $200 – ahora $2.816- y $24.492), perderán $1.577 por mes por hija o hijo, en materia de asignación, lo que equivale al 50% de la misma. En el segundo rango de ingresos la pérdida es de 38%, en el tercer rango asciende a 25% y en el último rango, a 26%.


A los fines de comprender la significancia de la medida en términos fiscales, y considerando que desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno se comprometió a llevar el déficit fiscal sobre PBI al guarismo de 1,3%, se realiza una estimación del ahorro fiscal. En el cuadro 4 se observa que las hijas e hijos menores de 18 años que se ven afectados solamente por la eliminación de los plus o extra por zona ascienden a 326.766 casos, siendo 184.103 de la zona 1 (La Pampa, Rio Negro, Neuquén, y departamentos de Formosa, Mendoza y Salta), 71.503 de la zona 2 o provincia de Chubut, 702 casos de la zona 3 (departamentos de Jujuy, Salta y Catamarca) y 70.458 casos de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. El decreto no incluye a los hijos discapacitados, que si se incluyeran la cantidad ascendería a 335.668, siendo 188.897 de la zona 1 (La Pampa, Rio Negro, Neuquén, y departamentos de Formosa, Mendoza y Salta), 73.708 de la zona 2 o provincia de Chubut, 718 casos de la zona 3 (departamentos de Jujuy, Salta y Catamarca) y 72.345 casos de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. A esta suma de 336 mil chicas y chicos menores de 18 años debe adicionarse un total de 235.985 casos que en el mes de marzo percibirán un monto inferior por ayuda escolar.


Los recursos estimados que ahorra ANSES como resultado de la eliminación de las 4 zonas diferenciadas, proyectando a doce meses las erogaciones de marzo de 2018 y considerando lo correspondiente a Ayuda Escolar sólo por un mes, ascienden a $6.866 millones anuales. Sin embargo, si se consideran los cuatro aumentos de movilidad para el año, que se realizarán sobre una base nominal reducida por la medida, la proyección alcanza $9.499 millones. Estos se dividen en $618 millones a la zona 1, $3.953 millones a la zona 2, $23 millones a la zona 3 y $ 4.905 millones a la zona 4. Como se mencionó, este valor incluye hijos discapacitados que no están incluidos en el decreto. Por lo que si se detrae ese valor, que corresponde a unos $700 millones el impacto sería de unos $8.760 millones. Cabe adelantar que el monto de ahorro de ANSES para 2019 naturalmente será mayor dada la actualización trimestral de las erogaciones. Vale mencionar que el monto para 2019 naturalmente será mayor dada la actualización trimestral de las erogaciones.



La reducción del tope para el cobro de Asignaciones Familiares

Al mismo tiempo que fueron eliminadas zonas diferenciales, se elevó el piso del mínimo de ingreso familiar total para la percepción de las asignaciones familiares de $200 a $2.816.

Los datos a diciembre de 2017 computan 158.884 personas con aportes inferiores a $2.520. Ese valor actualizado se acerca al tope mínimo. Sin embargo, la información disponible indica, con datos de septiembre de 2017, que son aproximadamente 168.000 personas “sin remuneración”, que corresponden mayoritariamente a Guarda de puesto o licencia sin goce de sueldo. De todas formas, es posible que una parte marginal se corresponda a algunos sueldos percibidos en modalidad de jornales que se verán afectados por la medida.

El gobierno señaló, sobre esta cuestión, que la reforma "deviene necesaria con el fin de evitar la eventual captación indebida de prestaciones de la seguridad social cuando los importes de las remuneraciones son declarados por el empleador en forma ilegítima, por un monto inferior al citado mínimo". Es decir, el incumplimiento del empleador, en lugar de combatirse con más control, el Gobierno lo aborda perjudicando al trabajador.

