La farsa se convierte en tragedia

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La negociación con los fondos buitre que le tocó encarar al gobierno de Mauricio Macri colocó a los estrategas en finanzas del macrismo en una situación incómoda. Los hasta ayer bien intencionados “holdouts”, a quienes Argentina debía reconocer la deuda y, sin muchas vueltas pagar, se convirtieron con el correr de las horas en personajes poco amistosos (“hostiles” fue la palabra utilizada por Etchebarne, cabeza del estudio jurídico contratado por Hacienda) y condicionantes de la estrategia de “retorno a los mercados” altamente sensible en la jerarquización de objetivos económicos dispuesta por Prat Gay.

El énfasis que durante el kirchnerismo se realizó sobre la ostensible “mala fe” en el accionar buitre, sobre los intereses del mundo de las finanzas (deseosos por condicionar a los países emergentes con endeudamiento circular en el tiempo), y sobre la opacidad de los negocios alimentados por los fondos especulativos (como se comprobó con el sospechoso “Credit Default Swap” gatillado a instancias de un default técnico forzado por Griesa) parecen retornar como pesadilla de un gobierno que esperaba que sus guiños al mercado sean devueltos con mejores modales.

Haber acusado al kirchnerismo de montar una farsa con el conflicto de los fondos buitre no hace más que invertir la frase de Marx de su 18 Brumario: aquella farsa sostenida con “intransigencia k” –que para las voces opositoras no tenía fundamentos en la medida en que los holdouts eran acreedores como tantos otros-, se convierte por estos días en una tragedia muy tangible: el condicionamiento es real, el virtual incremento de la demanda original con bonistas “me too” ya es un hecho, la generosa propuesta con una quita de sólo 25% parece resultar insuficiente para algunos bonistas, y la saga de endeudamiento retorna velozmente como un viaje al pasado.

El procedimiento buitre es harto conocido a nivel global: si bien gustan definirse como fondos “que brindan liquidez a economías en desarrollo”, funcionan con una clara operatoria, que consiste en la compra de títulos de deuda pública de países sobreendeudados a punto de caer en default o con deuda defaulteada, los cuales poseen una baja cotización producto de su alta calificación de riesgo. Seguidamente, se resisten a negociar y participar de las reestructuraciones de deuda, buscando jueces cercanos (“juzgados de ocasión”) para garantizar un posterior litigio en tribunales internacionales. Tienen, en efecto, la mira puesta en un jugoso retorno resultante de haber adquirido los bonos a precios módicos (sin nunca haber tenido interés en financiar al país de origen) y cobrar el valor original sumado a los intereses resarcitorios y punitorios devengados hasta el momento (en contraposición a la amplia mayoría de los bonistas que aceptaron deducciones significativas).

Un ejemplo paradigmático es el multimillonario estadounidense y financista del Partido Republicano Paul Singer, con numerosas demandas en su haber. El caso peruano es ejemplificador: en 1995 NML compró 11,4 millones de dólares por bonos de Perú, que tenían un valor nominal de 20,7 millones. En 1996 no aceptó el canje propuesto por dicho país e inició demandas en New York, Bruselas y California. Consecuentemente en 1999 el Tribunal de NuevaYork embargó bienes de Perú por 56 millones de dólares. El desenlace de la historia es conocido: Perú fue bloqueado y Singer embolsó el valor nominal más los intereses.

No fue magia (fue entrega)


 

En Argentina no se privaron de una operatoria similar: con el default de títulos de deuda del año 2001 y particularmente aprovechando la cláusula cerrojo por el canje del 2005, los fondos NML Capital (Elliot, de Singer) y Aurelius Capital Management adquirieron bonos de deuda argentina a un valor cercano al 10% del valor nominal.

