La contracara de la caída de la recaudación provincial: el incremento de la conflictividad laboral provincial

Publicado el 09 de Abril de 2026

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir y caracterizar la conflictividad laboral en el empleo estatal de las provincias argentinas como resultado de la caída de la recaudación. A partir de la construcción de una base de datos propia, se propone analizar el impacto de la retracción del ingreso del erario público e identificar de qué manera esta disminución genera conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y en el conjunto de los empleados estatales.

Elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este documento releva, sistematiza y analiza casos ocurridos en lo que va del año 2026, a partir del seguimiento periódico de coberturas periodísticas. Cabe destacar que la base construida no abarca la totalidad de los casos ocurridos, sino únicamente aquellos que han adquirido relevancia en la opinión pública.

En el primer apartado se analizará la importancia de las transferencias tributarias de origen nacional hacia las provincias, tanto las correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) como las Transferencias de Origen Nacional (RON). En el segundo apartado se presentará un mapeo de los conflictos laborales estatales relevados, desagregado por provincia, sector afectado y su estado actual. Por último, se examinará la estructura del gasto de algunas provincias argentinas para identificar cuáles son las áreas de mayor peso y, en consecuencia, los sectores que resultan más afectados por la caída de la recaudación.

2. Transferencias a las provincias

El flujo de recursos financieros desde el Estado Nacional hacia las jurisdicciones provinciales se concentra en tres principales canales. El primero, corresponde a las transferencias automáticas, particularmente las vinculadas al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI). Estos recursos, compuestos principalmente por la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias, se distribuyen de manera diaria. El segundo, está constituido por las Transferencias No Automáticas, que no poseen una periodicidad preestablecida ni coeficientes fijos, sino que se instrumentan a través de convenios específicos, Programas de Asistencia Financiera (PAF) o Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y en tercer orden, los recursos de recaudación propia de cada provincia.

Las transferencias tributarias de origen nacional representan una gran parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 44,8% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 54,0% del total.

En marzo 2026, se observa, por tercer mes consecutivo, un descenso interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON), en este mes de 3,8% en términos reales^[1]. En el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 7,0% i.a., que ya había sufrido una caída en enero y febrero de 2026 de 8,3% y 8,9% respectivamente. En promedio, el trimestre fue muy magro: -6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación.

Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en marzo una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional menos Salta con un crecimiento de 1,6%. Se destacan CABA (-6,7%), San Juan (-5,9%) y el conjunto de Córdoba, La Rioja y Mendoza (-5,6%) como las más afectadas.

Al analizar los ingresos provinciales, se observa que la caída de los Recursos de Origen Nacional fue agravada por una contracción propia de los Recursos de Origen Provincial (ROP). Desde el inicio de la gestión de Milei, estos recursos han sufrido una caída real promedio del 7,3% (período dic/23 – dic/25) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23). Además, en enero 2026 (último dato disponible) los ROP se redujeron 3,5% en términos reales interanuales.

En materia de transferencias no automáticas —Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)—, en el acumulado del primer trimestre de 2026, Corrientes fue la jurisdicción que concentró el mayor volumen de recursos, con más de $14.000 millones.

Le siguieron Misiones ($9.500 millones), Salta ($7.500 millones), Mendoza ($7.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Entre Ríos ($6.000 millones), Chaco ($4.000 millones), Neuquén ($4.000 millones), Jujuy ($4.000 millones), San Juan ($4.000 millones) Santa Cruz ($4.000 millones) y Catamarca ($2.500 millones).

En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial. Esto evidencia que los ATN tuvieron un peso marginal dentro de la estructura global de financiamiento subnacional.

3. Principales gastos de las provincias

Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se caracteriza por concentrarse en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.

Santa Fe: 73,9% del total. La provincia destina la mayor parte de sus recursos a Educación (31,2%), seguido por el sistema de Seguridad Social (16,4%), Salud (14,5%) y Seguridad (11,8%). El resto se reparte en administración y un 6,2% para Obra Pública.
Córdoba: 75,2% del total. Dedica mayormente recursos a Seguridad Social (19,1%), Educación (28,5%), Salud (15,2%) y Seguridad/Justicia (12,4%). La Obra Pública representa el 7,8%.
Tucumán: 73,6% del total. El gasto se concentra en Educación (32,5%), Salud (17,1%), Seguridad/Justicia (12,8%) y Seguridad Social (11,2%). Destina 7,8% a Obra Pública.
Santa Cruz: 71,9% del total. Seguridad Social implica 24,4%, Educación 21,1%, Salud 18,2% y Seguridad 8,2%. Para Obra Pública se dedica 1,9% del total. La mayoría de los gremios impulsó una Ley de Emergencia Económica enviada a la Legislatura por el gobierno provincial que no puso ser aprobada.

