La contracara de la caída de la recaudación provincial: el incremento de la conflictividad laboral provincial

Publicado el 23 de Agosto de 2026

Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir y caracterizar la conflictividad laboral en el empleo estatal de las provincias argentinas como resultado de la caída de la recaudación. A partir de la construcción de una base de datos propia, se propone analizar el impacto de la retracción del ingreso del erario público e identificar de qué manera esta disminución genera conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y en el conjunto de los empleados estatales.

Elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este documento releva, sistematiza y analiza casos ocurridos en lo que va del año 2026, a partir del seguimiento periódico de coberturas periodísticas. Cabe destacar que la base construida no abarca la totalidad de los casos ocurridos, sino únicamente aquellos que han adquirido relevancia en la opinión pública.

En el primer apartado se analizará la importancia de las transferencias tributarias de origen nacional hacia las provincias, tanto las correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) como las Transferencias de Origen Nacional (RON). En el segundo apartado se presentará un mapeo de los conflictos laborales estatales relevados, desagregado por provincia, sector afectado y su estado actual. Por último, se examinará la estructura del gasto de algunas provincias argentinas para identificar cuáles son las áreas de mayor peso y, en consecuencia, los sectores que resultan más afectados por la caída de la recaudación.

Transferencias a las provincias.

El flujo de recursos financieros desde el Estado Nacional hacia las jurisdicciones provinciales se concentra en tres principales canales. El primero, corresponde a las transferencias automáticas, particularmente las vinculadas al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI). Estos recursos, compuestos principalmente por la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias, se distribuyen de manera diaria. El segundo, está constituido por las Transferencias No Automáticas, que no poseen una periodicidad preestablecida ni coeficientes fijos, sino que se instrumentan a través de convenios específicos, Programas de Asistencia Financiera (PAF) o Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y en tercer orden, los recursos de recaudación propia de cada provincia.

Las transferencias tributarias de origen nacional representan una gran parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 58,2% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 71,6% del total.

Si bien en julio de 2026, se observa un incremento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 7,4% en términos reales[2] y de 7,5% para el caso de la Coparticipación Federal de Impuestos, al analizar el promedio móvil de los últimos 12 meses de ambas series es visible que la caída es pronunciada. Los RON se ubican en un 10,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023 (base 100) y la CFI un 12% por debajo del mismo período.

Por otro lado, al analizar los ingresos provinciales, se observa que la caída de los Recursos de Origen Nacional fue agravada por una contracción propia de los Recursos de Origen Provincial (ROP). Desde el inicio de la gestión de Milei, estos recursos muestran una caída sostenida: el promedio móvil de los últimos 12 meses a mayo 2026 se ubica un 19,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023.

En materia de transferencias no automáticas —Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)—, en el acumulado de los primeros siete meses de 2026, Misiones fue la jurisdicción que concentró el mayor volumen de recursos, con $20.000 millones.

Le siguieron Entre Ríos ($15.000 millones), Corrientes y Mendoza ($14.000 millones), Neuquén ($12.000 millones), Catamarca ($11.500 millones), Salta ($11.000 millones), Chaco y San Juan ($10.000 millones), Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Córdoba y Jujuy ($5.000 millones) y Santa Cruz ($4.000 millones).

En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial. Esto evidencia que los ATN tuvieron un peso marginal dentro de la estructura global de financiamiento subnacional.

A lo largo de 2026 se intensificó el uso de los anticipos financieros sobre fondos coparticipables —previstos en el artículo 124 de la Ley N° 11.672— como vía de asistencia a las provincias. Esto, deja clara la necesidad de fondos de las provincias producto de la caída de las trasferencias antes mencionadas. A diferencia de los ATN, no son transferencias no reintegrables: son adelantos que cada jurisdicción debe devolver dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y con retención automática sobre su propia coparticipación. En abril, el Decreto 219/2026 habilitó anticipos por hasta $400.000 millones para doce provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán); en junio, el Decreto 474/2026 amplió el esquema a Entre Ríos —elevando hasta $400.000 millones el adelanto ya otorgado por el Decreto 922/2025, inicialmente de hasta $220.000 millones— e incorporó a Jujuy y Santa Fe con idéntico tope.

