Qué hay detrás de los jubilados

JUB

El gobierno lanza un proyecto de blanqueo de capitales en medio del descubrimiento de cuentas offshore en Panamá y Bahamas entre las que figura el Presidente y otros funcionarios de Cambiemos. La excusa es el noble objetivo del pago a los jubilados pero entre las opciones de pago – además de los fondos blanqueados- se planteó subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, cuya recaudación corre peligro por las políticas del gobierno. Así, el “Programa de Reparación Histórica” parece ser en verdad para el poder económico que supo controlar las AFJP antes de su estatización.

En sí mismo, un blanqueo de capitales es cuestionable porque significa aceptar incumplimientos fiscales. Sin embargo, cada gobierno ha esgrimido la utilidad económica según la coyuntura en particular. A la hora de tomar una decisión de este orden, entran en juego una ponderación de las opciones y necesidades macroeconómicas.

“Cambiemos” de parecer. Hace tres años, Rogelio Frigerio, actual Ministro del Interior, tuiteaba: “el modelo premia a los evasores con blanqueo y castiga a los q cumplen con sus obligaciones con una presión tributaria record”. Por su parte, Prat Gay: “Mientras espera el Nobel a Axel x su CEDIN, CFK vuelve a prorrogar blanqueo. Argentina es el paraíso fiscal + gde del mundo”. Y para Carlos Melconian: “El Blanqueo es una mala medida, dentro de un conjunto de mala medidas”. En este marco, cabe la pregunta: ¿por qué cambiaron de parecer?

En efecto, la tan anunciada lluvia de dólares no parece concretarse y a medida que se avecina el segundo semestre es cada vez más claro que los dólares tendrán un ingreso por la puerta financiera, y no por la comercial. Con “la salida exitosa del cepo” sólo ingresaron 513 millones de Inversión Extranjera Directa en primer trimestre 2016 –enero, febrero, marzo-, contra 412 millones en el mismo trimestre del año pasado (2015). Si se mantiene un ingreso de 500 millones por trimestre, son 2000 millones de dólares al año. Es una cifra significativamente menor, por ejemplo, al ingreso de Inversión extranjera en 2012, de 3.744 millones de dólares, tratándose precisamente del primer año de plena vigencia del “cepo”, que fue fustigado por impedir las inversiones. Incluso en 2011 la inversión extranjera había sido de 3.502 millones de dólares.

La exclusión de funcionarios públicos en el blanqueo podría constituir un dato de color, si no fuera por el reciente descubrimiento de cuentas offshore en Panamá y Bahamas donde figuran sendos funcionarios de la actual gestión, entre los que se encuentra el mismísimo presidente. En efecto, la aparición de sociedades de distintos funcionarios y socios macristas (Jorge Macri, Gustavo Arribas, Darío Loperfido, Nicolas Caputo, Daniel Angelici, Nestor Grindetti) muestra un comportamiento generalizado reflejado también en la declaración de Macri de 18 millones de pesos en Bahamas. Ello demuestra la gimnasia en el uso de cuentas en paraísos fiscales, lo que se agrava por las declaraciones del propio presidente negando su rol, el manejo de fondos y hasta alegando el desconocimiento de las mismas (“no tengo nada que ocultar”, “Esa sociedad ni siquiera tuvo cuenta corriente”, entre otras declaraciones).

Pero la práctica tampoco se limita a los funcionarios: si Amalia Lacroze de Fortabat, antes de fallecer, operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles, en el caso de Héctor Magnetto mantuvo operaciones a través de tuvo East River Associates Corporation, constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, la familia Blaquier está vinculada a cuatro offshore (dos en Bahamas, una en Panamá y otra en Islas Vírgenes), Eduardo Eurnekian utilizo la Corporación América Sudamericana desde 1996 hasta 2003, los hermanos Pagani tienen figuran en las sociedades Quinam Investments y Roquel Properties. Alfredo Coto tiene control en Leopold Company desde 2012. El listado incluye también a María de las Mercedes Bulgheroni, Miguel Madanes, de la familia dueña de Aluar, Alejandro Roemmers, Daniel Carlos Garbarino, Claudio Belocopitt, de Swiss Medical Group,  Mastellone Hnos, Boldt SA, Francisco de Narváez y Matías Garfunkel.

