Standard & Poor´s y Moody’s: una amistad que se renueva

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Tanto la agencia calificadora Standard & Poor´s como Moody’s elogiaron al reciente gobierno de Mauricio Macri y mejoraron la calificación de la deuda argentina. Las razones alegadas para tal cambio de valoración sobre nuestro país han sido explicitadas con claridad por S&P: “presentaron un plan creíble para lidiar con los desequilibrios macroeconómicos de larga presencia, al eliminar las restricciones sobre la moneda extranjera e iniciar negociaciones con los acreedores que no se acogieron a reestructuración de 2005 y 2010”. Complementariamente, la agencia S&P sugirió contener los incrementos salariales para evitar el aumento de la inflación, que -a diferencia de Cambiemos- situó en el orden del 35% anual para 2016. En línea con la sugerencia de S&P, el Ministro de Hacienda indicó a principios del pasado enero que “Cada gremio verá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”, sugiriendo además que la pauta salarial debía estar en el orden del 20 al 25% (ganándole al menos 10% a lo pronosticado por la consultora).

Seducida por la propuesta política de Macri y a pocos días del resultado de las elecciones generales del 25 de octubre auspicioso para las ambiciones del PRO, también Moody’s, modificó la calificación argentina de “negativa” a “estable”. Posteriormente, luego del ballotage, la calificadora dio una nueva muestra de aprobación a nuestro país aumentando la calificación a “positiva” y sostuvo: “el cambio de perspectiva está basado en que la llegada al poder del presidente electo Mauricio Macri de la Coalición Cambiemos incrementará las probabilidades de implementación de políticas crediticias positivas” y agregó que “Macri ha dejado en claro de manera consistente y progresiva que sus políticas de gobierno representarán oportunidades más amigables para el mercado que las observadas durante los últimos 12 años”.

¿Qué significa clima amigable y no amigable para Standard &Poor´s y Moody’s? Algunos ejemplos.

Paraguay. En junio de 2014, la calificadora Standard & Poor’s elevó la calificación soberana de Paraguay de BB- a BB, indicando que esperaba que el Gobierno avanzara en la implementación de las leyes de Alianza Público–Privada (APP) y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además elogió la implementación de régimen de metas de inflación y el fortalecimiento patrimonial del Banco Central del Paraguay con la emisión de un bono perpetuo de US$ 915 millones por parte del Gobierno Central.

Posteriormente, en marzo de 2015, Moody’s subió la calificación de este país, en base a la implementación de un paquete de leyes aprobadas a fines de 2013, que incluía la ley de responsabilidad fiscal, la ley que extendía el IVA al sector agropecuario y la ley de alianza público privada (APP), así como los esfuerzos en diversificar la economía, las exportaciones y en mejorar la capacidad de la institucionalidad.

Colombia. En abril de 2013, Standard and Poor’s mejoró la calificación de triple BBB negativo a triple B, esencialmente por la implementación del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo –“PIPE”-. Este plan establecía entre otras cosas, la eliminación de los aportes de los empleadores a ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) contenida en la Reforma Tributaria, que pretendía estimular la generación de empleo formal y representaba una reducción de 5% en el costo laboral de las empresas, beneficios de caja a la industria y agricultura a través de un sistema de tarifas de retención en la fuente con tratamiento preferencial, la política de cero arancel para 3.094 partidas arancelarias de bienes de capital y materias primas no producidas en Colombia y medidas para mejorar la productividad como la eliminación en energía de la sobretasa de 20% para la industria.

Por otro lado, en julio de 2014, Moody’s elevó la calificación de Colombia. La decisión se fundamentó en que el gobierno colombiano “ha cumplido con la regla fiscal instituida por primera vez en 2012. La norma establece que el déficit fiscal estructural (que corrige los ciclos económicos y de commodities) debe (i) reportar una tendencia a la baja todos los años desde ahora hasta 2022, y (ii) cumplir con los objetivos específicos de 2.3 % del PIB en 2014, 1.9 % en 2018 y 1.0 % en 2022” (www.moodys.com, 28/07/2014).

México. En diciembre de 2014, S&P confirmó la buena calificación de México. Lo hizo a raíz de la inminente implementación de la reforma energética y de cambios fiscales prometidos para 2015 y 2016. La reforma aprobada a través de una enmienda en la Constituciónpermitía abrir el negocio de hidrocarburos a los privados extranjeros y ocupar terrenos en poder de un propietario (lo que afectaba los derechos de campesinos). También contemplaba cambios en la estructura de precios de combustibles hasta el momento bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero desregulados por completo a partir de 2018, incluyendo además la apertura a los privados del sector eléctrico, y una propuesta de retiros a los empleados de PEMEX junto con cuentas de capitalización individual para los mismos. Vale recordar que una tercera parte de los ingresos presupuestarios de México provienen del sector hidrocarburífero, sometido a estas fuertes reformas.

