La política energética, en la dirección opuesta

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La política energética, en la dirección opuesta

La intención del macrismo reside en colocar en el centro de la escena a la industria petrolera y lograr convertir al sector energético en una mercancía más1. A contramano del aumento de la capacidad instalada en el sector energético desde el año 2003 y de la apuesta por la diversificación de la matriz de generación energética, las políticas del macrismo están relacionadas con el aumento de las tarifas, la desregulación energética y la subordinación del interés público al negocio privado, garantizado por el equipo de funcionarios provenientes de las principales empresas del negocio en el sector. Los resultados se traducirán en una energía más cara para las mayorías, en la caída del consumo y en el aumento de la dependencia hidrocarburífera del país conjuntamente con las exportaciones de crudo y gas natural.

El decreto de emergencia.


El 16 de diciembre de 2015 se firmó el decreto de emergencia con vigencia hasta 2017 que indica “Instrúyese al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA para que elabore, ponga en vigencia, e implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas.”

El decreto indica además en los considerandos la necesidad de cumplir con un artículo 2 de la ley 24.065 del año 1992: “la Política Nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad tiene los objetivos de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables; incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas; y alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.”

La declaración de emergencia implica la subordinación de las reglas del derecho positivo -ordinarias y extraordinarias- a la necesidad fundamental de garantizar la subsistencia del Estado, habilitando para ello facultades extraordinarias. En la práctica, esto permite en particular la contratación sin las obligaciones estipuladas en la ley de Régimen de Contrataciones del Estado Nacional. En el caso de un aumento de tarifas, el mismo debe someterse a audiencia pública, lo que posiblemente no se realice a partir de la declaración de emergencia. Pero además, da el marco para la implementación de medidas vinculadas a incentivar al negocio privado y la actualización tarifaria (mencionadas en el artículo 2 de la Ley 24.065) sin cumplimentar las normas preestablecidas.

Fin del autoabastecimiento energético.


El 4 de enero 2016 también se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia que disolvió la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y derogó gran parte del articulado del Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburíferas, cuyas funciones fueron transferidas del Ministerio de Economía al de Energía y Minería. Esta reglamentación proviene del año 2012, cuando el kirchnerismo impulsó la Ley de Autoabastecimiento Energético. Además de recuperar YPF, se fijó una nueva política de hidrocarburos, con límites al uso del petróleo y el gas: ya no sería de libre disponibilidad de quien lo extraiga ni podrían fijarse precios arbitrarios al combustible en cada región, pasando a ser un “bien estratégico” y sujeto al interés público nacional.

La recientemente disuelta por DNU “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, fue creada con el objetivo de: fiscalizar en forma permanente el cumplimiento de las especificaciones que deben cumplir los combustibles que se comercialicen para consumo en el territorio nacional, cumplir con la evaluación del plan de inversiones de las empresas prestadoras, impulsar auditorías en forma trimestral con la facultad para aplicar sanciones (multas, apercibimientos, suspensiones, eliminación de registro, nulidad o caducidad de las concesiones o permisos), asegurar precios comerciales razonables con la publicación de precios de referencia de costos y precios de referencia para la venta de hidrocarburos y combustibles y adoptar medidas para evitar y/o corregir conductas distorsivas que puedan afectar los intereses de los consumidores en relación al precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.

La cristalización de los beneficiarios: Gabinete CEO.


La decisión política del Gobierno de Macri implica ubicar a representantes de las mismas empresas energéticas en el gabinete. Además del propio Ministro de Energía, ex CEO de Shell, todos los funcionarios provienen de la actividad privada:

 