4. Conflictividad Laboral

La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución de la recaudación a nivel nacional. Con la crisis económica a nivel nacional signada específicamente por una caída en la actividad, las provincias tienen cada vez menos recursos que se refleja en el aumento de conflictos con trabajadores estatales.

Desde inicios del 2026 se registraron, al menos, 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.

La conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse. En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo.

Al analizar los casos por provincia detectamos las siguientes particularidades:

Buenos Aires: esta provincia presenta cuatro áreas principales de conflicto que afectan a los sectores de educación, empleo público, judicial y salud. Mientras que en educación y salud se alcanzaron acuerdos paritarios recientes, que replican el aumento otorgado a estatales, empleo público y judiciales mantienen reclamos activos por mejoras salariales de emergencia y el pase a planta permanente de personal temporario.
CABA: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los conflictos se vinculan con sectores de educación y empleo público. Los gremios docentes reclaman el adelantamiento de las paritarias debido a que los aumentos previos quedaron por debajo de la inflación, situación que comparten los empleados públicos, quienes denuncian una pérdida real de sus ingresos.
Catamarca: la provincia enfrenta una situación crítica con seis sectores en conflicto, educación, empleo público (incluyendo municipales), judiciales, policía y salud. Los reclamos son generalizados por mejoras salariales, destacándose movilizaciones en el centro de la capital por parte de docentes, bloqueos de rutas por trabajadores municipales y un profundo malestar en las fuerzas policiales ante los bajos haberes recibidos.
Chaco: se identifican siete puntos de conflicto que afectan principalmente a educación, empleo público y policía. La suspensión de la cláusula gatillo y propuestas salariales consideradas insuficientes frente a la inflación han generado movilizaciones, a lo que se suman denuncias por recortes salariales de hasta el 80% en el Ministerio de Producción mediante una adecuación arbitraria en el Fondo Estímulo y la disolución de la empresa ferroviaria provincial.
Chubut: en esta provincia se presentan dos focos de conflicto en los sectores de educación y salud. Aunque en el ámbito educativo se logró un acuerdo paritario, persiste el malestar porque el salario no alcanza a cubrir la canasta básica; el sector salud, por su parte, rechaza aumentos unilaterales y mantiene asambleas en diversos hospitales.
Córdoba: presenta cinco áreas de conflicto que abarcan educación, judiciales, jubilaciones, salud y empleo público. Los trabajadores judiciales y estatales rechazan reformas previsionales (Ley 11.087), el sector docente se encuentra en negociaciones tras paros de 48 horas y los empleados públicos denuncian descuentos masivos de haberes.
Corrientes: se registran cinco conflictos activos en educación, empleo público, judiciales y salud. Todos los sectores coinciden en rechazar un incremento salarial del 6% que se aplicaría desde marzo dispuesto por el gobierno provincial, calificándolo de insuficiente frente al costo de vida y denunciando la pérdida del poder adquisitivo. A las movilizaciones realizadas asistieron trabajadores de varios sectores, incluyendo policías, docentes y empleados administrativos.
Entre Ríos: la provincia cuenta con seis sectores en conflicto en los sectores de educación, empleo público, judiciales, policía, salud y jubilaciones. Los reclamos se centran en la insuficiencia de las propuestas paritarias y la preocupación por reformas al régimen de jubilaciones que podrían implicar ajustes sobre los trabajadores activos.
Formosa: a pesar de que la provincia anunció incrementos salariales importantes en educación y empleo público, gremios como ATE califican la propuesta como insuficiente frente a sus exigencias de recomposición para el último periodo.
Jujuy: se identifican cuatro sectores en conflicto, de los sectores de educación, empleo público, policía y salud. Las protestas han incluido marchas de antorchas con represión policial. Los distintos sectores exigen recomposiciones salariales urgentes y pases a planta permanente para los profesionales de la salud.
La Pampa: registra dos focos de conflicto en educación y empleo público. Mientras que en el empleo público se logró un acuerdo paritario con cláusula gatillo, el sector docente mantiene el conflicto activo tras rechazar las ofertas oficiales antes del inicio del ciclo lectivo.
La Rioja: presenta dos conflictos en educación y empleo público. Se alcanzó un acuerdo con los gremios docentes para garantizar el inicio de clases, pero los empleados estatales representados por ATE consideran que los aumentos otorgados son insuficientes ante el deterioro del poder adquisitivo.
Mendoza: hay conflictos en educación, empleo público y salud. Aunque se han firmado acuerdos con varios gremios docentes y judiciales, persiste la tensión con sectores de enfermería y otros agrupamientos de salud que aún mantienen reclamos abiertos.
