LA GAUCHADA: Análisis sobre el impacto de la quita de retenciones en el primer semestre

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En la reciente inauguración de la exposición rural el presidente Mauricio Macri sostuvo que “desde hace siete meses trabajamos en el Gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y ahora se le está tendiendo la mano”. Por otro lado, no sólo se trató de un discurso presidencial -que retomó una tradición de subordinación política al poder económico agroexportador abandonada hace 15 años- sino que además consistió en un acto simbólico de reconocimiento del poder de la oligarquía pampeana: “El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema”.

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En este contexto, es oportuno observar el efectivo costo fiscal (con los números certeros del total de exportaciones) que le han implicado a las arcas públicas las transferencias al “campo” -¿la “gauchada”?- en materia de quita y reducción de retenciones a las exportaciones aplicadas el pasado diciembre de 2015 (a través del Decreto 133/2015). Específicamente en lo atinente a los beneficios al agro, en el primer semestre de 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones US$ 4.065millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 2.374millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 1.691millones entre enero y junio de 2016. En pesos, estamos hablando de un monto de 24.344 millones de pesos resignados en los primeros 6 meses de gobierno por parte de Cambiemos.

Cabe agregar, adicionalmente, que los beneficios de quita de retenciones también alcanzaron a las industrias exportadoras y a la minería (se concatenó una triada de decretos: 133/2015, 160/2015 y 349/2016). En total, el Estado Nacional dejó de recaudar la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $5 de cada $100 del total de la recaudación. Dicho valor anualizado representaría una merma recaudadora cercana a los US$ 5 mil millones, lo que al actual tipo de cambio significaría unos $70 mil millones. Para dimensionar el impacto, este monto proyectado equivale –como mínimo- al subsidio anual de la tarifa de gas. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse enfrentado la totalidad del subsidio.

En términos sectoriales lo que se observa es una clara preeminencia del sector agropecuario en la apropiación del beneficio de la medida, captando el 72% del monto liberado por el Estado. Le siguen en importancia, bastante por detrás, la industria (15% del beneficio) y la minería (13%).

A todo esto debe adicionarse la importantisima transferencia de ingresos resultante de la devaluación. Solo para los Industriales de Oleaginosos y los Exportadores de Cereales, que liquidaron US$13.245 millones en el primer semestre de 2016, esa transferencia representa unos $75 mil millones adicionales (comparando con el tipo de cambio al 10 de diciembre y hoy) que, incluso deflacionados por la inflacion semestral, les significa un ingreso adicional en terminos reales de mas de $32 mil millones.

Amén de ello, las transferencias no parecen suficientes. Para el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, es necesario “promover una presión fiscal acorde con las capacidades de la actividad y con su necesidad de instrumentos que le permitan ser cada día más eficiente”,agregando un sugerente“lo mejor está por venir”. En efecto, la agenda sectorial tiene como prioridades un tipo de cambio nuevamente devaluado y, desde ya, deshacerse del 30% de retenciones a la soja que aún persiste. Asimismo, en estos tiempos de virulento reclamo empresario en torno a la reducción del costo laboral, no sería extraño que la próxima editorial de La Nación pida el retorno al trabajo rural “de sol a sol”.


Análisis sobre el impacto de la quita de retenciones en el primer semestre

I – Las medidas.

La eliminación de la política de control cambiario y la quita de retenciones a las exportaciones fueron, tal vez, las medidas económicas prometidas y realizadas con mayor celeridad por el actual gobierno nacional. Mucho se ha escrito respecto al supuesto “éxito” de la apertura cambiaria y la quita de retenciones, e incluso sobre los “efectos adversos” que la decisión trajo aparejada: mega-devaluación, incrementos de intereses, fuga de capitales, inflación, entre otras. Sin embargo, poco se han explorado los impactos de la quita/reducción de retenciones en términos fiscales.

SI bien han existido diversas proyecciones, trascurrido ya poco más de un semestre de gestión – con el diario del lunes en mano – es interesante realizar una aproximación del impacto de dicha medida en las arcas públicas, a fin de dimensionar la trasferencia de recursos que la política en cuestión implicó desde el conjunto de la población hacia una minoría de actores concentrados.

Tal como mencionábamos, la celeridad para cumplir esa promesa de campaña llevó a que apenas seis días después de asumir el gobierno, y el mismo día que se “abría” formalmente el “cepo”, el gobierno anunciara la quita de retenciones a los productos primarios y algunas manufacturas de origen agropecuario (MOA) mediante el Decreto 133/2015. Esta medida fijó en 0% los Derechos de Exportación (en adelante, DE) para todas las mercancías clasificadas entre los capítulos 1-24 y 41-53 del Nomenclador Común del Mercosur, a excepción de algunos productos puntuales entre los que se destacaba el caso de la soja. Tanto al poroto como a sus derivados, sólo se les redujo 5 puntos porcentuales de retenciones. Dos días más tarde, el 18 de diciembre, mediante otro decreto similar (en este caso el 160/2015) se eliminaron también los DE a productos industriales. Finalmente, en febrero de 2016 el gobierno decidió anexar a este esquema de quitas al sector minero, mediante el decreto 349/2016.

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II – La estructura de las retenciones.

Esta tríada de decretos modificó sustancialmente la estructura impositiva del comercio exterior argentino. Mientras que antes el 99% de las exportaciones pagaban algún tipo de derechos, hoy esa proporción no llega al 40%. En otras palabras, mientras antes estaba exento del pago de derechos solo el 1% de las exportaciones, hoy esa exención alcanza casi al 65%. En el esquema actual, el 65% de los dólares exportados no pagan derechos de exportación.