Principales gastos de las provincias

Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se caracteriza por concentrarse en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.

Santa Fe: 73,9% del total. La provincia destina la mayor parte de sus recursos a Educación (31,2%), seguido por el sistema de Seguridad Social (16,4%), Salud (14,5%) y Seguridad (11,8%). El resto se reparte en administración y un 6,2% para Obra Pública.
Córdoba: 75,2% del total. Dedica mayormente recursos a Seguridad Social (19,1%), Educación (28,5%), Salud (15,2%) y Seguridad/Justicia (12,4%). La Obra Pública representa el 7,8%.
Tucumán: 73,6% del total. El gasto se concentra en Educación (32,5%), Salud (17,1%), Seguridad/Justicia (12,8%) y Seguridad Social (11,2%). Destina 7,8% a Obra Pública.
Santa Cruz: 71,9% del total. Seguridad Social implica 24,4%, Educación 21,1%, Salud 18,2% y Seguridad 8,2%. Para Obra Pública se dedica 1,9% del total. La mayoría de los gremios impulsó una Ley de Emergencia Económica enviada a la Legislatura por el gobierno provincial que no puso ser aprobada.

Conflictividad Laboral.

La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución de la recaudación a nivel nacional. Con la crisis económica a nivel nacional signada específicamente por una caída en la actividad, las provincias tienen cada vez menos recursos que se refleja en el aumento de conflictos con trabajadores estatales.

Desde inicios del 2026 hasta el mes de agosto se registraron, al menos, 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 45,5% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales. Si bien el 54,5% restante presentan acuerdo paritario, constituye una solución momentánea hasta la próxima negociación paritaria.

La conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse. En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo.

Al analizar los casos por provincia detectamos las siguientes particularidades:

