Sólo para entendidos

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Luego de las enfáticas declaraciones en contra de la ley de antidespidos por parte de Mauricio Macri (“Destruye el trabajo de los argentinos” y “¿Por qué repetir lo que no funciona?”), el lunes 9 de mayo desde el gobierno nacional se avanzó en la firma de un acuerdo con empresarios para “evitar despidos” por 90 días. No sólo se sobreentiende el objetivo de realizar un trueque, sino que precisamente fue anunciado en este sentido: el acuerdo busca reemplazar (o “neutralizar” como indica el diario Clarín el 10.05.2016, página 6) la ley antidespidos que ya tiene media sanción en el Senado.

Al margen del dudoso “queremos comprometernos” con que inician los magros seis párrafos del acuerdo, el compromiso con los empresarios detalla puntos ostensiblemente menos abarcadores respecto de la ley antidespidos que busca reemplazar, reafirmando a la vez el rumbo económico, responsable principal de la crítica situación laboral de nuestro país.

“No reducir nuestros planteles de empleados”. El compromiso solo se acota a “no reducir el plantel” y para cualquier entendido en política laboral es conocido que la no reducción suele oficiar de sinónimo de rotación. Paradójicamente, ante las críticas a la recientemente impulsada Ley de Primer Empleo (por su precarización de la mano de obra juvenil y por la deliberada reducción de costo laboral con desfinanciación de las arcas del Estado), el macrismo realizó un particular hincapié en que la misma incluía una cláusula que taxativamente impedía la rotación (aunque introducida a últimas horas y ausente en el proyecto original del economista de la UCA Jorge Colina). Esta defensa del proyecto de Primer Empleo que enfatizaba la no rotación, parecía ser el punto más relevante considerando que se apuntaba a incrementar el tamaño de los planteles (con control de nómina a través de AFIP) y se evitaba el recurso facilista al reemplazo de trabajadores con antigüedad por mano de obra joven subsidiada (¿en este caso también se trataría de “viveza criolla”?). Sin embargo, y con un diagnóstico diametralmente opuesto a lo afirmado hace menos de 10 días, con el reciente acuerdo el macrismo acepta la rotación en aras de un fin superior.

Cambiamos (la agenda). Por otro lado, hace una semana atrás, los mismos empresarios que estaban dispuestos a contratar gente si los costos laborales eran menores (aceptando los anteayer criticados subsidios y calificando desde las usinas mediáticas a sus beneficiarios de “planeros”), hoy firman que no van a echar trabajadores por 90 días. Ello ratifica lo que en esta columna se dijo oportunamente: el diagnóstico que orientó el Proyecto Primer Empleo (un empleo estancado por “falta de estímulos”) no tenía sustento en la realidad, porque el problema era la caída de la actividad económica, los salarios por debajo de la inflación, los despidos masivos del sector público y la piedra libre para echar trabajadores en el sector privado que contaba con la venia del ejecutivo nacional. En efecto, la ola de despidos era tan difícil de ocultar que sólo 10 días más tarde y con los mismos actores en el mismo lugar, cambió la agenda. Entonces ¿De qué se trata? ¿Estaban dispuestos a contratar nuevos trabajadores o ahora, esforzadamente, se comprometen a no echar?

90 días, 200 empresas. El plazo acotado a 90 días para la vigencia del compromiso resulta aún más breve si se consideran los pronósticos recesivos para la economía argentina en 2016, sostenidos por el Fondo Monetario Internacional (-1% de caída) y ratificados nada menos que por la calificadora norteamericana Moody’s (con un guarismo todavía más agudo: -1,5% de caída para este año). Aun ocurriendo el mentado “despegue” de la economía en el anunciado segundo semestre –desde ya, con ingreso de dólares por la vía financiera, dado que el macrismo ha comprobado, si bien tarde, que la vía comercial no será la salida de la restricción externa- difícilmente la modificación de la cuenta capital impacte automáticamente en la generación de empleo, y en el mejor de los casos se trataría de un escenario en construcción para el 2017 –y para pasar la prueba de las primeras elecciones legislativas de Mauricio Macri al frente el ejecutivo nacional-.

Por otro lado, el acuerdo firmado limita su aplicación a un puñado de grandes empresas. El problema no sólo es que se trate de un universo acotado, sino que reside en las formas de empleabilidad que las grandes empresas han expandido en los últimos años. La extendida modalidad tanto de la tercerización como del empleo eventual (este último en menor medida), brindan la posibilidad de deshacerse de mano de obra evitando despidos del plantel directo. La cancelación de contratos con empresas tercerizadas (o de horas administradas por servicios) constituye un mecanismo predilecto de variabilización del costo fijo laboral que se canaliza a través del área de Compras sin necesidad de pasar por Recursos Humanos. Se trata de una poco mencionada, aunque utilizada, vía libre para la reducción de plantel sin incumplir el acuerdo.

