8M en perspectiva económica

Publicado el 07 de Marzo de 2025

Desde el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) venimos contribuyendo a la discusión pública incorporando la perspectiva de género a nuestros análisis económicos. Asimismo, nos propusimos construir datos que reflejen las desigualdades económicas que atravesamos las mujeres y diversidades con respecto a los varones. A su vez, pusimos a disposición esos datos en nuestra página web www.centrocepa.com.ar/genero para que puedan ser utilizados para el debate público.

Desde la firme convicción de que es preciso que las políticas públicas se diseñen a partir de reconocer las desigualdades estructurales que nos atraviesan por razones de género, nos proponemos aportar datos concretos acerca de las principales brechas de trabajo, ingresos, de patrimonio y de tiempo de cuidado entre varones y mujeres. Visibilizar estas desigualdades es condición necesaria, pero no suficiente, para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Para ello, en la primera parte de este informe, nos proponemos revisar los datos centrales en el mundo del trabajo y los ingresos, así como también su contracara, las desigualdades estructurales en la distribución de las responsabilidades del cuidado. En ese sentido, analizamos la evolución por género de las tasas de actividad, de desocupación, de desocupación joven, de informalidad, entre otras. En materia de ingresos, medimos las brechas salariales y sus diferencias entre trabajadoras/es formales e informales, así como la vinculación con los sectores de actividad en los que se insertan mujeres y varones. En suma, aportamos datos que permiten explicar la feminización de la pobreza. Las últimas estadísticas disponibles datan del tercer trimestre de 2024.

En segundo lugar, analizamos la contracara de la feminización de la pobreza: la subrepresentación de las mujeres en los impuestos que gravan la riqueza. Así, nos acercamos a los datos que dan cuenta de la brecha patrimonial y la masculinización de la riqueza: las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.

En la tercera parte del informe, nos adentramos en el análisis de la política económica impulsada por el nuevo gobierno a través de la ejecución presupuestaria. Así, relevamos aquellos programas presupuestarios que hasta el año pasado estaban etiquetados con perspectiva de género para analizar su ejecución en 2024.

Por último, nos adentramos en las consecuencias sobre las mujeres y diversidades que tienen las políticas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei en general, y el desmantelamiento de las políticas de género en particular.

1. Brechas de trabajo(s) e ingresos

1.1. Actividad económica, desocupación e informalidad al tercer trimestre de 2024

Utilizando los últimos datos publicados de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) disponibles al tercer trimestre del 2024, para los 31 aglomerados urbanos, analizaremos la evolución de las brechas de género que caracterizan al mercado de trabajo, tanto en el acceso al empleo como en la calidad del trabajo al cual se accede[1]. Los indicadores desarrollados a continuación, como la tasa de actividad, de desocupación, de informalidad, los ingresos, los sectores de actividad, permiten dar cuenta de profundas y persistentes desigualdades en función del género.

Un primer indicador a analizar es la tasa de actividad. Ésta mide qué porcentaje de la población -entre 14 y 64 años- se encuentra trabajando de forma remunerada o buscando trabajo remunerado. Tanto la tasa general, como la de varones y mujeres registraron un leve descenso (-0,2 puntos porcentuales) respecto al mismo trimestre del año anterior.

La tasa de actividad general se ubicó en 60,9%. La tasa de actividad de las mujeres se ubicó en 52,1% y 70,5% para los varones. Con esto, la brecha se ubicó en 18,4 puntos porcentuales. Es importante destacar que la tasa de actividad de mujeres continúa en niveles históricamente altos (el segundo mayor registro desde 2016).

Durante el tercer trimestre de 2024, la actividad económica registró una caída de 2,1% con respecto al mismo trimestre de 2023. Como resultado de esta caída en la actividad económica y la falta de políticas públicas para generar empleo, la tasa de desocupación tuvo un incremento de 1,2 p.p. con respecto al tercer trimestre de 2023. La tasa a nivel general fue de 6,9% en el tercer trimestre de 2024, interrumpiendo el sendero a la baja que se observaba desde 2021.

Este deterioro en el empleo, a su vez, tiene un mayor impacto en la población de mujeres que en los varones. La tasa de desocupación en mujeres aumentó 1,6 p.p. (7,9% en el tercer trimestre 2024) mientras la misma tasa en varones aumentó 0,9 p.p. (6,2%). Con esto, se profundizó la brecha entre varones y mujeres, ubicándose en 1,7 p.p.

Como remarcamos en informes anteriores[2], el deterioro de las condiciones del mercado de trabajo afecta de manera desigual a la mujeres y varones. Cuando existe un aumento en la tasa de desocupación como se puede observar durante el último año, las principales afectadas por esta situación son las mujeres y diversidades.

Asimismo, el impacto es desigual en los distintos rangos etarios. Cuando miramos el aumento en la desocupación en mujeres y varones jóvenes, de entre 14 y 29 años, es significativamente mayor que el nivel general. La tasa de desocupación para jóvenes durante el período bajo análisis fue de 14,7%, casi 8 p.p. por encima del total de la población y 2,4 p.p. mayor al tercer trimestre de 2023.

Adicionalmente, la brecha de género se profundiza aún más en el caso de la población joven. La tasa de desempleo de los varones y las mujeres jóvenes (entre 14 y 29 años) fue de 13,6% y 16,1%, respectivamente, estableciéndose una brecha de 2,5 p.p. En el último año, se incrementó 1,7 p.p. la desocupación en varones jóvenes y 3,4 p.p. la desocupación en mujeres jóvenes.

Como es de esperarse, el deterioro del mercado laboral también impacta en la registración. Durante el tercer trimestre de 2024, la tasa de informalidad aumentó casi 1 p.p. con respecto al mismo período de 2023, al ubicarse en 36,7%. Tal como observamos con los anteriores indicadores, la tasa de informalidad de las mujeres es mayor que la de los varones y se observa una profundización de la brecha.

La tasa de informalidad de las mujeres fue del 38,7%, con un incremento de 1,3 p.p, mientras que en los varones fue de 35,0% (+0,5 p.p.), lo que significó un aumento de la brecha de informalidad (3,7 p.p en 2024 vs. 2,9 p.p en 2023).

1.2. Brechas de ingresos en el tercer trimestre de 2024

Para este apartado, tomamos los dichos del Presidente Javier Milei en el último Foro de Davos, el 23 de enero de 2025, como punto de partida. Durante su discurso, Milei sostuvo lo siguiente en relación a la brecha de ingresos:

Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres.[3]

En este punto, es necesario hacer una aclaración sobre la medición de la brecha salarial de género. La brecha de ingresos es la diferencia entre la masa salarial promedio de las mujeres y la masa salarial promedio de los varones. Es decir, nos muestra el agregado de salarios (cantidad de horas promedio multiplicado por valor hora promedio) en el mercado de trabajo, no los salarios por tarea o trabajo puntual como remarca el Presidente en su discurso, si bien existen estudios puntuales que incluso demuestran que por fuera de los convenios colectivos de trabajo, este tipo de desigualdad también opera.

Hecha esta aclaración, la brecha salarial surge como correlato de la desigualdad en el acceso al mercado laboral entre los varones y las mujeres. Justamente, la desigualdad en la posibilidad de acceder al mercado laboral, la menor registración en el trabajo, el mayor empleo de mujeres en sectores de menor salario (segmentación horizontal o paredes de cristal) y la dificultad para acceder a puestos jerárquicos (segmentación vertical o techo de cristal) contribuyen a la brecha salarial que se sostiene en el tiempo. A su vez, esta brecha suele profundizarse cuando hay una caída en la actividad económica.