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En término de rangos, se observa (Cuadro N° 2) claramente el impacto de la quita a los bienes industriales sobre el rango de DE que va entre 1% y 5%, habiendo pasado de explicar el 41% de las exportaciones, al 2%. De igual modo, mientras que antes las exportaciones que tributaban entre

30% y 35% (principalmente las primarias) representaban el 41% del total, hoy no alcanzan el 10%. Ambas mermas en la participación de dichos rangos se encuentran fácilmente en el núcleo de exportaciones que hoy no pagan DE. Dicho “selecto” grupo pasó de ser el 1% al 64%, tal como mencionamos anteriormente.

En efecto, si bien la repercusión mediática de la quita estuvo principalmente vinculada a la medida en relación al sector minero y al agro, la eliminación de DE a los productos industriales tuvo también un impacto significativo.

III – El cálculo: ¿Cuánto se dejó de recaudar?

Para estimar el monto que el Estado Nacional resignó con estas medidas se realizó un listado de las posiciones arancelarias que sufrieron modificaciones, ya sea quitas o reducciones. Se cotejaron las exportaciones de dicho grupo registradas en el primer semestre a nivel de NCM/SIM. A las mismas se les aplicó la estructura de DE vigente hasta el 10/12/2016, es decir, previo a las modificaciones. Posteriormente, se realizó el mismo cálculo pero considerando en este caso las retenciones efectivamente pagadas, es decir, aplicando las nuevas alícuotas reducidas. La diferencia resultante entre ambos montos resulta en lo que el Estado dejó de percibir sólo por la eliminación de las retenciones.

En términos agregados, en el primer semestre de 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones por el grupo de posiciones mencionadas US$ 4.733 millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 2.380 millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 2.353 millones en seis meses.

 

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Si convertimos este monto a pesos por el Tipo de Cambio1 promedio de cada mes, obtenemos que la transferencia del estado a los exportadores ascendió a $33.843 millones, lo que representaría el 5% de la recaudación pública del primer semestre de 2016 ($708 mil millones, según información de la Secretaría de Hacienda).

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Este importe semestral resulta sumamente relevante, ya que mediante la implementación de tres decretos el Estado Nacional dejó de recaudar la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $5 de cada $100 del total de la recaudación.

(1 Se consideró el tipo de cambio resultante de la Comunicación “A” 3500 del BCRA.)

Asimismo, dicho valor anualizado representaría una merma recaudadora cercana a los US$ 5 mil millones, lo que al actual tipo de cambio significaría unos $70 mil millones. Vale decir que este ejercicio de proyección indicaría más bien un piso, dado que cualquier incremento de las exportaciones o una depreciación del peso, ampliaría el importe dejado de percibir.

Indistintamente, y para dimensionar el impacto, el monto proyectado de mínima equivale al subsidio anual de la tarifa de gas. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse enfrentado la totalidad del subsidio.

Finalmente, en términos sectoriales lo que se observa es una clara preeminencia del sector agropecuario en la apropiación del beneficio de la medida, captando el 72% del monto liberado por el Estado, lo que es equivalente a casi US$ 1.700 millones. Le siguen en importancia, bastante por detrás, la industria (15% del beneficio) y la minería (13%).

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A este punto es relevante mencionar que, pese a la devaluación y la quita de retenciones, durante el primer semestre de 2016 las exportaciones se contrajeron un 2,6% respecto al mismo período de 2015. En particular, las ventas externas de productos primarios aumentaron sólo 4% en valores habiendo experimentado incrementos de precios internacionales cercanos al 20%. De igual modo, tanto las exportaciones de MOA, como de MOI, acumulan en 2016 caídas del 3% y 21%, respectivamente. En conclusión, el impacto “prometido” por la quita de retenciones y la devaluación no se materializó bajo ningún aspecto y la mejora en la “competitividad” se dio a la par con la caída de las exportaciones y del desfinanciamiento público.

IV – Progresividad y regresividad impositiva: cambios en los primeros cinco meses de 2016

En base a datos publicados por AFIP para los primeros cinco meses de 2016, se observa que a pesar del corto tiempo trascurrido, se ha incrementado el peso de los impuestos regresivos sobre el total de lo recaudado, muy por encima del promedio de los primeros cinco meses de los años comprendidos entre 2003-2015.

Como se visualiza en el gráfico N° 2, si el promedio de la incidencia de impuestos regresivos entre 2003 y 2015 fue de 54,77%, este valor ascendió a 56,88% en 2016. Esto responde a un aumento del peso del IVA sobre el total de la recaudación.

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Complementariamente, los impuestos progresivos han disminuido su peso sobre el total, pasando de representar el 45,23% en promedio entre 2003 y 2015, a 43,12% en 2016. Esta disminución está relacionada con una fuerte caída producto de la recaudación en derechos de exportación y de importación –en comercio exterior- que más que compensó el aumento en ganancias.

Este proceso es probable que se incremente en el futuro. Las modificaciones en ganancias deberían continuar reduciendo la recaudación del tributo, a lo que se suma que el impacto de las retenciones tendería a disminuir luego del gran aumento de liquidaciones de granos pos-devaluación -y porque es posible que en 2017 se recorten otros 5 puntos en las retenciones de soja-. Asimismo, el impacto del blanqueo en lo relacionado con bienes personales también tendrá su efecto: la reducción de la alícuota es significativa (de 1,25% a 0,75% en 2016, 0,50% en 2017 y 0,25% en 2018) y la eximición del impuesto para dichos periodos para aquellos contribuyentes que reafirmen su DDJJ de los últimos dos años.

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