  • Secretario de Recursos Hidrocarburíferos: Juan Sureda, ex miembro de PAN AMERICAN ENERGY (PAE).
  • Titular del ENRE: Juan Garade, ex Edesur y Edenor.
  • Titular de Enargas: David Tezanos, Ex YPF y Metrogas.
  • Cammesa: Julio Bragulat, Coordinador del Consejo Asesor de Política Energética de la Provincia de Córdoba y vocal de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC)
  • Enarsa: Hugo Balboa, ex Axion (Esso antes de ser comprada por Bridas – también propietario de PAE)
  • Subsecretario de Comercialización y Refinación: Pablo Popik, de Axion
  • Secretario de Energía Eléctrica: Alejandro Sruoga, ya ocupó una posición con De La Rua en 2001, hombre de Carlos Bastos (menemismo) y ex EDENOR
  • Subsecretario de energía térmica y termoeléctrica: Osvaldo Rolando, Adeera y ex director de EDESUR
  • Subsecretario de Energías Renovables: Sebastián Kind (ex PAE), 
  • Subsecretario de Infraestructura Energética: Alberto Brusco, ex Iecsa (constructora de Franco Macri que fue vendida a su sobrino Ángelo Calcaterra)
  • Subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos: Mauricio Roitman, ex jefe de consultoría de Negocios en EnergyConsulting. Trabajó con Daniel Montamat
  • Secretaría de Planeamiento: Ing. Daniel Redondo, ex gerente de Exxon.

 

No sólo se trata de funcionarios del sector privado, sino que fundamentalmente provienen de empresas energéticas que debieran ser sujetas a control público, en este caso, por ellos mismos. Adicionalmente, dichas empresas poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la toma de decisiones sobre el cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras estará superpuesta a su participación en las mismas firmas (para el caso, Brusco proviene de una UTE que actualmente está construyendo una Central, ¿cómo dictaminará ante un conflicto en el desarrollo de la obra entre la UTE y el Estado?).

Otros vínculos son también relevantes, como es el caso de Nicolás Caputo –mejor amigo y principal asesor económico de Macri—, quien tiene participación y comparte el manejo en el grupo SADESA, el socio local de ENEL con las familias Bemberg-Miguens y Escasany. SADESA controla Ecogas, que a su vez es el principal accionista de Gas Cuyana y de su distribuidora Gas del Centro. Gas Cuyana presta servicios en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan y cuenta con 545.000 usuarios, mientras que Gas del Centro es la encargada del suministro a casi 700.000 clientes localizados en las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca.

La pantalla del ecologismo.


El miércoles 18  de noviembre de 2015 se realizó una conferencia organizada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, junto al Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia (COPEC) denominada “Escenarios Energéticos 2035”. Allí participaron la Dra. Dolores Duverges (Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN; hoy Secretaria de Planificación y Ordenamiento del Ministerio de Medio Ambiente),  y el Ing. Julio Bragulat (Coordinador del Consejo Asesor de Política Energética de la Provincia de Córdoba y vocal de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica -EPEC-, hoy titular de Cammesa). Como señala OETEC, ello no fue casual. Los vínculos entre Energía y Medio Ambiente son estrechos: el Ministerio de Medio Ambiente es el perfecto complemento para el desguace del sector nuclear e hidroeléctrico nacionales, beneficiando así a la industria petrolera multinacional y privada nacional al frente del Ministerio de Energía, a la vez que convirtiendo a la Argentina en un mercado próspero para las empresas europeas y estadounidenses en desarrollos eólico y solar.

El “fundamentalismo ecologista” (Bernal, OETEC) es financiado por la industria petrolera en el Ministerio de Ambiente (apelando al cambio climático, a Fukushima y a Chernóbil). Se apunta a instalar la desnacionalización y reprivatización de la energía, la justificación del congelamiento del Plan Nuclear, la paralización de la construcción de nuevas represas y la invasión de las energías renovables.

En línea con este razonamiento, los CEOs también tienen su lugar en Medio Ambiente2. Allí operan Greenpeace (fuertemente vinculada a Shell, entre otras), la Word WildlifeFund (financiada por la realeza británica-holandesa), el grupo internacional Allianz y las alimenticias Danone y Ferrero (italiana). Es decir, se trata de la presencia de la industria petrolera (con Shell al frente), de una de las principales compañías financieras del mundo y de importantes multinacionales de los alimentos, estas últimas con una fuerte y progresiva participación en el sector energético (por ejemplo la firma Energhe del Grupo Ferrero) y en renovables (Allianz invirtió entre 2005 y 2014 más de 2.000 millones de euros en desarrollos eólicos en Alemania, Francia, Italia y Suecia).


