SENASA: un riesgo irracional
El SENASA es el organismo oficial encargado de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal. En relación a la exportación, y a fin de implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y controla su cumplimiento, y asegura la aplicación del Código Alimentario Argentino, dentro de las normas internacionales exigidas.
Además de su rol como organismo de control y regulación, el SENASA es un organismo recaudador del Estado Nacional, ya que grava con tasas y aranceles diversas actividades productivas en las que interviene.
Las exportaciones en particular se encuentran gravadas por una serie de tasas que el organismo cobra a los diferentes actores que intervienen en la cadena productiva y que son objeto de regulación del servicio sanitario. La recaudación de SENASA es en parte utilizada para financiar el funcionamiento del servicio, y en parte se derivan directamente al Tesoro.
Recientemente se dio a conocer la derogación de la normativa 260/14, la cual tiene como objetivo reglamentar los controles fitosanitarios de granos y subproductos (como harina y aceite).
Esta medida tiene tres efectos directos, los cuales son desarrollados en el presente trabajo. Por un lado, funciona en el sentido económico, como una quita de retenciones adicional a la otorgada por el Estado Nacional, con el efecto de transferencia de renta hacia los sectores agroexportadores y el incremento del precio interno de los granos y subproductos. Un segundo efecto es el desfinanciamiento del servicio. Y en tercer lugar se relaciona con la perdida de trazabilidad de las exportaciones de granos.
Además de los efectos directos desarrollados, es importante considerar el rol que el SENASA tiene en la exportación de productos de origen animal, vegetal y asociados (como drogas y vacunas animales, envases, etc). Los inspectores de SENASA controlan la mercadería, y parte de ese control implica cotejar que producto este rotulado correctamente. El control en el sitio de exportación, se complementa con análisis de laboratorios rigurosos (los laboratorios vegetal y animal centrales de SENASA son referentes internacionales en un gran número de analitos y se encuentran entre los más grandes y sofisticados del mundo). Los análisis de laboratorio son realizados en general a doble ciego (muestras duplicadas, que se desconoce su procedencia y cull es el duplicado), con lo cual el control el sistema de control es muy exhaustivo. La AFIP por su lado, se limita a cobrar el impuesto correspondiente sobre los certificados que el SENASA emite, ya que el organismo no cuenta con la capacidad ni con la finalidad de evaluar este tipo de productos.
Los exhaustivos controles del organismo, son una parte fundamental del sistema de control, tanto por lo referente a la sanidad, a la calidad como al control del comercio exterior, previniendo subdeclaraciones o declaraciones erróneas de productos. El tiempo en el puerto, mientras se extiende el control, es un costo adicional para los exportadores, y un reclamo histórico, pero es imprescindible para el sistema. Asimismo, el funcionamiento del organismo se enmarca en estándares internacionales, que son difíciles de relajar sin implicar peligro para todo o parte del sistema productivo o de salud. Relajar los controles sobre la exportación de Soja y derivados -la principal exportación- implica también relajar el control sobre posibles fraudes al Estado en relación al comercio exterior.
Considerando todos los potenciales perjuicios que puede acarrear la derogación de la normativa 260/14, y que los sectores a los cuales se beneficia exclusivamente fueron ya los más beneficiados durante el año anterior, el riesgo que se está corriendo no puede ser catalogado de otra manera que irracional.
Transferencia de ingresos
La transferencia de ingresos propiciada por la derogación de la reglamentación N° 260 implica una transferencia de ingresos estimada de 120 millones de dólares, considerando las cantidades exportadas que fueron fiscalizadas por la DTI-DNPV (1), y el cuadro arancelario vigente a enero de 2016. Según la disposición, el monto gravado responde a un monto por tn exportada (un monto que depende del tipo de producto), un monto fijo por tanque y/o bodega ($3000 por bodega y $500 por tanque) y otro monto fijo por tramite el cual incluye la emisión de los certificados fitosanitarios, de calidad y de fumigación el cual asciende a un total de $750 por operación de importación/exportación.
El total recaudado por la inspección de mercadería asciende a poco más de $1.152 millones. Además de la recaudación por la inspección de mercadería, se incluye la inspección de bodegas y tanques. El total recaudado por la inspección de bodegas y tanques se puede estimar en aproximadamente $58 millones.
En definitiva, el total estimado en dólares recaudado por SENASA asciende a $75 millones. Esta transferencia de renta directamente a las cerealeras se suma a los 16 mil millones de dólares correspondientes a la quita de retenciones.
Pérdida de trazabilidad de las exportaciones de granos
El SENASA tiene bajo su órbita, el tráfico federal, importaciones y exportaciones de productos, subproductos y derivados de origen animal, vegetal, agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agro alimentos, fertilizantes y enmiendas. Para esto, el Servicio regula, reglamenta y exige la trazabilidad de los productos. La trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia a ser incorporada en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”. La trazabilidad es una herramienta que nos permite identificar y reconstruir el historial de un producto alimentario reconociendo todas las fases por las que pasa. Tiene dentro de sus objetivos, asegurar la calidad e inocuidad de un producto.