Como venimos desarrollando, la brecha entre varones y mujeres se profundizó en el último año y el caso de la brecha salarial no escapa a esta tendencia. Para medirlo, podemos utilizar dos indicadores. El ingreso personal corresponde a la sumatoria de ingresos laborales y no laborales para cada individuo mientras que el ingreso por la ocupación principal corresponde al ingreso laboral de la principal ocupación de la persona.

La brecha en los ingresos personales creció 1,3 p.p. con respecto al mismo trimestre de 2023, alcanzando 27,7%. Por otro lado, la brecha en el ingreso por la ocupación principal, que suele ser menor a la de ingresos personales, aumentó 5,1 p.p. y alcanzó el mismo nivel que la otra brecha (27,7%), marcando el punto máximo de la serie. Es decir, lo que se profundizó mayormente fue la brecha en los salarios que se pagan en el mercado laboral.

Ahora bien, cuando se observan las brechas de ingresos distinguiendo formales e informales, se evidencia que la formalidad del empleo garantiza no sólo el acceso a la seguridad social sino también a mejores ingresos y a una menor desigualdad salarial entre varones y mujeres. Durante el tercer trimestre de 2024, la brecha de ingresos al interior del trabajo formal fue de 21,4%, mientras que asciende a 33,3% entre las y los informales. Ambos indicadores mostraron un incremento considerable con respecto al mismo trimestre de 2023 (+5,7 p.p. y +8,5 p.p. respectivamente).

Las desigualdades salariales se explican en parte por los sectores de actividad en los que mujeres y varones se insertan. Los datos dan cuenta de una sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores de salarios más bajos y menor participación en los sectores de salarios más altos.

Por ejemplo, en el sector de trabajo en casas particulares, que posee uno de los menores salarios de la economía, además de una alta tasa de informalidad, las mujeres representan el 95,2% del total de personas que se dedican a esta actividad. En las actividades de enseñanza y salud, también las mujeres están sobrerrepresentadas (72,6% y 71,3% respectivamente).

Por el contrario, en sectores de buenos salarios, como industria y minería, las mujeres sólo representan el 25,5% y 9,4% respectivamente.

Las desigualdades sectoriales y jerárquicas, conjuntamente con la mayor tasa de desocupación, la menor tasa de actividad y la menor cantidad de horas de trabajo remunerado, que veremos con mayor detalle en el apartado siguiente, implican menores ingresos para las mujeres. Por ello, cuando analizamos la distribución de ingresos en la sociedad, las mujeres están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos.

Esto es, si observamos la décima parte de la población con ingresos más bajos (el decil 1), encontramos que el 61,4% son mujeres. A mayores ingresos, las mujeres van perdiendo peso relativo, hasta observar el otro extremo de la pirámide: en el decil de mayores ingresos (decil 10), sólo el 35,0% son mujeres. Por eso, en la literatura especializada, hablamos de feminización de la pobreza y masculinización de la riqueza, conceptos que serán retomados a lo largo de todo el informe.

1.3. Desigualdades en los tiempos de trabajo(s)

Un factor explicativo central de las desigualdades en el acceso al mercado de trabajo y por ende a los ingresos, se vincula con las necesidades de cuidado. La contracara en la desigualdad en el trabajo es la desigualdad en el cuidado.

Al año 2021 (último dato disponible), el 40% de los hogares en Argentina tiene al menos una persona demandante de cuidado[4], y en particular el 85,6% de esos demandantes son menores de 13 años. Ahora bien, ¿de qué manera se distribuyen las tareas de cuidado no remuneradas entre las personas que conforman los hogares? Esta distribución tiene impacto directo en la posibilidad de insertarse (o no) en el mercado de trabajo.

A partir de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), se puede analizar la distribución de las horas diarias dedicadas por persona a las diversas actividades que componen el trabajo, incluyendo el “trabajo en la ocupación” y el “trabajo no remunerado” (TNR)[5]. En este sentido, encontramos diferencias significativas según género[6]: las mujeres destinan en promedio cuarenta y tres (43) minutos más a trabajar (incluyendo ambas actividades que demandan trabajo) que sus pares varones, siendo el promedio de horas diarias destinadas al trabajo total nueve horas y veintiún minutos (9:21) para las mujeres, y de ocho horas y treinta y ocho minutos (8:38) para los varones. Cabe aclarar, que se utilizó el “Tiempo con Simultaneidad” para calcular el promedio de horas diarias[7].

Este dato corresponde al total nacional, pero es importante resaltar que las horas por género de los componentes de trabajo total se mantienen de manera bastante homogénea en cada una de las seis regiones analizadas.

La diferencia en las horas totales de trabajo surge principalmente por la brecha en las horas dedicadas al trabajo no remunerado, donde las mujeres a diario destinan en promedio seis horas y media (6:32 horas) en comparación a las tres horas y cuarenta minutos (3:40) de los participantes varones. Es decir, hay una brecha de casi tres horas (2:51 horas) en promedio entre varones y mujeres en la dedicación diaria a las tareas de trabajo no remunerado.

Esto tiene, a su vez, implicancias en la inserción en el mercado de trabajo remunerado. Mientras los varones dedican nueve horas (9:07), las mujeres, siete horas y media (7:35). Es decir, los varones dedican al trabajo remunerado 1:32 horas diarias más que las mujeres en promedio.

Las brechas se profundizan en aquellos hogares que tienen demandantes de cuidado. Las horas promedio destinadas al TNR se ubican en nueve horas (8:59) en mujeres y apenas cuatro horas y media (4:36) en varones, incrementando la brecha de TNR a cuatro horas y media (4:23), mientras que en hogares sin demandantes de cuidado la brecha es tres horas menor (1:30 hora).

Aún más, en aquellos hogares que tienen más de 4 demandantes de cuidado, las horas promedio dedicadas al TNR se incrementan independientemente del género, pero no con la misma intensidad: mientras alcanzan poco más de trece horas (13:06 horas) promedio para las mujeres, sólo ascienden a casi cinco horas (4:54 horas) para los varones que participan de estas tareas, aumentando la brecha a más de ocho horas (8:12 horas).

En este tipo de hogares, hay una diferencia relevante en las horas que destinan varones y mujeres en su ocupación laboral alcanzando las cinco (5:19) horas, dado que las mujeres dedican en promedio cinco (5:04) horas diarias y los varones más de diez (10:23) horas. Esto significa que, frente a una mayor necesidad de cuidado en un hogar, las mujeres son quienes garantizan la cobertura a través de la dedicación de más horas de tareas no remuneradas y menor inserción en el mercado de trabajo remunerado.

Esta mayor carga de tareas de trabajo no remunerado sobre las mujeres que se observa en términos generales, se profundiza en aquellos sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad. Esto se asocia a una menor capacidad de tercerizar servicios de cuidado, lo que reduce a su vez las posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Esto se comprueba cuando se analizan los datos de tiempo de trabajo(s) incorporando la variable de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)[8].

Si se observan los datos de horas promedio por persona para los hogares con NBI, encontramos una agudización de los fenómenos que venimos describiendo. En las horas promedio de trabajo total, las mujeres registran una hora y media (1:34) diaria más que los varones, superior a la diferencia que se anota para el total de los hogares (unos cuarenta minutos -0:43 horas-). Los efectos negativos en el mercado laboral remunerado son mayores: las mujeres dedican dos horas y cuarenta minutos (2:40) menos que los varones en su inserción laboral y absorben más de cuatro horas (4:10) más en el trabajo no remunerado.

