Sin trabajo se calienta la calle

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La política económica de Cambiemos está elevando los niveles de conflictividad social. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) los conflictos laborales aumentaron un 77% en agosto con respecto al mes anterior. Para los economistas de CEPA la principal causa de este malestar social radica en la recesión de la economía, la caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los despidos y el tarifazo de los servicios públicos, entre otros aspectos.

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Fotos: Joaquín Salguero

Por Observatorio de Conflictos Laborales y Sociales del CEPA

El Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realiza un seguimiento de la cantidad y las características de los conflictos laborales y no laborales (sociales) que tienen lugar en el territorio nacional. El objetivo es poder constatar las tendencias que se manifiestan en cuanto a la protesta, en el marco de las transformaciones socio-económicas en la actual coyuntura, y las diferentes estrategias de acción que llevan a cabo las organizaciones sindicales, políticas y sociales que participan de las intervenciones. Para CEPA las acciones en política económica del gobierno de Cambiemos y la evolución de los conflictos laborales y sociales definen un mapa y muestran el camino hacia al que se dirige la administración Macri.

En el plano de los conflictos laborales se verificó para el mes de agosto un aumento del 77% de conflictos en relación a julio. La mayoría de ellos se desataron en el sector público: un 58%. Si desagregamos las causas de los conflictos en este sector podemos aseverar que el 75% responden a paritarias o cuestiones salariales en general (relación directa con la caída del poder adquisitivo). Dentro del sector privado el 34% de las demandas responden a conflictos basados en paritarias o salariales, superados por los despidos que acumulan un 39%. Otra vez se verifica una relación de la preponderancia de los conflictos por despidos dentro del sector privado y la cantidad de despidos relevados en los primeros 6 meses del año que ascendían a 127 mil.

En el plano privado, la mayor proporción de conflictos reside en el sector industrial (36%), le siguen el sector servicios donde se registraron el 22% de los conflictos, el sector transporte con el 16%, petróleo y energía con el 15%, comercial con el 7% y por último, llama la atención que el sector de la construcción, uno de los más castigados con el flagelo de la recesión en curso, y la consecuente pérdida de puestos de trabajo sólo representa el 4% del total de conflictos laborales del sector privado.

En el plano privado, la mayor proporción de conflictos reside en el sector industrial (36%), le siguen el sector servicios donde se registraron el 22% de los conflictos, el sector transporte con el 16%, petróleo y energía con el 15%, comercial con el 7%.

Junto a los conflictos específicamente laborales que se dieron durante el mes de agosto, se manifestaron diferentes conflictos sociales donde las movilizaciones y concentraciones con cortes de rutas y/o calles tomaron un papel central. Las protestas de diferentes organizaciones sociales se plasmaron con diferentes metodologías y acciones por el descontento ante la situación económica, política y social que experimenta el país desde la nueva gestión de gobierno.

En este contexto, toman fuerza los reclamos y protestas por un proceso de redistribución regresiva del ingreso y pérdida de fuentes de trabajo. Los recortes o la eliminación de los programas sociales junto a la falta de políticas públicas eficientes atacan directamente el poder adquisitivo de los sectores trabajadores de la economía informal los cuales, dada la recesión económica en curso, registran una fuerte caída. En efecto el 28% de las protestas de las organizaciones sociales tuvieron por objeto reclamar en contra del ajuste y el tarifazo. Un 20% fueron en reclamo de fuentes laborales; casi un 14% tuvieron por objeto reclamar por alimentos, y el acceso a la tierra y la vivienda; y otro 14% se movilizaron por causas de derechos humanos.

Esto no es casual en un gobierno que no sólo redistribuye regresivamente la renta, sino que además muestras fuertes conatos represivos sobre el campo popular. En el mes de agosto también se registraron 10 hechos represivos en todo el país: contra vendedores ambulantes en Salta; movimientos sociales en Corrientes; trabajadores de ATE en Jujuy; movimientos sociales en Mar del Plata que repudiaban la visita de Macri; productores frutihortícolas en La Plata; jubilados en el Puente Pueyrredón; trabajadores municipales en Loncopué, Neuquén; trabajadores del ingenio El Tabacal que fueron reprimidos con balas de plomo; movimientos sociales en la autopista Buenos Aires-La Plata; y familias desalojadas de un asentamiento en Concepción provincia de Tucumán.

 

Esto no es casual en un gobierno que no sólo redistribuye regresivamente la renta, sino que además muestras fuertes conatos represivos sobre el campo popular. En el mes de agosto también se registraron 10 hechos represivos en todo el país.

 

La causa de todos los males

Para comprender la evolución de los conflictos laborales y sociales de estos primeros diez meses de gobierno es preciso analizar la gestión y sus consecuencias sobre el entramado económico, productivo y social.

El actual abandono de las restricciones cambiarias, decisión que el anterior gobierno había impuesto como protección de un activo estratégico imprescindible para hacer frente a los compromisos externos, implicó una devaluación de alrededor del 60%, lo que produjo automáticamente una brutal caída de los salarios argentinos en dólares. Así, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, el salario real en dólares promedio de los trabajadores en el sector registrado experimentó una caída del 34%.

