Comentarios sobre el “Plan Empalme”

Desde el gobierno nacional se lanzó esta semana el Programa de Inserción Laboral que tiene por objetivo “empalmar” los planes sociales existentes con una relación de dependencia o nueva contratación para el beneficiario. Como indica el programa: "la ayuda económica mensual que percibirán los participantes de programas nacionales de empleo y de desarrollo social durante la nueva relación laboral tendrá carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual" (1). Asimismo, se determinó que "los empleadores interesados en acceder al incentivo económico para la contratación laboral de participantes de programas nacionales de empleo o de desarrollo social" deberán adherir al Programa de Reinserción Laboral creado en el año 2006 y "solicitar la incorporación al mismo de las trabajadoras y los trabajadores que contraten" (2).
 
Esta política no es novedosa para el mercado laboral de nuestro país. La misma había sido implementada desde 2010, durante la gestión anterior al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Resulta una iniciativa útil, pero de escaso efecto en un escenario donde el mercado de trabajo expulsa trabajadores. El Gobierno pretende modificar el comportamiento del mundo laboral, insistiendo en el diagnóstico del elevado costo del empleo. Pero lo que se observa es que frente a la profunda retracción económica, la demanda de trabajadores no se dinamiza. Para ello, resulta relevante revisar las potencialidades y limitaciones que esta medida conlleva en términos de generación de empleo.
 
En este marco, se efectúa un análisis tomando la base de datos del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, desde 2011 en adelante y relacionando su evolución con la creación de empleo neto en el sector privado argentino.

Los datos

En el Cuadro N° 1 es posible constatar que, entre 2011 y 2015, la creación de puestos de trabajo en el sector privado (considerando el SIPA, que recopila el total de declaraciones al sistema de AFIP por parte de los empleadores) tuvo como correlato una caída en el total de beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo implementado desde el Ministerio de Trabajo de Nación. Los nuevos puestos registrados ascendieron a 243.308, mientras que cayeron los beneficiarios del Programa Jóvenes en 8.337 personas, entre 2011 y 2015. En este período la variación del empleo privado registrado tuvo siempre guarismos positivos y un promedio de 1,73% anual acumulativo. Lo que resulta aún más relevante es observar la cantidad de trabajadores que efectivamente se desvincularon del Programa por la obtención de empleo registrado: si se observa la tasa de desvinculación, los guarismos se ubican entre el 4,8% y el 5,7% de los beneficiarios por año.
 
El cambio de dinámica tiene lugar en 2016: no sólo disminuye la cantidad de trabajadores registrados en 44.818 personas (la variación del empleo muestra un resultado negativo, de -0,72% interanual), sino que también cae la cantidad de beneficiarios del programa, en un total de 5.981 casos. Adicionalmente se reduce también la tasa de desvinculación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo al empleo registrado en 2016, a sólo 3,34%.

Como vemos en el Grafico N° 1, el crecimiento del empleo permite la incorporación de beneficiarios del Programa en el empleo registrado, aunque perdiendo dinamismo año tras año hasta llegar a 2015. Finalmente, en 2016, se observa que la sensible caída del empleo va acompañada por una pronunciada caída en la cantidad de beneficiarios que se incorporan al mercado de trabajo formal.