De esta manera, queda reflejado cómo la desigualdad en la distribución del TNR hacia el interior de los hogares, no es ajena a las desigualdades sociales sino todo lo contrario. Por este motivo, resulta fundamental pensar estas problemáticas de manera interseccional para diseñar políticas que promuevan una solución integral que considere todas las dimensiones de la desigualdad. Los valores analizados aquí muestran poca variación respecto de los datos que había arrojado el módulo de EPH sobre uso del tiempo precedente, del año 2013, también a cargo del INDEC. Ello revela la rigidez que posee el reparto de tareas de cuidado y la necesidad de implementar políticas específicas que aborden el fenómeno.

La desigual distribución de las tareas de cuidado y su contracara, la desigual inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, explican la brecha de ingresos que describimos anteriormente. A nivel agregado, esto se refleja en la distribución de los deciles de ingresos en función del género.

2. Brecha impositiva: la otra cara de la desigualdad de ingresos

La desigualdad en el acceso al mercado laboral -y su correlato en los ingresos- entre mujeres y varones encuentra su reflejo en el sistema impositivo. Al analizar en clave de género los impuestos más progresivos -es decir, aquellos que gravan más a quienes más tienen-, se observa que la riqueza se encuentra fuertemente masculinizada.

En cambio, la feminización de la pobreza -esto es, la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de menores ingresos-, implica una mayor carga/presión tributaria sobre las mismas vía impuestos regresivos.

En esta sección del informe analizaremos las desigualdades de género desde la perspectiva tributaria centrándonos en evaluar cuál es la participación de las mujeres en el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias. Nuevamente, la distinción es binaria (mujer/varón) porque es la manera en que se presenta la información de las distintas bases estadísticas. El último dato disponible, a su vez, corresponde al año fiscal 2022.

2.1. Impuesto a los Bienes Personales

El Impuesto a los Bienes Personales se aplica sobre la valuación total del patrimonio para cada ejercicio fiscal. Para el período fiscal 2024, el monto mínimo no imponible alcanza los $293 millones. Es decir, superado ese monto, una persona debe pagar una alícuota establecida según el rango de sus valores patrimoniales.

El impuesto alcanza a todo tipo de bienes, como inmuebles, automotores, naves y aeronaves, depósitos de dinero, títulos y acciones en el país y en el exterior, bienes muebles, etc. La valuación de esos bienes también es diversa y se establece en la letra de la ley, siendo algunos a valor de mercado y otros próximos al valor de compra o el valor fiscal.

Hasta el período fiscal 2022, las alícuotas iban de un mínimo de 0,50% a 1,75%. A su vez, si los bienes estaban situados en el exterior, se abonaba un diferencial (en la tabla 1, resaltados con negrita) y la alícuota ascendía a un máximo de 2,25%.

Sin embargo, a través de la Ley 27.743 (conocida como el “paquete fiscal” que se aprobó junto con la Ley “Bases” 27.742), el gobierno de Milei introdujo modificaciones de carácter regresivo sobre el Impuesto a los Bienes Personales. Así, se eliminará paulatinamente el esquema de alícuotas progresivas, llegando en 2027 a una única alícuota de 0,25% sobre el valor de los bienes que exceda el mínimo no imponible.

Además, se eliminó el diferencial en las alícuotas para bienes situados en el exterior -previo a la Ley Bases iban desde 0,70% a 2,25%-, unificando ambas escalas hasta llegar al mismo esquema en 2027. Es decir, de un máximo de 2,25% se bajó a 0,25%, y no se penaliza la tenencia en el exterior.

Por otra parte, se introdujo el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto los Bienes Personales (REIBP) para abonar de forma anticipada los períodos fiscales desde 2023 a 2027, con una alícuota de 0,45%[9] (inferior al primer escalón que regirá hasta 2026) y estabilidad fiscal hasta el año 2038. Esto significa que, pagando por adelantado los 5 años de Bienes Personales, cuentan con una alícuota diferencial, no abonan por el incremental de su patrimonio y, desde el 2028 al 2038, seguirán pagando una alícuota máxima de 0,25% sin importar si se introducen modificaciones al impuesto. De esta manera, condicionan la política tributaria -y la recaudación- de futuros gobiernos. Además, la alícuota máxima de 0,25% no es sólo para el Impuesto a los Bienes Personales sino a cualquier tributo nacional que se cree y que grave los activos del contribuyente (por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas).

En definitiva, las modificaciones introducidas en la Ley 27.743 no sólo implican una rebaja impositiva que alcanza a un selecto grupo de aproximadamente 400 mil contribuyentes, sino que, dentro de ese grupo, beneficia principalmente a aquellos de mayor patrimonio -mayormente varones, como veremos a continuación- y con patrimonio en el exterior.

Considerando la información publicada por AFIP para el ejercicio fiscal 2022 del Impuesto a los Bienes Personales, se construyó lo que denominamos brecha patrimonial, esto es, la desigual distribución de la propiedad entre varones y mujeres.

La cantidad absoluta de mujeres alcanzadas por el impuesto para dicho año sumó 134.055 casos. En términos absolutos, el número representa a casi la mitad de la cantidad de varones (que ascendieron a 274.939). Es decir, al año 2022, del total de las personas alcanzadas por el impuesto, el 32,8% corresponde a mujeres y el 67,2% a varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios en función del género. Si bien desde el 2009 la participación de las mujeres viene incrementándose (era de 25,6%), aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones.

Durante 2022, las mujeres mantuvieron la participación del año 2021. Es decir, siguen representando un tercio de las personas titulares del Impuesto a los Bienes Personales.

Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes alcanzados por el impuesto en posesión de los varones respecto de las mujeres. Al año 2022, sobre el valor total de los bienes declarados, el 70,9% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 29,1%.

Es decir, no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del Impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad. En otras palabras, los bienes de las mujeres en promedio valen menos que los de los varones.

2.2. Impuesto a las Ganancias

Las brechas salariales entre varones y mujeres se explican, fundamentalmente, por las desigualdades en los niveles de actividad (es decir, la medida en que las mujeres participan dentro del mercado laboral), la feminización (y masculinización) de determinados sectores y los niveles monetarios que obtienen en ellos. La tributación del Impuesto a las Ganancias refleja la desigualdad en estos niveles monetarios, ya que este impuesto se aplica sobre las ganancias de cualquier persona física, empresa o entidad legal.

En principio, cabe aclarar que se consideran ganancias a los rendimientos, rentas o enriquecimientos producidos por una fuente permanente, por las sociedades comerciales y empresas unipersonales. También se considera ganancia los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles y los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.

En este sentido, el Impuesto a las Ganancias se puede dividir en cuatro categorías, de acuerdo de donde proviene la ganancia:

Ganancia de primera categoría: corresponde a las ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales;
Ganancia de segunda categoría: corresponde a los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc;
Ganancia de tercera categoría: corresponde a las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales;
Ganancia de cuarta categoría: son las ganancias obtenidas por el trabajo personal.

Durante el período fiscal 2022, las declaraciones juradas de Ganancias con ingreso gravado presentadas alcanzaron 875.122 casos, de las cuales 612.938 corresponden a varones (70,0%), mientras que 262.184 pertenecen a mujeres (apenas un 30,0%).

