Diagnóstico sobre la situación laboral y social de la Argentina actual

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la situación social en la Argentina a finales de 2018, considerando que se cumplen tres años desde la asunción del gobierno de Cambiemos, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2015.

En una primera parte, el objetivo se orienta a estudiar la evolución del poder adquisitivo de las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los planes sociales vigentes en nuestro país en relación con la evolución del índice de precios al consumidor – IPC- En segundo término, se analiza el valor en dólares de las jubilaciones y del salario mínimo. Además de ello, el informe analiza la evolución del costo de una canasta de productos básicos entre 2001 y 2018 con relación al ingreso de los denominados Programas Sociales (Plan Trabajar en 2015, Argentina Trabaja y Ellas Hacen en 2015 y 2018), el salario y la jubilación mínima.

En tercer lugar, se analiza la evolución de dos variables clave del mercado de trabajo formal: el empleo y los salarios de los trabajadores registrados. Adicionalmente, y tomando el conjunto de la población urbana, se reconstruye la evolución de la cantidad de trabajadores registrados y de la tasa de desempleo, haciendo particular hincapié en la desocupación juvenil.

En cuarto lugar, se realiza un análisis de la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) y los ingresos de las personas cercanas a la línea de pobreza, infiriendo el impacto sobre la pobreza por ingresos en el periodo reciente.

En quinto lugar, se analiza el impacto de la suba de precios en el comportamiento del consumo en el área metropolitana. Seguidamente, se describe el porcentaje de aumento de los servicios más importantes (agua, gas, electricidad y transporte) en los últimos tres años y también en la zona metropolitana. Como séptimo apartado, se provee una estimación de la población que habita en villas y asentamientos a nivel nacional.


Primera parte: el poder adquisitivo de los ingresos según inflación

El poder adquisitivo de la Jubilación Mínima y de la Asignación Universal por Hijo

A instancias de una serie de recomendaciones elaboradas desde el FMI, en diciembre de 2017 fue modificado el índice de actualización de las jubilaciones y AUH. Esto, sumado a la pérdida de poder adquisitivo que habían experimentado tales ingresos ya con la fórmula anterior en virtud del magro derrotero de la economía argentina (particularmente en 2016), implicó un sensible perjuicio para los jubilados y beneficiarios de AUH.

El poder adquisitivo del haber mínimo, considerando la evolución del IPC-INDEC y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se retrajo 19,5% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo promedio de 2015 y el medido en diciembre de 2018, es decir, unos $1.814 mensuales, considerando la jubilación mínima de $9.306 en diciembre de 2018. Si se proyecta esa pérdida mensual por doce meses, obtenemos una pérdida anual de $21.768 en 2018 respecto del promedio de 2015. Las proyecciones a 2019, a contramano de lo indicado por el gobierno, muestran una profundización en este sentido, llegando a perder 21% en el promedio de los primeros cinco meses de 2019 respecto del promedio de 2015.

El gráfico a continuación permite visualizar la evolución decreciente de las jubilaciones mínimas entre los períodos mencionados. Se trata de una masa de dinero que, en promedio, se pierde de manera mensual. Es de destacar que los últimos meses que se muestran en el gráfico y que se corresponden al año 2018 y primeros meses de 2019, los puntos máximos (coincidentes con los aumentos) tienen en promedio valores menores a los de 2015 pero también a los de 2016 y 2017. Esto se ilustra además en el punto diciembre 2018 de la serie, donde los jubilados llegan a perder 19,5% de su poder adquisitivo respecto del promedio de 2015.

Vale recordar, de todas formas, que los jubilados han tenido un bono de $750 o $375 según los aportes realizados y en algunos casos, han recibido el diferencial por 82% móvil (que hoy ya no significa un adicional por el franco retraso del SMVM). Este se otorgó por única vez en marzo de 2018 y fue de $750 para jubilados con ingresos menores a $10.000 siempre y cuando se hayan jubilado con la cantidad de años de aportes exigidos. El resto, básicamente los jubilados por moratoria recibieron un bono de $375. En el caso de los beneficiarios de AUH, percibieron $400 en marzo y adicionalmente, en el mes de septiembre, cobraron $1.200 y cobraran $1.500 en el mes de diciembre.

