Estudio realizado por Julia Strada, Hernán Letcher, Magdalena Rua y Lucio Garriga Olmo, publicado originalmente en El Cohete a la Luna (ver aquí).

Las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del mundo privado significan un fuerte “parate” en la actividad económica nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las economías del resto del mundo, lo cual a su vez impacta negativamente en Argentina en virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China. El contexto económico argentino en la etapa pre COVID-19 ya era complejo y con las medidas de aislamientos dispuestas por la pandemia esta situación local se ve agravada. El país presenta una situación de insostenibilidad de su endeudamiento (definido en estos términos por el FMI), que alcanzó el 89% de su Producto Bruto Interno a diciembre de 2019. La economía argentina muestra una preocupante evolución de la pobreza, incluso previa a los impactos de la cuarentena, cuyo último dato a diciembre de 2019 arrojó 35,5%, así como un alarmante nivel de indigencia, que llegó al 8% en diciembre de 2019. Adicionalmente, en los últimos años se registró un retroceso en el nivel del poder adquisitivo de los salarios en 15 puntos, que no llegó a revertirse hasta el inicio de la pandemia.

En esta etapa particular que atraviesa la economía argentina, las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio suponen la paralización total o parcial de importantes sectores de la actividad económica y ello impacta indefectiblemente en el nivel de empleo y en los salarios. Desde el Estado Nacional, particularmente de las carteras de Trabajo y de Desarrollo Productivo, se dispusieron una serie de medidas para evitar las rupturas contractuales, sostener ingresos de los trabajadores, y evitar el quiebre de empresas.

¿Qué hacen los países frente a la pandemia? Según nuestro análisis, hay 3 políticas que se repiten a nivel global, y todas ellas descansan en la inyección de recursos estatales: 1- Paquetes fiscales. 2- Garantías de créditos. 3- Reducciones de tasas.

[1]La pandemia primero fue declarada en China, segunda economía más grande del planeta, que había tenido un papel importante en el rescate del capitalismo global en la crisis de 2008. Allí, la paralización de la actividad en los principales centros urbanos e industriales trajo consecuencias que luego se propagarían rápidamente hacia el resto de la economía mundial. A medida que el virus se fue expandiendo, las restricciones a la movilidad y las medidas de aislamiento generaron fuertes impactos en la economía real, no sólo a nivel local, por el cierre preventivo de establecimientos, sino también especialmente vinculados a interrupciones en las cadenas globales de valor.

Los nuevos requerimientos que demanda la pandemia de COVID-19 modificaron las prioridades del gasto público nacional. Con el objetivo de observar estas modificaciones, el presente informe analiza las principales variaciones de las partidas del Presupuesto 2019 –que fue prorrogado a 2020-  entre el 17 de marzo y el 2 de abril, así como también la variación en la ejecución de las mismas. El análisis permite identificar las principales preocupaciones del gobierno en relación a la pandemia.

Las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del mundo privado significan un fuerte “parate” en la actividad económica nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las economías nacionales, lo cual a su vez impacta negativamente en Argentina en virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China.

El presente informe es realizado por mujeres economistas, sociólogas y politólogas integrantes de CEPA, que al mismo tiempo coordinan y forman parte de equipos de trabajo temáticos (fiscal, precios, mercado de trabajo y equipo  financiero) e impulsan el Observatorio de Géneros al interior del Centro de Economía. El informe se publica en el marco del paro internacional de mujeres del 8 de Marzo -#8M- y tiene por finalidad la cuantificación y visibilización de desigualdades económicas de distinta índole en la sociedad. Este trabajo opera como continuidad de dos trabajos precedentes realizados por el Observatorio de Géneros del CEPA y presentados en 2018 y 2019, titulados “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” (1)y “Mujeres argentinas: entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas”.

El poder adquisitivo de la Jubilación Mínima considerando el aumento de marzo de 2020 y la proyección de la inflación

A instancias de una serie de recomendaciones elaboradas desde el FMI, en diciembre de 2017 fue modificado el índice de actualización de las jubilaciones y AUH. Esto, sumado a la pérdida de poder adquisitivo experimentado por dichos ingresos aun con la fórmula anterior - en virtud del magro derrotero de la economía argentina (particularmente en 2016)- implicó un sensible perjuicio para los  jubilados.

La pérdida de poder adquisitivo acumulada de los ingresos de los adultos mayores en los últimos casi 5 años ha sido sensible. La jubilación mínima en enero alcanza los $ 14.068, lo que implica un aumento de 268,1% entre mayo de 2015 y dicho mes (casi 400% si se considera el bono de hasta $5.000), mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 455,0%, e incluso, con la cobertura de PAMI, ascendió a 338,1%.

1- Introducción: estado de situación de la política de precios a diciembre 2019

Durante el período 2015-2019 la política de precios de Cambiemos estuvo fundamentada en el marco teórico que predomina en la corriente económica ortodoxa: el control monetario vía altas tasas de interés permite desactivar a la emisión como factor explicativo de la inflación, y por ende tender hacia la reducción del nivel de precios de la economía. Esta mirada unilineal de un fenómeno complejo –que en Argentina se ha demostrado estructural-, ha omitido, entre otras cosas, los impactos que la variación del tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y combustibles, y los precios de los commodities exportables, han ejercido sobre la inflación en un contexto de corrimiento del Estado de la regulación de las mencionadas variables. En efecto, la política tarifaria generó un sensible aumento de la energía y el transporte, se quitaron retenciones y se eliminaron controles cambiarios, lo que impactó en la evolución del dólar. El rol de la Secretaría de Comercio Interior quedó reducido a su mínima expresión y el programa de Precios Cuidados apenas se mantuvo como una plataforma de lanzamiento de nuevas marcas gracias a la gran penetración y conocimiento de la marca construida durante las administraciones gubernamentales previas.