Mendoza: hacia el desarrollo productivo autónomo

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El ministro de agroindustria, Marcelo Costa, inauguró su gestión hace unas semanas anunciando un pedido que le hiciera el gobernador Francisco Pérez: reflotar el Banco de Mendoza.

La iniciativa dejó perplejos a propios y a extraños, al punto tal que muchos se vieron obligados a aplaudir la medida para luego oponerse férreamente. El oficialismo, ni lento ni perezoso, puse el tema en agenda y dio los primeros pasos. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, desempolvó una vieja iniciativa propia presentada tiempo atrás y consiguió debatirla en el recinto legislativo.

La discusión asoma ya que vence en 2015 el contrato firmado con el banco Nación, el cual fue prorrogado oportunamente por el anterior gobernador, Celso Jaque, mediante el cual este banco pasó a ser el agente financiero de la provincia al tiempo que se cerraba el Banco Mendoza.

El Banco de Mendoza fue una entidad crediticia mixta creada en 1888 y que el gobernador Felipe LLaver terminó de estatizar en 1984. Su objetivo era potenciar la actividad productiva de Mendoza pero cerró definitivamente sus puertas en 1999, luego de una prolongada historia de malos manejos e irregularidades que lo fueron debilitando pese a las transformaciones a las que fue sometido.

Muchos salieron a poner el grito en el cielo y a calificar la idea de oportunista pero si tenemos en cuenta que la actividad financiera fue una de las más creció en lo últimos 10 años, bien vale discutir la propuesta.

Mendoza cuenta con un presupuesto anual que hoy ronda los 35 mil millones de pesos y que se ejecutan a través de las 40 sucursales que el Banco Nación posee en la provincia, y que podrían transferirse al nuevo banco para que las administre evitando así las comisiones que se pagan y que rondan cerca de los 500 millones de pesos, los cuales se volcarían al aparato productivo. Además habría que sumarle a la potencialidad del nuevo banco el manejo de las cuentas sueldos de los casi 100 mil empleados públicos (de los cuales la mayoría utiliza otros servicios bancarios como ser la tarjeta de crédito) y la constitución de hipotecas sobre la base de 60 mil créditos a favor del Instituto Provincial de la Vivienda. Las tasas judiciales provinciales también podrán pasar al banco estatal, lo mismo que las contribuciones municipales. Lo negocios secundarios que rodean a un banco, como ser los seguros de todo tipo (antigranizo, prendarios, personales, caución, responsabilidad civil, etc.) también serían de fácil concreción.

Otro aspecto fundamental y que ya generó gran controversia es la posibilidad de canalizar a través del nuevo Banco de Mendoza la ejecución de los fondos productivos que otorga la provincia, como ser el Fondo de Transformación y Crecimiento (FTyC) y el Fondo Vitivinícola de Mendoza, entre otros, de manera de ayudar a capitalizar al nuevo banco sumados a los activos de la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales. La idea de incluir al FTyC, además, permitiría incluir las propias sedes que este posee en todos los departamentos, lo que implicaría tener sucursales del nuevo banco en toda la provincia de manera rápida.

Tener un banco provincial significa acercarse un poco más a la autonomía financiera. Esto significa que la provincia podrá recuperar su capacidad de hacer política económica, como ya lo ha hecho antes. Podrá, igualmente, financiarse con capitales propios y canalizar el ahorro de los mendocinos a actividades productivas propias evitando, aunque sea parcialmente, la necesidad de endeudarse en el exterior.

Tener un banco provincial significa participar de un sector como el bancario que durante el primer semestre de 2014 obtuvo ganancias record de 66 mil millones de pesos, es decir, un 81% más que en el mismo lapso del año pasado, que su porcentaje de morosidad de créditos al sector privado es de 2% y que según estimaciones el crédito bancario en el primer semestre de 2014 representó 13.6% del PBI.

Vale destacar que en 2006, el entonces gobernador Julio Cobos inició los trámites ante el BCRA para solicitar la autorización de funcionamiento de un banco provincial, en aquella época, de carácter mixto (51% público y 49% privado). Luego, con la llegada de Celso Jaque a la gobernación esa idea se diluyó, aunque el expediente quedó abierto y puede reflotarse.

