El titular de Anses, Emilio Basavilbaso, indicó el 16 de febrero que “el esfuerzo que estamos haciendo para aumentar la protección social es real y se ve en los números”.
El 12 de junio del 2018, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne juntamente con el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, firmaban el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) por el cual solicitaban al Fondo Monetario Internacional la aprobación de un Acuerdo Stand-By por un período de 36 meses y por un monto de USD 50.000 millones, que es el equivalente a 35.379 DEG, la sigla que expresa los Derechos de Giro. Aquel acuerdo tenía carácter preventivo, ya que consistía en un desembolso inicial de USD 15.000 millones y el resto utilizable sólo de ser necesario en subsiguientes revisiones.
Finalizado el año 2018, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizamos las ampliaciones y reducciones de las partidas, así como la participación de cada una de las áreas y la ejecución del presupuesto 2018.
El diagnóstico oficial
En el documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación hace poco más de un año, en abril de 2017, tenía prevista la concreción de importantes reducciones de transferencias a empresas publicas, consideradas sobredimensionadas a lo largo de cada párrafo del texto oficial. Este documento es el resultado de la creación, bajo la gestión de Cambiemos, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas a partir de octubre de 2016. El mismo está integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes (en abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Además, el Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada “para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir”. (2017: 7).
El Plan denominado Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y tenía por fin garantizar una transferencia monetaria a los jóvenes de entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).
La triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas y la negociación del Gobierno Nacional con los gobernadores por el pedido de reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos y sobre el reclamo del Fondo del Conurbano, denominado “Consenso Fiscal”, derivó en una importante modificación de la estructura recaudatoria.
En el presente documento analizamos la serie de medidas que se dirigen a desfinanciar al Tesoro, para favorecer al sector privado empresario.
El proyecto original de Ley de Emergencia que en septiembre 2016 presentó J. M. Abal Medina tuvo dos ejes ambiciosos: la creación de 1 millón de puestos de trabajo cobrando el Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanzaba $8.060 pesos en enero de 2017 para un trabajo de 8 horas y el aumento de 15% de la AUH en los 3 años sucesivos (un porcentaje adicional al aumento bianual previsto por ley). A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales.
Equipo monetario-financiero: Hernán Letcher, Germán Muiño, Magdalena Rua, Julia Strada y Leandro Ziccarelli.
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - fue implementado en 2014 y teníapor fin garantizar una transferencia monetaria a las y los jóvenes entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a $900 y elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres SMVM).