Echadas las cartas, resulta cuanto menos curiosa la propuesta “soberana” efectuada por Prat Gay y su equipo: una quita del 25% y pago en efectivo. En efecto, fueron los expertos en finanzas internacionales del actual gobierno, que criticaron la “inexperiencia” del equipo de Kicillof, los que propusieron una oferta que incluso superó la realizada por los mismos fondos buitres al gobierno argentino a mediados de 2014 (que significaba una quita del 30%). Tomando el caso de Singer, quien compró a U$S 48,7 millones y litiga por U$S 832 millones (apuntando a obtener una exorbitante ganancia del 1708%), la aplicación de esa quita mantendría de cualquier manera un retorno del 1281% (incluso, la quita del 15% oferta buitre primeramente realizada al equipo de Kicillof, suponía una ganancia del 1452%).

“Los fondos buitre creían que nos tenían atrapados” se jactó Prat Gray, luego de convertir velozmente una deuda original de 2.500 millones de dólares (correspondiente al 1% demandante y a los “me too”) en ingentes 6.500 millones de dólares en efectivo. Hoy, por acreencias que representan 3.500 millones de dólares (2.500 millones de dólares más unos 1.000 millones de dólares de los bonistas italianos que litigaron en el CIADI) la oferta de pago fue de 8.000 millones de dólares. Ahora bien, esos bonistas representan algo más de la mitad de los que no entraron en canje -cerca de 4%-, por lo que de extenderse el acuerdo al conjunto del 7% -comprometiendo un pago de 6.000 millones de dólares aproximadamente- estaríamos frente a una evidente asimetría: pagando casi 15.000 millones de dólares al 7% de bonistas, mientras que el 93% recibió 40.000 millones de dólares, y en bonos. Luego de cerrar el juicio del siglo en menos de una semana, Macri y Prat Gay podrán atinar a decir “no fue magia”. Pero deberíamos agregar: en este caso, fue entrega.

A continuación presentamos un cuadro con los montos de deuda negociados, las quitas y los compromisos de pago correspondientes.

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Luego de los montos canjeados en 2005 y 2010 (cerca de 100 mil millones de dólares), resta negociar unos 6.500 millones de dólares de deuda a valor nominal, los cuales puede subdividirse en tres tipos de bonistas:

1) Una parte de ese monto corresponde a los bonistas italianos que litigaron en el CIADI: de un total de 900 millones de dólares, Prat Gay les reconoció 1350 millones de dólares, es decir un 150% por encima del valor nominal de los bonos. Si aplicáramos una hipotética quita similar a la de los Canjes 2005 y 2010 (del 55% como promedio de ambos), el compromiso de pago hubiera sido de 504 millones de dólares.

2) El segundo acuerdo corresponde a 2.500 millones de dólares de los fondos buitre litigantes con Griesa (1% de demandantes, donde se ubican Aurelius y NML Capital de Singer, y los “me too” posteriormente incorporados). Se propuso un pago en efectivo por 6.500 millones de dólares, un 260% por encima del valor nominal, aunque aún no fue aceptado por el total de los bonistas. Si hacemos el ejercicio de aplicar una quita del 55%, el compromiso de pago sólo sería de 1.400 millones de dólares.

3) El “resto” son cerca del 3% de los acreedores, y tienen una deuda de 3.096 millones de dólares a valor nominal. Suponiendo un acuerdo similar al efectuado con el fallo Griesa, la deuda ascendería a 7.149 millones de dólares. Pero, si se aplicara una quita del 55%, Argentina debería pagar sólo 1.734 millones de dólares.

En total, los acuerdos con los fondos buitre y el “resto”, suman 13.600 millones de dólares. Si Argentina negociara con similares condiciones a las aplicadas para el 93% de los bonistas, sólo pagaría 3.134 millones de dólares.

