Producción y especulación

CASA

A partir de un patrón de acumulación basado en la producción, el empleo y el consumo, el sistema financiero debe adecuarse para acompañar ese modelo de desarrollo. El Banco Central avanzó en regulaciones sobre las entidades.

Por Hernán Letcher, Julia Strada e Ignacio Vila para CASH

La puesta en marcha desde 2003 de un patrón de acumulación que pivotea sobre la producción, el empleo y el consumo requiere un esquema financiero que lo acompañe, adecuando las finanzas a ese modelo de desarrollo. Este objetivo enfrenta fuertes disputas con actores que pugnan por retornar a un modelo especulativo, con libre movilidad de los capitales, desregulación y endeudamiento.

Heredado del modelo de valorización financiera, la Argentina se encuentra hoy con un sector financiero concentrado, protagonizado por grupos financieros internacionales que orientan sus carteras de créditos hacia los sectores de mayores ingresos, a las empresas ligadas al mercado externo y al consumo de la clase media, abandonando a su suerte a las pymes, productores regionales, micropymes e incluso a aquellos que necesitan vivienda, en disputa con un nuevo rol que pretende el Gobierno desde el BCRA y la banca nacional. Con datos del año 2011 del Banco Mundial, en Argentina la rentabilidad sobre activos de los bancos era del 2,7 por ciento, cuando en América latina y el Caribe era de 1,7, y Europa y Asia Central del 0,8 por ciento.

Sintéticamente, la valorización financiera (1976-2003), que puso fin a la etapa de la segunda industrialización por sustitución de importaciones (1958-1976), reorientó la colocación de excedentes desde la esfera productiva al sector financiero. El proceso de endeudamiento- valorización-fuga, habilitado por la liberación de las tasas de interés locales, redundó en ganadores locales identificados con la cúpula empresaria, cuyos beneficios prosiguieron con la estatización de deuda a principios de los ’80, la promoción industrial, las privatizaciones en alianza con bancos y grupos extranjeros (“comunidad de negocios”) y la desindustrialización generalizada, que al tiempo que significó la destrucción del entramado pyme, habilitó la integración vertical de unos pocos grupos de la cúpula.

La ingeniería financiera que acompañó este proceso se inició en 1977, con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que limitó al Banco Central en la fijación de la tasa de interés de los bancos. Continuó en 1992, cuando Cavallo reformó la Carta Orgánica del BCRA, y profundizó de ese modo el esquema de valorización financiera nacido bajo la dictadura, reduciendo las funciones de la institución a la preservación del valor de la moneda, sosteniendo la paridad 1 a 1 con el dólar, y obligando a rematar empresas públicas y contraer deuda externa para garantizar el nivel de reservas necesario para el peso convertible. Se consolidó así un tipo de banca central con independencia (pretendidamente “técnica”) de los poderes políticos, aunque directamente involucrada con los intereses financieros.

Las consecuencias han sido contundentes. A finales de los ’60 había en Argentina casi 2000 entidades financieras y particularmente en 1966 funcionaban 974 cajas de crédito (lo que representaba el 50 por ciento de las entidades financieras del país y el 10 por ciento de los depósitos). Para el año 1995 quedaron 205 entidades financieras, para el año 2003 –y luego del estallido del 2001– descendieron a 98 y actualmente esa cifra es de 81. Respecto a los bancos, en 1995 había 31 bancos públicos (actualmente esa cifra se redujo a un tercio) y 38 bancos cooperativos (hoy sólo queda el Credicoop). También para el mismo año había 82 bancos privados, y actualmente sólo quedan 41.

Antes de la reforma de Martínez de Hoz, personas que en el sistema financiero tradicional no eran sujetos de crédito sí lo eran ante las cajas de su zona de residencia, prevaleciendo la confianza y el carácter de asociados. Las cajas de ahorro y crédito cubrían el territorio con una gran capilaridad, llegando a lugares donde a la banca tradicional no le interesaba establecer sucursales por falta de rentabilidad.