1 Ver OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo), http://www.oetec.org/.
2Los funcionarios Emiliano Ezcurra (vicepresidente de Parques Nacionales), Cali Villalonga, Diego Moreno (secretario de política ambiental) provienen de Greenpeace y también Dolores Duverges (Secretaria de Planificación y Ordenamiento), quienes comparten el rechazo a las energías nuclear e hidráulica. 

 

Subsidios: ¿Qué hay detrás de los anuncios de Aranguren?

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que “en los próximos dos meses” se implementarán “cambios” en el servicio eléctrico, con el objetivo de alentar “inversiones” en el sistema de distribución. En ese marco, ya anunció la eliminación de los subsidios a la energía. Con la misma sutileza con la que Cambiemos denominó “levantamiento del cepo” a la mega-devaluación, en este caso se refieren a “correcciones tarifarias” y “sinceramiento” para aludir al aumento de tarifas de luz y gas. La razón que justifica esta decisión, para el macrismo, es la falta de inversiones del sector, apuntando en este sentido a volver “a los estándares de servicio que teníamos en 2003″.

Las declaraciones mencionadas (durante la campaña y luego de la asunción de Macri) implicarían que aquellos hogares sin recursos o quienes perciban planes sociales (universo que según el oficialismo alcanza al 20% de los beneficiarios) recibirán 150 kilovatios (kw) por hora por mes sin cargo, suficientes para las prestaciones básicas (iluminación, heladera, televisor, etc.), si no se exceden en el consumo “subsidiado”. Asimismo, otro 20% de la población que no se encuentra bajo la línea de pobreza, pero que se ubica en el último escalón de la clase media tendrá aumentos progresivos. Así lo deja trascender Clarín: “…en estos días avanzó en un tratamiento diferencial para el siguiente 20% de los usuarios, que si bien no están en indigencia o situación de extrema carencia, conforman el escalón inferior de la clase media baja. De esta forma, el sinceramiento tarifario tendrá menor impacto en casi el 40% de la población” (Clarín, 30/12/2015). Recién hacia 2018 las condiciones estarían dadas para que las empresas inviertan.

La politica energética durante el kirchnerismo

¿Cuál fue la mirada del kirchnerismo en relación a los subsidios? ¿Es efectivamente necesario este recorte? La primera respuesta, ligada a la gestión en materia energética del equipo económico de Kicillof, es que las reformas en el esquema tarifario formaban parte de la agenda del kirchnerismo, en el marco de un proceso progresivo de actualización que habilitara, junto con la regulación a las empresas, la financiación de nuevas obras. A su vez, en general se apuntó a considerar necesidades macroeconómicas clave, como cuidar las divisas (evitando el aumento de importación de energía y apuntando al autoabastecimiento) y sostener el crecimiento.

Durante el kirchnerismo, en energía eléctrica se configuró un esquema de subsidios que cubre las tres etapas de la cadena: generación, distribución y transporte. En la etapa de la generación se subsidia el combustible al empresario generador, siendo este eslabón donde se ubica la mayor cantidad de subsidios (para el caso, si el valor de generar energía rondaba hacia mediados de 2015, unos 80 dólares por cada megavatio, la demanda sólo paga unos 10 dólares. Esto se corrobora con datos del centro de economía ortodoxo FIEL: “la demanda paga 7,5 USD/MGh, diez veces menos que su costo promedio”). En la distribución, existen importantes subsidios a las empresas distribuidoras, como EDENOR y EDESUR (en zona AMBA), para sueldos, inversiones y suministros. En el resto del país, el Estado nacional subsidia obras a través del Plan de Convergencia, lo que implica un aporte que ronda los 200 millones de pesos por año. Finalmente, en el transporte de la energía eléctrica, también el Estado compensa con aportes, los cuales en el año 2014 significaron unos 120 mil millones de pesos aportados por el estado nacional. En el marco de esta política de subsidios, entre 2004 y 2012 aumentó la demanda interna promedio de energía, de 82.000 gigavatios por hora (GWh), a 122.000 gigavatios por hora (GWh).