En el marco del generoso blanqueo cabe una obligada mención a la fuga de capitales, donde se abre el interrogante: ¿por qué prefieren incentivos para que el dinero vuelva al país antes que evitar que se fugue?

En efecto, a partir de “la salida exitosa del cepo” la fuga de dólares aumentó sustancialmente. Al observar la cuenta “formación neta de activos externos de libre disponibilidad del sector privado no financiero” para el primer trimestre, se registra una compra de moneda extranjera por personas físicas y jurídicas de US$ 4.237 millones  (habilitada por la compra hasta la suma de US$ 2 millones mensuales).

Este total se puede desagregar en compras netas de billetes por US$ 3.300 millones y transferencias netas al exterior por unos US$ 940 millones. Hay que agregar la salida de divisas de 2.024 millones de dólares en diciembre, lo quetotaliza unos 6.200 millones de dólares de fuga en los primeros 4 meses de gobierno de Cambiemos. Es un promedio mensual de 1500 millones de dólares de fuga, tres veces más que en 2015. En efecto, entre enero y noviembre de 2015 el promedio de salida de divisas mensual había sido de 590 millones de dólares.

Cuadro 1: Evolución de la formación de activos externos por mes (noviembre 2011- Marzo 2016)

“El fin”: los jubilados

El plan “Programa de Reparación Histórica” supone reconocer las sentencias y efectuar un pago de los retroactivos, es decir, de los montos acumulados en el tiempo por las diferencias entre lo que debió haber cobrado el jubilado cada mes y lo que efectivamente cobró. La deuda asciende a 220 mil millones de pesos aproximadamente entre sentencias y actualizaciones (300.000 juicios a un promedio de $300.000, mas el 50% de actualización de haberes para 2,5 millones de jubilados –el haber medio es de $8.135).

La pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos para pagar las sentencias?

Si se presume que el blanqueo permitiría ingresar 45 mil millones de pesos (correspondientes a una suma de 20 mil millones de dólares), y considerando lo destinado en el presupuesto (12.500 millones de pesos) aun estarían faltando más de 150 mil millones de pesos. La intención es echar mano a “las utilidades” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Cuadro 2: Evolución mensual de la cartera del FGS (diciembre 2010- diciembre

Fuente: ANSES

Como puede notarse en el grafico precedente, las utilidades que arroja el FGS han servido para sostener el valor real de ese stock. “Utilizar las ganancias” del mismo implica desarmar el propio fondo. Por eso, toman particular relevancia las declaraciones oportunamente realizadas por el ex Ministro de Desarrollo Económico de Macri y ex gerente de Máxima de las AFJP, Francisco Cabrera, quien indicó que propongo subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en pedazos, para que entren fondos de pensión del exterior”.

Las acciones del FGS no pueden venderse si no cuentan con la aprobación de los dos tercios del Congreso. Cabe recordar que al momento de la sanción de la ley que protegía las acciones de la ANSES en empresas privadas, Federico Pinedo del PRO declaró: “no se puede ser tan ridículo y tan antidemocrático”.

La venta de las acciones del FGS significa en la práctica, además, la desaparición de los directores estatales en esas compañías. Se trata de la histórica reparación, pero en este caso a los originales dueños de empresas privadas. Los directores del Estado permitían discutir la política económica en los propios directorios de las principales empresas del país, interviniendo en políticas de precios, en decisiones de reinversión de utilidades y estableciendo límites a las transferencias de ganancias al exterior. No resulta casual entonces que Luis María Blaquier, el sobrino de Carlos Blaquier, presidente de Ledesma e integrante del Directorio del Grupo Clarín, haya sido elegido por Mauricio Macri para gestionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

No resulta casual entonces que Luis María Blaquier, el sobrino de Carlos Blaquier, presidente de Ledesma e integrante del Directorio del Grupo Clarín, haya sido elegido por Mauricio Macri para gestionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