Frente a este escenario, el gobierno nacional ha tomado diversas decisiones políticas expresadas en medidas económicas que apuntaron a intervenir y reconducir el accionar del sector financiero con la lógica del apuntalamiento productivo.

En esta línea, la modificación de la carta orgánica del BCRA en marzo del 2012 incluyó en su seno rupturas claves con el modelo de banca central anterior. Entre las atribuciones recuperadas se encuentra la posibilidad de orientar el crédito productivo y fomentar el crecimiento del empleo; la fijación de tasas de interés, comisiones y cargos de los préstamos, reduciendo el spread o ganancia por intermediación de los bancos; la potenciación de la capacidad de financiamiento hacia el Tesoro, y la habilitación del uso de reservas de ‘libre disponibilidad’, medida clave para garantizar el pago de los vencimientos de deuda, sin endeudamiento externo o ajuste fiscal.

En el 2014, por ejemplo, el BCRA notificó a los bancos que el 5,5 por ciento de los depósitos del sector privado no financiero debían ser entregados a pymes. Se trató de un monto de 28.647 millones de pesos. Por su parte, para el 2015 el porcentaje se agranda y deberán destinar el 6 por ciento de los depósitos. No sólo se reguló una cantidad mínima, sino que además se puso tope a las tasas de interés para estos créditos, del 19,5 por ciento en 2014 y del 19,0 por ciento en 2015, y un mínimo de plazo para su devolución en 36 meses. El objetivo principal es generar más y mejores alternativas de financiamiento para el sector pyme y a tasas razonables, y obligar a los bancos privados a utilizar parte de sus fondos para esta actividad.

Acompañando estas cuestiones, se efectuaron medidas para la regulación del Costo Financiero Total en 2013, también habilitadas por la reforma de la Carta Orgánica. Se regularon las tasas de interés máximas de las entidades financieras, las cargas y comisiones y se establecieron mayores regulaciones a los proveedores no financieros del crédito. Esto se reforzó con la creación en 2013 de la Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros, que apunta a canalizar las denuncias de los clientes bancarios por los abusos de las entidades financieras, y recibe y autoriza solicitudes de los bancos para las comisiones y cargos que cobran a sus clientes.

Diversas políticas han puesto sobre la mesa el rol del sector financiero:

– El Fondear, Programa del Bicentenario, el Crédito para la Inversión Productiva, o las líneas a tasas subsidiadas. A ello se agrega el accionar de la banca pública: el Banco Nación, por ejemplo, ha tenido una participación de un 7 por ciento en el mercado de los préstamos a individuos y de un 16 por ciento en el mercado de los préstamos a las empresas.

– ProCreAr: ya se entregaron alrededor de 200 mil créditos hipotecarios. En 129 años el Banco Hipotecario había entregado 1 millón de créditos, y en tres años ya entregó el 20 por ciento de esa cantidad.

– Ahora 12: es un programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional con compras en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en más de 100.000 comercios adheridos.

– Tarjeta Argenta: desde 2012 apunta a otorgar préstamos accesibles en 12, 24 o 40 cuotas a los jubilados a partir de la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Se estipula un Costo Financiero Total no superior al 26-32 por ciento (cuando en 2012 distintas entidades otorgaron préstamos con un CFT del 159 por ciento).

En un contexto de creciente bancarización (con bancos privados que manejan más del 70 por ciento de los depósitos y más del 80 por ciento de los préstamos), y con una formidable expansión económica durante la posconvertibilidad (entre 2000 y 2014 los préstamos a individuos crecieron un 250 por ciento y la cantidad de tarjetas de crédito un 297 por ciento), se coloca en el centro de la escena el debate sobre el rol del sistema financiero, sus márgenes de ganancia, sus carteras y selectividad de clientes y sus maniobras de evasión de leyes locales para la fuga.

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