Buenos Aires: los sectores relevados (educación, empleo público, judiciales, policía y salud) cerraron acuerdo paritario. En educación, el acuerdo llegó tras el primer paro provincial docente en 6 años, y el sector sostiene igualmente el plan de lucha nacional de CTERA. En empleo público, al acuerdo se sumó el pase a planta permanente de trabajadores temporarios, aunque ATE nacional mantiene su plan de lucha por recomposición de emergencia. En judiciales, pese al acuerdo, persisten reclamos estructurales no salariales (vacantes, carrera judicial). En policía, el acuerdo no despejó del todo el malestar salarial de base.
CABA: continúa el conflicto sin acuerdo en educación, empleo público y salud. Los docentes suman al reclamo salarial cuestionamientos a cambios normativos dispuestos por decreto; los estatales se movilizaron rechazando la precarización laboral; salud sostiene el reclamo de profesionales autoconvocados y residentes. En cambio, judiciales y policía alcanzaron acuerdo, sin conflicto activo relevado.
Catamarca: hay acuerdo en educación, empleo público, policía y salud, aunque con matices: en educación la mayoría de los gremios aceptó, pero Docentes Autoconvocados y la Intersindical mantienen el reclamo; en empleo público el acuerdo (vía bono) fue calificado de "alivio" insuficiente y persisten conflictos municipales; en policía el malestar quedó contenido de forma transitoria. Judiciales es el único sector sin acuerdo, con movilización por un aumento del 10%.
Chaco: continúa el conflicto sin acuerdo en los cuatro sectores relevados (educación, empleo público, policía y salud). En educación, el gremio rechazó el aumento ofrecido tras la interrupción de la cláusula gatillo. En empleo público, ATE denuncia incumplimiento del convenio colectivo. En salud, el gremio profesional rechazó el esquema oficial por insuficiente.
Chubut: los cuatro sectores (educación, empleo público, policía y salud) cerraron acuerdo, aunque con salvedades: en educación persiste el malestar de sectores autoconvocados por la brecha entre los porcentajes anunciados y el salario real; en empleo público el acuerdo buscó desactivar protestas, pero los autoconvocados mantuvieron presencia en la calle; en policía el acuerdo evitó una medida de fuerza mayor. Además, se presentan tensiones en las administraciones municipales.
Córdoba: hay acuerdo en educación y empleo público, con matices: en educación persisten reclamos no salariales (adhesión al paro nacional docente y rechazo a un proyecto de ley educativa); en empleo público el acuerdo desactivó las protestas, pero sigue la disconformidad por el diferimiento en jubilados. Judiciales no tiene acuerdo de fondo, tras cinco meses de conflicto y conciliación obligatoria, el servicio se normalizó, pero el reclamo salarial sigue abierto en tregua. Salud mantiene un conflicto puntual por la quita de un beneficio de transporte.
Corrientes: no hay acuerdo en educación, empleo público, judiciales, policía ni salud. Educación combina el reclamo salarial con el rechazo a una nueva ley de modernización laboral. Empleo público sigue con la definición de aumento postergada. Judiciales denuncia incumplimiento de lo comprometido y evalúa un paro total. Solo las jubilaciones llegaron a un acuerdo parcial, que aplacó momentáneamente los paros.
Entre Ríos: no hay acuerdo en educación, empleo público, judiciales, policía ni salud; todos los sectores mantienen medidas de fuerza activas (paros de 48 horas, adhesión a jornadas nacionales de lucha, denuncias por adicionales policiales, olla popular en salud).
Formosa: en educación y empleo público no hay acuerdo formal (los aumentos se dispusieron por decreto sin paritaria) y los gremios reclaman su reapertura. Jubilaciones y judiciales, en cambio, sí alcanzaron acuerdo.
Jujuy: no hay acuerdo en educación (rechazo al aumento aplicado unilateralmente, con paros de 72hs) ni en empleo público (cierre unilateral rechazado, adhesión al paro nacional) ni en salud. Policía es el único sector con acuerdo tras la aprobación de una nueva escala salarial.
La Pampa: educación sigue sin acuerdo, con pedido formal de reapertura de la paritaria. Empleo público alcanzó acuerdo, aunque persiste tensión de fondo por un bono adeudado y presión de las bases.
La Rioja: empleo público, educación y salud cerraron acuerdo, aunque persisten cuestionamientos: en empleo público por lo insuficiente del esquema, en salud el gremio profesional mantiene el reclamo por una recomposición real y en educación se cuestiona que la mayor parte del aumento no se incorpora al salario básico, lo que afecta antigüedad y jubilaciones y amenazaron con no retomar las clases.
Mendoza: educación no tiene acuerdo y el conflicto se agravó (paros de 48 y 72 horas, aumento aplicado por decreto tras el rechazo gremial). Empleo público cerró acuerdo, pero lo calificaron de insuficiente los referentes sindicales del sector. Judiciales quedó dividido: los funcionarios aceptaron la oferta, pero los empleados judiciales (la mayoría del sector) la rechazaron y profundizan medidas de fuerza. Salud también quedó dividida, ATE cerró el acuerdo para el sector de sanidad, pero el gremio de profesionales (AMProS) lo consideró insuficiente y mantiene medidas.
Misiones: educación tiene acuerdo (actualización dispuesta por el gobierno), aunque persiste el reclamo por una recomposición que se incorpore al básico. Empleo público y salud no tienen acuerdo: la negociación sigue abierta a la espera de la convocatoria a mesa salarial. Policía cerró acuerdo, con su recomposición cubierta.
Neuquén: educación no reabrió una nueva negociación (mantiene vigente un esquema anual con actualización automática) pero sostiene reclamos propios y adhirió al paro nacional docente. Empleo público cerró un nuevo acuerdo para el segundo semestre. Judiciales también alcanzó acuerdo (aumento anual aprobado por unanimidad en la Legislatura).
Río Negro: hay acuerdo en educación, empleo público, judiciales y policía. En empleo público, el acuerdo incluyó el pase a planta permanente de un importante número de trabajadores, con una reapertura pactada para agosto; un gremio (UPCN) no cerró. Salud es el único sector sin acuerdo: persiste el reclamo por deuda de recategorizaciones y por sumarios a trabajadores que participaron de asambleas en el sindicato ASPUR.
Salta: hay acuerdo en educación, empleo público, policía y salud (para el segundo semestre), aunque con salvedades: en empleo público ATE sigue reclamando una discusión de fondo; en policía el acuerdo alcanzó a los activos, pero los retirados siguen reclamando su incorporación formal; en salud persiste un conflicto de larga data entre el gremio médico y el instituto de salud provincial. Judiciales es el único sector sin acuerdo, aunque con plan de lucha activo.
San Juan: en educación, los gremios mayoritarios aceptaron la oferta, pero un gremio (UDA) la rechazó en asamblea, aunque sin medidas de fuerza reportadas. Empleo público cerró acuerdo (alcanza también a los municipales). Policía no muestra un acuerdo sectorial confirmado, con el reclamo salarial arrastrado sin resolución. Salud tampoco tiene acuerdo, el sindicato médico rechazó la oferta oficial y mantiene el reclamo por recomposición y por el régimen jubilatorio.
San Luis: no hay acuerdo en ninguno de los cuatro sectores relevados (educación, empleo público, judiciales y salud). En todos los casos, los aumentos fueron dispuestos de forma unilateral (sin paritaria) y rechazados por los gremios por insuficientes; en salud se suma la denuncia de una fuerte migración de personal a provincias vecinas.
Santa Cruz: hay acuerdo en educación, empleo público, policía y salud, en todos los casos tras un conflicto intenso previo. En educación, el acuerdo incluyó la devolución de los descuentos por días de paro, aunque persisten reclamos edilicios. En empleo público, queda pendiente una mesa sectorial y la revisión de convenios colectivos. Judiciales es el único sector sin acuerdo, tras un paro de 72 horas.
Santa Fe: educación no tiene acuerdo (rechazo a la oferta, con paro y movilización). Empleo público cerró acuerdo para la mayoría de los estatales, aunque persisten mesas técnicas de monitoreo y un conflicto focalizado a nivel municipal en un distrito puntual. Policía no registra una actualización específica, con denuncias de bajos ingresos. Salud quedó dividida: un gremio (AMRA) aceptó la oferta, pero otro (Siprus) la rechazó y convocó a paro y movilización; el conflicto sigue abierto por ese sector.
Santiago del Estero: hay acuerdo vigente en educación y empleo público a nivel provincial, aunque en ambos casos persisten cuestionamientos: en educación, un gremio señala que el desfasaje inflacionario acumulado no queda cubierto; en empleo público, el foco de conflicto se trasladó al plano municipal, donde varios municipios no completan el porcentaje acordado.
Tierra del Fuego: no hay acuerdo en ninguno de los cuatro sectores relevados (educación, empleo público, judiciales y salud). Educación sostiene un paro por tiempo indeterminado sin inicio de clases; empleo público rechazó unánimemente la última oferta; judiciales continúa con medidas de fuerza y una denuncia por vaciamiento de la obra social; salud exige la convocatoria urgente a una paritaria general.
Tucumán: hay acuerdo en educación y empleo público, ambos con cláusula de actualización periódica y clases/actividad con normalidad. En empleo público, el acuerdo incluye a policía y servicio penitenciario, y el gobierno sumó un pago adicional complementario ante el bajo impacto del ajuste automático.