En el caso de la AUH la evolución es similar. El monto se retrajo 19,7% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el mismo valor para  el mes de diciembre de 2018, es decir, la perdida de los beneficiarios arrojaría unos $360 mensuales, considerando la AUH de $1.827 en diciembre de 2018. Las proyecciones a 2019, a contramano de lo indicado por el gobierno, muestran una profundización en este sentido, llegando a perder 20,2% en el promedio de los primeros cinco meses de 2019 respecto del promedio de 2015.

El gráfico a continuación muestra la evolución decreciente del poder adquisitivo de la AUH entre los períodos mencionados. El punto diciembre 2018 de la serie indica que, considerando las estimaciones inflacionarias del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los beneficiarios de AUH llegan a perder el 19,7% mencionado de su poder adquisitivo.

El poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)

Este año, el Gobierno decidió aumentar por decreto el Salario Mínimo Vital y Móvil –SMVM - en 25%, luego de que los trabajadores y los empresarios no llegaran a un acuerdo. En diciembre, el SMVMalcanzará los $11.300 y se actualizará nuevamente en marzo (6%) y junio (6%) de 2019.

En promedio, la pérdida de poder adquisitivo del SMVM en diciembre de 2018 respecto del promedio de 2014/2015 alcanza un 24%, es decir, algo más que $2.700 mensuales, considerando el SMVM de $11.300 en diciembre de 2018.

El gráfico a continuación muestra la evolución decreciente del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvilentre los períodos mencionados. El punto de la serie ubicado en diciembre 2018 revela que, considerando las estimaciones inflacionarias del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el SMVM pierde 24%de su poder adquisitivo respecto del promedio de 2014/2015.

El poder adquisitivo de los planes sociales

Aunque no está escrito, existe un acuerdo entre el Gobierno y los movimientos sociales de actualizar el valor de los planes sociales (formalmente denominados Hacemos Futuro) en correspondencia con la evolución del salario mínimo vital y móvil. El valor de los planes sociales, por ejemplo, a diciembre de 2017 alcanzaba los $4.430. A continuación, se realiza una proyección de  la evolución de los planes sociales actualizados del mismo modo que el SMVMy, por otro lado, de manera comparativa se proyecta la hipotética  evolución de los planes sociales considerando la inflación de INDEC conjuntamente con las estimaciones del REM-BCRA para diciembre 2018 y los meses subsiguientes de 2019.

Como se desprende del gráfico previo, mientras el beneficio del Programa Hacemos Futuro debería aumentar de $4.030 en abril de 2017 ($4.430 en diciembre último) a $8.265 en agosto de 2019 según el incremento de la inflación, el aumento se limitará a alcanzar los $6.250. Esto significa una pérdida de $2.015 para ese mes, es decir una retracción del poder adquisitivo del orden del 24%. Para el periodo completo, comprendido entre diciembre 2018 y agosto 2019, implicaría una pérdida de $20.980. El bono de $3.000, anunciado recientemente, no logra compensar la pérdida.

La crisis de la Economía Popular

Los trabajadores que pertenecen a la denominada economía popular (asociaciones, mutuales, cooperativas, vendedores ambulantes, changarines, trabajadores de merenderos y del cuidado comunitario, entre otros) en su mayoría están excluidos del mercado laboral formal. Los trabajadores de la economía popular no dependen de un ingreso, sino que se crean su propio trabajo, ya sea de manera independiente o cooperativa. En nuestro país, gran parte de ellos se encuentran nucleados en organizaciones, cuya finalidad es funcionar de manera equivalente a los sindicatos de los trabajadores en relación de dependencia.  La más grande de todas es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Esta organización estima que el 40% de la población activa está excluida del trabajo en relación de dependencia y que son 4 millones los trabajadores pertenecientes a la economía popular. Además, existen otras organizaciones que los nuclean como la CCC, Barrios de Pie y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagros Sala.

En 2009, en el intento de generar un marco legal y de derechos mínimos para estos trabajadores, se promulgó la ley de Monotributo social (1). La misma consiste en una subvención del 50% de la cuota de Monotributo de la categoría más baja (que luego se elevó a 75% en función del aumento de las cuotas), otorga aportes jubilatorios, obra social y subsidio al transporte a través de la tarjeta SUBE. El monotributo social constituía, además, una condición necesaria para que los trabajadores de cooperativas laborales puedan acceder al denominado ingreso social con trabajo, una transferencia con contraprestación laboral a través de cooperativas incluidas en los programas Argentina Trabaja o Ellas Hacen. Esta transferencia constituía un pago mensual equivalente al 50% de un salario mínimo vital y móvil e implicaba la obligatoriedad de contraprestación laboral.