1. El objetivo de sostener el crecimiento.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, la política de subsidios entre 2003 y 2013 permitió ganar un año de crecimiento económico (un 5% más, dado que se hubiera crecido a un 5,2% y no a un 6,8% por año). El siguiente gráfico muestra la evolución de la economía en el caso de no haberse implementado los subsidios:

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Durante la década de los noventa el aumento de la oferta de energía superó ampliamente el crecimiento económico (en el marco de un virtual estancamiento económico y desindustrialización que conllevó la reducción del consumo energético), pero ello se invirtió desde el año 2003: a partir de una política económica sostenida esencialmente en la producción de bienes y el consumo, se generó una demanda creciente de energía. A continuación se evidencia el aumento del PBI (6,5% anual entre 2003 y 2013) a un ritmo superior a la capacidad de generación de electricidad (3,2% anual en igual período).

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2. Los subsidios como mecanismos de bienestar social.

Tal como se indica en el cuadro, elaborado desde el Ministerio de Economía en 2014, la intención de subsidiar a todos en 2003 tenía su razón de ser en cuestiones de índole social.

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Como se refleja en el cuadro, el peso de los servicios tanto de Gas como de Agua se redujeron en los Gastos de los Hogares entre 2003 y 2013, pasando de 1,15% a 0,48% en Gas y de 0,55% a 0,23% en Agua.

En 2014, con la decisión de hacer más eficiente el esquema de subsidios a la energía, se impulsó una quita parcial de subsidios a los servicios de gas y agua, destinando esos recursos a la financiación de la Asignación Universal por Hijo y del recién anunciado PROGRESAR. Asimismo, esta revisión supuso el sostenimiento de los subsidios en aquellos casos donde, vía Declaración Jurada y posterior chequeo de la información en bases de SIPA y ANSES, se constatara la percepción de programas sociales y pensiones no contributivas, la percepción de único ingreso –pensión o jubilación- correspondiente al haber mínimo, o la portación de certificado de discapacidad, entre otras consideraciones1.

Sumado a ello, en el caso del gas, esta quita de subsidios se complementó con el Programa Hogar. Dada la inexistencia de red de gas con cobertura en todo el territorio, en los barrios más humildes la provisión de gas se realiza a través de garrafas cuya comercialización fue desregulada durante la década de los 90, por lo que el usuario que carece de conexión a la red de gas efectivamente paga más caro el gas debido a la necesaria compra de garrafas. Para estas situaciones se implementaron transferencias de manera directa desde el Estado nacional a una cuenta del usuario, lo cual permitió corregir el viejo programa de Garrafa Social, donde finalmente el subsidio era un beneficio adicional para el comerciante o productor de garrafas. Este subsidio “a la demanda”, es decir, al consumidor final, además se complementaba con un precio tope de comercialización para garrafas.

En el caso de la energía eléctrica, un programa que apuntó a favorecer a los sectores más desprotegidos fue el PROINEN (Programa de Inclusión Eléctrica Nacional). Actualmente en la mayoría de los distritos del conurbano bonaerense existen barrios que cuentan con medidores comunitarios, lo cual implica que quienes habitan allí no pagan la tarifa. Como contracara, esta situación trae aparejado la ausencia de responsabilización de las empresas sobre la conexión domiciliaria (la distribución interna del barrio, en general deficiente, no tiene control ni respuesta en caso de avería). Para modificar esta situación, durante el kirchnerismo se asignaron 400 millones de pesos al PROINEN –que no pudieron ejecutarse debido a la resistencia de las empresas distribuidoras de energía, en virtud de que ese trabajo no les resultaba lo suficientemente rentable-, que apuntaba a la concreción de obras destinadas a mejorar y ampliar el suministro eléctrico en las villas, asentamientos y barrios carenciados que no tengan acceso al servicio, la normalización de las redes de baja tensión y las instalaciones interiores de los barrios más postergados.