Conclusiones.

En promedio, los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) representan un 58,2% de los recursos provincial. Y si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 71,6% del total.
Al analizar el promedio móvil de los RON y la CFI, es visible que la caída es pronunciada. Los RON se ubican en un 10,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023 y la CFI un 12% por debajo del mismo período.
Desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos reales de las provincias muestran una caída sostenida: el promedio móvil a mayo 2026 se ubica un 19,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023.
Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.
Desde inicios del 2026 se registraron al menos 10 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 45,5% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 54,5% restante presenta acuerdo paritario, lo que constituye una solución momentánea hasta la próxima negociación.
En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional recurrió a un régimen de anticipos financieros sobre fondos coparticipables. Mediante el Decreto 219/2026 habilitó adelantos por hasta $400.000 millones para doce provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán) y, en junio, el Decreto 474/2026 amplió el esquema a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe con idéntico tope. No se trata de recursos nuevos: son adelantos que deben reintegrarse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija del 15% anual. Su límite quedó a la vista cuando, hacia mediados de año, varias de las provincias asistidas en abril debieron pedir refinanciación al no poder cancelarlos.
En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.

Notas al pie

[2] La inflación estimada por el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del BCRA para julio fue de 2,0%, la inflación real fue del 2,1%.

Registro bibliográfico

Informe CEPA N° 652, ISSN 2796-7166.

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