La Nación, pobreza y delitos

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En una nota del 5 de marzo, en el diario de Bartolomé Mitre, el periodista Orlando Ferreres reiniciaba un viejo debate para instalar un objetivo: “Los pobres delinquen y el gasto público, que fomenta el delito, debe reducirse”.

Por Hernán Letcher y Julia Strada

 

Si se efectúa un repaso de los hechos de los últimos meses y las tapas de la prensa gráfica hegemónica en relación a la problemática de la inseguridad, puede notarse que la sucesión de debates que tratan sobre los saqueos y acuartelamientos el año pasado, el actual anteproyecto de reforma del Código Penal y las críticas a su “excesivo garantismo” y protección a los delincuentes, el avance del narcotráfico con énfasis mediático en el consumo de drogas por parte de los jóvenes pero no en el negocio de fondo, y recientemente los violentos linchamientos a supuestos arrebatadores (que en Rosario terminaron con la vida de un joven de 18 años), parecen volver una y otra vez sobre una idea fuerza: la estrecha relación (cuasi causal) entre pobreza y delito.
Mucho antes de que se sucedieran los linchamientos, el 5 de marzo, La Nación publicó una nota de Orlando Ferreres con el sugestivo título de “Pobreza y delito”, en la cual se reiniciaba el viejo debate, pero esta vez con el objetivo de instalar un solo concepto social y un solo concepto económico: 1) los pobres delinquen y 2) el gasto público, que fomenta el delito, debe reducirse.
Llama la atención la extrema simpleza analítica de la nota. Si en los ‘90, FIEL proponía liberalismo puro y cuestionaba el gasto público porque hacía “ineficiente” la economía, esta columna fue mucho más allá: la ineficiencia en el gasto se amplifica ya que, como el gasto se destina a los pobres y los pobres son delincuentes, entonces el silogismo indica que el gasto fomenta el delito. Días después, una nueva nota del mismo autor, titulada “Economía e inseguridad”, ilustraba esta cuestión.
En la primera de las notas, Orlando Ferreres indicaba, entre otras cosas, que “el número de pobres impulsó hacia arriba la cantidad de delitos cometidos” y sostenía –mediante un silogismo equivocado– que “por supuesto que la pobreza no es la única explicación del delito, como se comprueba al verificar que éstos son en promedio, aproximadamente el 10-12% del número de pobres”, planteando que todos los delitos los cometen los pobres, pero que “por suerte” no todos los pobres son delincuentes. Sólo lo es el 10%.
Varias cuestiones vale la pena considerar. Quizás la de menor importancia es la que refiere al análisis “técnico” de Ferreres. El autor alude a un trabajo que él mismo publicó semanas atrás, donde señala que en Argentina el nivel de delito se mantiene cercano al 10% de la pobreza estructural, y se toman los años 1980 y 2012 para mostrar dicha semejanza. No obstante, en los propios datos aportados por Ferreres se reflejan fuertes picos de incremento de la pobreza estructural tanto en 1989 como en 2001 (luego de los traumáticos procesos de devaluación y ajuste), que no fueron acompañados en una (esperada) “proporcionalidad” por los anunciados aumentos en la cantidad de delitos. De hecho, en el propio gráfico que aporta el autor, la pobreza estructural muestra una caída muy marcada desde el año 2003, luego del terrible shock que significó la devaluación de 2002 para el poder adquisitivo de los trabajadores. Nada se dice sobre la caída de los niveles de pobreza e indigencia en los últimos 10 años, y en cambio se toma el período 1980-2012, aludiendo a los “30 años de democracia”, haciendo un llamativo caso omiso al período 1980-1983 cuando aún estaba la dictadura, y sin efectuar distinciones sobre las políticas económicas y sociales aplicadas durante los diferentes gobiernos de turno.
Además, la cantidad de pobres que considera Ferreres para el año 2012 es de 11 millones aproximadamente, lo cual significa un 27,5% de la población. Este dato no se corresponde con los cálculos de prácticamente ninguna consultora privada. Incluso M&F, consultora que abiertamente cuestiona los índices del Indec y lejos está del oficialismo, estima un 18,1% de pobreza para ese mismo año. Siguiendo esos valores, las curvas de pobreza y delito del gráfico de Ferreres se cruzarían en el año 2010, lo que significa que ambas no pueden tener inclinaciones similares (y esta tendencia, que constituye la base el razonamiento de la nota del autor, se derrumba).
En segundo lugar, este tipo de análisis tendencioso, que pareciera contener una animosidad particular contra los años democráticos (de puro “retroceso”), en verdad debería llevarnos a mirar la persistente pérdida del poder de las Fuerzas Armadas y el paulatino incremento de la incidencia de las fuerzas policiales, en sus distintas jerarquías, de la mano de la propagación de negocios ilegales vinculados al narcotráfico y a la trata de personas. Incluso, y particularmente respecto a la cuestión policial, el autor sostiene también en el artículo original que “hay que recordar que el delito creció mucho más que las fuerzas policiales o que el número de funcionarios de la Justicia”, dando a entender que la cuestión del delito sólo pareciera tener resolución con más “mano dura” y funcionarios para encerrar delincuentes, y obviando la connivencia de las propias fuerzas policiales y también los estratos del Poder Judicial en la problemática delictiva. En otras palabras, se oculta el fuerte vínculo y el pacto de gobernabilidad con las fuerzas policiales y sectores del poder judicial. De nuevo se llega a la misma conclusión: el delito crece porque crecen los pobres, y no por el negocio económico que el mismo supone.
En tercer lugar, para Ferreres, “los recursos se aplicaron al consumismo, al gasto, pero no a la inversión en gran escala”, frente a lo cual surge la obligada pregunta: ¿se propone la reducción del gasto público? Es claro que el cuestionamiento se dirige hacia el gasto social excesivo e improductivo. En este sentido, pone en tela de juicio todo tipo de políticas públicas inclusivas: AUH, Progresar, Pro.Crea.Ar, entrega de netbooks, paritarias, aumento de jubilaciones, entre las más relevantes.
Para coronar, las soluciones que el articulo propone para conseguir el desarrollo económico se encuentran en este orden: “Moneda sana, seguridad de las instituciones jurídicas, cumplimiento a raja tabla de los contratos y de los marcos regulatorios”. Escandalizados por las herejías que significaron la estatización de las AFJP y de Repsol, los mentores del pensamiento ortodoxo reclaman “seguridad jurídica” para los capitales. La regulación que piden se parece antes bien a la conocida desregulación que supimos tener, que no fue más que el otorgamiento de las decisiones económicas a los poderes concentrados.
Estas columnas de La Nación constituyen otra muestra más de las repetidas operaciones político-mediáticas que apuntan a la estigmatización de la pobreza, que efectúan análisis “globales” sobre datos que buscan escandalizar sin demarcación de períodos de gobierno, que simplifican tendenciosamente el conflicto de la seguridad y que, como broche de oro, contienen como propuestas el recorte del gasto público y la desregulación de los mercados.
Que en la actual coyuntura se vuelva a discutir si los linchamientos están bien o mal y que reaparezca con ferocidad una criminalización de la pobreza que señala delincuentes por su condición social, no está aislada de intereses particulares y disputas políticas que se expresan cada día con más fuerza.

 

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