Tal y como fuera señalado en nuestros informes anteriores (CEPA, 2022 y 2023), al observar los ingresos sobre los cuales se tributa efectivamente el Impuesto a las Ganancias, esta brecha se profundiza. De acuerdo a los datos fiscales de 2022, los varones explican un 75,4% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres explican apenas un 24,6%. Es decir, la desigualdad de ingresos que observamos en el mercado laboral en su conjunto, se replica en aquellos ingresos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Existe una brecha significativa en el acceso a los puestos laborales que registran mayores ingresos y que tributan Impuesto a las Ganancias. La desigualdad en la inserción de las mujeres al mercado laboral no mejora al interior de los mayores ingresos del mercado laboral, sino que se refleja también en los mismos.

Nuevamente, al observar la serie histórica de la distribución entre mujeres y varones en lo que corresponde al pago del Impuesto a las Ganancias, la brecha en la participación entre los géneros tiene variaciones poco significativas en el período señalado (2009-2022), manteniéndose en 70%-30% de varones y mujeres respectivamente, al igual que sucede con el Impuesto a los Bienes Personales.

En promedio, entre 2009 y 2022, los varones explican un 70,7% de las presentaciones con ingresos gravados y un 76,0% de los ingresos gravados. Esto es, las mujeres que realizaron presentaciones para el Impuesto a las Ganancias explican apenas un 29,3% promedio y un 24,0% de los ingresos gravados para el período entre 2009 y 2022. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la participación de las mujeres en el Impuesto a los Bienes Personales, en el Impuesto a las Ganancias su participación no presenta un crecimiento sostenido.

Tanto en términos patrimoniales (Bienes Personales) como en términos de ingreso (Ganancias), se evidencia una clara asimetría entre varones y mujeres. Esta brecha es la contracara de, entre otras cosas, la desigual trayectoria en el mercado laboral que atraviesa a mujeres y diversidades. En ese sentido, las reformas impositivas de carácter regresivo impulsadas por el gobierno nacional no hacen más que profundizar las brechas de desigualdad existentes.

3. Presupuesto con Perspectiva de Género: ni una cosa ni la otra

Durante 2024, el gobierno nacional trabajó en base al presupuesto 2023 prorrogado, manejando discrecionalmente los destinos de la recaudación y de las partidas. En ese contexto, procedió a hacer desaparecer no sólo la identificación de las actividades que tenían perspectiva de género o reducían brechas de desigualdad, sino fundamentalmente a las políticas en sí mismas. Es decir, buscó al mismo tiempo desarmar las políticas y la herramienta de transparencia usada para identificarlas y monitorearlas: que nadie se entere, que nadie pregunte. En este apartado analizamos la ejecución durante 2024 de los programas con mayor peso relativo en el Presupuesto con Perspectiva de Género 2023, clasificándolos en función de las brechas que contribuyen a reducir.

El discurso antifeminista y homofóbico del gobierno nacional se traduce en acciones concretas, destruyendo las políticas creadas para mitigar las desigualdades de género estructurales. Desde 2019 y hasta 2024, esas políticas se encontraban destacadas en el Presupuesto con la etiqueta “Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad” (en adelante PPGyD), y podían ser monitoreadas por la ciudadanía a través del portal Presupuesto Abierto[10].

A partir de la llegada de LLA al gobierno nacional, se cambiaron nombres de programas y jurisdicciones responsables de la ejecución de los mismos, se recortaron las partidas correspondientes, y hubo numerosos despidos en áreas idóneas. Todos esos elementos atentan contra la posibilidad de analizar rigurosamente los gastos del Estado en materia de reducción de desigualdades de género, redundando en una menor transparencia. A partir del ejercicio 2025, la herramienta del etiquetado del Presupuesto con Perspectiva de Género directamente dejó de utilizarse. A su vez, se prorrogó nuevamente el Presupuesto, con lo cual el Ejecutivo sostendrá su discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

En 2024, se etiquetaron 34 programas como PPGyD, por un total de $22.025.306 millones, a valores de diciembre 2024 (esto es, un 16% del gasto total). Si comparamos lo ejecutado en 2024 respecto a 2023, en términos reales, el gasto etiquetado como PPG se redujo 21,0% interanual.

3.1. Programas que contribuyen a reducir brechas de ingresos

En este grupo se encuentran las políticas más significativas del PPGyD, tanto por la magnitud del gasto como por el hecho de que reducen una brecha clave en momentos de derrumbe de los ingresos de las trabajadoras. Aquí se incluyen: Moratoria Previsional, Pensiones No Contributivas para Madres de 7 o más Hijos, Prestación Alimentar y la Asignación Universal para Protección Social.

En conjunto, estos programas representaban el 83,4% del gasto etiquetado como PPG en 2023. Por lo tanto, la evolución de los mismos es representativa del recorte efectuado en políticas con perspectiva de género.

En 2024, la partida que mayor caída exhibió en términos reales fue la de las pensiones no contributivas (-21,9% interanual), seguida de la correspondiente a las jubilaciones y pensiones adquiridas mediante moratorias previsionales (-16,8% interanual). La Tarjeta Alimentar perdió 1,2% interanual, mientras que la AUH incrementó su ejecución 38,7% interanual.

En el caso de la moratoria previsional, la ley que la regula tiene vigencia hasta marzo de 2025 y, según confirmó el titular de ANSES, Mariano De Los Heros, “no es voluntad del gobierno su prórroga”[11]. Por lo tanto, quienes no tengan los años de aportes necesarios para jubilarse sólo tendrán acceso a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), como veremos en el apartado siguiente.

3.2. Programas que contribuyen a reducir brechas laborales

Bajo esta categoría, el programa más relevante en términos de presupuesto es el Potenciar Trabajo (en 2023 representaba el 13,4% del gasto etiquetado como PPGyD). Además, se incluye el programa Registradas -incentivos a la formalización del empleo en casas particulares- y el Potenciar Inclusión Joven -ayuda económica a jóvenes de 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad que participen de un proyecto productivo o social-.

En 2024, estos programas sufrieron recortes en términos reales de entre 81,0% y 100%, es decir, prácticamente desaparecieron. A esos datos alarmantes de recorte, en algunos casos total, el gobierno le sumó la estigmatización en el discurso oficial para con las personas beneficiarias de estos programas y la política represiva del Ministerio de Seguridad en las protestas[12].

En el caso del programa Registradas, la política implementada en septiembre de 2021 vencía en diciembre de 2023 y el gobierno nacional decidió no renovarla. Se trata de un sector altamente feminizado y subregistrado que, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), acumula a noviembre de 2024 una pérdida de 15.748 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei. Igual suerte corrió el programa Potenciar Inclusión Joven que se encuentra discontinuado.

En cuanto al Potenciar Trabajo, la caída responde, por una parte, a las bajas efectuadas, pero, sobre todo, a la licuación de su monto. Al asumir el nuevo gobierno, la prestación correspondía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Sin embargo, se decidió desengancharlo y congelarlo en $78.000, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo que desarrollaremos en el apartado siguiente.

3.3. Programas destinados a la protección de víctimas de violencia de género

Así como el Presupuesto no es neutral en términos de género, tampoco lo es el ajuste, que aumenta los riesgos para mujeres y diversidades de padecer situaciones de violencia por motivos de género, y dificulta aún más la posibilidad de salir de ellas.

En 2024, los principales programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género fueron sumamente ajustados. Los fondos destinados al patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual fueron recortados a cero (-100,0%), las partidas dedicadas a las víctimas de trata se redujeron 87,7% interanual, similar al Programa Acompañar (-87,6%). La línea 144 sufrió un recorte de 61,1% y la Ley Brisa de 1,7%. Sin embargo, el programa de protección a víctimas aumentó 23,8%.

