El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y teníapor fin garantizar una transferencia monetaria a las y los jóvenes entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).
El Gobierno Nacional ha utilizado la emisión de deuda externa -con el 81% de colocaciones en moneda extranjera según informan los datos oficiales de Hacienda a mitad de 2019- como el único mecanismo para atender las cuentas públicas que han sido fuertemente afectadas por las propias políticas de ajuste y consecuente recesión. Esta lógica en relación a los usos del endeudamiento no es novedosa en la historia argentina, sino que remite al periodo de Valorización Financiera 1976-2001. El endeudamiento se utiliza para atender un creciente déficit fiscal provocado por la caída de la recaudación y de la actividad económica y por la quita de impuestos a sectores concentrados, y al mismo tiempo se destina al repago de los vencimientos de deuda y al financiamiento de la fenomenal fuga de capitales.
El Gobierno acordó el 23 de septiembre con la CGT y cámaras empresariales aglutinadas en la UIA un bono compensatorio de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores privados. Este bono, tal como anticipó el Ministro Sica, alcanzaría los $5.000.
En los últimos 3 años y 7 meses se ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Los datos son contundentes. La jubilación mínima en septiembre alcanzó los $ 12.937,lo que implica un aumento de 239% entre mayo de 2015 y dicho mes (a agosto de 2019 el incremento alcanzaba 202%), mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 393%, e incluso con la cobertura de PAMI el aumento asciende a 247%.
Análisis de los impactos del aumento de precios de alimentos de la canasta básica sobre la Asignación Universal por Hijo/a a diciembre 2019: si se analiza el poder de compra de la AUH en términos de la Canasta Básica Alimentaria por adulto equivalente, surge que no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 2 años. Por las características del pago de la AUH, las beneficiarias (en femenino, dado que el 98% de los titulares son mujeres) cobran el 80% de la Asignación de manera mensual, es decir, un total de $2.121 sobre $2.652 y que el 20% restante lo reciben a fin de año tras la presentación de la libreta que certifica los datos del adulto responsable, la situación educativa y los controles de salud.
El proyecto original de Ley de Emergencia que en septiembre 2016 presentó J. M. Abal Medina tuvo dos ejes ambiciosos: la creación de 1 millón de puestos de trabajo cobrando el Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanzaba $8.060 pesos en enero de 2017 para un trabajo de 8 horas y el aumento de 15% de la AUH en los 3 años sucesivos (un porcentaje adicional al aumento bianual previsto por ley). A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales.
La Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional desde 1994, cuando fue incluida en la Constitución Nacional. En el año 2005, la Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” estableció la responsabilidad del Estado como garante del ejercicio y disfrute pleno y permanente de los derechos reconocidos. En este mismo sentido, a partir del año 2009, se instauró primero mediante un decreto y luego por ley en 2015, la Asignación Universal por Hijo, que significó una ampliación del régimen de Asignaciones Familiares para hijos/as de trabajadores/as no registrados o que perciban una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil. Ya muy cerca del cumplimiento de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, cabe preguntarse por el rol de la política pública con relación a la infancia y la adolescencia, indagando los impactos de la política aplicada respecto de la situación heredada en 2015.
El contexto político de los últimos 3 años y 7 meses se ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones de INDEC, para el año 2019 son 6.983.377los habitantes de nuestro país mayores de 60 años (15,5%), siendo 43% varones y 57% mujeres.
A mediados de abril de 2019, el Gobierno decidió relanzar los créditos Anses. Del mismo modo que en 2017, este relanzamiento se produce en el marco de una sensible caída del poder adquisitivo y en la previa del proceso electoral, lo que genera la pregunta que da sentido a este informe ¿Los créditos Anses apuntan a reactivar el consumo o su finalidad se acota al impacto que puedan tener en términos electorales?
Las políticas económicas del actual Gobierno Nacional impactaron negativamente en el entramado productivo nacional. Específicamente, la industria manufacturera fue el sector más golpeado por la combinación de falta de demanda -por la caída generalizada de los ingresos-, aumentos tarifarios exponenciales, alta tasa de interés y apertura importadora que reemplaza producción y trabajo nacional por extranjero.
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