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La Emergencia Social que nunca se ejecutó: análisis de las partidas presupuestarias previstas en la Ley de Emergencia Social y su implementación, 2016-2019

El proyecto original de Ley de Emergencia que en septiembre 2016 presentó J. M. Abal Medina tuvo dos ejes ambiciosos: la creación de 1 millón de puestos de trabajo cobrando el Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanzaba $8.060 pesos en enero de 2017 para un trabajo de 8 horas y el aumento de 15% de la AUH en los 3 años sucesivos (un porcentaje adicional al aumento bianual previsto por ley).  A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales.

La metodología del ajuste: precisiones sobre las propuestas en torno al cálculo de movilidad y análisis sobre los regímenes especiales de jubilación

En virtud de que la propuesta oficial –y recientemente ratificada en el dictamen de Comisión del Senado- que implica actualizar las jubilaciones, las AUH y el salario familiar con la variación de precios, y del escaso efecto del “incentivo” por encima de la inflación propuesto (acotado a la evolución salarial en un 30%), en adelante, los jubilados, los beneficiarios de la AUH y del sistema de asignaciones familiares no podrán ganar poder adquisitivo sino que –cuanto mucho- podrán esperar a no reducir sus ingresos reales.

Los impactos del ajuste económico en las políticas de niñez y adolescencia, 2016-2019

La Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional desde 1994, cuando fue incluida en la Constitución Nacional. En el año 2005, la Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” estableció la responsabilidad del Estado como garante del ejercicio y disfrute pleno y permanente de los derechos reconocidos. En este mismo sentido, a partir del año 2009, se instauró primero mediante un decreto y luego por ley en 2015, la Asignación Universal por Hijo, que significó una ampliación del régimen de Asignaciones Familiares para hijos/as de trabajadores/as no registrados o que perciban una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil. Ya muy cerca del cumplimiento de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, cabe preguntarse por el rol de la política pública con relación a la infancia y la adolescencia, indagando los impactos de la política aplicada respecto de la situación heredada en 2015.

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