“Estas leyes apuntan a fortalecer a los más débiles: al pequeño productor y al consumidor final”

 


Numerosas son las situaciones de mercado en la Argentina actual en las que el consumidor se ve permanentemente perjudicado. Los alimentos de consumo masivo aumentan los precios por encima de la inflación. Empresas aumentan sus precios más allá de no recibir la aprobación por parte de los entes reguladores. Las empresas de celulares ofrecen servicios para los cuales no tienen infraestructura. Tampoco invierten lo necesario en la instalación de antenas para que el servicio funcione adecuadamente. Los precios de los alquileres suben de acuerdo al antojo de los dueños. Las empresas privadas que brindan el servicio de luz fallan permanentemente. Se “equivocan” y sobrefacturan los servicios. Los productos que se encuentran en el marco del Programa Precios Cuidados suelen ser mezclados con productos muy parecidos pero con precios mucho más altos para generar la confusión en los compradores. También las organizaciones de la economía social y las pymes suelen quedar en situaciones muy desfavorables. Los casos de “dumping” de grandes empresas que han hecho fundir a la competencia para luego aumentar los precios fuertemente, una vez que se quedaron sin competidores, es de vieja data en nuestro país. El ahogo financiero que sufren los proveedores de las grandes empresas también ha sido moneda corriente, entre otros ejemplos. Estas situaciones sólo son posibles en contextos de fuertes asimetrías de poder existentes al interior de las relaciones de producción y consumo del país. Argentina es un país que se caracteriza por tener una economía concentrada, es decir, hay un reducido número de empresas de gran tamaño que producen bienes indispensables, tanto los  insumos para la producción del resto de los bienes, como los bienes de mayor consumo de la población. Existen grupos monopólicos u oligopólicos en muchos sectores claves, que generan una desigual distribución de la riqueza y altos precios de venta, que no tienen relación con los costos de producción. Esta situación de fuertes asimetrías, hace que no existan los principios básicos en los que se basa la teoría del libre mercado: no hay acceso a libre competencia, hay poca oportunidad de elegir entre variadas alternativas, la oferta tiene mayor capacidad de incidir en los precios que la demanda, y estos mercados se encuentran lejos de la competencia perfecta. Esto deja en clara desventaja a los actores más débiles de las cadenas: los consumidores, las organizaciones de la economía social,  los micro, pequeños y medianos empresarios. El debate sobre la regulación En este marco se presenta por parte del poder ejecutivo nacional, un paquete de leyes de regulación de las relaciones de producción y consumo. Los  objetivos son más que claros: darle herramientas al estado para proteger al consumidor antes, durante y después de hacer sus compras. Busca limitar el poder de las empresas monopólicas y oligopólicas, en favor de los consumidores, de las organizaciones de la economía social, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es que estas leyes le permitirían al estado reducir o evitar situaciones de competencia desleal. Por lo tanto podrá defender a las empresas que quieren participar de los mercados honestamente, y castigar y limitar el radio de acción a aquellas que por su posición dominante, castigan tanto a las pymes como a los consumidores. Los sectores más concentrados de la producción, la industria y el comercio se manifestaron rápidamente y por todos los medios posibles en contra de estas iniciativas.  Y es que son estos sectores los que más beneficiados se encuentran con la situación actual. Es esperable que se opongan a cualquier proyecto que quiera poner la balanza en favor de los sectores más débiles. Pero también se escucharon fuertes críticas desde diferentes sectores  políticos. El argumento principal es que ante mayores regulaciones, las empresas no van a invertir. Porque se generaría “desconfianza” y por lo tanto no se generaría empleo, y el país entraría en una gran crisis. Es decir, los argumentos son en favor de las ganancias de las empresas. Parece que desde algunos sectores de la política argentina, hay poco interés por la situación de los consumidores. Si estos últimos tienen que pagar sobreprecios para que los empresarios de esa manera inviertan, entonces deberá hacer ese esfuerzo. Es un análisis que no tiene ningún sustento desde ninguna de las visiones de la teoría económica. Porque aún las teorías más liberales de la economía, dicen que el mercado va a generar una distribución equitativa de la riqueza, que las fuerzas de la oferta y la demanda van a generar situaciones de justicia y equilibrio entre los diferentes actores. Ya está más que demostrado que la mano invisible del mercado, es una mano muy visible, y que inclina la cancha a favor de los grandes capitales. Es necesario que el estado vuelva a equilibrar el juego. Con reglas claras, seguro. Pero no sólo reglas claras en beneficio de los grandes empresarios, sino también en beneficio de los consumidores y de las Pymes y micro Pymes. Porque las pequeñas y medianas empresas generan más de la mitad del empleo registrado en el país. Y si los monopolios y los oligopolios tienen límites para hacer uso de su posición dominante, entonces las pymes serán las primeras beneficiadas. Por lo tanto los trabajadores también. Un Estado mínimo, desregulador y flexibilizador no se retira del mercado, sino que naturaliza las reglas de juego de los más fuertes; defiende “la iniciativa privada” de estos grupos, al tiempo que hace la vista gorda a los atropellos cometidos contra “la iniciativa privada” de todos los demás jugadores. Esto es lo que estos sectores concentrados denominan con el eufemismo de “reglas claras”, cuando en realidad lo que piden son las reglas que les gustan a ellos. En definitiva, detrás de la fachada del interés general, “libertad de mercado” y las “reglas claras” se esconden los intereses de los sectores concentrados que quieren que nada cambie para no perder sus privilegios. Hay dirigentes y partidos políticos enteros que van a defender los intereses del establishment. Y van a tener infinito espacio en los medios masivos de comunicación para decir barbaridades de todo tipo sobre estas iniciativas. Y es que los medios de comunicación concentrados de nuestro país, tienen como principales auspiciantes a los sectores concentrados de la producción, la industria y el comercio. Naturalmente, se defienden entre ellos. Todo, tiene que ver con todo.

Por Ignacio Vila para IPES

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