Análisis de los impactos del aumento de precios de alimentos de la canasta básica sobre la Asignación Universal por Hijo/a a diciembre 2019: si se analiza el poder de compra de la AUH en términos de la Canasta Básica Alimentaria por adulto equivalente, surge que no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 2 años. Por las características del pago de la AUH, las beneficiarias (en femenino, dado que el 98% de los titulares son mujeres) cobran el 80% de la Asignación de manera mensual, es decir, un total de $2.121 sobre $2.652 y que el 20% restante lo reciben a fin de año tras la presentación de la libreta que certifica los datos del adulto responsable, la situación educativa y los controles de salud.
El proyecto original de Ley de Emergencia que en septiembre 2016 presentó J. M. Abal Medina tuvo dos ejes ambiciosos: la creación de 1 millón de puestos de trabajo cobrando el Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanzaba $8.060 pesos en enero de 2017 para un trabajo de 8 horas y el aumento de 15% de la AUH en los 3 años sucesivos (un porcentaje adicional al aumento bianual previsto por ley). A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales.
La Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional desde 1994, cuando fue incluida en la Constitución Nacional. En el año 2005, la Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” estableció la responsabilidad del Estado como garante del ejercicio y disfrute pleno y permanente de los derechos reconocidos. En este mismo sentido, a partir del año 2009, se instauró primero mediante un decreto y luego por ley en 2015, la Asignación Universal por Hijo, que significó una ampliación del régimen de Asignaciones Familiares para hijos/as de trabajadores/as no registrados o que perciban una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil. Ya muy cerca del cumplimiento de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, cabe preguntarse por el rol de la política pública con relación a la infancia y la adolescencia, indagando los impactos de la política aplicada respecto de la situación heredada en 2015.
El contexto político de los últimos 3 años y 7 meses se ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones de INDEC, para el año 2019 son 6.983.377los habitantes de nuestro país mayores de 60 años (15,5%), siendo 43% varones y 57% mujeres.
A mediados de abril de 2019, el Gobierno decidió relanzar los créditos Anses. Del mismo modo que en 2017, este relanzamiento se produce en el marco de una sensible caída del poder adquisitivo y en la previa del proceso electoral, lo que genera la pregunta que da sentido a este informe ¿Los créditos Anses apuntan a reactivar el consumo o su finalidad se acota al impacto que puedan tener en términos electorales?
Las políticas económicas del actual Gobierno Nacional impactaron negativamente en el entramado productivo nacional. Específicamente, la industria manufacturera fue el sector más golpeado por la combinación de falta de demanda -por la caída generalizada de los ingresos-, aumentos tarifarios exponenciales, alta tasa de interés y apertura importadora que reemplaza producción y trabajo nacional por extranjero.
En este informe se muestra el costo de dos salidas recreativas habituales en vacaciones: cine con cena en una casa de comidas rápidas y teatro con cena en un restaurante. En cada salida se muestran diferentes opciones, desde las más económicas (sin ningún extra), hasta las más caras. Los ingresos de los jubilados /as, de las y los trabajadores de salarios medios y de las y los trabajadores que perciben un ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil disminuyeron fuertemente en términos reales en lo que va 2019, comparando la capacidad para hacer frente a una salida de vacaciones respecto del año 2016. ¿Cuánto se tiene que destinar del ingreso cada uno de estos sectores para cubrir la salida recreativa mencionada?
En la primera parte de 2019 la economía argentina se encuentra atravesando una fuerte crisis socioeconómica, con una tasa de desocupación que superó los dos dígitos en la última medición del primer trimestre de 2019, ubicándose en 10,1%. Este es el valor más alto en 13 años. En el GBA fue de 11,1% y en CABA 7,2%. En este escenario las mujeres jóvenes son las más perjudicadas, alcanzando en ese segmento de población, un 23% de desocupación. Adicionalmente, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que se sostiene en 19 meses consecutivos expone la emergencia de los trabajadores pobres. En este contexto, las ferias (y en muchos casos las plazas públicas) son ocupadas por grupos de nuevos desocupados/as, amas de casa, jubilados/as y pensionados/as, o simplemente trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes y buscan una salida a sus problemas económicos.
Mientras aguardamos la publicación del Staff Report correspondiente a la revisión del viernes 12 de julio por parte del Fondo Monetario Internacional, la cual habilitaría un nuevo desembolso, el presente informe analiza el funcionamiento del organismo y el acuerdo con la Argentina en el marco de la reciente salida de Christine Lagarde para su eventual conducción del Banco Central Europeo. Asimismo, se analiza la herencia de Lagarde conduciendo al Staff técnico del organismo, en sus revisiones de la economía argentina, revisando aciertos y errores en proyecciones y metas.
La recesión económica que Argentina atraviesa técnicamente se inició en el mes de septiembre de 2018 cuando el EMAE-INDEC arrojó seis caídas consecutivas del producto, lo que equivale a dos trimestres seguidos de retroceso en la actividad (el segundo y el tercero del año pasado). Los meses siguientes, hasta marzo de 2019, fueron incluso peores. La reducción de la caída medida en el mes de abril (-1,9%) resulta muy relativa, ya que si no se considerar el efecto de la mejora en el agro (que en términos interanuales compara con un año de sequía) alcanza valores similares a los del primer trimestre (carca de -5%). La política de altas tasas re-inaugurada el 1 de octubre luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene fuertes vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.
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