Comentarios

  • En función de los datos expuestos, se evidencia que sólo la creación genuina de puestos de trabajo (y particularmente en el sector privado) es el mecanismo elemental para lograr la reducción de personas cubiertas por programas sociales.
  • Ello es posible de sostener atendiendo a la propia dinámica del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que mantiene una tendencia decreciente en el período 2011-2015 que coincide con la generación de empleo genuino. En efecto, difícilmente sea posible lograr un traspaso al empleo registrado en etapas de estancamiento económico y ausencia de generación de empleo, como ocurre en 2016 donde el sector privado destruyó más de 40 mil empleos registrados.
  • Ante la depresión de la demanda agregada y la inexistencia de voluntad de contratación de nuevas plantillas (fundamentalmente esa resistencia es ostensible entre grandes empresas, que despidieron a cerca del 90% de los trabajadores en 2016) este tipo de iniciativas que apuntan a “empalmar” la ayuda del estado con el salario pagado por las empresas, sólo terminan oficiando de transferencia monetaria o subsidio empresarial indiscriminado.
  • El punto anterior referido al beneficio indiscriminado es también relevante como característica de la actual iniciativa gubernamental. En contraste, el programa REPRO, que se constituyó en los años previos –a partir del 2009-, en el subsidio del Estado a los empresarios por excelencia en materia de generación de empleo, incluía en su implementación un análisis de la situación de la compañía y sendas proyecciones sobre su futuro económico –desde el punto de vista micro y atendiendo al desempeño en su ramo de actividad-. Es decir, los REPRO subsidiaban una parte del salario de cada trabajador considerando la situación de la empresa y, por ende, dejando afuera a aquellas cuya holgura económica (principalmente grandes firmas) justificaba la exclusión del beneficio.
  • En el Plan Empalme la combinación de planes sociales con empleo registrado de manera indiscriminada es, llanamente, reducción de costo laboral. Cabe añadir en este punto que, si bien se establece en el decreto que las nuevas relaciones laborales incorporadas deben adicionarse a la nómina total de trabajadores de la empresa al 31 de diciembre de 2016, este tipo de constataciones requieren de fiscalización y presencia estatal, características que han experimentado un sustancial debilitamiento a partir de la asunción al poder ejecutivo del frente Cambiemos.

Notas al pie

(1) Consultar: http://www.ambito.com/881463-oficializan-plan-empalme-para-beneficiarios-de-programas-sociales; https://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-Ha-sido-una-transicion-dura-pero-hoy-estamos-creciendo-20170503-0058.html
(2) En este aspecto -amén de la existencia de fiscalización ulterior para garantizar el efectivo cumplimiento- en la letra del programa se detalla que "Los empleadores gozarán de este beneficio si se trata de una nueva relación laboral, o de la regularización de una preexistente, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al día 31 de diciembre de 2016”.


Autores del informe

Hernán Letchr y Julia Strada.


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Diálogo y consenso: el lado B del modelo

Desde principios de marzo de 2017 a la fecha, la conflictividad a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementándose con diferentes metodologías de protesta, primando aquellas con participación en la vía pública, como los paros con movilización, las concentraciones en las puertas de instituciones/organismos, los cortes de ruta y calles y las ollas populares.

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Revisionismo financiero: un análisis sobre las expectativas de los agentes financieros

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Errores y omisiones: la medición de desocupación del Indec bajo sospecha

El jueves 16 de marzo se conoció la tasa de desocupación estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC-, del orden del 7,6% para el cuarto trimestre de 2016, abarcando 31 aglomerados urbanos. Las estimaciones previas habían arrojado guarismos de 9,30% y 8,50% para el segundo y tercer trimestre de 2016, respectivamente. En este sentido, los últimos datos publicados han contribuido a validar un discurso oficial asociado a la “reactivación” económica.

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“Responsables": análisis sobre la relación entre inversión y conflictos

Mauricio Macri mencionó recientemente que la conflictividad del país influye en la llegada de inversiones. Esta resulta la enésima razón sostenida por Cambiemos en relación a las razones que explicarían la escasa llegada de inversiones en nuestro país. En la misma línea ya se había expresado Eduardo Eurnekian, quien expresó que "el dinero no va a venir porque todos los días hay un despelote". 

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"Gauchada", versión 2016

En la inauguración de la exposición rural 2016 el presidente Mauricio Macri sostuvo que "desde hace siete meses trabajamos en el Gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y ahora se le está tendiendo la mano". No sólo se trató de un discurso presidencial que retomó una tradición de subordinación política al poder económico agroexportador abandonada hace 15 años sino que además consistió en un acto simbólico de reconocimiento del poder de la oligarquía pampeana: "El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema".