3. El objetivo de cuidar las divisas.

Además de las consideraciones tenidas en cuenta en la quita de subsidios al gas en el año 2014, existía la posibilidad de sostener el subsidio si se reducía el consumo, con el siguiente criterio:

  • 1 En 2014, para agua y gas, se sostuvo el subsidio para aquellos casos donde hubiera:
  • 1 -Enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio.
  • 2 -Único ingreso previsional una jubilación y/o pensión equivalente a un haber mínimo.
  • 3 -Perceptores de Pensiones No Contributivas.
  • 4- Destinatarios de Programas de Protección Social (Asignación Universal por Hijo, subsidios por Desempleo, Plan Familias, etc.).
  • 5- Domicilio afectado por actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de recuperación etc.).
  • 6 – Perceptores de alguna asignación familiar.
  • 7- Viviendas con múltiples hogares.
  • 8- Viviendas que posee un local anexo destinado a la actividad comercial (pequeños comercios, talleres de oficio).
  • 9- Cuenta con certificado de discapacidad.
  • 10- Características edilicias desfavorables que impliquen la utilización de un mayor consumo del servicio. Es decir, aquellas viviendas precarias con familia numerosa o vivienda precaria carente de alguno de los servicios (agua o gas).
  • 11- Exentos del pago de ABL.
  • 12- Ingresos familiares insuficientes para aportar el pago de la tarifa plena, mediante solicitud sujeta a evaluación.

 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO

BONIFICACIÓN

MAYOR AL 20% No se realiza quita de subsidios
DE 5% A 20% Se disminuye al 50% la quita de subsidios.
SIN REDUCCIÓN Se abona de acuerdo al nuevo programa.

 

La intención de tal medida estaba orientada a reducir la demanda, para moderar el impacto de la importación de gas sobre la Balanza Comercial (deficitaria en el rubro energía). Se planteó en 2014 que una reducción del consumo de gas en un 1% significaba el ahorro de 86,5 millones de dólares. Vale señalar que para ese mismo año el superávit comercial giró en torno a los 8.000 millones de dólares, mientras que el déficit energético fue cercano a los 6.500 millones de dólares, lo que refleja la importancia para las cuentas externas del autoabastecimiento energético1.

4. Control y exigencia a las empresas.

En el marco de mayores controles en el sector energético, durante el kirchnerismo se apuntó a propiciar inversiones privadas que cumplimentaran con las obras pactadas con el Estado. La designación de directores en las empresas luego de la estatización de las AFJP, que generó críticas del poder económico, fue una decisión orientada hacia una mayor intervención. En el caso de Edenor, el Estado es dueño de acciones clase B y C, y la presencia estatal se da por medio de cinco directores que representan a la ANSES. En el caso de Edesur, De Vido designó al vicepresidente del ENRE, Luis Barletta a mediados de 2012. En ambos casos las empresas esperan que con Aranguren los directores que lleguen tengan un rol menos interventor.

La relación con las empresas distribuidoras de energía eléctrica fue conflictiva particularmente en los últimos años. Entre algunas de las sanciones aplicadas por el Estado Nacional, se encuentra en 2014 la quita a Edenor y Edesur de la administración del fondo para obras, en el marco de una sanción a las dos distribuidoras de energía por la falta de inversiones en el sector (que quedó en evidencia con los cortes de luz masivos con la llegada del verano). Asimismo, en marzo de 2015, el ENRE intimó a Edenor y Edesur a normalizar la prestación del servicio, y anunció el inicio de actuaciones sumariales para la determinación de los montos resarcitorios que las distribuidoras deberían abonar a los usuarios afectados por los cortes.

Una de las decisiones más relevantes durante el kirchnerismo también fue abandonar la política de indexación de tarifas de servicios públicos según inflación (como se aplicó en los 90) y como proponían importantes sectores empresarios en el año 2004 (existía la propuesta de indexar por CER o por variación de costos). Por el contrario, a la salida de la crisis y luego de la devaluación, se decidió pesificar todas las tarifas, prohibiendo cualquier tipo de indexación2.

