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El “saneamiento” de las empresas estatales

El diagnóstico oficial

En el documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación hace poco más de un año, en abril de 2017, tenía prevista la concreción de importantes reducciones de transferencias a empresas publicas, consideradas sobredimensionadas a lo largo de cada párrafo del texto oficial. Este documento es el resultado de la creación, bajo la gestión de Cambiemos, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas a partir de octubre de 2016. El mismo está integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes  (en abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Además, el Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada “para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir”. (2017: 7).

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La cuestión social

A raíz del reciente acuerdo con el FMI y en virtud de la expresa mención de los funcionarios de Cambiemos respecto de “garantizar” los recursos destinados al denominado gasto social, el presente trabajo apunta a analizar la situación de aquellos perceptores de planes sociales en la Argentina.

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Informe realizado por el Programa de Investigación del Interistituto de Empleo, Trabajo y Producción (PIETP) de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018) (1), junto con la posterior corrida cambiaria (2), aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento “Tocando Fondo” (3), el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.

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La conflictividad socio-laboral en Argentina en 2017

En el presente informe se presentan los resultados para el año 2017 del relevamiento y procesamiento sistemático de información que realiza el Observatorio de la conflictividad socio-laboral, atendiendo a la cuantificación y clasificación de los conflictos existentes en dicho período. En la primera parte del informe (apartado 1) se lleva a cabo la descripción y el análisis de las protestas que se generaron a raíz de los conflictos laborales. La segunda parte (apartado 2) está dedicada a los conflictos que exceden el universo de los asalariados y que denominamos sociales. En el apartado 3 se detallan los conflictos donde se reprimió a sus manifestantes. Finalmente, en el apartado 4, se describen las principales conclusiones del informe.

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Este informe fue elaborado por el Programa de Investigación Interinstituto de Empleo, Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de General Sarmiento (PIETP), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

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El amplio debate social en torno a las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Energía y Minería que determinaron importantes aumentos en las tarifas de servicios públicos – fundamentalmente de los rubros de gas y electricidad- ha colocado en el centro de la escena la necesaria revisión de su impacto en los niveles productivos del sector hidrocarburífero argentino. A ello se agrega el proceso de liberalización del precio de los combustibles, decisión adoptada en octubre de 2017, que impactó fuertemente en los aumentos de las naftas. En efecto, las actualizaciones tarifarias y de los valores de los combustibles a los precios “de mercado” se plantea como argumento transversal que explica una mejora en los niveles productivos y de inversión sectoriales. En el acumulado estimado desde 2016 hasta finales 2018, las tarifas de electricidad se habrán incrementado en promedio 1.768%, mientras que las tarifas de gas lo harán en 1.519%. Por su parte, entre diciembre 2015 y abril 2018 la evolución del precio de la nafta súper registra un aumento de 108,5%.

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