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¿Razón o método? La conflictividad de 2017

El objetivo del Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) consiste en realizar un seguimiento de la cantidad y características de los conflictos laborales y no laborales (sociales) que tienen lugar en el territorio nacional, en virtud de constatar las tendencias que se manifiestan a este respecto, dentro del marco de las transformaciones socio-económicas en la actual coyuntura, y de las diferentes estrategias de acción que llevan a cabo las organizaciones sindicales, políticas y sociales que participan de las intervenciones.

En este quinto informe se presenta un relevamiento de la conflictividad social y laboral sólo en la Región CABA, para enero, febrero y 23 días de marzo de 2017, atendiendo a la cuantificación y clasificación de los conflictos existentes en ese período.

El criterio establecido para el estudio más específico de los conflictos, representados en las acciones de protesta de los actores sociales intervinientes, es su delimitación en dos universos diferenciados aunque en una permanente interacción entre sí y con puntos  de encuentro. Los conflictos definidos como “laborales” responden exclusivamente al ámbito del mercado de trabajo llamado “formal”. Los conflictos que denominamos “sociales” responden al resto del abanico de los ámbitos donde se desarrolla la vida política y social.


I. Introducción: el escenario político

En diciembre último el presidente Mauricio Macri expresaba en radio Mitre que "La gente tiene razón. En la Capital Federal, que es el epicentro de los piquetes, le he dicho (a Rodríguez Larreta) que los ciudadanos en 2017 esperan un comportamiento distinto del Gobierno de la Ciudad, esperan un límite distinto".

De allí en más, en Gobierno ha intentado instalar en la agenda pública la necesidad de combatir los reclamos que producen cortes de calles y afectan la circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegando incluso el actual jefe de Gobierno a asumir "su" responsabilidad en terminar con los cortes.

Lo llamativo de la instalación de la problemática reside en que en ningún momento plantea reflexionar sobre las razones de la conflictividad sino que se sustenta en trabajar exclusivamente sobre los métodos utilizados en la protesta. Tal como se percibe en las menciones anteriores, el eje de la solución en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que el reclamo sencillamente no llegue a las calles de la ciudad.

Posiblemente la razón de esta actitud se afirme en la convicción del partido gobernante de que tales reclamos constituyen un “efecto colateral” de sus propias políticas. De hecho, el columnista de La Nación Carlos Pagni a raíz de la discusión sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, diagramó esta hipótesis al mencionar recientemente que “si la protesta en la calle es porque se está discutiendo la educación, se está discutiendo la racionalidad del gasto, se está discutiendo la racionalidad económica, y yo, si soy inversor, no voy a ser tan ingenuo de creer que se va a discutir eso y no va a haber protestas en la calle”.


II. Resultados del relevamiento de conflictos laborales en enero y febrero de 2017

En la región de CABA, durante el primer bimestre de 2017 se registraron un total de 74 conflictos, 39 durante el mes de enero, 35 durante el mes de febrero, es decir más de un conflicto por día. A ello, es necesario sumar los 44 casos suscitados en 23 días de marzo, que duplican la tasa de conflictividad: casi dos conflictos por día.

Las protestas en relación al mundo del trabajo siguen representando, al inicio de 2017, un mayor peso dentro del universo de conflictos, alcanzando el 70% de los conflictos. Se observa que los niveles de conflictividad laboral van in crescendo en relación a los últimos meses de 2016, y en relación a los conflictos sociales, que alcanzan durante el período analizado casi un 30%.

Esta mayor concentración de las protestas laborales es clara consecuencia de la política de destrucción del empleo y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores que se produjo durante el 2016 y que fue profundizada en los últimos meses de ese mismo año tanto en la CABA como en el resto del país. Tanto los despidos en el sector privado, la ausencia de respuesta por parte del gobierno ante los reclamos salariales, y el techo impuesto a las paritarias, han provocado la multiplicación de los hechos de conflictividad laboral.

