La seguidilla de devaluaciones de 2018 puede explicar, como variable central, que haya sido el año de mayor inflación desde 1991. La inflación minorista anual se ubicó en el 47,6%, pero al no acompañar los salarios a esa inflación, derivó en una pérdida del poder adquisitivo promedio del 14,32% en términos interanuales para el conjunto de trabajadoras y trabajadores registrados.
El contexto político de los últimos 3 años ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones de INDEC, para el año 2019 serán 6.983.377 los habitantes de nuestro país mayores de 60 años (15,5%), siendo 43% varones y 57% mujeres.
En el trimestre enero-marzo los despidos y suspensiones ascienden a 19.882 casos, una cantidad sensiblemente mayor a la del mismo período del año anterior, que sumaron 14.068 casos.
El contexto político de los últimos 3 años ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones de INDEC, para el año 2019 serán 6.983.377 los habitantes de nuestro país mayores de 60 años (15,5%), siendo 43% varones y 57% mujeres. Los datos son contundentes. La jubilación mínima en abril de 2019 asciende a $10.410, lo que implica un aumento de 172% entre mayo de 2015 y la actualidad (abril 2019), mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo periodo alcanzó 266%. Pero más grave aún es el aumento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares que han visto un ascenso sideral como el Sintrom con un aumento de precio de 600%. A esto se le suma el hecho de que PAMI modificó la Resolución 005 dejando de entregar la medicación crónica gratuita a los 2 millones de afiliados y para acceder a la misma se exige cumplir una serie de requisitos demasiados restrictivos. Esta situación trae como consecuencia que las personas mayores dejen de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada para generar un ahorro económico en los gastos que estos demandan.
El Programa Precios Cuidados tiene origen en el año 2014 como una política pública que consistía en un acuerdo de precios de alimentos con revisión periódica (tanto frescos como procesados), limpieza del hogar, perfumería, aseo personal y que se extendió hasta otros productos como motos, insumos de construcción y abonos de telefonía celular. El Estado se hacía cargo de la difusión, la propaganda y la negociación con otros integrantes de la cadena, lo que resultó especialmente beneficioso para las empresas más pequeñas.
Tal como se mostró en el último informe del CEPA sobre el sector en Bahía Blanca (1), el principal problema al que se enfrenta el sector comercial es la contracción del mercado interno producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, asignaciones universales -que en la ciudad de Bahía Blanca ronda el 16% (2) - en los tres años de gestión de Cambiemos.
La canasta básica compuesta por los productos de consumo diario de primera necesidad está conformada principalmente por alimentos no perecederos, frutas y verduras, carne, elementos de higiene personal y artículos de limpieza imprescindibles en cualquier hogar. Atendiendo a la importancia que estos productos tienen en el consumo de los hogares -especialmente los de menores ingresos-, desde octubre de 2015 y en paralelo al apagón estadístico que afectó a las mediciones públicas durante los primeros meses de gestión del actual gobierno, CEPA releva el precio de 37 productos de consumo básico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La problemática habitacional es una de las más urgentes para las familias argentinas. Acceder a la vivienda entraña dificultades cada vez más importantes para una gran mayoría, mientras los precios de los alquileres suben sostenidamente, incluso por encima de la inflación. Si a esta realidad le sumamos la ausencia de política pública habitacional y la dificultad de acceder a la vivienda propia por la existencia de altos precios dolarizados y fuertes limitaciones para el acceso a los créditos UVA (así como su actualización inflacionaria a mayor ritmo que la evolución salarial), se configura un panorama sumamente desalentador para los inquilinos, quienes deben destinar un porcentaje creciente de sus ingresos a cubrir sus necesidades habitacionales. Asimismo, existe un reclamo creciente del mercado (1) señalando la baja rentabilidad del sector, dejando entrever que los valores de los alquileres estarían por debajo de lo necesario para obtener una rentabilidad razonable. Sin embargo, esto se debe a que las propiedades están nominadas en dólares y los alquileres en pesos. De esa forma, ante un escenario de escalada del tipo de cambio como ocurrió durante 2018 se modifican los precios relativos del sector alterando las rentabilidades (2).
A lo largo del año 2018 Argentina ha registrado datos macroeconómicos que reflejan la desmejora en variables centrales del orden productivo y financiero, entre las que se cuentan la retracción del producto bruto interno y la caída del consumo doméstico, la inversión y el empleo. Sumado a esto, el impacto financiero que causó la devaluación de la moneda local (en enero de 2018 el dólar cotizaba a $20 y para marzo de 2019 ya toca los $43, lo que representa un 115%) y la política monetaria que fijó tasas superiores al 40% a partir de mayo de 2018, y a la fecha se aproximan al 70%. Asimismo, los altos índices inflacionarios que viene acumulando la economía argentina desde el 2016 (49,3% en 2016, 25% en 2017, 47,6% en 2018 y 6,8% entre enero y febrero de 2019) ubican a la misma como hiperinflacionaria (1) según la normativa contable internacional. Esto habilita el ajuste por inflación en los balances deteriorando los indicadores financieros de las compañías.