En diciembre de 2016, con la sanción de la Ley de Emergencia Social, se creó el Consejo de la Economía Popular, un órgano donde el Ministerio de Desarrollo Social debería discutir los temas concernientes a la Economía Popular. Se creó además la figura del salario social complementario equivalente al 50% del salario mínimo y con movilidad automática para trabajadores no registrados o cuentapropistas. 

A pesar de este inicial avance que significó la ampliación de la cobertura del Salario Social Complementario, a partir de 2018 el gobierno avanzó en el desmantelamiento de los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja y los reconvirtió en el Programa Hacemos Futuro. Dicho programa cambió la obligatoriedad de la contraprestación laboral a través de cooperativas por la finalidad educativa primaria o secundaria y la capacitación laboral. En su espíritu, el objetivo del programa es incentivar la inclusión de los trabajadores en el mercado de trabajo formal, asumiendo que las dificultades para su inclusión son debidas exclusivamente a la falta de preparación y capacitación.En la práctica, este programa funcionó como una forma de desmantelar cooperativas y empujar a los trabajadores nuevamente a la informalidad y precariedad laboral. Al reemplazar la condición de contraprestación laboral por el de finalidad educativa secundaria y la participación en talleres de capacitación, desnaturalizó la función de la transferencia del ingreso social con trabajo, que era asegurar un piso a los ingresos de los trabajadores de la economía popular y fomentar la obtención de ingresos complementarios a través del trabajo cooperativo. El gobierno utilizó el argumento del mal funcionamiento de las cooperativas con el objetivo de desmantelar las cooperativas de trabajo.

Otra paradoja reside en la introducción del requisito de finalidad educativa en el programa Hacemos Futuro, en el contexto del cierre del Plan Fines, que permitía terminar el secundario de manera semipresencial. Una importante cantidad de trabajadores no pudieron conseguir vacantes, y otros que lo hicieron tuvieron dificultades para congeniar los requisitos horarios de todas las condiciones exigidas y la obtención de ingresos complementarios. Los trabajadores que no lograron cumplir con los requisitos fueron dados de baja, perdiendo no sólo la transferencia de ingresos, sino también la obra social y el subsidio de transporte. A ello cabe agregar una serie de bajas discrecionales denunciadas por las organizaciones sociales en la percepción del salario social complementario (2) y otros planes de empleo que manejaba el ex Ministerio de Trabajo, a partir de enero de 2018 (3).

Otro de los cambios que afecta a los trabajadores de la economía popular está relacionado a la baja del programa de Monotributo Social Agropecuario. Los trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo social rural tenían una subvención total sobre la obra social y no abonaban la cuota correspondiente. A partir del 1 de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, reduciéndose parte del beneficio a cargo del Estado Nacional (de lo contrario, podrán optar por darse de baja del régimen). A partir de enero de 2019, los agricultores familiares pasarán a tener que abonar $268 por persona adicionales (equivalente al valor que hoy cubre el ex Ministerio de Agroindustria), y también tendrán que cubrir la proporción de cada beneficiario adherente, es decir el pago de la obra social para el resto de los integrantes del grupo familiar.

En febrero de 2018 se alcanzó, según los datos aportados por el ex Ministerio de Trabajo un máximo en la cantidad de monotributistas sociales (con el guarismo de 423.500 trabajadores). Sin embargo, se registran, 77.700 menos en 6 meses, con una reducción a 345.800 monotributistas en el último dato disponible de septiembre de 2018.

Si analizamos el poder adquisitivo de los beneficiarios del programa Hacemos Futuro, observamos, en el gráfico siguiente, su evolución medida en canastas alimentarias. En la línea la azul se observa el poder de compra medido en canastas alimentarias (considerando una familia tipo) del salario máximo permitido para la categoría del monotributo social descontada la cuota del monotributo, y en la línea gris se puede observar el poder de compra del salario social con trabajo (también en canastas alimentarias para una familia tipo y descontada la cuota del monotributo) de los cooperativistas. En los dos casos se identifica una vertical caída en los últimos meses de 2018, coincidentes con la corrida del dólar y traslado a precios.