El derrumbe del Programa Acompañar se debe, por un lado, a la licuación de su valor de referencia, esto es, el Salario Mínimo Vital y Móvil. Por otro lado, se redujo sustancialmente el número de altas al programa: según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2024 se redujeron en un 98,6% las altas otorgadas en relación al mismo período de 2023. Mientras que entre enero y marzo de 2023 se había brindado la prestación a 34.229 mujeres y diversidades, en el mismo período de 2024 se otorgaron 471.

A su vez, en agosto de 2024, el programa fue modificado a través del Decreto 755/2024. Se redujeron de 6 a 3 los meses de cobro, y se incluyó como nuevo requisito haber realizado la denuncia judicial o policial. Esto resulta sumamente expulsivo y atenta contra la evidencia construida en materia de violencia de género.

Otra dimensión muy grave de la violencia por razones de género tiene que ver con la difusión de mensajes homofóbicos, transfóbicos y lesbofóbicos. Estos discursos se traducen en casos de violencia física concretos. Uno de los sucesos más espeluznantes ocurrió en mayo de 2024, cuando Justo Fernando Barrientos atacó a cuatro mujeres lesbianas que vivían en una pensión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arrojando una bomba molotov a su habitación y provocando la muerte de tres de ellas.

3.4. Programas que contribuyen a reducir brechas de salud

Según la Organización Mundial de la Salud el género es un factor determinante en las inequidades sanitarias (OMS, 2018). El género influye en la salud y en el bienestar en tres ámbitos:

Los determinantes de la salud relacionados con el género, incluida la interacción con otros determinantes sociales y estructurales;
Las conductas individuales vinculadas al cuidado de la salud en función del género;
La respuesta del sistema de salud en función del género.

En esta categoría de programas incluimos: el Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (cuya ejecución cayó 98,7% en 2024), el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, que fue prácticamente desmantelado (-93,9% de ejecución interanual en 2024), la distribución de preservativos y medicamentos para la IVE (73,9% menos de ejecución interanual) y el tratamiento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (-56,3% de recursos en 2024). El programa 1.000 días fue el único que incrementó su presupuesto (+202,7%).

La situación en la Dirección de VIH y enfermedades de transmisión sexual es crítica: el gobierno nacional decidió no renovar 1.400 contratos que finalizaban el 31 de enero de 2025, lo que resultó en el despido del 40% del personal. Se trata, ni más ni menos, de la Dirección responsable de llevar adelante las políticas públicas relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La pérdida de personal capacitado y experimentado en esta área puede debilitar aún más la respuesta contra estas enfermedades, que ya se recortó 56,3% en términos reales en 2024[13].

La Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150), sancionada en el año 2006, establece que todos los educandos, de todos los niveles educativos, tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral. Pocas normativas han sido tan vilipendiadas por el gobierno de LLA como la ESI. Al mismo tiempo que incumplen con la normativa desfinanciando los programas que trabajan en su implementación, incurren en el adoctrinamiento bajo otros paradigmas, violatorios de derechos internacionalmente consagrados: en octubre de 2024, Mariana Carbajal denunció en Página 12 la contratación por parte del Ministerio de Capital Humano de “una ONG chilena que promueve la abstinencia sexual”[14].

3.5. Programas que contribuyen a reducir brechas de cuidados

La asimetría existente entre varones y mujeres en la distribución del tiempo de cuidado, y su contracara, la desigual inserción al mercado laboral, que analizamos en apartados anteriores, torna especialmente relevante la participación del Estado en la distribución de los cuidados. La construcción y mantenimiento de jardines de infantes y de centros de desarrollo infantil -enmarcadas dentro de los programas “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes” e “Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria”- forman parte de las acciones encaminadas a aumentar la participación del Estado en dicha distribución. Estos programas sufrieron recortes de entre 99,5% y 82,6% interanual en 2024.

El ajuste en estos dos programas se enmarca en la paralización de la obra pública a nivel nacional, una decisión que no sólo trajo como consecuencia la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo (-67.957 asalariados registrados privados en el rubro construcción entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024), sino que, además, se traduce en una profundización de las desigualdades estructurales existentes.

Otro de los nichos de ajuste que agravan la brecha de tiempo y cuidados es el incumplimiento por parte del Ministerio de Capital Humano en la entrega de alimentos para comedores y merenderos comunitarios de todo el país. Desconociendo decisiones judiciales[15] y con un trato absolutamente inhumano hacia quienes gestionan estos espacios comunitarios, se debilita el tejido que organiza socialmente una tarea que, de manera privada, se vuelve insostenible.

3.6. Transversalización de la Perspectiva de Género en el Estado

La principal política de transversalización de la perspectiva de género en el Estado Nacional es la Ley Micaela (Ley 27.499), sancionada a fines de 2018. La misma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación[16]. La Ley Micaela no registra ejecución en 2024 en tanto no se realizó, a nivel nacional, ninguna capacitación ni actividades de formación vinculadas a la materia.

Otra de las políticas importantes para transversalizar la perspectiva de género en el Estado es, por supuesto, el PPGyD. Como detallamos al principio de este apartado, la herramienta fue desgranada durante 2024 (y la Dirección de Economía, Igualdad y Género eliminada) y finalmente disuelta en 2025.

4. Las políticas de Javier Milei

Con el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, se eliminan muchas políticas que tenían como objetivo abordar las desigualdades de género que se expresan en los distintos ámbitos de la vida cotidiana de mujeres y diversidades en nuestro país. Junto a las políticas específicas del Ministerio, se eliminan otras áreas de género como por ejemplo dentro del ex Ministerio de Obras Públicas o del de Economía.

Además de la eliminación de las áreas específicas, nos interesa poder analizar el sesgo de género que tienen las medidas tomadas desde el gobierno nacional. Como vimos en los apartados anteriores, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas entre la población más pobre, son las que sufren más el desempleo, están mayoritariamente a cargo de las tareas de cuidado, y por eso recae en ellas en mayor medida el peso de la crisis. Nos proponemos analizar algunas de estas medidas y su impacto en la vida de las mujeres.

4.1. Actividad económica, licuación de ingresos y pérdida de puestos de trabajo

El ritmo de la inflación del primer trimestre del gobierno de Milei fue voraz. Con un 25,5% en diciembre, un 20,6% en enero y 13,2% en febrero, se acumuló más de 71% de inflación, contra salarios, jubilaciones y prestaciones sociales que crecieron muy por debajo de ese nivel.

A la importante pérdida del poder adquisitivo de este primer trimestre, se le suma la absoluta desregulación sobre los servicios esenciales. Esto es producto de una serie de medidas tomadas desde el gobierno nacional, especialmente a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que retira al Estado de su rol de regulador en múltiples esferas de la vida. Por ejemplo, permite que las prepagas puedan aumentar sin límite alguno; elimina la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas que garantizaban herramientas para controlar precios y disponibilidades en los supermercados[17]. A su vez, se avanzó con la quita de subsidios al transporte público, impactando en el precio del boleto de colectivo y tren, al mismo tiempo que se permitió que las petroleras aumenten sin límite el precio de las naftas.

Estas medidas se combinaron con otras decisiones de política económica como la devaluación (el tipo de cambio subió 118%) y la suba del impuesto país, que encarecieron los productos importados. Los aumentos de precio no sólo fueron especialmente importantes en sectores sensibles, sino que además, repercutieron con mayor profundidad en los productos más consumidos por las clases populares.

En conjunto, estas medidas deprimieron la actividad económica, que si bien impacta sobre toda la población, al tener las mujeres mayor representación entre la población más pobre, tener una mayor participación en las tareas de cuidado, y tener trabajos más precarios, informales y más sensibles a las coyunturas de crisis, son las primeras y las más perjudicadas por las políticas recientes.