Por lo tanto la idea de recuperar banco provincial es posible y, quizá, hasta necesaria.

Sin embargo no hay que perder de vista que la provincia supo tener dos bancos provinciales, Banco Mendoza y Banco de Previsión Social, los cuales terminaron fusionados y entregados a manos de Raúl Monetta y el grupo Magna (compuesto por los sectores más poderosos de Mendoza) a cambio de 30 millones de pesos y dejando una deuda de 850 millones de pesos, que aún sigue pesando en la espaldas de los mendocinos, compuesta por: deudas incobrables, retiros voluntarios, diferencias en los balances y garantías de la cartera crediticia que quedó en el banco privado.

Es difícil de suponer que una actividad tan pujante como la bancaria/financiera no sea lucrativa. Los casos de los Banco Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires son ejemplos claros de que pueden existir bancos provinciales totalmente estatales y exitosos. Existen otros casos de bancos provinciales con buena performance que son de carácter mixto, es decir, con parte de capitales privados.

No hay argumentos dentro de la ciencia económica que establezca que por el solo hecho de ser estatal un banco no podría funcionar eficientemente y sí en caso de serlo privado. Lo que sí se sabe que un banco provincial no puede ser eficiente si, como el caso del viejo Banco Mendoza, se financia gasto público sin compensación alguna, se otorgan créditos a los amigos del poder que se transforman en incobrables, se burocratiza la actividad y se crea un ejercito de empleados públicos o se asignan recursos con carácter puramente políticos.

Este no es el primer paso que da el gobernador Francisco Pérez en dirección a la autonomía de la provincia. El año pasado se presentó EMESA, la empresa provincial dedicada a la exploración y explotación de toda clase de recursos energéticos, cualquiera sea su fuente y que incluye a la energía eléctrica, las energías alternativas, renovables y sustentables. Esta empresa de carácter mixto presenta una novedosa composición accionaria, a saber: el 71% está en manos del Estado provincial, el 10% en poder de los municipios y el 19% está destinado a accionistas privados (que además están sometidos a ciertas limitaciones)

Así, la provincia intenta captar un porcentaje de la renta petrolera ya que la legislación actual posibilita a las provincias que cuentan con empresas propias a participar no sólo de las regalías que la actividad otorga sino que además otorga el 10% de los emprendimientos petroleros que se exploten mediante empresas provinciales.

La creación de EMESA le posibilita a la provincia, luego de modificaciones en su ley de creación y estatuto, a participar en la administración de Potasio Río Colorado por sí, por terceros o con asociados en la explotación, de las sales minerales en Malargüe y así reactivar la producción, industrialización, distribución y comercialización de cloruro de potasio y sus derivados (fertilizantes) que quedó parado con la salida de la empresa brasileña Vale. También será tarea de EMESA manejar las acciones que la provincia posee en las generadoras de energía (Hinisa-Hidisa y Cemsa), en la transportadora (Distrocuyo), en Edemsa y Edestesa.

Por último, vale mencionar la actitud que tuvo la provincia para resolver la quiebra de Industrias Matas declarándola por ley de utilidad pública sujeta a expropiación para transformarla en una cooperativa que será manejada por sus empleados, transformándose en la octava empresa recuperada de la provincia. Jaques Matas, creador de la industria homónima dedicada a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortaliza fue parte, entre otras cosas, de Magna Inversora, que se hiciera con el Banco Mendoza. A partir de ahora, quedará investigar la posible estafa y posterior quiebre.

Estos aspectos que se mencionan tienen que ver con el desarrollo autónomo de la provincia, lo cual no puede ser solamente una cuestión discursiva sino que hay que tomar medidas estructurales para conseguirlo. En tiempo en donde la mayoría de los gobernadores prefieren acudir a la Nación cada vez que se les presenta un problema, plantear un escenario de desarrollo propio y autosustentado es prioritario.

Hay quienes atacaran estas medidas contraponiéndolas con un pasado cargado de irregularidades, corrupción y politiquería pero es necesario ser extremadamente inteligentes y aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Porque un nuevo desarrollo productivo autónomo es posible.

Nicolás Taiariol

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