A su vez, en el cuadro a continuación se observa el poder de compra promedio (en canastas básicas alimentarias de una familia tipo) del salario máximo permitido y de la remuneración a cooperativistas (Argentina Trabaja, Ellas hacen, hoy Hacemos Futuro) en tres períodos: noviembre 2015 a octubre 2016, noviembre 2016 a octubre 2017 y noviembre 2017 a octubre 2018.  El salario máximo permitido a los trabajadores de la economía popular, sin que pierdan el beneficio del monotributo social, apenas cubre en promedio una canasta alimentaria. Esto mismo va en detrimento, claramente, del blanqueo de sus ingresos ya que, al pasar dicha categoría, no solo pasarían a duplicar la cuota del monotributo (actualmente la misma pasaría de $268,18 a $526,26) sino que perderían el beneficio actual.

 En suma, el poder de compra de la remuneración de los cooperativistas, además de haber disminuido desde noviembre de 2015, apenas cubre poco más de la mitad de la canasta alimentaria (con lo cual los trabajadores que solo cuenten con dicho ingreso son en su totalidad indigentes). En este punto, queda de manifiesto la importancia que tienen por otro lado los beneficios como la Asignación Universal por hijo para estos trabajadores, pero también el complemento salarial que representan otros ingresos adicionales que pueda tener el trabajador, como changas, propinas, todas muy dependientes de ciclo económico.


Segunda parte: el poder adquisitivo medido en dólares

Jubilaciones y salario mínimo medidos en dólares

Los análisis que hemos realizado anteriormente contrastan la evolución de los ingresos con el índice de precios oficial. En este punto nos interesa revisar el valor medido en dólares tanto de la jubilación mínima como del salario mínimo vital y móvil. Se deflactó el valor del dólar tomando la inflación de Estados Unidos, con el objeto de hacer aún más precisa la conversión de moneda (se compara con dólares de 2008).

El valor de la Jubilación Mínima cayó a niveles similares a los de 2001. Si a septiembre de 2001, por ejemplo, la jubilación mínima se ubicaba en torno a los 194 dólares (vale recordar que eran $150=u$150, pero en el ejercicio se considera la inflación de EEUU), esa cifra se encuentra muy cercana a los 207 dólares de diciembre de 2018. Si se considera el valor a noviembre de 2015, este ascendía a 397 dólares, es decir, estaba en un nivel sensiblemente superior al actual. Por otro lado, el promedio de 2015 alcanzó los 373 dólares. Retrospectivamente, la jubilación mínima medida en dólares se encuentra en su punto más bajo de los últimos diez años, comparable a los 201 dólares de diciembre de 2008.

En relación al SMVM, y como se observa en el gráfico a continuación, el valor cayó por debajo de los niveles de 2001. Si a septiembre de 2001, por ejemplo, el SMVM se ubicaba en torno a los 259 dólares (vale recordar que eran $200=u$200, pero en el ejercicio se considera la inflación de EEUU), el valor a diciembre de 2018 no alcanza los 251 dólares. Si se considera el valor a noviembre de 2015, este ascendía a 516 dólares, es decir, estaba en un nivel sensiblemente superior a los niveles actuales (el promedio de 2015 alcanza los 488 dólares). En síntesis, el SMVM medido en dólares se encuentra en su punto más bajo de los últimos doce años.

 

Evolución del poder adquisitivo de los ingresos de Programas Sociales, jubilaciones y SMVM comparativos entre 2001 y 2018

Para realizar el trabajo se procedió a la comparación considerando el precio en dólares y en pesos de una canasta básica de alimentos populares en tres momentos, los años 2001, 2015 y 2018. Frente al incremento del valor de la canasta de alimentos en dólares, contrasta la caída del monto de los ingresos de Programas Sociales entre el 2001 y 2018. En 2001 el monto del Plan Trabajar se ubicaba entre $120 y $160 (en promedio, $140, lo que en virtud de la convertibilidad equivalía a U$140), mientras que en diciembre de 2018 el monto en pesos de Argentina Trabaja y Ellas Hacen debería alcanzar los $5.006, lo cual equivale en dólares U$ 132 con un tipo de cambio de $38,02 (4). Cabe agregar que en 2015 el valor de los Programas Sociales alcanzaba los $2.600, es decir U$ 260 dólares (5).