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Es importante detenernos en este punto para poner negro sobre blanco acerca de las estrategias y el discurso que el Capital ejerce sobre la discusión del nivel de los salarios en nuestro país. Desde el Centro de Economía Política (CEPA) consideramos que la evolución de los salarios en dólares permite entender no sólo el valor de los salarios para los trabajadores, sino que además brinda una comprensión de las posiciones patronales al respecto. Desde hace tiempo un sector habla de un tipo de cambio atrasado, lo cual se vincula con los costos en dólares de las empresas y con su competitividad respecto al resto del mundo. Sin embargo, lo que para ese sector es un tipo de cambio bajo, para otro es acceso al consumo, y con las políticas comerciales correctas, también fortalece el mercado interno, el empleo y el bienestar social del conjunto de la sociedad.

Otro de los efectos de la devaluación tiene que ver con el aumento de precios. Haciendo un análisis comparativo entre las paritarias alcanzadas por los trabajadores a principios de 2016 y el incremento de la inflación registrada entre noviembre de 2015 y abril de 2016, se verifica una pérdida del poder adquisitivo promedio que ronda entre el 6 y 7%. Esta situación estará cada vez más comprometida al llegar a fin de año ya que la inflación proyectada ronda el 40%, sin tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los sectores informales de trabajo.

Otra de las medidas que generó un desfinanciamiento del Estado fue la reducción y eliminación de impuestos a los sectores de mayores ingresos como fueron las retenciones al agro, a la minería, a los bienes personales y a los autos de alta gama.

Otra de las medidas que generó un desfinanciamiento del Estado fue la reducción y eliminación de impuestos a los sectores de mayores ingresos como fueron las retenciones al agro, a la minería, a los bienes personales y a los autos de alta gama. El resultado no fue otro que la transferencia de recursos a los sectores más ricos de la sociedad. Claramente esto implicó una reducción en la capacidad del estado para afrontar la inversión social y fue la excusa perfecta para aplicar una de las recetas preferidas del neoliberalismo: el ajuste.

Así se puede observar que a julio de 2016 se verificaron alrededor de 67.000 despidos en el sector público, una caída de la obra pública en un 27% y un tarifazo en los servicios públicos que gracias a la presión social se encuentra en un impasse, pero que en el corto plazo tendrá efectos concretos debido a la determinación del aumento en un 200% de las tarifas de gas para los consumos particulares y de hasta un 500% para las pequeñas y medianas empresas.

El panorama recesivo que imprimió las primeras acciones del gobierno de Cambiemos (devaluación, tasas de interés altas que operan en contra de la reactivación económica, ajuste del sector público, etc.) trajo aparejado, inevitablemente, la caída de la actividad económica, en función de una baja de inversiones, afectadas, a su vez, por la falta de incentivos en materia de consumo.

Una de las principales consecuencias directas de esta caída son los despidos y suspensiones laborales. Ya habíamos dicho que en el sector público se habían registrado 67.000 despidos, a los que se le suman los 127.000 del sector privado, detectándose una mayor concentración de los mismos en los sectores de la construcción, la industria y servicios.

Un informe de CEPA sobre la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, revela que el 84% de las empresas entrevistadas declararon que tuvieron una caída en las ventas de hasta un 34% promedio; por otra parte el 42% tuvo que despedir personal, produciéndose la mayor concentración de despidos entre diciembre de 2015 y junio de 2016.

Frente a estas condiciones, el gobierno continúa esperanzado en las inversiones que llegarían a nuestro país. Para ello realizó anuncios de inversiones por 130 millones de dólares, pero lo cierto es que se pueden contabilizar, hasta ahora, inversiones por 28.124 millones de dólares que representan el 22 % de las inversiones anunciadas, y destacando que las principales inversiones se relacionan con proyectos destinados a actividades extractivas de recursos naturales como son energía y minería.

Paralelamente a la inconsistencia del Plan A del Gobierno (lluvia de inversiones), se puso en marcha el Plan B que consiste en la vieja receta del endeudamiento externo para gastos corrientes. En los primeros siete meses del año el ingreso de divisas por la vía de las colocaciones de deuda externa alcanzó USD 64.000 millones brutos.

Esta vuelta al endeudamiento no hace más comprometer recursos del Estado hacia futuro perdiendo la capacidad de inversión del Estado en sectores para el desarrollo e incentivo de la economía real.

Los datos suministrados por el INDEC en cuanto al desempleo y a los índices de pobreza se vieron deteriorados escandalosamente a partir de diciembre de 2015. En consonancia con los despidos que hemos registrado, el órgano estadístico oficial del Estado reveló el aumento del desempleo ubicado en un 9,3 % y una pobreza en más de 32%.

El creciente aumento de los precios minoristas conjugado con un atraso en el tiempo de los aumentos salariales (generalmente por debajo de la variación inflacionaria) ha resultado en un vertiginoso crecimiento de la pobreza.

Si bien la indigencia y la pobreza contabilizan hogares y población que se encuentran por debajo de un umbral determinado por el valor de la canasta básica alimentaria y canasta básica total respectivamente, desde CEPA consideramos importante no perder de vista la situación de los hogares que están en vulnerabilidad, que son aquellos que perciben ingresos hasta un 10% más sobre el umbral de la pobreza, los cuales cambiarían su situación mediante pequeñas variaciones en los precios.

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