Si nos atenemos a la información disponible en ANSES, se informa que el promedio para 2017 (hasta septiembre) de trabajadores sin remuneración aumentó respecto del promedio de 2014, 2015 y 2016.


Si bien la población económicamente activa se incrementa de un año a otro, la evolución de la cantidad de trabajadores “sin remuneración” no muestra esa misma dinámica, dado que, por ejemplo, en 2016 el dato es menor a 2015. Sin embargo, lo que sobresale es el incremento del promedio 2017, que supera en 14% al promedio de los tres años anteriores. Esto abre algunos interrogantes sobre las causalidades. Por ello, realizamos la siguiente pregunta: ¿A cuánto equivaldría ese diferencial de personas que dejarían de percibir las asignaciones familiares por la suba del mínimo de ingresos? Ello, siempre y cuando no haya un traspaso –esperable, si se trata de desocupados o de empleo no registrado- al sistema de Asignación Universal.


Como se observa en el cuadro precedente, la reducción de las transferencias por salario familiar como resultado del aumento del mínimo a $2.816, alcanzaría los $530 millones anuales, a valores de 2018 con la movilidad correspondiente.

En segundo lugar, se redujo el tope del ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917, y además, un hogar no puede percibir la asignación si 1 integrante del grupo familiar cobra más de $41.959, cifra que se redujo en tanto se ubicaba en torno a los $47 mil. Vale mencionar que a partir de esos topes los trabajadores pueden deducir a las hijas e hijos del Impuesto a las Ganancias, por lo que el efecto tendería a ser neutro. En este último caso, los trabajadores percibirían la compensación de manera diferida, ya que el Impuesto vence en abril de cada año mientras que el salario se cobra mensualmente. A la vez, sólo se puede hacer efectiva siempre y cuando el trabajador tenga ganancias para poder deducirlas.

Los montos máximos hoy superan el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, por lo que algunas familias recibieran Asignaciones Familiares y, al mismo tiempo, una deducción del Impuesto a las Ganancias


En definitiva, se estima que los titulares que dejan de percibir la asignación de manera directa ascenderían a 161.751 casos (estimado según niveles de ingresos que publica ANSES) y dejarían de percibir $328 mensuales, por lo que, considerando la movilidad estimada para 2018 el monto agregado ascendería a $852 millones.


Imposibilidad de deducir ambos cónyuges las cargas familiares en Ganancias

La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, publicó una resolución que limitó la deducción de hijas o hijos a cargo a sólo un cónyuge, y que tenía por objetivo –según palabras oficiales- evitar la superposición entre quienes percibieran asignación familiar por hija/o.

El impuesto a las Ganancias se liquida en abril de cada año. Hasta la actualidad, ambos cónyuges podían deducir de su liquidación el monto de $31.461,09 por hija/hijo. Esto es, descontar sencillamente ese monto de la ganancia sujeta a impuesto derivada de su DDJJ. En definitiva, si una persona tenía ganancias por $100.000, y tenía una hija o hijo, pagaba el impuesto sólo por $68.539.

La información de AFIP correspondiente al año 2014 (la última disponible) indica que había 954.554 personas que liquidaban el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, descontando 541.752 casos de cargas de familia. Si consideramos que dos de cada tres casos corresponden a hijas/hijos (el resto puede ser cónyuge), el número asciende a 361.168 casos. Si suponemos que la mitad no podrán descontarlos, el número asciende a 180.584 casos.

Así entonces, en la práctica esta medida tendría el siguiente impacto para la recaudación de ganancias del período 2018:


Como se mencionó, el pago del impuesto se realiza una vez deducidos los importes autorizados, para recién allí aplicar la alícuota del impuesto. Como esta es progresiva dependiendo del nivel de ganancias, para el presente ejercicio se promedió en 20% (la alícuota va de 5% al 35%).

Así entonces, el total deducible que dejará de serlo alcanza los $5.681 millones al año, por lo que, con una alícuota promedio del 20%, implica un aumento de la recaudación por Ganancias de la Cuarta Categoría que alcanzaría los $1.136 millones.