Una primera aproximación a este fenómeno se puede ver en la cantidad de puestos asalariados registrados en el trabajo en casas particulares, rubro altamente feminizado (como vimos, al tercer trimestre de 2024, el 95,2% de quienes realizan este trabajo son mujeres). Con la caída en la actividad económica, podemos observar cómo los puestos de trabajo son sensibles a esta retracción, como consecuencia de ser una de los primeros rubros que las familias recortan.

En comparación con noviembre de 2023, un año después, se registran un total de 15.748 puestos de trabajo doméstico menos (-3,4%). Si bien desde la pandemia, la registración en este tipo de trabajo ha decaído, desde la asunción de Milei, la tendencia se aceleró.

Respecto al trabajo en casas particulares, hay que mencionar también que el Programa Registradas, que buscaba promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género, fue dado de baja por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023.

A su vez, si analizamos la evolución del valor hora de este sector, encontramos que en 2022 y 2023, pese a la alta inflación, la capacidad de compra de dicho valor hora venía empatando y por momentos mejorando. Sin embargo, a partir de la asunción del nuevo gobierno y la escalada inflacionaria ya descripta, se produjo una caída de casi 30 puntos en tan solo 3 meses.

Con la desaceleración de la inflación, el salario de casas particulares pudo recuperar sólo una parte de lo perdido. Así, a enero de 2025, el poder adquisitivo del salario se ubica 21,8% por debajo de noviembre de 2023. Por su parte, el promedio de 2024 cerró 20,2% por debajo del promedio 2023.

Otro rubro que en nuestro país está altamente feminizado es el trabajo docente, principalmente en los niveles inicial, primario y secundario. Las mujeres representan el 77,36% del personal docente en educación inicial, primaria y secundaria. Sobre este sector impactó fuertemente la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La eliminación de este Fondo tuvo un impacto muy importante en los ingresos de la población docente, ya que éste estaba destinado a abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidaba mensualmente. En promedio, representaba un 12% del salario docente.

La incidencia que representaba el FONID en cada Provincia presenta variaciones. En aquellas provincias con valores del salario docente más bajos, el monto percibido por FONID tenía un peso relativo mayor en la composición del salario. Por ejemplo, en la Provincia de Santiago del Estero, el monto recibido por FONID de un docente representaba el 20,3% del salario. Si bien algunas provincias pudieron afrontarlo con fondos propios, no fue generalizado y su sostenibilidad a mediano plazo no está garantizada.

4.3. Política previsional

La inflación del primer trimestre del gobierno de Milei provocó una licuación fenomenal sobre las jubilaciones. Luego, se modificó la fórmula por Decreto atándola a la inflación (con una recomposición de 12,5% adicional). De este modo, los jubilados ya no verán reducido su poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar el nivel previo. Asimismo, a partir de ese momento, la variable de ajuste pasó a ser el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima, ya que éste se encuentra congelado desde marzo de 2024 y desde el gobierno informaron que no se actualizará durante 2025.

La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones tiene un sesgo de género ya que las mujeres representan el 64,1% del total de beneficios del SIPA, y tienen un haber medio 12,8% menor al de los varones. A su vez, el 79,4% de las jubilaciones de mujeres fueron otorgadas con planes de moratorias (mientras que el porcentaje en los varones es 47,5%), lo cual explica la gran participación femenina en la jubilación mínima: el 89,7% de quienes se jubilaron con moratoria perciben la mínima.

Como consecuencia de la nueva fórmula (DNU 274/2024) y el congelamiento del bono, en el primer trimestre de 2025, el poder adquisitivo de la jubilación mínima con bono se ubica 13,3% por debajo del último trimestre del gobierno anterior[18].

¿Qué implica para quienes perciben la jubilación mínima el congelamiento del bono? Una pérdida de más de $70.000 mensuales. Si al bono se le hubiera aplicado la misma movilidad que al haber, debería ser en marzo de 2025 de $145.303, es decir, más del doble de lo que efectivamente será.

Por su parte, las jubilaciones sin bono tampoco alcanzaron el nivel del último trimestre: su poder adquisitivo se ubica 1,9% por debajo.

Asimismo, las jubilados y pensionadas se vieron afectados por la eliminación de la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes. También fueron perjudicadas por la modificación de los criterios de acceso a los medicamentos gratuitos de PAMI, que en la práctica implica que menos afiliadas accedan a los mismos, y una reducción de la canasta de medicamentos incluidos en el vademécum. La contracara del ajuste es la restricción en el acceso a los medicamentos de los adultos mayores.

Así, las jubiladas no sólo tienen menos medicamentos cubiertos al 100% sino que aquellos que deben pagar, sufrieron aumentos de precios muy por encima de la inflación: la canasta PAMI aumentó 361,6% desde el triunfo de Milei a enero de 2025, 191,7 p.p. por encima de la jubilación mínima con bono y 146,6 p.p. por encima del índice de precios[19].

Además, respecto a la política de moratorias previsionales, que vence este mes de marzo de 2025, desde el gobierno ya comunicaron la decisión de no prorrogarla como vimos en el apartado anterior. Ello implicará que 8 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres cercanos a la edad de retirarse no podrán acceder a la jubilación ya que no reúnen más de 25 años de aporte. Sólo habrá PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), que alcanza el 80% de la jubilación mínima (en marzo 2025 implican $223.297,4), no es pensionable y en el caso de las mujeres pueden acceder 5 años después que a una jubilación (a los 65 años en vez de a los 60).

4.4 Licuación de prestaciones sociales

Por otra parte, desde el Ejecutivo Nacional se demora de manera recurrente la reunión del Consejo del Salario, generando el atraso del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto tiene consecuencias en los ingresos de las poblaciones más vulnerables, y en especial de aquellas mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, porque a su monto se encuentra vinculado el Programa Acompañar.

El programa Acompañar tiene como objetivo principal fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Para ello, el Estado otorga, además de acompañamiento integral, un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. Sin embargo, como mencionamos en apartados anteriores, el programa se redujo a 3 meses, se demoran las altas, se exige denuncia policial y el poder de compra de la prestación se licuó.

Como observamos en el gráfico a continuación, el poder adquisitivo del salario mínimo, y por ende, de la prestación Acompañar, se derrumbó en términos reales, especialmente entre los meses de noviembre 2023 y enero 2024, como consecuencia del congelamiento primero y luego del establecimiento de pautas de aumento muy por debajo de los índices de inflación. A marzo de 2025, el SMVM continúa estancado en ese nivel históricamente bajo: 29,8% por debajo de noviembre de 2023.

Otro de los programas que hasta diciembre estuvo vinculado al establecimiento del SMVM era el Potenciar Trabajo[20]. Su importe se correspondía a medio SMVM hasta diciembre de 2023. Sin embargo, la actual gestión del gobierno nacional definió desvincular el monto del programa del importe del SMVM, y congelarlo en $78.000, perdiendo mes a mes poder adquisitivo. Según los últimos datos disponibles, el 63% de quienes percibían el Potenciar Trabajo son mujeres, con lo cual su licuación las afecta de manera más pronunciada.

Al analizar en términos reales la evolución de los montos del Potenciar Trabajo, se observa una caída de 64,6% del poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel de noviembre 2023, el ex Potenciar Trabajo debiera ser hoy de $220.193,8.

4.5 La desinstitucionalización de las políticas de género y la instauración de discursos de odio

Las políticas de igualdad y diversidad constituyen uno de los blancos preferidos para el gobierno de Javier Milei. Como él mismo manifestó en su última conferencia en Davos del 23 de enero de 2025: “nuestra batalla no está ganada, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo[21] enfermizo”[22].