 

En virtud de estos guarismos vale preguntarse: ¿por qué tamaña concesión? El ex JP Morgan sin dudas no está pensando en blindar a la Argentina de la voracidad especulativa de estos fondos sino en impulsar un nuevo proceso de endeudamiento, por lo que necesita sacarse de encima la mochila buitre. De hecho, a través de la institucionalidad financiera que los buitres integran, se han convertido en virtuales nuevos acreedores de Argentina, luego del “repo” viabilizado por Sturzenegger que supuso la entrega en garantía de bonos por un valor nominal de 10.000 millones de dólares, a cambio de 5.000 millones de dólares que abultaron las reservas, a pagar a un plazo de once meses con una tasa de interés de 6,7%. El acreedor de esta deuda del Tesoro deja entonces de ser el BCRA y se transforma en la banca transnacional: HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Deutsche Bank, Citigroup y UBS. Ello no sólo fue un cambio de nombres: de deuda intraestatal con bajo costo, el “repo” que permitió eludir al Congreso, involucra pago de intereses por más de 9.000 millones de dólares con bonos de 6 a 11 años.

 

 

Los amigos de siempre


 

El costo de “volver a los mercados” en 40 días de gobierno ya se ha traducido en un incremento del peso de la deuda en dólares sobre el producto. Si la “herencia” había sido un escaso nivel de endeudamiento en dólares, del orden del 8%, el primer efecto de la mega-devaluación del 40% fue el incremento de dicho valor al 11,5%. La deuda contraída por 5.000 millones de dólares subió la cuenta al 12,75% y agregó un componente otrora criticado: la cesión nuevamente de soberanía jurídica para que cualquier controversia se defina en los tribunales de Nueva York. Colonialismo jurídico como contracara de la dependencia financiera. La otra pata es el eventual acuerdo con los buitres por un tentativo valor –con quita de 25% incluida- de 8.000 millones de dólares, que aumentaría en más de dos puntos esa incidencia de la deuda en dólares, alcanzando el 14,86% del PBI. Si se extienden estos guarismos al resto de los bonistas no incluidos en este acuerdo, la deuda aumenta a 16,71% sobre PBI.

Los amigos de siempre no sólo se aseguran un incremento de su nivel de condicionamiento –y poder de fuego- sobre el país que a contramano del sistema internacional decidió desafiarlos durante 12 años, sino que se llevan tajadas significativas con la percepción de intereses. Podemos estimar que si en 2013, con una deuda en dólares del orden del 13,1% del PBI, los intereses ascendían al 4,9% de los recursos tributarios anuales, con la nueva composición de acreedores los intereses se elevan al 5,6% de lo recaudado, aunque con el total de “me too” se alcanzaría el 6,25%. Se trata de una herencia distinta para las generaciones futuras, esta vez ubicada cerca de los 90 mil millones de pesos de ajuste presupuestario anual para hacer frente a los compromisos con el capital financiero foráneo (guarismos que duplican los intereses al 10 de diciembre de 2015, estimados en 44 millones de pesos anuales).

 

 

Origen de la deuda externa


 

Una rápida revisión del origen la deuda externa nos remite a la estatización efectuada por Cavallo en 1982 de la deuda contraída por privados durante la última dictadura militar. Si la deuda externa en 1976 orillaba los U$S 8.000 millones de dólares, para diciembre de 1983 ya se había convertido en unos pesados U$S 46.000 millones de dólares. En los 90 el endeudamiento, también orientado a solventar la fuga de capitales, se elevó de 65 mil millones de dólares a 80 mil millones. La estafa del Blindaje y Mega-Canje (antesala de la profunda crisis de 2001) fue el golpe de gracia, con un aumento de la suma a 102.000 millones de dólares. No está demás decir que el 69% de los bonos obtenidos por los fondos buitre provienen de la oscura emisión del Megacanje (el 31% restante deviene de emisiones fechadas en 1996), operación por la que actualmente se encuentra procesado el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

A mediados de 2014, el fallo del juez Griesa -impulsado por demandantes que representaban sólo al 1% de los acreedores- exigía el pago de una sola vez y en efectivo de 1.334 millones de dólares. No obstante, la ampliación de la cantidad de demandantes ha sido el trabajo que Pollack y Griesa se han dado en el último año y medio, al incorporar a bonistas “me too”, que se ubican en el 7,6% afuera de ambos canjes. Ello provocó un aumento de la deuda estimada por Prat Gay en 9.800 millones de dólares.