Conclusiones

La eliminación de los plus por zona afecta a 326.766 casos, siendo 184.103 de la zona 1 (La Pampa, Rio Negro, Neuquén, y departamentos de Formosa, Mendoza y Salta), 71.503 de la zona 2 o provincia de Chubut, 702 casos de la zona 3 (departamentos de Jujuy, Salta y Catamarca) y 70.458 casos de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. El decreto no incluye a los hijos discapacitados, que si se incluyeran la cantidad ascendería a 335.668. A esta suma debe adicionarse un total de 235.985 casos que en el mes de marzo percibirán un monto inferior por ayuda escolar.

El impacto en el bolsillo de los trabajadores afectados muestra que, por ejemplo, el diferencial para los grupos familiares con una hija o hijo que se ubiquen en la zona 3 y en el primer rango de ingresos (entre $200 – ahora $2.816- y $24.492), perderán $1.577 por mes por hija o hijo, en materia de asignación, lo que equivale al 50% de la misma. En el segundo rango de ingresos la pérdida es de 38%, en el tercer rango asciende a 25% y en el último rango, a 26%.

Los recursos estimados que ahorra ANSES como resultado de la eliminación de las 4 zonas diferenciadas, proyectando a doce meses las erogaciones de marzo de 2018 y considerando lo correspondiente a Ayuda Escolar sólo por un mes, y teniendo en cuenta los cuatro aumentos de movilidad para el año, la proyección alcanza los $8.760 millones.  Como se mencionó, este valor no incluye hijos discapacitados ya que los mismos no están incluidos en el decreto. Si se tuvieran en cuenta estos casos, el monto alcanzaría a $9.499 millones correspondiendo $ 618 millones a la zona 1, $3.953 millones a la zona 2, $23 millones a la zona 3 y $4.905 millones a la zona 4. El monto para 2019 naturalmente será mayor dada la actualización trimestral de las erogaciones.

El aumento del mínimo para percibir salario familiar de $200 a $2816 también tiene impacto fiscal: la reducción de las transferencias alcanzaría los $530 millones anuales a valores de 2018.

En el caso de la reducción de los topes máximos para la percepción del beneficio (para el ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917 y para el caso de un solo integrante, $41.959), se estima que los titulares que dejan de percibir la asignación de manera directa ascenderían a 161.751 casos aproximados y dejarían de percibir $328 mensuales, por lo que, considerando la movilidad estimada para 2018 el monto agregado ascendería a $852 millones.

La imposibilidad de deducir ambos cónyuges en el Impuesto a las Ganancias las cargas de familia correspondiente a las hijas/hijos, tendrá el siguiente impacto: el total que dejará de ser deducible alcanza los $5.681 millones al año, por lo que, con una alícuota promedio del 20%, implica un aumento de la recaudación por Ganancias de la Cuarta Categoría que alcanzaría los $1.136 millones.

En virtud de los datos expuestos, se observa que, aunque en el documento del FMI se menciona un supuesto resguardo del sistema de asignaciones familiares, el recorte llegó al gasto social e incluso a un sector contributivo: las y los trabajadores registrados. Por otro lado, la eliminación de las zonas tiene un sensible impacto sobre el bolsillo de los trabajadores, implicando un recorte de $9.500 millones anuales, considerando los valores actualizados a lo largo de 2018. En particular, para ciertas localidades pequeñas, el impacto negativo en el orden macroeconómico será muy importante.

