DECLARACIÓN DE INTENCIONES

 

El rechazo del juez neoyorquino Thomas Griesa a la medida cautelar solicitada por Argentina para garantizar el pago de los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 se encuentra en natural vinculación con la solicitada difundida por los fondos buitre demandantes contra la Argentina (que vale recordar que representan el 1% de los acreedores), y parece clarificar las intenciones políticas que el fallo de Griesa significa no sólo para la Argentina y su estabilidad económica sino también para el resto de los países “emergentes” (o en crisis, como los europeos Grecia y España) que desafíen a la hegemonía financiera.

En principio se asume que Argentina entrará en “default técnico”, una figura jurídica que sería necesario revisar, teniendo en cuenta que se trata de un país soberano con manifiesta voluntad de pago, que incluso ya realizó un depósito del ultimo vencimiento de deuda por 900 millones de dólares en el Bank of New York, y se encuentra frenado por la justicia norteamericana. Este “default técnico”, implicaría: “Aceleración de la inflación que ya es del 39%; poco acceso para la financiación al gobierno, a las empresas y a las personas individuales, a tasas de interés mucho más altas; Prolongada reticencia por parte de inversores extranjeros directos. A pesar de que la Argentina estará pagando miles de millones al Club de París, las inversiones que esperan por parte de los países acreedores no se materializarán; Mayor brecha cambiaria; Terribles presiones sobre el sector social más vulnerable en términos económicos, cuya gente sentirá sus efectos de manera más aguda

La propia solicitada ahorra explicaciones. En un contexto económico nacional donde la restricción externa, producto de un proceso de sustitución de importaciones en marcha que deriva en un mayor incremento de las importaciones frente a las exportaciones, podría un constituir un límite para el desarrollo del país, la estrategia de los fondos buitre pareciera ser precisamente agudizar la cuestión. Las amenazas sobre las reestructuraciones de deuda, no sólo de ambos canjes de 2005 y 2010, sino también sobre los recientes acuerdos con el Club de Paris también se dirigen a derribar, como un castillo de naipes, el trabajo argentino de cumplimiento de compromisos en pos de conseguir financiamiento para el desarrollo. Mención aparte merecen Vaca Muerta y la cuestión energética, donde nuestro país apunta a resolver el déficit energético (incluso se habla de exportar) y sustentar así el proceso de crecimiento. Finalmente, los comentarios sobre el impacto social negativo de la inflación y las preocupantes necesidades de las grandes mayorías, que constituyen una agenda de asedio cotidiana desde los medios locales, terminan de cerrar el círculo de intereses que busca, desde adentro y desde afuera, terminar con una política autónoma a las presiones externas.

Se sabe que la secuencia de demandas que desata el fallo en favor de los 1330 millones de dólares de los buitres (15 mil millones que demandarían los restantes holdouts y los 120 mil millones que tendrían derecho a demandar todos los holdin reestructurados), produciría un escandaloso incremento de la deuda externa argentina. Con la simple suma de estos valores, la estimación casi duplicaría el actual monto de deuda pública (de 198 a 335 mil millones de USD) elevando del 13,1% al 27% la relación de la deuda externa sobre el PBI. El peso de los intereses sobre las finanzas públicas tendría una incidencia muy superior a la actual, debiéndose destinar una parte importante del presupuesto a esta cuestión.

En definitiva, que Argentina nuevamente se convierta en un tomador de duda -y garante del negocio financiero -, junto con la apropiación de los recursos naturales son dos objetivos cada día más evidentes, que contrastan con la política económica de corte productivo y distributivo impulsada desde hace 10 años. Los acuerdos estratégicos con China, la consolidación de la relación con Rusia e incluso la participación en la reciente cumbre de los BRICS son elementos que juegan también en esta cuestión, como posibles espaldas financieras para nuestro país. Por otro lado, la necesaria y urgente puesta en marcha de instrumentos financieros en América Latina, como el Banco del Sur, son importantes pasos para potenciar la autonomía financiera, y desde ya, la libertad política en la región.

Hernan Letcher- Julia Strada

CEPA- CENTRO DE ECONOMIA POLITICA ARGENTINA

 

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