Las propuestas de Macri y Aranguren

Si durante el kirchnerismo se apuntó a sostener el crecimiento, cuidar las divisas, propiciar un piso de bienestar social (“salario indirecto”) y mantener el control y exigencia de inversiones a las empresas, en el Gobierno de Macri y con Aranguren al frente del área parece delinearse una política energética en sentido opuesto.

1. El subsidio a la energía no constituye en la política económica de Macri un mecanismo de estímulo al crecimiento. Por el contrario, forma parte de un negocio privado que además de beneficiar a empresas hidrocarburíferas proveedoras del estado busca garantizar la rentabilidad a las distribuidoras.

2. La segmentación de Aranguren y la “tarifa social”.

Lo anunciado hasta ahora, es que se brindaría una tarifa social a 2 millones de hogares, y según publica Clarín, a otros 2 millones en condiciones de informalidad. En función de estas afirmaciones, es importante señalar las dificultades de esa segmentación en la energía eléctrica.

Habida cuenta de que la electricidad cubre prácticamente todo el territorio nacional, realizar una segmentación completa tendría varias limitaciones. La variable de segmentación por nivel de consumo no es adecuada dado que el consumo de los sectores de bajos ingresos suele ser más elevado según el tipo de electrodomésticos que utilicen. La segmentación tanto en gas como en agua tenía la ventaja de efectuarse sobre un consumo estable a lo largo del año, y cuya magnitud refleja, sin significativas distorsiones, el nivel de consumo efectivo de un hogar. En el caso de la electricidad, los hogares más humildes –que en general tampoco acceden a la red de gas- suelen gastar más (el consumo de un turbocalefactor gasta 2,4 kilovatios/hora de electricidad y una estufa de cuarzo gasta cerca de 2 kilovatios/hora, mientras que una heladera gasta 0,06 kilovatios/hora, por ejemplo). Por otro lado, el titular del servicio puede no ser la misma persona que encuadre con la percepción de algún programa social, de haber jubilatorio mínimo, o portar certificado de discapacidad, por mencionar algunas de las posibles excepciones a realizarse, que podrían ser consideradas en la “tarifa social” anunciada por Aranguren. Sumado a ello, si eventualmente el subsidio se dirige al hogar, existen dificultades para efectuar una comprobación de cuántos y quiénes son los que cohabitan con el titular del servicio en el mismo hogar. Consiguientemente, se dificulta la reconstrucción del nivel de ingresos del hogar a los fines de evaluar las posibilidades de acceso al subsidio (se corre el riesgo de subsidiar según nivel de ingresos del titular sin observar si integra un grupo familiar con un nivel superior de ingresos -podría declararse como titular al de menor ingreso y así obtener el subsidio-). Finalmente, el criterio de segmentación por “zonas geográficas” presentaría dificultades ya que podría mantenerse el subsidio a sectores de altos ingresos (solo pocas zonas del país como countries puede ser fácilmente identificadas como “de altos ingresos”), o a la inversa quitarlo a hogares de bajos recursos al interior de las zonas geográficas excluidas del subsidio.

La construcción de una base de datos que permita una correcta segmentación para la totalidad de los usuarios de electricidad significaría abordar un proceso de trabajo para completar dicha información. Posiblemente esta segmentación podría realizarse de manera manual mediante presentaciones de Declaraciones Juradas como se aplicó en el Programa Hogar y con posterior constatación de la información según las distintas bases de datos nacionales o de obras sociales. No obstante, a la luz de los anuncios de eliminación de subsidios en el mes de febrero, este camino de trabajo y precisión en la segmentación no pareciera estar en agenda de Aranguren, al frente de la cartera de energía.

Un interrogante es importante: ¿Cuántos podrían beneficiarse con la tarifa social de 150 kilovatios subsidiados al mes? Si consideramos el consumo –austero- de un hogar con dos televisores, dos ventiladores, una computadora, una plancha, una heladera (sólo encendida 4 horas) y el consumo de las luces, el mismo ascendería a 234 kilovatios al mes. Es decir, superaría los 150 kilovatios (kw) por mes de la tarifa social adelantada por Aranguren.