Asimismo, se observa que se reparten casi por partes iguales la cantidad de protestas por ámbito privado y público (52% y 48% respectivamente). Se acumularon al 23 de marzo de 2017 50 casos de conflictos del sector público y 54 casos de conflicto del sector privado.


III. Lo que discute el Gobierno: metodología de la protesta

Las protestas durante enero, febrero y marzo dieron un salto cualitativo en cuanto a la concentración de los motivos y a los actores sociales protagonistas. Se evidencia, que la organización de los diferentes sectores gremiales comenzó a afrontar estos conflictos con una mayor concentración de fuerzas. Algo similar ocurrió con las organizaciones sociales que ya durante el 2016 venían dando muestras de este proceso.

Las principales estrategias de los actores sociales en el período mencionado ha sido la “movilización y concentración” (33,9%), “los cortes de calle/ruta” (21,1%), el “estado de alerta y movilización permanente” (14,4%), y el “paro con movilización” (10,2%). Con menos relevancia, se produjeron “paros sin movilización” (5,9%), “toma de espacios” sean públicos o privados (4,2%) y ollas populares (1,7%), ésta última con fuerte peso durante el año pasado.

Si sumamos todos los métodos que afectan la circulación en la vía pública, representan más del 71% de los casos de conflictos, es decir, desde el inicio de 2017 hubo 84 conflictos en la calle en el ámbito de la CABA. Esto es, en efecto, el eje de las preocupaciones del gobierno encabezado por Cambiemos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional.


IV. Lo que no discute el Gobierno: las causas de los conflictos

Los motivos de los conflictos están íntimamente ligados a las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional. En CABA durante los meses de enero, febrero y 23 días de marzo de 2017 se registran 118 conflictos de los cuales 84 fueron afectaron la circulación de la vía pública. Del total de estos últimos, 27,3% estuvieron relacionados con reclamos por despidos, 16,9% relacionados con readecuación salarial e incumplimiento de acuerdos, 6,5% se vincularos con conflictos por condiciones de trabajo y casi 4% con atrasos en los pagos. A todo esto, afín al mundo laboral, se deben adicionar 7,8% de conflictos relacionados directamente con el cuestionamiento a las políticas de ajuste implementadas por Cambiemos y 13% que se corresponden con reclamos por el aumento de las tarifas de servicios públicos.

Se observa que, sobre el total de conflictos, los laborales no han cesado durante la temporada vacacional sino que se sostienen en el centro de la escena, representados en los despidos sistemáticos acaecidos dentro del sector privado, y en el sector público, a la sostenida negativa del gobierno en cuanto a la reapertura de paritarias docentes y vigencia de la paritaria nacional.

Casos laborales. La comunidad docente de todos los niveles, nucleados en CTERA, UTE, ADEMYS, CONADU, UDA, junto a Científicos Autoconvocados y ATE, se manifestó los primeros días del mes de febrero dando continuidad a la lucha el día 18 del mismo mes y sosteniéndola durante el mes de marzo. En cuanto al ámbito privado, los trabajadores de AGR-Clarín  llevaron adelante su plan de lucha durante ambos meses en reclamo por el cierre de la planta gráfica y el despido de 400 trabajadores, contando con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales. En el sector de la salud, se destaca el caso de Roux Ocefa (empresa que se presentó la quiebra en 2016) por reclamo salariales e incumplimiento de acuerdos, y dentro sector financiero, la Asociación Bancaria en asamblea permanente programando un paro de 48hs ante la falta de acuerdo en las paritarias. Durante el conflicto de la empresa Banghó por los 283 despidos registrados en el mes de febrero, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se movilizó junto a los trabajadores hacia el Ministerio de Trabajo, sumando a la protesta la apertura de las importaciones que está provocando mes a mes el ajuste y/o cierre de empresas en el sector Pyme. Los conflictos dentro de la salud pública también se destacaron durante febrero de 2017. En el marco de las protestas que realizaron los trabajadores de la Salud en la CABA, ATE convocó a un paro por 24hs reclamando apertura de paritarias, recomposición salarial y condiciones dignas de trabajo.