En el cuadro que sigue detallamos los productos y valores de la canasta alimentaria utilizada, y luego en un cuadro resumen se describe el valor de la canasta, del salario mínimo, jubilación mínima y de los ingresos de Programas Sociales en los tres momentos seleccionados.

El poder adquisitivo medido en la canasta seleccionada muestra una sensible caída en el caso de los ingresos de Programas Sociales: mientras que en 2001 se podrían adquirir 5,28 canastas con un Plan Trabajar, en 2018 se podrían adquirir 3,99. Con relación al salario mínimo se podrían adquirir 7,55 canastas en 2001 y 9,01 en 2018 y con relación a la jubilación mínima 5,66 y 7,42.  Si en cambio, si se utiliza el 2015 como punto de referencia la caída es aún mayor dado que se podía adquirir 15,83 canastas con el salario mínimo, 12,18 con la jubilación mínima y 7,37 con los ingresos de Programas Sociales.


Tercera parte: la evolución del empleo y los salarios

Evolución del salario real de los trabajadores registrados

El poder adquisitivo de la Remuneración Normal y Permanente Desestacionalizada, considerando la evolución del IPC-INDEC y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM, BCRA), se retrajo 21,5% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo promedio de 2015 y el medido en diciembre de 2018, es decir, unos $7.046 mensuales, considerando la remuneración normal y permanente de $32.776 en diciembre de 2018.

Vale recordar, de todas formas, que los trabajadores registrados percibirían un bono de $5.000 en dos cuotas, aunque con varias apreciaciones al respecto: no lo cobran todos, las actividades o sectores en crisis o “declinación productiva” pueden discutir plazos y montos alternativos, y se compensa con montos de bonos y reaperturas paritarias de cada gremio.


Evolución del trabajo registrado y de la tasa de desocupación

Durante el segundo trimestre de 2018 la desocupación alcanzó un valor de 9,6%, el mayor desde el primer trimestre de 2007, cuando la tasa fue de 9,8%. Es esperable que los guarismos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018 arrojen datos aún superiores y que superen los dos dígitos, por efecto de la caída en el consumo y la actividad económica.

Si se considera la tasa de desempleo al segundo trimestre de 2015 (6,6 %, la mínima desde 2003) el 9,6% de desempleo para el segundo trimestre de 2018 implica 387.000 nuevos desempleados en los grandes aglomerados urbanos. Este valor proyectado al total del país implica 645.000 nuevos desempleados.

De todos los segmentos etarios los jóvenes fueron los más afectados. La tasa de desocupación en jóvenes entre 14 y 29 años fue de 19,3% en el segundo trimestre de 2018, 10 pp. (puntos porcentuales) superior a la tasa de desocupación de la población general. En la región GBA (Capital y partidos del GBA) la tasa de desocupación en jóvenes ascendió a 23,2%. Tomando como comparación el segundo trimestre de 2015, el incremento en la desocupación de los jóvenes fue de 5,1 pp. entre 2015 y 2018. Durante el mismo período el incremento fue de 8,2 pp. en el GBA.

Tomando en cuenta la variable de género, la desocupación afecta en especial las mujeres jóvenes. Para el segundo trimestre de 2018 más de 1 de cada 5 mujeres activas entre 14 y 29 años se encontraba desempleada.

Si bien los jóvenes de este estrato etario son especialmente vulnerables en términos laborales, con altas tasas de desempleo persistentes aun en situaciones mucho más favorables para el mercado de trabajo en su conjunto, la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal tiene un efecto incrementado para este grupo. Como antecedente (6), en la década de 1990, en el contexto de la aplicación de un plan económico de características similares al actual, la tasa de desempleo juvenil se incrementó rápidamente hasta alcanzar valores cercanos al 20%. Ya en el año 1991, la tasa de desempleo juvenil era de un 13,4%. Entre 1991 y 1994, tanto la desocupación en el total poblacional como entre los jóvenes se incrementó en 10 puntos porcentuales, llevando a una situación en la que casi la cuarta parte de los jóvenes se encontraba desempleados. En el año 1996 la tasa de desocupación trepó hasta un 32.4%, para descender nuevamente a valores cercanos al 25% hasta el 2001, donde nuevamente la crisis económica llevó la desocupación juvenil a valores superiores al 30% hasta el año 2004. Es decir, el desempleo juvenil del año 2016 es similar al de 1998, año previo al comienzo de la crisis de convertibilidad.