Por último, y entre las vías alternativas más comunes de reducción de plantel o de horas de trabajo, el compromiso de evitar la suspensión de trabajadores no figura entre los puntos del acuerdo. No sólo la suspensión de horas ha sido un recurso ampliamente aplicado por siderúrgicas (como Techint y Acindar desde febrero), empresas alimenticias y firmas petroleras, sino que el mismísimo Cristiano Rattazzi de Fiat que suspendió a 1.500 trabajadores de SMATA, firmó el acuerdo del día lunes. La práctica de las suspensiones suele tener un componente adicional frecuentemente soslayado: los trabajadores asisten por menos horas a sus puestos pero continúan percibiendo un sueldo, aunque en una proporción menor. La definición de ese valor (85% en el mejor de los casos) en verdad termina dependiendo del poder sindical para fijar los valores en la negociación. En un contexto donde los despidos masivos son la mejor herramienta extorsiva de la parte empresaria, el porcentaje del sueldo de los suspendidos es la habitual prenda de negociación con los sindicatos. Rocca lo aplicó en dos oportunidades con la UOM de Campana, siendo la última de sus ofertas en octubre de 2015: “reducción al 60% del sueldo o 200 despedidos”. La pretendida elección que según Prat Gay tenían que hacer los dirigentes sindicales (empleo o salarios) se traduce en una feroz negociación en los lugares de trabajo.

Lo hecho, hecho está. Otra particularidad del acuerdo es que no es retroactivo para los despidos sustanciados. Esto significa que no habrá marcha atrás para los 135.976 despidos y 5.566 suspensiones y retiros voluntarios (de los cuales el 43,16% o 61.096 corresponden al sector público y el 56.84% o 80.446 al sector privado) revelados por CEPA para los primeros 4 meses del gobierno de Macri (y que considerando el mes de Abril contabilizan 154.911, siendo 61.028 del sector público y 93.883 del sector privado). Los empresarios parecen haberse percatado de esta ventana de oportunidad, porque en el mismo momento en que firmaban los seis párrafos en la Casa Rosada, se producían despidos en Massalin Particulares (con 19 trabajadores quedaban en la calle), en Baggio (con 13 empleados despedidos), en Techint (que hacía lo propio con 15 echados) y en Autobuses Santa Fe, donde los despidos ascendieron a 70 personas.

Un acuerdo entre entendidos. A esta altura parece una obviedad, pero si las leyes suponen sanciones del poder coercitivo del Estado (y además la ley antidespidos incluye la doble indemnización como desincentivo), los acuerdos entre partes no tienen árbitro que dirima. Cabe preguntarse, entonces, cuál sería el costo de incumplir entre acuerdo que se sustancia entre colegas, si consideramos que la trayectoria política de Macri es más breve que su vida como empresario.

En efecto, que el empresario Macri firme un acuerdo con colegas empresarios –de poca duración, con obvias omisiones y con un evidente objetivo de frenar una ley- se parece bastante a un acuerdo entre entendidos. Como botón de muestra, los cerca de

3.000 despidos en Correo Argentino bajo la administración del Grupo Macri fueron un duro precedente que luego se corroboró cuando el actual presidente asumió la jefatura porteña en 2007 e inmediatamente cesanteó a 2.000 trabajadores por tratarse de “designaciones políticas”. Estos despidos no fueron los únicos, y como denuncias aisladas aparecieron nuevos despidos, como los 400 correspondientes al Teatro Colón. Hacia el año 2010 se produjeron nuevamente conflictos por mil despidos en la ciudad de Buenos Aires (571 contratados y 498 empleados de planta permanente). Si bien estas cesantías denunciadas por los gremios representaban solamente alrededor de $36 millones anuales, fueron concretados en pos de achicar el gasto. En efecto, el objetivo de Macri era reducir un 12 % la planta de trabajadores de la Ciudad.

“Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Allá por el 16 de diciembre de 2015 cuando el levantamiento del “cepo” liberó a los grupos concentrados para que pudieran aumentar precios, Francisco Cabrera señalaba: “el espíritu es diferenciarse de la gestión anterior”, dado que en la nueva gestión se “apela a la responsabilidad de los empresarios”. Sin embargo, pocos meses después y con una inflación galopante, Macri exigía un “mayor acompañamiento por parte de los empresarios para reactivar la economía” dado que “[me] enoja mucho que haya vivos que sacan ventaja”. En este marco, el compromiso firmado el lunes con los mismos grupos empresarios causantes de la inflación parece ser una segunda oportunidad, entendida como un nuevo voto de confianza a la clase empresaria. El desenlace, sin embargo, parece estar anticipado por la famosa frase de Juan Carlos Pugliese en 1989.

“Cepo al trabajo”. El acuerdo termina rezando que la ley antidespidos es un “cepo que dificultará las nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar”. Nada más en línea con la lectura macrista en torno a la intervención estatal como sinónimo de la introducción de trabas en la economía que dificultan el desarrollo. De eso se trata: fin a los controles cambiarios, eliminación de la regulación de precios y de la potestad de la Secretaria de Comercio frente a los empresarios, fin a las retenciones a la exportación para liberar a las economías regionales, y ahora combatir la regulación laboral. Nuevamente, la justificación de la ley de primer empleo, se construye sobre la misma base argumental: el elevado costo laboral desincentiva la nueva contratación. El propio Mauricio Macri había ido incluso más lejos en diciembre de 2014 cuando sostuvo: “Hemos creado tantas reglas y regulaciones en contra de la generación de trabajo que sometemos a aquel que quiera trabajar a que tenga que aceptar condiciones leoninas como el trabajo informal”. En efecto, para Macri los derechos de los trabajadores al “encarecer” el empleo, inducen a la informalidad.

Un pozo en el laberinto. Se suele decir que de todo laberinto se sale por arriba, y en alguna medida así fue entendido el acuerdo entre Macri y los empresarios para sortear una ley que no desean ver sancionada (ver Clarín, 10 de mayo de 2016, página 7). Sin embargo, ante la inexistencia de señales positivas del funcionamiento económico luego de la demostración de amor que Macri viene realizando desde el 16 de diciembre último (de hecho, los guiños al mercado no parecen ser correspondidos), la típica reacción ortodoxa no reside en volver sobre sus pasos sino en profundizar la desregulación (el mejor ejemplo es que luego de los preocupantes resultados del Balance Cambiario del Banco Central en torno a 4.200 millones de dólares de fuga, en lugar de retroceder en la habilitación a la compra de 2 millones de dólares por mes por persona, el volumen se aumentó a 5 millones de dólares). En este caso, la profundización significa el retorno al neoliberalismo laboral, porque, si se comprueba que persiste el problema de la no generación de empleo, el diagnóstico indica que ello responde a un todavía elevado costo laboral, que no se ha reducido lo suficiente para que resulte atractivo contratar mano de obra. La respuesta no es la mayor protección frente a los despidos ni la mejora de los salarios, sino todo lo contrario: la réplica es flexibilizar aún más (con flexibilización contractual o con condiciones diferentes para los jóvenes, entre otras opciones) porque –siguiendo la teoría clásica sobre el mercado de trabajo- las rigideces persisten y es preciso eliminarlas para generar empleo. En suma, la aparente contradicción que encierra la frase de Macri (“la ley antidespidos destruye empleo”) en efecto es plenamente coherente con esta forma de pensamiento.

Reafirmación de la política económica. El gobierno de Cambiemos plantea una escisión entre la variable laboral y el conjunto del funcionamiento económico. El texto del acuerdo promovido comienza con la frase “ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina”, donde deliberadamente se omiten los fuertes condicionantes a la generación de empleo que supone una economía con un mercado interno cayendo en picada (como resultado de las evidentes políticas recesivas que involucran la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo junto con transferencias al poder económico) y un mercado externo que, a pesar de la devaluación del 50%, no dinamiza las exportaciones (porque el mundo vive una profunda crisis, a contramano de lo que Cambiemos predicó durante años). En este contexto ¿Cuál es la motivación empresaria a invertir y tomar nuevos empleados? ¿Van a contratar personal porque es barato hacerlo? En efecto, la concepción kirchnerista ha sido distinta: la inversión privada se concreta en la medida en que existe un mercado pujante donde la producción -y las ventas- tienen donde insertarse, es decir, donde “hay demanda”. En definitiva, no se van a resolver los problemas de empleo si la economía no funciona, ergo, las ganancias no se traducirán en inversión si no hay actividad económica que lo avale.

Lejos de la creatividad a la que apelan, desde el macrismo, ante la adversidad, se reafirman convicciones. La mirada neoliberal macrista no sale del laberinto por arriba, sino haciendo un pozo.


 

Hernán Letcher y Julia Strada (CEPA)

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