Sus expresiones sobre la homosexualidad, al declarar que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil” y asociar la diversidad sexual con la pedofilia[23], despertaron un repudio de amplios sectores de la sociedad civil, tras lo cual decidieron marchar en señal de protesta el 1° de febrero de 2025 en todo el país.

El gobierno de Milei tuvo dentro de sus primeros objetivos desarmar toda la institucionalidad en género y diversidad creada en períodos anteriores. Una de las primeras decisiones fue degradar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dentro del Ministerio de Capital Humano. Luego, durante el 2024, mediante la promulgación de los Decretos 450 y 451/2024, se transfirió a la cartera de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, vaciando de estructura y presupuesto a las políticas de género.

Lo mismo ocurrió a nivel federal. Provincias que habían cristalizado en sus estructuras institucionales áreas destinadas al abordaje de políticas de género y diversidad, sufrieron un retroceso. De los cinco Ministerios[24] creados en los gobiernos provinciales antes de 2023, sólo uno mantiene el rango ministerial: el Ministerio de Mujeres y Diversidad en la Provincia de Buenos Aires a cargo de Estela Díaz.

En materia de institucionalidad, también cabe resaltar que en diciembre de 2023, el Ejecutivo intentó modificar el espíritu de la Ley “Micaela” (Ley 27.499). En el proyecto original de la Ley “Bases” (Proyecto de Ley 25-PE-2023), se buscaba reducir la capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad únicamente “a los organismos competentes en la materia”[25], en vez de a “todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”[26]. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no reunió los votos para retroceder en este aspecto.

Para Milei, “feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”. Sin eufemismos, afirmó que “la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar”[27].

En esa línea, el 5 de febrero del año 2024, una diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, Rocío Bonacci, presentó un proyecto de ley para derogar la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo[28]. Si bien desde el equipo del presidente se señaló que dicho proyecto no era un tema en su agenda, en oportunidades anteriores, Milei se refirió en sucesivos momentos en contra de la IVE. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2024 publicó en su cuenta de la red social X: “el aborto es un asesinato agravado por el vínculo”[29].

Otro de los embates contra las mujeres y diversidades está relacionado con la pretensión del Ejecutivo de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, incorporada en 2012 mediante la Ley 26.791, votada unánimemente por la Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue planteado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El Gobierno tiene la firme decisión de enviar un proyecto para eliminar la figura de femicidio como agravante[30].

El retroceso institucional también tuvo sus manifestaciones en la agenda internacional. En junio de 2024, se realizó en Santiago de Chile la Novena Conferencia de Estados Parte del MESECVI, esto es, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -Convención de Belém do Pará-. Argentina no envió ninguna funcionaria en materia de violencia de género ni tampoco delegación. A su vez, en el mismo mes se desarrolló la 54° Asamblea General de la OEA, en la cual la Cancillería Argentina se opuso a los lineamientos, objetivos y metas de la Agenda 2030, entre ellas la igualdad de género.

Alineado a este posicionamiento, Argentina votó en contra de una Resolución para intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en la Asamblea de Naciones Unidas del 14 de noviembre de 2024, siendo el único rechazo en una lista con 170 votos afirmativos y en el que entre las abstenciones figuraron Corea del Norte, Irán, Rusia, Nicaragua, Burundi y Malí[31].

A su vez, la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud[32] tiene consecuencias que repercuten de manera diferenciada en la población, como por ejemplo en el acceso a los tratamientos para el VIH, ya que implica no acceder al financiamiento de su fondo rotatorio que abarata los costos. Esta decisión fue tomada siguiendo los pasos del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por último, en febrero de 2025, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025, se modificó la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), normativa de vanguardia sancionada en Argentina en 2012. En concreto, se prohibió de manera explícita cualquier tipo de tratamiento hormonal o intervención quirúrgica en menores de 18 años[33].

En síntesis, muchos de los derechos adquiridos por las mujeres y diversidades en los últimos años en materia política y económica, para el actual presidente no tienen gran relevancia ya que, directa o indirectamente, considera que deben ser eliminados. La institucionalización de las políticas de género es fundamental ya que es el Estado el encargado de garantizar derechos a las mujeres y diversidades, y para ello, es necesario presupuesto y estructura.

En este punto, es importante señalar que el desmantelamiento de las políticas implica una violación de la legislación nacional y de los tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido. Entre ellos, cabe destacar la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que posee jerarquía constitucional.

Al respecto, cabe repasar el Artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional:

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.[34]

Con un Estado ausente en organismos internacionales, alejado de las problemáticas de las mujeres y que desfinancia los organismos encargados de protegerlas, la lucha por la visibilización de los derechos conquistados es un tema más vigente que nunca en los tiempos que corren.

Conclusiones

Para este 8 de marzo de 2025, el informe presenta un balance del primer año del gobierno de Javier Milei en materia de brechas de género. Se aportan datos ante un presidente que niega la existencia misma de las desigualdades y ataca la agenda de ampliación de derechos: “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil” (Milei, enero de 2025).

A su vez, se repasan las medidas económicas del nuevo gobierno y su impacto diferencial en función del género. De este modo, discutir las políticas propuestas por Javier Milei desde el feminismo no es sólo discutir la desjerarquización en materia institucional sino poner en cuestión el modelo económico y los efectos que genera en los sectores más postergados, en los que las mujeres y diversidades se encuentran sobrerrepresentadas.

La situación al tercer trimestre de 2024 se puede resumir en 6 brechas de género clave, cuya existencia misma es negada desde el Poder Ejecutivo Nacional:

La tasa de actividad de las mujeres (52,1%) es 18,4 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,5%).
Se profundizó la brecha de desocupación respecto al año anterior, ubicándose en 1,7 p.p. La tasa de desocupación en mujeres es de 7,9%, mientras la misma tasa en varones es de 6,2%.
La brecha en la informalidad laboral se incrementó a 3,7 puntos porcentuales: 38,7% en mujeres y 35,0% en varones.
Los ingresos de los varones son 27,7% mayores que los ingresos de las mujeres; esta brecha se reduce a 21,4% entre asalariadas/os formales pero se incrementa a 33,3% en los informales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 61,4% de las personas con menores ingresos.
La raíz de la desigualdad en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo no remunerado que los varones.
La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 65,0% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.

Estas desigualdades tienden a profundizarse con las políticas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei.

En materia presupuestaria, el gobierno decidió prorrogar el Presupuesto 2023, garantizándose la discrecionalidad en el gasto. Lo mismo hicieron en 2025. A su vez, las políticas que en 2023 estaban etiquetadas como PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género), esto es, políticas que contribuyen a reducir las desigualdades de género, mostraron una caída de 21,0% en términos reales durante 2024.

Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones otorgadas vía moratoria cayeron 16,8% interanual; el Programa Registradas, así como el patrocinio jurídico a víctimas de violencia fueron desmantelados (-100,0%), la ejecución de la ESI se desplomó 98,7% y los programas de infraestructura de cuidado se redujeron entre 82,6% y 99,5%. Las excepciones fueron la AUH (+38,7%) y el Programa 1.000 días (+202,7%).