Cuarta parte: la evolución de la pobreza

Una de las promesas de campaña de Cambiemos fue transparentar las cifras del INDEC, sobre cuya veracidad habían planteado numerosas dudas desde el año 2008. Para ello, apenas asumido el Gobierno decretó la Emergencia Estadística por dos años, y comenzó un proceso de “revisión integral de las estadísticas públicas”.

Es importante remarcar que, previo al año 2016, no existían sospechas en relación a los indicadores surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sino que las dudas se concentraban en torno a los indicadores de inflación. Sin embargo, la nueva gestión del INDEC realizó cambios sustanciales a la metodología de la EPH, lo que ha generado dificultades relevantes para realizar comparaciones. Los cambios suscitados en la Encuesta Permanente de Hogares, que tuvieron lugar desde abril de 2016, repercutieron en indicadores muy sensibles como la desocupación, la desigualdad y la pobreza, dado que la EPH es el insumo a partir del cual se calculan estas variables.

Desde CEPA hemos realizado numerosos hallazgos acerca de inconsistencias en la EPH y en la metodología de medición de la pobreza que fue modificada luego de la Emergencia Estadística (7) (8). Tales inconsistencias surgen con claridad cuando se analizan los datos con un nivel de detalle de aglomerado urbano o provincia y cuando se estudia con profundidad la elaboración de las canastas básicas utilizadas para dar cuenta de las necesidades básicas de la población pobre. El principal cambio metodológico de la Encuesta Permanente de Hogares a partir de 2016 fue el cambio en las proyecciones poblacionales. Tal modificación en las proyecciones poblacionales genera en la práctica que la población proyectada a la cual se refiere la encuesta es sensiblemente diferente. Comparando la proyección poblacional actual con la vigente hasta el segundo trimestre de 2015 (antes de la Emergencia Estadística), se puede afirmar que los cambios en las proyecciones poblacionales de la EPH han redundado en indicadores que mejoran la distribución del ingreso, lo que suaviza los resultados de la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados, que tuvo lugar desde que asumió el Gobierno de Cambiemos.

Particularmente los errores en la metodología de medición de la pobreza no sólo incluyen las inconsistencias de la EPH (de la cual se extraen los ingresos que luego se contrastan con el valor de las canastas alimentaria y total), sino que además se detectaron errores en la composición, valorización y actualización de las canastas básicas utilizadas para representar las necesidades que debe satisfacer la población. Simplemente, las canastas utilizadas por el INDEC no representan el patrón de consumo actual de la población al estar basadas en una encuesta de gastos de 1996/1997 (ENGHO), y por lo tanto el INDEC muy difícilmente mide el paquete de bienes y servicios que la población pobre de referencia debe consumir para satisfacer sus necesidades.

En virtud de estas limitaciones y otras que se destacan en publicaciones realizadas por CEPA, a continuación, se realiza una estimación del posible impacto de la caída del poder adquisitivo de los ingresos populares sobre la incidencia de la pobreza.

Evolución de la CBA y CBT: una aproximación a la medición de pobreza por ingresos

Para el presente apartado utilizamos la metodología propuesta por el sociólogo e investigador Diego Born, retomando el informe “Pobreza: 25,7% a fines de 2017. El mejor momento de la era M. ¿El mejor momento desde 2003?”. Allí Born sostiene que

“para proyectar las variaciones sobre la pobreza se debe tener en cuenta que en general se observa una relación que señala que por cada entre 2,5 y 3 puntos de modificación del poder adquisitivo la pobreza se mueve un punto (para arriba o para abajo)” (9).

Según este mismo investigador, es posible estimar que la población cerca de la línea de la pobreza se ve afectada en un 77% por ingresos que provienen de fuentes laborales, donde el 32% corresponde a salarios del sector privado registrado, el 15% de ingresos de trabajadores independientes, el 20% de salarios informales y 10% de salarios estatales. Adicionalmente, el 15% de ingresos corresponden a jubilación o pensión, el 4% por ingresos vinculados a lo que el autor denomina “ayuda social”, y el 4% restante de otras fuentes. En virtud de ello, se realizó el siguiente cuadro (número 13) que compara la evolución de los ingresos reales entre julio y octubre de 2017 y julio y octubre de 2018 como proxy de la pobreza del segundo semestre de 2018.