La eliminación de controles y emisión de certificados en el punto de embarque implica una vulneración de la trazabilidad de los productos de origen vegetal exportados por nuestro país. Un efecto de esto primero es la pérdida de valor de las exportaciones, ya que las certificaciones de calidad e inocuidad consisten en un diferencial y un agregado de valor.Si bien los productos que se eximen son commodities y los principales compradores son países como China e India que no tienen requisitos de calidad demasiado relevantes, esto se está produciendo en un contexto en el cual las economías del mundo están volviéndose más cerradas, y la tendencia es a la descomoditizacion, lo cual incrementa el riesgo de perder mercados de exportación. Por otro lado, cabe recordar que el riesgo en relacion a barreras para-arancelarias se incrementa con el desplazamiento de las instituciones de comercio multinacionales. Asimismo, China, tiene antecedentes en la fijación de este tipo de barreras en relación a requisitos de calidad con nuestro país: entre 2010 y 2011 China bloqueo la entrada de aceite de soja aduciendo el incumplimiento de regulaciones sanitarias. La adecuación a estas normativas costo que durante su implementación cayera el ingreso de divisas por este motivo. En un contexto de recesión internacional, además se incrementa el riesgo de ser desplazado por otros proveedores y perder mercados de exportación.
La eliminación de los controles a las bodegas de los barcos cargueros, pone en serios riesgos la salubridad de nuestro país. Potencialmente podrían ingresar plagas y enfermedades exóticas que pueden poner en peligro tanto a la producción vegetal y animal como a la salud humana. Es importante resaltar que por las características del bien en cuestión las tasas recaen íntegramente en el sector agroexortador, por lo cual su quita beneficia también exclusivamente a dicho sector, el cual ya fue muy beneficiado con la quita de retenciones y devaluación. Los riesgos, perjuicios, y costos asociados, al contrario, afectan a toda la economía y sociedad argentina. Existe un antecedente inmediato de esto: en la década menemista, cuando el Servicio de Sanidad estaba manejado por un consejo consultivo que respondía a los intereses de la Sociedad Rural, el Servicio declaro libre de aftosa el territorio argentino sin vacunación. Un brote de aftosa genero perdida de importantes mercados con la consecuente pérdida de empleo y perjuicios para el sector. A partir del 2004 se propiciaron numerosas transformaciones en el servicio tendientes a su profesionalización y autonomía, con el objetivo de adecuación a las normas internacionales vigentes en relación a la calidad, la inocuidad y la salubridad.
Desfinanciamiento del SENASA
Desde el 2004 el SENASA se financia, en igual proporción, con aportes del Tesoro Nacional y con las tasas y aranceles que cobra por sus servicios. La eliminación de la norma 260/14 tiene como efecto directo el desfinanciamiento del Servicio en un mercado cada vez más exigente en materia de calidad e inocuidad. Según indica la página web institucional el servicio “en los últimos años la complejidad de las exigencias en materia de fiscalización y certificación que realiza el SENASA han ido en aumento geométrico, lo que obliga al Organismo a incrementar el número y la capacitación de su personal, incorporar mejor equipamiento, mayor número de acciones de fiscalización, etc. para poder cumplir con ellas con el objetivo de mantener y acrecentar el número de mercados a los que se exporta la producción agroalimentaria de la Argentina”. El relajamiento en materia de calidad y la desfinanciación del servicio es altamente contradictorio con el modelo económico que propone el macrismo. El riesgo al cual expone a la economía y a la salud de los argentinos para entregar un numero irrisoriamente pequeño a un punado de empresas agroexportadoras, en relación a la ingente transferencia de precios que se explica por la quita de retenciones, no hace dudar solamente de la buena fe de los hacedores de política, sino de su cabal racionalidad y entendimiento del funcionamiento del mercado.
Notas al pie
(1) Dirección de Tecnología informática y Dirección Nacional de Producción Vegetal.
(2) El total recaudado por la inspección de bodegas y buques se estima según la cantidad de buques granoleros ingresados en el 2015 en el complejo portuario de Rosario. El total de bodegas asciende a 10860, (63 barcos tipo Capesize con 9 bodegas por barco, 898 Panamax con 7 bodegas, 572 Handimax con 5 bodegas y 551 Handisize con 3 bodegas). Cada bodega tiene una tasa asociada de $3000 y $750 correspondiente a inicio de trámite, inicio de tramite muestra y comercial, certificado fitosanitario, certificado complementario y de fumigación). El resultado se expande al país, considerando que el complejo portuario de Rosario abarca el 70% de las exportaciones de granos y cereales del país.
Sobre este informe
Insituciones autoras: Centro de Economía POlítica (CEPA) e Instituto de Economía Popular (IndEP).
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Alimentos, Macrismo, Exportaciones, Agricultura, Salud, Senasa