Lo cierto es que si la Argentina le pagara a alguno de estos bonistas en mejores condiciones respecto del 93% de acreedores que accedieron en los canjes a una quita de capital, reducción de intereses y extensión de plazos, estos últimos tendrían derecho a reclamar el mismo tratamiento. En efecto, si bien para los lobbistas de la city el peligro de la RUFO ya es parte del pasado, la vigencia en la legislación local del principio pari passu que establece igualdad de trato entre acreedores, tendría consecuencias similares si algún juzgado decidiera dar la razón a bonistas no beneficiados por Griesa. Justamente en estos días los bonistas italianos que aceptaron la reestructuración reclamaron al gobierno argentino por el tratamiento diferencial en la negociación con quienes no aceptaron el canje y litigan en el CIADI, situación agravada por el hecho que los primeros han sido perjudicados a raíz de la paralización de los pagos dispuesta por el juez neoyorquino.

 

El pecado del desendeudamiento y los negocios de la deuda


 

Los tiempos que inauguró la victoria de Mauricio Macri remozaron viejas escuelas de pensamiento y callaron otras. El fenomenal desendeudamiento encarado durante el kirchnerismo ha pretendido ocultarse, señalando a la inversa un supuesto nuevo endeudamiento: “Hoy la deuda total –en dólares y en pesos– representa otra pesada herencia para la sociedad argentina” ya sostenía Marcelo Bonelli el 16 de octubre del año pasado, efectuando un cálculo deliberadamente parcial, que exponía valores absolutos de deuda –externa e interna- sin precisar su peso relativo en el producto ni la transformación de acreedores externos a intraestatales como ANSES y BCRA, con financiación a tasa cero y sin condicionamientos a la política económica.

No está de más recordar que, si la deuda externa en dólares ascendía al 75,4% de 2003, en 2014 era del 8,9% del PBI y para fines del mandato de CFK era del 8% del PBI. Lo mismo puede decirse de la deuda externa total, que descendió desde el 166% en 2002 al 43% del PBI en 2014.

Cruzando la calle sin mirar, la política de Cambiemos ha sido diametralmente opuesta. La gestión de un “rápido” acuerdo con los fondos buitres –hasta ahora fallido-, el endeudamiento con la banca extranjera, las definiciones de la política económica en obediente consulta con el secretario del Tesoro norteamericano y la revisión de la economía argentina por parte del FMI -poniendo en práctica el artículo IV-, son parte de una política fuertemente ideológica, que corre tras los aliados naturales de los tradicionales gobiernos del ajuste, sin reparar en las consecuencias que esas medidas tuvieron en la situación histórico-concreta local.

Pero si Cambiemos urge por sellar un acuerdo (“lo antes posible”) que garantice la ansiada “lluvia de dólares”, la banca transnacional tiene objetivos algo más ambiciosos. La justicia estadounidense reafirmó una determinada forma de hacer negocios, donde la especulación con “derivados”, a pesar de ser la causante de la crisis del 2008, mantiene una puja con la economía real basada en la producción de bienes.

La reestructuración y quita histórica de deuda argentina, la liberación de los condicionamientos del FMI, la abierta crítica a la hegemonía de las finanzas en la economía mundial, la resolución de la deuda con el Club de Paris (sin el FMI y acordando pagos condicionados por la inversión), la recuperación de YPF, la implementación de políticas económicas que privilegiaron las necesidades de las mayorías por sobre el negocio privado (como la AUH, paritarias, Progresar o Pro.Cre.Ar) y el impulso de 9 principios en la ONU para reestructuración de deudas, ampliamente votados por 148 países, son razones suficientes para que Argentina se transforme en un mal ejemplo. Doblegar un caso paradigmático que revela el círculo virtuoso de desendeudamiento, crecimiento e inclusión, oficiaría de contra-ejemplo para todos aquellos países que osen desafiar a los capitales extranjeros: no sólo para los países europeos en crisis como Grecia y España, sino fundamentalmente para la región latinoamericana, sirviendo de veto a los procesos políticos del continente.

  • Por Hernán Letcher y Julia Strada

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