En septiembre de 2015, la calificadora Moody’s decidió mantener estable su calificación de México (nota A3) “a pesar” de “choques externos” y la “volatilidad” de los mercados. Ello tuvo una razón: “Moody´s indica que los inversores se sienten respaldados por el acceso de México a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), con las implicancias que ello significa” (Fuente: “Moody´s: México mantiene nota “A3”, a pesar de choques externos”, eleconomista.com).

Brasil. En 2008 Standard and Poor´s había otorgado a Brasil una mejora en la calificación en la categoría de “investment grade”, pasando a considerarse un nicho de inversión más seguro. En efecto, por aquel entonces Brasil comenzaba la aplicación de medidas de enfriamiento fiscal y monetario, apertura comercial y desregulación de los mercados de capitales. Predeciblemente, ello trajo una profunda recesión que se extiende hasta la actualidad.

Paradójicamente producto de las consecuencias de las mismas recetas que la consultora S&P avaló en 2008, Brasil vio rebajada su posición por la misma agencia en septiembre de 2015, degradando el grado de inversión a la categoría especulativa/”bono basura”. La nota pasó de BBB+ a BB-, manteniendo la perspectiva negativa.

¿Cuál fue la razón? Según la calificadora, el gigante sudamericano enfrentaba dificultades para llevar a cabo un ajuste fiscal en medio de una recesión económica y en lugar de proyectar un superávit fiscal primario del 0,7% del PIB, como estaba previsto inicialmente, Dilma Rousseff planificó un déficit primario del 0,5% del PIB para 2016, equivalente a 30.500 millones de reales (u$s 8.413 millones).

Las presiones hacia el gobierno de Dilma Rousseff, orientadas a forzar el ajuste económico, conllevaron serias dificultades políticas. Por ello, Moody’s decidió en agosto de 2015 rebajar la calificación de Brasil (de Baa2 a Baa3). Según Moody’s, “una tendencia de crecimiento en los gastos públicos y una falta de consenso político sobre las reformas fiscales impedirá que las autoridades alcancen un superávit primario lo suficientemente alto como para revertir la tendencia de aumento de la deuda de este año y del siguiente” (Fuente: eleconomista.com, 11.08.2015).

Venezuela. En febrero de 2015, S&P recortó la calificación de la deuda de Venezuela. Lo hizo frente al “fracaso del gobierno venezolano para tomar en tiempo y forma medidas para resolver las crecientes distorsiones económicas”(Fuente: http://www.eluniversal.com/economia/150209/standard-amp-poors-recorta-calificacion-de-la-deuda-de-venezuela).

Ya en enero de 2015, Moody’s había rebajado los bonos venezolanos (de Caa1 a Caa3), por el aumento “sustancial” de riesgo de default del país. La calificación negativa se sustentó en los “desequilibrios macroeconómicos cada vez más insostenibles”, lo que incluía “un muy elevado nivel de inflación y una marcada depreciación de la tasa de cambio paralela” (www.bbc.com, 13.01.2015).

Meses más tarde, en septiembre de 2015, Moody’s advirtió sobre la hiperinflación en este país, y sostuvo que la situación resultaba de una “grave crisis que solo será superada a través de un profundo cambio estructural”. El fondo de la cuestión indicaba que “Moody’s considera que es muy poco probable que el Ejecutivo tome las medidas estructurales para combatir las distorsiones en los precios relativos antes de las elecciones del 6 de diciembre de 2015” (Fuente: http://www.el-nacional.com, de Caracas).

Esta selectiva reseña de las decisiones adoptadas por las calificadoras de riesgo en los países latinoamericanos da cuenta de los serios condicionamientos que el sistema financiero internacional impone a la hora de aplicar políticas de desarrollo autónomo.

En Argentina, en más de una oportunidad se ha señalado al gobierno de Cambiemos como “marketfriendly” o amigable con el sector financiero. En efecto, el periodista de La Nación Morales Solá resumió la estrecha relación del macrismo con el mundo de las finanzas de la siguiente manera: “El acuerdo completo con los holdouts es la primera prioridad, por dos razones: Macri no quiere decepcionar la esperanza de los sectores internacionales de poder y necesita del acuerdo para que el país pueda acceder a créditos que amortigüen los efectos del ajuste de la economía”.

Seguidamente, no resulta sorpresivo el cambio de actitud de las calificadoras norteamericanas luego de la asunción de Macri: sencillamente observan con buenos ojos el anhelado retorno de las políticas tendientes a mejorar la tasa de ganancia de las empresas concentradas e impulsar el negocio financiero en virtud del inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento.

  • Por Julia Strada y Hernán Letcher

 

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