En el presente documento se analizan dos series estadísticas provistas por el Boletín Mensual de ANSES, con vigencia hasta marzo 2017. En primer lugar, y en base al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), se efectúa un contraste entre los anuncios de la gestión Cambiemos respecto de la incorporación de monotributistas a la asignación familiar y las asignaciones efectivamente otorgadas. En segundo lugar, se observan las significativas bajas en las cantidades de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 702, el cual estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –comúnmente entendido como salario familiar-, que perciben las y los trabajadores registrados. Por un lado, se elevó el piso del mínimo de ingreso familiar total para la percepción de las asignaciones familiares (de $200 a $2.816). En segundo lugar, se redujo el tope del ingreso familiar total, de $94.786 a $83.917. Asimismo, un hogar no puede percibir la asignación si 1 integrante del grupo familiar cobra más de $41.959, cifra que se redujo en tanto se ubicaba en torno a los $47 mil. En tercer lugar, se eliminaron los plus o extra por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como el norte, Cuyo y la Patagonia.
El ajuste tiene paso obligado: jubilaciones y AUH
El domingo 29 de octubre, siete días posteriores a las legislativas, en una nota periodística publicada sin firma en el Diario Clarín –y con protagonismo como artículo principal de la web digital- el título rezaba: “Jubilaciones y planes sociales: Macri quiere que se actualicen de acuerdo a la inflación”.
Desde el gobierno nacional, particularmente desde la cartera laboral (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), se elaboró un proyecto “borrador” de reforma laboral y fue presentado a la CGT el lunes 30 de octubre. Se encuentra, actualmente, en proceso de negociación, por lo que no constituye el texto final a ser enviado al Congreso.
En octubre de 2016, a partir de la Ley de Reparación Histórica -Ley 27.260- , se aprobó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM). Luego de dos años de vigencia de la misma – 2017 y 2018- , el presente informe se propone analizar sus características e impactos, considerando que en el mismo periodo desde el gobierno se planteó la derogación del sistema de moratorias previsionales.
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la situación social en la Argentina a finales de 2018, considerando que se cumplen tres años desde la asunción del gobierno de Cambiemos, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2015.
Las declaraciones de la Ministra Stanley, quien mencionó que “en 2015 se dieron de baja 168 mil pensiones con los mismos criterios que usamos hoy” evitan ahondar en razones y con ello, buscan responsabilizar al gobierno anterior de bajas en las pensiones no contributivas. Cuando se accede a los números la realidad es otra.
El presente informe es realizado por mujeres economistas, sociólogas y politólogas integrantes de CEPA, que al mismo tiempo coordinan y forman parte de equipos de trabajo temáticos (fiscal, precios, mercado de trabajo y equipo financiero) e impulsan el Observatorio de Géneros al interior del Centro de Economía. El informe se publica en el marco del paro internacional de mujeres del 8 de Marzo -#8M- y tiene por finalidad la cuantificación y visibilización de desigualdades económicas de distinta índole en la sociedad. Este trabajo opera como continuidad de dos trabajos precedentes realizados por el Observatorio de Géneros del CEPA y presentados en 2018 y 2019, titulados “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” (1)y “Mujeres argentinas: entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas”.
El Plan denominado Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y tenía por fin garantizar una transferencia monetaria a los jóvenes de entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).