1 Las razones del déficit energético que conlleva a la necesidad de mantener importaciones del rubro tienen su origen en la falta de inversiones de la década de los noventa y las privatizaciones (tanto de YPF como de las empresas de servicios públicos) que promovieron la obtención de rentabilidad por sobre el cuidado de los recursos estratégicos del país.
2 Ver Nota de Clarín, “Kirchner frenó un proyecto de Lavagna que permitía indexar tarifas y precios”, 25/10/2003, http://edant.clarin.com/diario/2003/10/25/p-01901.htm

 

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Otra cuestión que requiere mayores precisiones es: ¿Cómo se costeará ese subsidio a aquellos 4 millones de hogares? Ante la desregulación e indexación tarifaria, el esquema durante los años 90 significó que la clase media incrementara sus tarifas para costear los servicios de los sectores bajos. En el gráfico que sigue se visualiza la evolución de las tarifas de electricidad según segmento de consumidor entre 1991 y 2001. La tarifa residencial de bajo consumo fue la que experimentó un aumento por encima de la media (de 10% entre 1991 y 1992, y luego fue moderándose), mientras que la tarifa industrial de alto consumo y la tarifa residencial de alto consumo fueron las que más se redujeron en la década.

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En la actualidad, como se observa a continuación, el gasto dedicado a electricidad es proporcionalmente mayor en los primeros deciles de ingreso, que representan a los estratos más ricos de la sociedad. El eventual aumento de un 200% en las tarifas (estimación conservadora, podría ser de hasta el 500%1) implicaría duplicar el peso de ese gasto sobre el total del gasto del hogar, implicando, para el primer decil, un aumento del peso del gasto de electricidad a un 7,8% sobre el total (el doble de 3,9%).

Adicionalmente, la estimación del incremento tarifario puede ser aún superior. En efecto, como se visualiza en el siguiente cuadro, de eliminarse los subsidios en CABA y GBA el impacto sería superior al 200% mencionado previamente.

Considerando el valor del peso a 9,8 los aumentos porcentuales de la tarifa de energía eléctrica para CABA y GBA son superiores al 500% a excepción del consumo en el tramo de los 1500 kwh /bim, donde el aumento es del 350%. Por otro lado, si se toma un peso a 13,80 los aumentos en GBRA y CABA comienzan en un 493% y los más elevados son del 1158% para el consumo de menor magnitud de 300 kwh /bim.


6 Ver nota: “Estiman aumentos de hasta el 500% en las tarifas de luz”, disponible en: http://www.diarioregistrado.com/economia/137774-estiman-aumentos-de-hasta-el-500-en-las-tarifas-de-luz.html

 

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Adicionalmente, la estimación del incremento tarifario puede ser aún superior. En efecto, como se visualiza en el siguiente cuadro, de eliminarse los subsidios en CABA y GBA el impacto sería superior al 200% mencionado previamente.

Considerando el valor del peso a 9,8 los aumentos porcentuales de la tarifa de energía eléctrica para CABA y GBA son superiores al 500% a excepción del consumo en el tramo de los 1500 kwh /bim, donde el aumento es del 350%. Por otro lado, si se toma un peso a 13,80 los aumentos en GBRA y CABA comienzan en un 493% y los más elevados son del 1158% para el consumo de menor magnitud de 300 kwh /bim.

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3. El abandono del autoabastecimiento energético y la importación de energía

Los recientes anuncios de Aranguren de quita de subsidios no están relacionados con cuidar las divisas, sino que se dirigen a generar un efecto fiscal (reducir el gasto). La implementación del ajuste en el mes de febrero significa indefectiblemente que la próxima factura llegue con aumento, sin posibilidad de adecuación (deberían ser dos meses como mínimo de lapso entre el anuncio y la aplicación).

Sumado a ello, se explicitó por parte de Aranguren la menor relevancia del autoabastecimiento: “no es tan relevante recuperar el autoabastecimiento. Necesitamos preocuparnos por tener seguridad energética. Eso significa energía variada, accesible y a precios razonables. Vamos a seguir importando gas de Bolivia”. “Este año tenemos la ventaja de que como bajaron los precios internacionales, bajó el costo de las importaciones”.