Casos sociales. En relación a las protestas en el marco de los DDHH, es para resaltar el conflicto generado por la propuesta de baja a la edad de punibilidad reunió a diferentes colectivos sociales que se manifestaron frente al Ministerio de Justicia. Se destaca también la organización de las mujeres en lo que se denominó “Tetazo” en contra de hechos de discriminación y penalización sufridos por mujeres en la vía púbica. Asimismo, continuaron los Ruidazos y Cacerolazos organizados por los vecinos, acompañados por la organización multisectorial. Finalmente, el brutal desalojo de los manteros del barrio de Once los primeros días de enero, representó otro conflicto de importancia.


V. Conclusiones

  • En la región de CABA, durante el primer bimestre de 2017 se registraron un total de 74 conflictos: 39 durante el mes de enero, 35 durante el mes de febrero, es decir, más de un conflicto por día. Se adicionan los 44 casos suscitados en 23 días de marzo, que duplican la tasa de conflictividad: casi dos conflictos por día.
  • En virtud de precisar el análisis de esta creciente conflictividad, que asciende a 118 conflictos entre el 1 de enero y el 23 de marzo, resulta clave indicar que el 70% de estos conflictos se corresponde con el ámbito laboral y el 30% con los conflictos sociales.
  • Las principales estrategias de los actores sociales en el período mencionado ha sido la “movilización y concentración” (33,9%), “los cortes de calle/ruta” (21,1%), el “estado de alerta y movilización permanente” (14,4%), y el “paro con movilización” (10,2%). Con menos relevancia, se produjeron “paros sin movilización” (5,9%), “toma de espacios” sean públicos o privados (4,2%) y ollas populares (1,7%), ésta última con fuerte peso durante el año pasado.
  • Entonces, si se suman los métodos que afectan la circulación en la vía pública, representan más del 71% de los casos de conflictos, por lo que se explica la creciente preocupación del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para regular esta forma de protesta.
  • Ahora bien, al analizar las causas de la conflictividad, se observa que han sido las propias políticas de Cambiemos las que han generado problemáticas laborales y sociales. En CABA durante los meses de enero, febrero y 23 días de marzo de 2017 se registran 118 conflictos de los cuales 84 fueron afectaron la circulación de la vía pública. Del total de estos últimos, 27,3% estuvieron relacionados con reclamos por despidos, 16,9% relacionados con readecuación salarial e incumplimiento de acuerdos, 6,5% se vincularos con conflictos por condiciones de trabajo y casi 4% con atrasos en los pagos. A todo esto, afín al mundo laboral, se deben adicionar 7,8% de conflictos relacionados directamente con el cuestionamiento a las políticas de ajuste implementadas por Cambiemos y 13% que se corresponden con reclamos por el aumento de las tarifas de servicios públicos.
  • El análisis en torno a las causas de la conflictividad resulta central para evitar la focalización del debate en torno a la metodología de la protesta, que impide revisar razones profundas, actores, y fisonomía de la misma. En este sentido, resulta imprescindible destacar que el eje de la solución planteada por el Gobierno Nacional y local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas sencillamente no lleguen a las calles de la Ciudad.

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Medición de la pobreza en Argentina: ¿estratagema de ocultamiento o simple deterioro institucional?

1. Introducción

Con la presentación de los nuevos datos de la incidencia de la indigencia y pobreza en Argentina por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) quedó en evidencia la decisión de no empalmar los índices de indigencia y pobreza con la información anterior y, al mismo tiempo, de omitir deliberadamente el cálculo de los niveles de indigencia y pobreza a fines de 2015; impidiendo determinar con precisión el impacto de las políticas económicas implementadas a partir del inicio de la gestión de Cambiemos en diciembre de 2015, y de este modo ocultando el “salto” en el nivel de pobreza en el primer semestre.

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