En definitiva, el aumento de la pobreza para el segundo semestre de 2018 seria cercano al 6%. Si se toma en cuenta que la medición del segundo semestre de 2017 indicó 25,7% de pobreza por ingresos (medición de hogares), la nueva medición alcanzaría entre 31% y 32% para el periodo mencionado.

Al observar las variaciones en cantidad (que se detallan en el Cuadro 14), ninguna crece por encima del incremento poblacional anual que se ubica en el orden del 1% según INDEC. Por ende, si se incorporan al cálculo la variación de las cantidades de cada sector (jubilados, beneficiarios AUH, pensionados, beneficiarios PROGRESAR, autónomos, monotributistas, asalariados públicos, casas particulares, trabajadores privados, etc.), el dato mencionado sobre la suba de la pobreza (entre 31% y 32% al finalizar el año 2018) constituiría sólo un piso.

Principales cuestionamientos metodológicos

Hay una serie de cuestionamientos metodológicos a la medición actual de la pobreza, que fueron detalladas en los informes de CEPA citados previamente (nota al pie número 8). De ellos, es importante remarcar tres cuestiones:

1- La medición del segundo semestre de 2017 resulta llamativamente baja.

En línea con el análisis mencionado anteriormente, los salarios registrados en el segundo semestre de 2017 respecto del segundo semestre de 2016 solo implicaron la recuperación del 1% real (en la mediana de salarios registrados). Estos datos de recuperación salarial hacen difícil imaginar una reducción de la pobreza superior a 4 puntos porcentuales. Llama la atención la evolución de los ingresos de los trabajadores no registrados, cuya recuperación en términos de ingresos es muy superior a la de los trabajadores registrados, en torno a los 6 puntos porcentuales.

En ese mismo sentido, la evolución para el mismo periodo y en el mismo ámbito geográfico de INDEC y de Estadísticas de CABA tiene comportamientos inversos. A pesar de que existen diferencias metodológicas en ambas mediciones, resulta llamativo el comportamiento tan dispar en ese periodo en particular.

2- El INDEC modificó la forma de cálculo en 2016. Si se continua la con la metodología previa, la medición de la pobreza es sensiblemente mayor. 

3- La subestimación del sensible aumento de las tarifas

La metodología de medición de la pobreza exige medir el patrón de consumo de una población de referencia (aquella en el umbral de la pobreza) a partir de una encuesta de gastos de hogares, ahí se establece el patrón de consumo alimentario y la relación monetaria entre este consumo y los demás consumos básicos, o sea entre la CBA y CBT. Existe una relación entre el gasto de consumo en alimentos con el gasto de consumo en el resto de la canasta básica. Esta relación se construye a partir del valor monetario de las canastas y se denomina el coeficiente de Engel.

La CBT no consiste en productos o cantidades sino en el monto monetario de los bienes no alimentarios que consume la población de referencia al momento de la encuesta. Una vez establecida esta relación, la CBA y CBT se actualizan cada mes con los precios de las mismas. En otras palabras se asume que no habrá cambios significativos en el patrón de consumo o sea en la composición y cantidades de las canastas. Sin embargo, este supuesto fuerte se debe a la dificultad y costo de realizar encuestas de gastos muy seguido y no a qué no se sepa que existen cambios en los consumos. Como los consumos cambian, aún más en países que han sufrido cambios de precios relativos, alta inflación u otros shocks económicos, la base del cálculo se revisa con cada nueva encuesta de gastos. Como lo dice justamente el INDEC en su documento metodológico:

“Es un hecho conocido que los hábitos de consumo de la población argentina tienden a cambiar con el transcurso del tiempo. La población de referencia no queda exenta de este fenómeno y, por lo tanto, se requieren actualizaciones metodológicas cada cierto tiempo a fin de lograr una mejor adecuación entre la medición de la pobreza y los hábitos de consumo de la población. El procedimiento habitualmente seguido para la actualización mensual del CdE [Coeficiente de Engel] no logra reflejar estos cambios en los patrones de consumo, dado que lo que hace es mantener, a través del tiempo, la relación del consumo alimentario y no alimentario observada en el momento de la encuesta de gasto de los hogares. Es necesario, por lo tanto, un cambio de base del CdE, para poder reflejar dichas diferencias” (11).