Por otro lado, si con el kirchnerismo se apuntó reducir la demanda de dólares del sector energético (fuertemente deficitario), tal como se mencionaba anteriormente, entre las “ventajas” de la emergencia energética se encuentra la posibilidad de contratar sin licitación. Esto no es menor, dado que en virtud de la necesidad de importación de energía, la arbitrariedad en los contratos permite disponer de un negocio fabuloso. Así lo entienden Aranguren y Hugo Balboa, que tienen la intención de empezar a importar gas desde Chile, para complementar el abastecimiento energético, en un negocio de u$ 1000 millones en tres años. Pretenden hacerlo a través de la trader Kolmar AG, que casualmente cubre casi todos sus contratos con GNL suministrado por Shell (¿ex? empresa de Aranguren) y hacerlo mediante la contratación de barcos de GNL de esa misma trader, cuyo titular local, Eduardo Ganso es socio de Bilboa en dos empresas (Odoi S.R.L., dedicada a la explotación agropecuaria, cultivo de frutas y transporte de cargas) y Medcap S.A. (cuyo objeto social es la explotación comercial y administración de clínicas, sanatorios y centros de belleza).

4. El fin de la regulación a las empresas. Aranguren sostuvo recientemente que “uno de los problemas es la ausencia de renegociación de los contratos de suministro eléctrico”. Las renegociaciones han sido históricamente el mecanismo de justificación de no inversión y de aumento de rentabilidad de las empresas. En los 90 en el marco de las renegociaciones por aumentos en las tarifas, de hecho se efectuaban postergaciones en los planes de inversión, condonación de deudas por incumplimientos empresarios y extensión de los plazos de concesión. Además, las “autocontrataciones” durante el menemismo -de asesorías y prestaciones de tareas que las empresas acuerdan con firmas propias y relacionadas con sus grupos controlantes-, se utilizaron para aumentar ficticiamente sus costos, debido a que la regulación tarifaria suele aplicarse a través del mecanismo de regulación por tasa de retorno (fijación de una tasa de ganancia máxima sobre el capital o de una tasa de

beneficio razonable sobre los costos –cost plus-), lo que deriva en la posibilidad de inflar “artificialmente” los costos como vía para potenciar la tasa de ganancia (precios de transferencia por diversas vías)7.

En este sentido, la intención de las empresas además apunta a la recuperación plena del manejo de las obras de expansión y mantenimiento del servicio (lo que les permite mayor arbitrariedad en sus costos), facultad que el kirchnerismo centralizó en el Estado. También es voluntad de las empresas de servicios públicos la eliminación de “veedores internos” (directores estatales en las empresas) que “condicionen” las políticas de la empresa8. Resulta curioso que precisamente los CEOS actualmente devenidos en funcionarios en el sector público, quienes eran expertos en promover atrasos y otras estrategias dilatorias en los compromisos asumidos con el Estado para luego pedir reconocimientos por mayores costos, ahora sean quienes garanticen la realización de obras en plazo y más eficientes.

En este marco, queda afuera entonces de todo debate la posibilidad del control de la rentabilidad de las empresas energéticas. Una discusión profunda de los subsidios en la energía debería analizar los márgenes de ganancia de toda la cadena y sus etapas (generación, distribución y transporte) y en función de ello aplicar modificaciones graduales. La desnaturalización de la regulación pública resulta ampliamente funcional a las empresas al garantizarles múltiples reaseguros normativos tendientes a consolidar un contexto operativo de nulo riesgo empresario.

Finalmente, en este escenario, la política sobre subsidios constituye una parte de una reformulación global del abordaje del sector energético en Argentina. Los beneficios a las grandes firmas energéticas, transformadas en proveedoras exclusivas de un estado que retrocede casilleros en su -aún insuficiente- diversificación de la matriz energética, tiene como contracara el encarecimiento del consumo energético para los hogares en el marco de un ajuste fiscal que resulta “inevitable” luego de ingentes transferencias fiscales al poder económico.


 

Distinta vara: el tratamiento de las modificaciones de subsidios en el kirchnerismo y macrismo


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Por Hernan Letcher / Julia Strada

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