El debate de fondo: el financiamiento en el tiempo del sistema previsional

Con la recuperación del sistema previsional en 2008 se recompone el principio de solidaridad intergeneracional. Este implica que sean los trabajadores de hoy quienes financian las jubilaciones de los pasivos actuales. De este modo, la sustentabilidad del sistema previsional esta fundamentalmente ligada a la dinámica del mercado de trabajo. Por ende, una afectación  a través de menor empleo formal o menores salarios significa un achicamiento de la recaudación de ANSES. Los despidos y suspensiones hasta abril de 2016 ascendieron a 154 mil personas, mientras que la dinámica salarial arroja una inflación 10 puntos por encima de los convenios negociados. Esto ya surtió efectos en el nivel de consumo y producción, como reflejan distintos indicadores de FIEL, CAME, UIA, Índice Construya, entre los principales. Por esta propia dinámica contractiva, como la movilidad jubilatoria se encuentra vinculada a la evolución salarial del RIPTE y a la recaudación del sistema, se agudiza la dinámica a la baja de los haberes y, circularmente, de la recaudación. En el cuadro que sigue se refleja la caída de la recaudación en concepto de Seguridad Social respecto de la inflación:

Cuadro 3: Evolución de la recaudación fiscal por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social e IPC San Luis (enero 2015- abril 2016)

Adicionalmente, también será afectada la recaudación de la ANSES con lasdevoluciones de coparticipación a las provincias, primero con el fallo de la Corte en diciembre último (y devoluciones a San Luis, Santa Fe y Córdoba) y luego con el acuerdo de 3% anual por los próximos 5 años, para las restantes provincias.

En tercer lugar, la ley de primer empleo que se encuentra en el congreso significa una reducción de contribuciones patronales para jóvenes de entre 18 y 24 años, en detrimento nuevamente de la recaudación de ANSES.

Un cuarto factor es el aumento de las erogaciones del organismo. Además de las sentencias se encuentran los ajustes de los haberes de acuerdo a lo establecido por lo fallos (se estima un promedio de aumento del 50%), a lo que debe adicionarse la ley de pensión universal a la vejez. Esta última medida, si bien supone haberes que son 20% menores a la mínima, constituye una medida positiva en tanto institucionaliza la posibilidad de percibir un ingreso a pesar de no contar con aportes.

Como último punto, el recurso indefinido a la cobertura del “tesoro” de los déficits de ANSES tiene serios límites. Desde la asunción del gobierno macrista la eliminación de retenciones afectó los ingresos del fisco, e incluso la reducción de impuesto de la soja incidió en la recaudación provincial. Seguidamente se puede mencionar la parcial modificación del impuesto a las ganancias, que subió el piso del mínimo pero no tocó escalas ni alícuotas, reforma que hubiera permitido suplir la reducción de recaudación por los estratos salariales del primer escalón, por aquellos que perciben verdaderamente altos ingresos. En esta línea se ubica el reciente anuncio de quita de impuesto a bienes personales progresivamente (con reducción de alícuota) hasta 2018. La recaudación anual por este impuesto no es menor: representa 20.000 millones de pesos.

En este complejo esquema, se ubican en estrecha ligazón las propuestas (que comenzaron en  voz baja y por estos días parecen una idea oficial) sobremodificación de la edad jubilatoria. El proyecto oficial incluye la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional donde se establece un plazo de 3 años para crear una ley de un “nuevo régimen previsional universal, integral, solidario y sustentable”. No podemos menos que retrotraernos a las iniciativas del Banco Mundial en la década de los 90, que proponía: (i) el aumento de la edad jubilatoria, (ii) una cobertura de pobreza para todos los excluidos, (iii) la opción, para los que puedan pagar, de ahorrar en sistemas privados de administración de fondos con capitalización individual. En esta línea, el periodista de Clarín Osvaldo Pepe indicaba “en la posguerra, cuando comenzó a tener forma la ingeniería previsional que llega, con variantes, hasta nuestros días, había 3,5 trabajadores activos para financiar a cada pasivo. Hoy, en la Argentina, los expertos estiman que la proporción sería apenas de 1,3 a 1: se trata de un callejón sin salida”, a renglón seguido se manifiesta que el cóctel explosivo en términos fiscales que experimentan los recursos previsionales, amerita a discutir la modificación de la edad jubilatoria.

En definitiva, el fin de las medidas constituye sin dudas una reparación histórica, pero en este caso al poder económico, el cual se sintió invadido con la presencia de directores estatales en sus compañías luego de la estatización de las AFJP, como lo explicitó Rocca en su resistencia al ingreso de Kicillof como director de Siderar.


*Por Hernán Letcher y Julia Strada para NUESTRAS VOCES

 

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