Mendoza recuperó uno de sus principales activos hidroeléctricos y decidió transferir el 100% de Hidroeléctrica Mendocina S.A. (HEMSA) en el marco de una nueva concesión por 30 años. El proceso abre una discusión que excede la operación de las centrales: cuánto vale el activo, quién captura ese valor y qué estrategia adopta la Provincia frente a un recurso propio.
El presente informe tiene por objeto analizar la situación crítica de la industria manufacturera argentina. Para ello, este documento se divide en cuatro partes. En el primer apartado, se describe la evolución de los principales indicadores de la industria: actividad económica industrial, producción industrial, uso de capacidad instalada, cantidad de trabajadores y trabajadoras y unidades productivas industriales. En la segunda parte se profundiza en el proceso de apertura importadora y sus consecuencias para la industria nacional. En la tercera sección se presentan los hallazgos del último año del Observatorio de Conflictividad de CEPA describiendo casos de cierres y paradas de planta de unidades productivas. En la cuarta parte, se detallan las principales políticas, bajo la gestión de Milei, que han hecho mella sobre el tejido productivo. Al final del informe se detallan las principales conclusiones.
En julio 2026, la Cuenta Corriente Cambiaria registró un superávit de USD 413 millones. El motor principal fue nuevamente la balanza de bienes, que aportó USD 4.077 millones impulsada centralmente por el sector Oleaginosos y Cerealeros y el Complejo Petrolero.
La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. De hecho, el impacto, por ejemplo, de la pandemia hace un par de años atrás, tuvo un efecto sensible sobre el erario público, tanto por la reducción y postergación de vencimientos, como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de los mismos.
El presente informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA analiza la dinámica del mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2026, con especial atención a los efectos de la derogación de la Ley de Alquileres (Ley N° 27.551) y la evolución de precios, oferta y asequibilidad para los hogares inquilinos.
El presente informe analiza el impacto del ajuste previsional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de diciembre de 2023. En una ciudad con más de 631.000 personas jubiladas —de las cuales más de 373.000 son beneficiarias del PAMI— las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional han afectado de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Galperin respondió a los informes de morosidad de CEPA. Después de responsabilizar al Banco Provincia y a la gente que habría comprado televisores para el mundial, ahora promovió un informe pedido a un ex funcionario de Macri para que reivindique el rol de Mercado Libre, confrontando con CEPA y la realidad. El artículo se denomina “Todo lo que querías saber de la mora* (pero tenías miedo de preguntar)” y lo firma Matías Fernández. Es tan evidente la mano de Galperin en el documento que incluye un apartado titulado “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor”.
El presente informe tiene como objetivo describir y caracterizar la conflictividad laboral en el empleo estatal de las provincias argentinas como resultado de la caída de la recaudación. A partir de la construcción de una base de datos propia, se propone analizar el impacto de la retracción del ingreso del erario público e identificar de qué manera esta disminución genera conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y en el conjunto de los empleados estatales.
El ratio de irregularidad del crédito, o morosidad, es un indicador clave que se utiliza para analizar el incumplimiento de los deudores y la incobrabilidad de las líneas de financiamiento otorgadas. La evaluación sistémica del indicador permite, además, diagnosticar la situación económica actual que atraviesan tanto los hogares como las empresas. Este coeficiente se calcula dividiendo el saldo de financiamientos en situación irregular 3 y superior (atrasos en el pago superiores a los 90 días) sobre el total de la cartera de créditos otorgada, reflejando el porcentaje de deuda en proceso de incobrabilidad.
El Sector Público Nacional (SPN) registró en julio 2026 un superávit fiscal de $2,96 billones. Luego del pago de intereses de deuda por $2,72 billones el resultado financiero alcanzó un saldo positivo por $0,24 billones.