La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada por la pandemia de COVID-19, tanto por la reducción y postergación de vencimientos, como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de estos. El presente informe realiza una aproximación de impacto mencionado a través del análisis y seguimiento de la evolución real de las transferencias por Coparticipación a las provincias en el mes de septiembre de 2020, en virtud de una comparación con el último año. A la par, esa misma información se utilizó para estimar la evolución real del Impuesto a las Ganancias y de IVA.

En el presente informe se realiza una estimación de las desigualdades de género en términos patrimoniales, un tema poco abordado desde los estudios económicos y de géneros y que cobra particular trascendencia en el contexto político argentino de debate en torno al Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas ante la pandemia de COVID-19. La mayoría de los estudios que abordan la problemática de las brechas económicas según género han centrado el análisis en el diferencial entre mujeres y varones por según masa salarial percibida, utilizando fundamentalmente a la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC como base de información principal. En este trabajo, no obstante, se tiene como objetivo examinar no sólo la brecha salarial de género mediante el ingreso percibido por ocupación principal según datos de SIPA-AFIP, sino también considerar la forma en que se distribuye el patrimonio entre géneros según se declaran ingresos en la Base de Bienes Personales, el impuesto más progresivo que tiene la estructura tributaria argentina, que a su vez es de carácter patrimonial. Se aclara que la distinción es binaria (varón/mujer) porque las bases estadísticas aparecen sólo con la distinción por sexo, sin incluir grupos LGTTBI+.

La situación económica argentina en el periodo comprendido entre 2015 y 2019 ha sido crítica tanto en el orden macroeconómico como social y laboral, como se ha reflejado en innumerables informes de CEPA en el periodo referido [1]. Y en el año 2020 la situación económica se ha visto aún más agravada por el advenimiento del COVID-19. A pesar de la muy importante intervención estatal para compensar los impactos negativos de la pandemia y su extensión en el tiempo (programa ATP, IFE, créditos productivos y personales, entre otras), han aparecido situaciones de riesgo de ruptura contractual en el ámbito laboral y también de riesgo salarial por las bajas nominales producto de acuerdos de suspensiones [2]. En efecto, los datos publicados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) han corroborado estos relevamientos que anticiparon desenlaces críticos en el mercado de trabajo argentino, a partir de la constatación de la baja en el empleo y en la masa salarial agregada desde el inicio de la pandemia.

En las circunstancias de expansión de COVID-19 en el país, la recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada, tanto por la reducción del monto de impuestos y tasas derivado de la inactividad, como por el atraso en el pago de los mismos. 

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Con la presentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley 27.541), el presidente Alberto Fernández incluyó la suspensión de la formula previsional del macrismo con la intención de presentar una nueva fórmula de movilidad en junio 2020 para que ésa sea votada por el Congreso Nacional. La pandemia de COVID19 cambió abruptamente la agenda gubernamental a mediados de marzo (una vez definido el aumento de las jubilaciones por decreto para el primer trimestre) y postergó, en los hechos, la definición de la fórmula en 2020. En este marco, se anunció por decreto el nuevo aumento para septiembre, de 7,5%, en este caso sin segmentación por nivel de haber y con igual aplicación para todas las jubilaciones y pensiones.

After much effort and months of negotiation, Argentina reached an agreement with the bondholders under foreign law. The Center of Political Economy shares its conclusions. Download PDF version in here.

Luego de mucho esfuerzo, y tras varios meses de negociación, Argentina logró un acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera. La deuda reestructurada asciende a aproximadamente US$ 68.800 millones de stock de capital. En este informe, CEPA resume las principales claves del acuerdo.

En los primeros días de marzo se implementaron, en nuestro país, una serie de medidas vinculadas a abordar la problemática del coronavirus. Este esquema consistía en cuarentena obligatoria por 14 días para quienes retornaran de países considerados zona de riesgo por la pandemia, la suspensión de espectáculos masivos (desde el 12 de marzo y por decreto del gobierno nacional, acompañado por distintas provincias), licencias laborales para grupos de riesgo (a partir del 15 de marzo), suspensión de clases, cierre de fronteras del territorio nacional, disminución de la frecuencia del transporte público y recomendación de suspensión en actividades no esenciales (desde el lunes 16 de marzo) (1).

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la evolución de la cantidad de trabajadores/as, masa salarial, contribuciones patronales y de empresas registradas en el sector privado en dos momentos: durante la gestión de Cambiemos (entre noviembre de 2015 a noviembre de 2019) y en los meses de 2020 que han sido afectados por el impacto de la pandemia, considerando los datos disponibles a la fecha de publicación de este informe [1]. Se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación vinculada a las bases del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) en su serie desestacionalizada (ya que esto permite la comparación entre meses no equivalentes) y la base de AFIP referida a la Seguridad Social [2], para aproximar información sobre empleadores/as, masa salarial y contribuciones patronales.