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Comentarios sobre la reforma jubilatoria

El ajuste tiene paso obligado: jubilaciones y AUH

El domingo 29 de octubre, siete días posteriores a las legislativas, en una nota periodística publicada sin firma en el Diario Clarín –y con protagonismo como artículo principal de la web digital- el título rezaba: “Jubilaciones y planes sociales: Macri quiere que se actualicen de acuerdo a la inflación”.

En efecto, se detallaba una propuesta de actualización de las jubilaciones a través de la inflación, modificando la Ley de Movilidad del año 2009, que establece una fórmula de actualización bianual. Esta fórmula se compone, entre otras variables, de la evolución de la recaudación, por lo que ante una caída de los ingresos tributarios frente a la inflación, los haberes de los jubilados se ven afectados en el mismo sentido. Inversamente, cuando la inflación se desacelera, la recaudación tiende a hacerlo de manera más lenta, por lo que se produciría el efecto contrario en los haberes jubilatorios reales. Es decir, hay una especie de “efecto atraso” en el índice de movilidad. La propuesta del Gobierno implica “hacer uso” del efecto atraso en detrimento de los jubilados y en favor de las arcas estatales, modificando la actualización en el momento donde la recaudación empieza a recuperarse. El ajuste por inflación, en este contexto, es la clave del proyecto para reducir el déficit.

Los lineamientos del proyecto oficial se ubican en línea con las conocidas propuestas del Fondo Monetario Internacional y también de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). La última recomendación del FMI en 2016 indica que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Misma mirada sostiene la OCDE, que recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”, indicando que la fórmula actual –modificada e 2009- “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”. Siguiendo este último razonamiento, lo que se cuestiona –en el fondo- en el sistema jubilatorio solidario: naturalmente si los gremios pugnan por aumentos en las paritarias, ese beneficio se traduce a los jubilados, dado que los actuales activos financian la jubilación de los actuales inactivos de tercera edad. Ese sistema es lo que se busca quebrar.

Como desarrollamos a continuación, la actualización a través de inflación significa un “ahorro” fiscal más que relevante. Si realizamos una estimación con índice de movilidad, aplicado para las Jubilaciones, AUH y Asignaciones Familiares, para el año 2018 las erogaciones alcanzarían el billón 520 mil millones de pesos, mientras para la actualización con IPC sería de aproximadamente un billón 408 mil millones de pesos. Es decir, se aplicaría un ajuste de 112 mil millones de pesos.


Los números: ¿A cuánto equivale la modificación de la metodología de cálculo del haber previsional?

Teniendo en cuenta la evolución a la fecha de los recursos tributarios, la variación de salarios según RIPTE e INDEC, considerando una estimación propia de la evolución de dichos indicadores y manteniendo estable la cantidad de beneficiarios de SIPA es posible considerar un índice de movilidad de 13,53% para marzo de 2018 y proyectar para septiembre de ese mismo año un índice de 8%. Con estos guarismos, los resultados serían los siguientes.

Como se observa en los cuadros precedentes la reforma ajusta las jubilaciones en algo más de 100 mil millones de pesos.

Por otro lado, es posible percibir que hacia fines de 2018 la diferencia de la jubilación promedio con uno y otro mecanismo de cálculo alcanzaría los $ 1.481, es decir casi 9% de la misma. En el caso de la jubilación mínima, la misma sería de aproximadamente $ 8.884 considerando movilidad jubilatoria y de $ 8.100 con IPC, es decir, una reducción de casi $ 900.

Como se percibe en los cuadros 3 y 4 la reforma ajusta la AUH en algo más de $ 5,5 mil millones.

Es posible analizar que hacia fines de 2018 la diferencia de la AUH con uno y otro mecanismo de cálculo alcanzaría los $ 153, es decir casi 9% menos.

Aunque el cálculo resulta más complejo (dada las variantes en el monto de cada prestación), es posible estimar en cerca de $3,5 mil millones la reducción de recursos destinados a Asignaciones Familiares de los trabajadores registrados.

Tal como se observa en el cuadro 7, la estimación con índice de movilidad de Jubilaciones, AUH y Asignaciones Familiares alcanzaría el billón 520 mil millones de pesos, mientras para la actualización con IPC sería de aproximadamente un billón 408 mil millones de pesos, es decir, una reducción de 112 mil millones de pesos.


El gasto en Seguridad Social en el Presupuesto 2018

Ahora bien, ¿Por qué se impone con tanta vehemencia la necesidad de reducir el gasto previsional? Si observamos la distribución del gasto público en el Presupuesto 2018 (enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación), la porción más grande -el 69%- se dirige a Servicios Sociales, el 11% a servicios Económicos, 10% a Deuda Pública y el 5% a Administración Gubernamental. La clave es que de ese 69% que constituye el total del gasto en Servicios Sociales y que suma 1 billón 900 mil pesos para 2018, el 75% corresponde al gasto en Seguridad Social. En otras palabras, de la cifra de 1.900.467 millones de pesos, 1.433.037 millones corresponden a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Estos primeros números permiten constatar la centralidad que ocupa el gasto previsional y la necesidad imperiosa – para el gobierno nacional de Cambiemos – de avanzar en este recorte para eliminar el déficit.

Siguiendo con estos números que muestras la importante incidencia del gasto previsional en el presupuesto, cabe indicar que el gasto proyectado a 2018 asciende a 2.783 billones de pesos, siendo el 51,5% correspondiente a la Seguridad Social (con el dato previamente mencionado de 1.433 billones).

¿Cuánto de ello corresponde a jubilaciones y pensiones? Se trata de 1,4 billones (estrictamente 1.398 billones) mientras que el gasto por Asignación Universal por Hijo es de 75 mil millones y el correspondiente a Asignaciones Familiares de 46 mil millones de pesos.

Allí están las razones más claras de la modificación de la Ley de Movilidad: sin tocar la recaudación, no hay forma de reducir el déficit (significativamente) si no es a través de la reducción del gasto en Seguridad Social.


Notas al pie

(1) La inflación estimada del 11,8%, en línea con la pauta del Presupuesto 2018.


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