A los efectos de realizar comparaciones relevantes en torno a decisiones de política económica recientes, la reducción de la alícuota de los derechos de exportación a la soja del 0,5% mensual tiene un efecto fiscal de $ 7.920 millones para 2018 (considerando la reducción de 30% a 24% entre enero y diciembre de 2018). La propuesta de congelamiento de las retenciones del Fondo Monetario Internacional indicaba un freno en 25,5% en el esquema de reducción, guarismo sumamente conservador considerando que avala –para 2018- una reducción de 4,5 puntos. Sin embargo, esta propuesta parece haber sido también rechazada por el Presidente Mauricio Macri en sus declaraciones en La Rural: “Ya he dicho con claridad que creo que no son un impuesto inteligente, y que no favorecen a lo más importante que tenemos que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos” (1). Por ello, nuestras estimaciones mantienen la cifra de $7.920 millones de costo fiscal solo para 2018, considerando una reducción a 24% a fin de este año.

Lo cierto es que, en caso de no aplicarse esa reducción de las retenciones a los agroexportadores de soja, podría sostenerse el esquema de zonificación. Lo que se gasta en transferencias a uno de los sectores de mayor rentabilidad de la argentina, se ve compensado, fiscalmente, por ajuste a niñas/os y jóvenes menores de 18 años, de zonas desfavorecidas de la Argentina.

La eliminación del plus por zona en el caso de salario familiar pone en alerta también a otros casos de adicionales geográficos: docentes y jubilados. Si bien el discurso oficial indica que la eliminación de asignación se “compensa” con mejores salarios en dichas zonas, y que en ese sentido no cabría la posibilidad de avanzar en los casos mencionados, las dudas existen y no parecen descabelladas.

Por otro lado, resulta llamativa la concepción de federalismo del actual Gobierno, ya que en nombre del mismo impulsa políticas que tienden a homogeneizar, cuando el concepto es si mismo implica exactamente lo contrario. El decreto menciona que “deviene necesario adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones”. En virtud de esta mirada, el Gobierno no ha planteado una discusión acerca de si las zonas actuales son las indicadas para el fin original o no en virtud de determinados parámetros que podrían haber cambiado, sino que sencillamente las elimina. En este sentido, el federalismo debería apuntar a potenciar aquellas zonas más atrasadas o con menos ventajas relativas que el resto. El impulso de la política de eliminación de zonas recorre el camino contrario. Adicionalmente, el Gobierno consolida una “mirada de federalismo a la baja”, es decir, no sólo tiende a homogeneizar, sino que además lo hace en el punto más perjudicial para los trabajadores. En este caso, el valor del salario familiar general se unifica en el valor menor, que es el valor general del salario. Con los subsidios a los servicios la política fue la misma: la reducción de los mismos equipara en el precio más alto, sin repensar la redistribución del mismo.

Cabe mencionar, además, una discusión de carácter jurídico referida al principio de progresividad. Este podría poner en duda la decisión de eliminar las zonas, ya que los trabajadores no deberían percibir un monto menor que lo que actualmente perciben.

Finalmente hay que indicar que el decreto 702 incluye un artículo con importantes implicancias que tuvo relativamente poca relevancia. Refiere al artículo 6° que expresa “en los casos en que la presentación de Declaraciones Juradas por parte del empleador se realice por períodos vencidos respecto de la pertinente obligación mensual y ésta determine, por tanto, el pago de retroactivos de asignaciones familiares, las mismas serán abonadas por la ANSES, en la primera liquidación disponible, una vez verificado el ingreso de los aportes y/o las contribuciones patronales correspondientes. Idéntico procedimiento operará en el caso de solicitudes de retroactividades de asignaciones familiares”. Es decir, los trabajadores se ven sensiblemente perjudicados, sin cobrar el salario familiar frente a los incumplimientos del empleador. Peor aún: en un contexto de franca crisis económica, incluso sin una empresa cumplidora se atrasa en los pagos de cargas sociales, el que financia la crisis es el trabajador.


Notas al pie

(1) http://supercampo.perfil.com/2018/07/macri-en-la-rural-las-retenciones-no-son-un-impuesto-inteligente/


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Etiquetas: ANSES AUH Seguridad Social Ajuste Fiscal

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