La disputa por los precios

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Los análisis de coyuntura económica muchas veces ocultan cuestiones ideológicas e intereses particulares generando una distorsión con lo que sucede en la realidad económica. Las actuales tensiones en el frente cambiario son la expresión de una problemática que recorre la historia económica argentina y representan un parte importante de la disputa de la renta nacional.

Por Alejandra Fernández Scarano y Guillermo Merediz (CEPA

 

La economía argentina se caracteriza por su estructura productiva desequilibrada (EPD), término que desarrolla Diamand a mediados de la década del ´60. La EPD está presente en todos los procesos de desarrollo nacional y se presenta con la irrupción de la restricción externa. Esta estructura está compuesta, por un lado, por un sector primario con muy alta productividad. En donde el complejo agroexportador exporta una parte sustancial de su producción convirtiéndose en la fuente principal de divisas. Por otro lado, la industria es un sector que necesita de insumos importados y es quien junto con el rubro energético utiliza muchas de estas divisas. La escasez de divisas terminó por truncar muchos de los procesos de industrialización que se han encarado en nuestro país. La consecuencia de ésta situación es que el agro como proveedor principal de divisas es un sector con fuerte poder de veto sobre las políticas públicas. Con las nuevas tecnologías, además, tiene rendimientos cada vez mayores y su producción puede ser conservada por años en las silobolsas.

En los últimos años, las 6 empresas más grandes concentraron el 90% del mercado mediante el acopio y la exportación de la producción. La Argentina siendo un productor agrícola importante supo tener diferentes organismos reguladores para intermediar la actividad. Así, una Junta Nacional de Granos que regulaba la actividad fue reemplazada por el IAPI – Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y luego nuevamente se reconvirtió en la Junta Nacional de Granos.

Más allá de la historia y las sucesivas reorganizaciones, el Estado estaba presente regulando una de sus actividades más importantes que le garantizaba exportaciones y divisas. Pero la oleada de políticas neoliberales de los noventa mediante el Decreto 2284/91 desregularizo el mercado y disolvió todo mecanismo de regulación. Hoy es necesario debatir la forma de intervención que debe tener el Estado. Se deben promover aumentos en la producción y exportación pero también, en el marco de una reforma tributaria más integral, debemos pensar en nuevos instrumentos impositivos para desalentar el acopio con fines especulativos.

Por el lado de la industria, las políticas implementadas por la última dictadura cívico militar y su profundización en los noventa impulsaron un proceso de destrucción del tejido industrial que no ha podido ser revertido en su totalidad. La desindustrialización tuvo consecuencias económicas y sociales. Se cerraron miles de fábricas, se empezaron a importar muchos productos industriales que antes se fabricaban localmente. A su vez, se perdieron miles de puestos de trabajo a partir de una política de disciplinamiento de los trabajadores y sus organizaciones gremiales.

A partir del año 2003, se prioriza la política sobre la economía y se implementan políticas económicas con el objetivo de impulsar un proceso de reindustrialización con generación de empleo y muchas políticas neoliberales son desarticuladas. Pese a esto, todavía persiste una economía con muy altos niveles de extranjerización, centralización y concentración del capital a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno. Los golpes cívico militares que tenían por fin revertir el proceso de distribución del capital en beneficio de los trabajadores fueron reemplazados en la actualidad por golpes mediáticos y económicos. La presión que ejercen los sectores de poder concentrado adquiere diferentes expresiones.

Algunos productores agropecuarios se han dedicado a retener la cosecha para forzar una devaluación con el único objetivo de adueñarse de una porción mayor de la renta nacional. Las presiones de estos grupos terminaron generando un reacomodamiento del tipo de cambio que a partir de un conjunto de medidas de política económica el Gobierno pudo estabilizar alrededor de los 8 pesos.

Otra de las expresiones de cómo el poder económico presiona por desestabilizar y condicionar la acción del Gobierno se expresa en la disputa por los precios. Cinco cadenas de supermercados proveen más del 60% de lo que consumen los argentinos. A fines del año pasado, estas cadenas trasladaron a los precios lo que preveían que se iba a devaluar presionando sobre los consumidores con la idea de que la devaluación era inminente. Luego cuando se concretó la devaluación volvieron a aumentar los precios. Trasladando a los precios dos veces la devaluación; además trasladaron a los precios el 100% de la devaluación en productos donde el impacto del componente extranjero es menor o casi inexistente.

El rol de las retenciones en nuestro país es muy importante por el peso del rubro alimentos en las exportaciones, las retenciones regulan el precio de los alimentos dolarizados que los argentinos consumen con salarios en pesos. Las retenciones a las exportaciones impuestas por este Gobierno son una medida de protección de los precios de los alimentos en el mercado interno. Esto demuestra la necesidad de seguir potenciando el rol del Estado e interpelar sobre el rol que deben tener los consumidores. El Estado debe ponerse al frente de la regulación del mercado de exportación agrícola mediante la regulación del acopio y comercialización. Y debe profundizar y ampliar las políticas públicas destinadas a la promoción de la industrialización para poder sustituir importaciones y promover la recuperación de los entramados productivos articulando cadenas que permitan volver a recuperar capacidades productivas de la industria nacional.

Además, es necesario potenciar el rol de consumidores mediante el empoderamiento de las organizaciones de consumidores y usuarios y la creación de nuevas organizaciones que deben cumplir un papel protagónico en esta disputa por los precios defendiendo el poder de compra de los trabajadores. Mediante campañas de difusión se debe publicitar los precios que aumentan injustificadamente y no se deben convalidar estos aumentos mediante el desaliento del consumo.

La institución Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que en los noventa fueron debilitadas por cambios normativos pro mercado, debe recuperarse y en este sentido son muy importantes las modificaciones legislativas que se están impulsando en leyes como la de Abastecimiento. El rol de los consumidores debe ser complementario de un Estado que regule, controle y castigue con fuertes sanciones los incumplimientos de las empresas porque este es el único camino para ponerle un límite al poder económico.

En nuestro país la tasa de ganancia está por encima de la media mundial y son las grandes empresas y el agro quienes concentran el poder económico que se adueña de la mayor parte de la renta nacional intentando desandar los logros en la participación del ingreso de los trabajadores de esta última década.

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