Misiones: registra tres áreas de conflicto vinculadas a educación, empleo público y salud. Los docentes han convocado a paros totales reclamando salarios dignos, mientras que los trabajadores de la administración central y de hospitales públicos rechazan las propuestas salariales por no contemplar el aumento del costo de vida.
Neuquén: presenta tres focos de conflicto en los sectores de educación (docentes y no docentes) y judiciales. Mientras el sector docente llegó a un acuerdo, el personal no docente y los trabajadores judiciales mantienen medidas de fuerza tras rechazar las propuestas del Tribunal Superior de Justicia.
Río Negro: esta provincia presenta seis sectores en conflicto, que incluyen educación, empleo público, judiciales, policía y salud. Hubo acampes policiales por tiempo indeterminado, denuncias de incumplimiento de actualizaciones salariales automáticas en salud y paros de estatales en todo el territorio provincial.
Salta: cuenta con cuatro focos de conflicto en educación, empleo público, policía y salud. A pesar de la firma de actas acuerdo por un 10% de incremento, gremios estatales y de salud han rechazado la medida, sumándose movilizaciones de policías retirados frente a la legislatura en demanda de salarios dignos.
San Juan: presenta cuatro áreas de conflicto que afectan a educación, empleo público, salud y policía. Los médicos han convocado a paros generales por la crisis del sistema sanitario, mientras que docentes y familiares de policías realizan movilizaciones en reclamo de ofertas salariales superadoras.
San Luis: se registran conflictos en los sectores de educación, empleo público, salud y judiciales. Los reclamos incluyen la disconformidad por la reducción de cargos docentes y la necesidad de mejoras salariales que compensen la situación económica actual y la pérdida del poder adquisitivo.
Santa Fe: presenta cuatro áreas de conflicto referidas a educación, empleo público (municipales), policía y salud. Se destaca el regreso de la "Carpa Blanca" docente para recorrer la provincia, un paro de 48 horas de municipales que rechazaron la conciliación obligatoria y fuertes reclamos de los sectores más jóvenes de la policía por salarios que consideran por debajo de la línea de pobreza.
Santiago del Estero: se identifican dos puntos de conflicto principales en los sectores de educación y empleo público. El gremio docente se movilizó en defensa de un salario en blanco que supere la canasta familiar, mientras que los trabajadores estatales denuncian que diversos municipios no están cumpliendo con la totalidad de los aumentos dispuestos por el Gobierno provincial.
Santa Cruz: Esta provincia registra cinco focos de conflicto que afectan a los sectores de educación, empleo público, judiciales, policía y salud. Los gremios docentes denuncian la pérdida de cargos y horas de trabajo pese a acuerdos previos, mientras que el sector salud mantiene paros de 48 horas exigiendo la apertura de paritarias y los judiciales reclaman por deudas acumuladas de montos ya pactados.
Tierra del Fuego: cuenta con cuatro sectores en conflicto vinculados a educación, empleo público, judiciales y salud. Existe una gran preocupación y estado de alerta ante la posibilidad del pago de haberes en cuotas, sumado a ceses de actividades en el Poder Judicial por falta de respuestas a sus reclamos y acciones semanales del sector docente en rechazo a las ofertas salariales.
Tucumán: registra tres focos de conflicto centrados en educación (tanto provincial como universitaria), empleo público y el sector de ciencia y tecnología. Aunque se alcanzaron acuerdos paritarios con algunos sectores estatales y docentes, persiste el malestar y los reclamos por mejoras salariales en el ámbito del CONICET y en las universidades.

5. Conclusiones

En promedio, el primer trimestre de 2026 muestra una caída de 6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 7,3% (período dic/23 – dic/25) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23). Además, en enero 2026 (último dato disponible) los ROP se redujeron 3,5% en términos reales interanuales. En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial, por lo que no representan una solución a la merma de ingresos nacionales y provinciales.
Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.
La caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto. De allí que todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia.
Desde inicios del 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.
En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional anunció —según periodista de Infobae[3]— que oficializará por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), con un tope de $400.000 millones, sujeto a devolución a lo largo del año con una tasa del 15%.
En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.

Notas al pie

[1] La inflación estimada para marzo 2026 fue de 2,5%

[2] La evolución real de la recaudación se realizó deflactando las transferencias por la inflación de cada región según INDEC (Región GBA, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo, Patagonia).

[3] https://x.com/alvezjulian_/status/2039503675714834576

Registro bibliográfico

Informe CEPA N° 589, ISSN 2796-7166.

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