Pero el modelo económico instaurado a partir del 10 de diciembre produjo otras consecuencias en mujeres y diversidades:

Se perdieron 15.748 puestos de trabajadoras de casas particulares entre noviembre 2023 y noviembre 2024. Este sector está sumamente feminizado: el 95,2% de quienes realizan este trabajo son mujeres, y sus ingresos han perdido a enero de 2025, 21,8% de su poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023 (valor hora vs inflación).
Otro sector sumamente feminizado es el docente: el 77% del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12% del sueldo.
Las jubilaciones mínimas, que cobran mayormente las mujeres -que en un 79,4% accedieron vía moratoria y por ende cobran el haber mínimo- sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de 13,3% en el primer trimestre de 2025 respecto al último trimestre del gobierno anterior. Es el resultado de la aplicación del DNU 274/2024 y el congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024. Debiera ser del doble ($145.303) si se lo hubiera ajustado con el mismo criterio del haber.
A las jubiladas y pensionadas, a su vez, les quitaron la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes. También fueron perjudicadas por los recortes en PAMI.
En marzo de 2025, el gobierno no va a prorrogar la moratoria previsional. Como consecuencia, 9 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo. Deberán conformarse con una PUAM: 80% del haber mínimo, podrán acceder 5 años después (a los 65 en vez de a los 60) y no es pensionable.
El 63% de quienes cobran el ex programa Potenciar Trabajo son mujeres. El poder adquisitivo del mismo cayó 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel de noviembre 2023, el monto debiera ser hoy de $220.193,8.
El programa Acompañar, que perciben las mujeres y diversidades en contextos de violencia de género, perdió 29,8% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei, a la par que se detuvieron las altas, se redujo la cantidad de meses que se percibe (de 6 bajó a 3 meses) y se exige una denuncia policial, en contra de toda la evidencia disponible en materia de abordaje de violencias.

Por último, desde su asunción, el gobierno desjerarquizó las políticas de género (primero redujo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en una Subsecretaría de Capital Humano y luego a una Dirección del Ministerio de Justicia) y emprendió un ataque sistemático contra el movimiento feminista.

Buscan avanzar contra el derecho al aborto, contra la Ley de Identidad de Género, contra la figura de femicidio en el Código Penal, contra la ESI, contra la Ley Micaela y contra la trayectoria en materia de derechos humanos de la Argentina en los foros internacionales.

En este punto, es importante señalar que aquello que Milei llama ideología de género es en realidad un corpus robusto de derechos consagrados, incluso por la Constitución Nacional, y cuyo ataque implica una violación constante de la legislación vigente.

Notas al pie

[1] Es importante aclarar que las estadísticas oficiales se continúan elaborando a partir de categorías binarias varón/mujer, de manera tal que persiste la invisibilización de las diversidades en los principales indicadores socioeconómicos. Por eso, el análisis se desarrolla en base a este binarismo.

[2] Informes 8M 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Todos disponibles en www.centrocepa.com.ar/genero

[3] Disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50848-discurso-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-desde-el-foro-de-davos-suiza

[4] Son demandantes de cuidado aquellas personas “que necesitan asistencia, acompañamiento, apoyo o cuidado de un tercero para realizar las actividades básicas de la vida diaria” (INDEC, 2022).

[5] El tiempo promedio por participante se calcula en base a los microdatos de la Encuesta del Uso de Tiempo. Se realiza sumando la cantidad de horas totales destinadas a la actividad, dividido por la cantidad de personas totales (por género) que realizan la actividad.

[6] Si bien la ENUT contempla una clasificación no binaria de género, a partir de la variable “Identidad de Género” incorporada en su diseño, no se utilizó para este análisis ya que no cuenta con suficientes casos relevados como para considerarlo estadísticamente significativo.

[7] El tiempo con simultaneidad surge de asignarle a cada actividad que se realiza en un mismo período -en simultáneo- el total del tiempo dedicado.

[8] Se considera un hogar NBI si cumple con alguna de las siguientes características:

Hacinamiento: población en hogares que tuvieran más de tres personas por habitación,
Vivienda: población en hogares que habiten en una vivienda de tipo inconveniente (rancho, casilla, pieza de inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, local no apto para habitación),
Condiciones sanitarias: población en hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete,
Capacidad de subsistencia: jefe de hogar con baja educación (sin instrucción o primario incompleto).

Cabe destacar que no se incluyó el inciso de “Asistencia Escolar: población en hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela”, por falta de información disponible.

[9] Para quienes hubieran adherido al blanqueo previsto en la misma Ley 27.743, los períodos comprendidos eran de 2024 a 2027 y la alícuota era de 0,50%.

[10] https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/ Una vez que se ingresa al sitio, acceder a la solapa “¿Para qué se gasta? Explorador de gastos por apertura programática” y, en el buscador, indicar la palabra clave “PPG”.

[11] Segunda reunión informativa del Presupuesto 2025, realizada en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, el día 15 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.youtube.com/live/7-Xr156jcP0?si=00UNYqzY2mhBGvFX (minuto 4:41:06).

[12] En la Resolución 84/2024, se establece que será causal de egreso del programa “el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública”.

[13] A principios de marzo, un grupo de profesionales del Ministerio de Salud presentaron su renuncia argumentando que “No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley”. https://www.perfil.com/noticias/actualidad/masivas-renuncias-de-medicos-en-el-ministerio-de-salud-ante-el-desmantelamiento-de-programas-esenciales.phtml

[14] https://www.pagina12.com.ar/776691-cuanto-cambio-la-esi-en-estos-tiempos-de-milei

[15] https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/5518/Comedores-comunitarios-la-Justicia-Federal-condeno-al-Estado-Nacional-a-continuar-con-la-entrega-de-alimentos

[16] https://www.youtube.com/watch?v=xa5eQekBH10

[17] Para un análisis más detallado del DNU 70/2023, se puede consultar el informe de CEPA “El Mega DNU del gobierno de Milei: desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales”. Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/459-el-mega-dnu-del-gobierno-de-milei-desregulaciones-desguace-extranjerizacion-y-fuerte-retroceso-en-derechos-laborales

[18] La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.

[19] Al respecto, puede consultarse el informe de CEPA “Informe sobre los medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina: datos a enero 2025”, disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/612-informe-sobre-los-medicamentos-mas-consumidos-por-las-personas-mayores-en-argentina-datos-a-enero-2025

[20] En febrero de 2024, se eliminó el Programa Potenciar Trabajo a través del Decreto 198/2024 y fue dividido en dos planes distintos: el programa Volver al Trabajo y el programa de Acompañamiento social. En abril, se publicaron sus lineamientos generales y operativos (Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano), en los que se establece una duración de 24 meses y un monto fijo de $78.000.

[21] El término woke es utilizado para hacer referencia a ser consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo. Si bien surge de una lucha por visibilización de derechos, frecuentemente es utilizado como un insulto.

[22] Discurso del Presidente de la Nación, Javier Milei, desde el Foro de Davos, Suiza. 23/01/2025. Disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50848-discurso-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-desde-el-foro-de-davos-suiza

[23] Milei en Davos, Ibídem.

[24] Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz.

[25] Disponible en: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2023/PDF2023/
TP2023/0025-PE-2023.pdf

[26] Ley 27.499.

[27] Milei en Davos, Ibídem.

[28] Expediente 5172-D-2023. Disponible en: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/
Periodo2023/PDF2023/TP2023/5172-D-2023.pdf

[29] Disponible en: https://x.com/JMilei/status/1771670474168095022

[30] Publicado en X el 24/01/2025. Disponible en: https://x.com/m_cuneolibarona/status/1882739623022981436

[31] Disponible en: https://docs.un.org/es/A/C.3/79/L.17/Rev.1

[32] https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-se-retirara-de-la-oms

[33] Disponible en:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5846621/20250206?suplemento=1