Así de la misma manera que se evidencian claras diferencias entre la CBA de 1996/1997 y los consumos actuales, lógicamente habría diferencias entre los consumos de CBT de aquel entonces y la de hoy.

Es más complejo mostrar el anacronismo de la CBT, puesto que no es una canasta realmente sino un monto monetario de todos los otros bienes básicos que consume la población de referencia. No obstante, el análisis comparativo de las encuestas nacionales de gastos de hogares 1996/1997, 2004/2005 y 2012/2013 muestra que la relación entre el gasto de consumo en alimentos y bebidas (CBA) en proporción al gasto de consumo total (CBT) varía. Por lo tanto, no se puede pretender estimar el comportamiento de consumo de la población de 2016 en base al patrón de consumo de la población de 1996/1997 o 2004/2005.

Llamativamente y a pesar de la afirmación del INDEC citada más arriba que es conforme con el estado del arte de la metodología de medición de la pobreza e indigencia, el INDEC hoy está calculando la pobreza en base al patrón de consumo de 1996/1997 y 2004/2005.

En la práctica, la inversa del Coeficiente de Engel, que incluye el impacto de las tarifas era de 2,60 en 2006 mientras que en la actualidad es de 2,52. Es decir, en 2006 el peso de los gastos no alimentarios era mayor al actual, lo cual es un sinsentido.

Si se pretende estimar esta subestimación, es posible inferir que el impacto del aumento de la pobreza esta subestimado en aproximadamente 15% (es decir, si la pobreza es del 30%, debería ser de 34,5%).


Quinta parte: el efecto de la devaluación y el aumento de precios sobre el consumo

La devaluación del peso, entre abril y octubre, tuvo un marcado efecto sobre los precios, especialmente en alimentos, medicamentos y tarifas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y el Instituto Proyección Ciudadana realizaron una encuesta durante el mes de septiembre, en el área metropolitana (CABA y GBA) donde se consultó por los cambios recientes en los hábitos de consumo. A cada uno de los encuestados se les preguntó si disminuyeron, mantuvieron o aumentaron el consumo de lácteos, carnes, frutas y verduras, gaseosas, jugo y soda, salidas recreativas, combustible y medicamentos.

Los resultados arrojan una fuerte retraccion de practicamente todos los consumos. En terminos secuenciales es posible inferir que en primer lugar, el recorte se realiza en los rubros vinculados a la recreacion (69%), continuando luego por alimentacion (carne, 54%; gaseosas y jugos, 44%; frutas y verduras, 43%) para concluir en un llamativo recorte en dos rubros particularmente sensibles: lacteos (34%) y medicamentos (23%). Este análisis secuencial es de utilidad dado que quien recorta en medicamentos probablemente ya haya recortado en el resto de los rubros menos “imprescindibles”.

Evolución del consumo por nivel socioeconómico

La evolución del consumo muestra que en todos los niveles socioeconómicos (alto, bajo) hubo un porcentaje relevante de encuestados que disminuyó las cantidades consumidas. En términos generales, mientras que los de nivel socioeconómico bajo tienden a reducir más el consumo en productos de primera necesidad, los sectores medios y altos lo hicieron en salidas recreativas y combustibles.


Sexta parte: el aumento en los servicios y el transporte. El impacto en relación al SMVM y al salario registrado

A continuación, se muestran los principales aumentos de servicios entre 2015 y 2018, tanto en gas, como electricidad, agua, y transporte, para la región AMBA.

El sensible aumento en cada rubro ha impactado en el bolsillo de los trabajadores argentinos. Se consideró un aumento promedio para gas y electricidad de 25% en el primer semestre de 2019 y en el caso del agua, sendos aumentos de 17% en enero y 27% en mayo de 2019.

Si se pretende analizar la evolución de los aumentos de servicios en relación con el aumento del SMVM y de la Remuneración Normal y Permanente Desestacionalizada solo hasta finales de 2018, se percibe que el incremento de los primeros supera ampliamente el ingreso de los trabajadores. El gas se incrementó a diciembre de 2018 un 3008%, la electricidad 2136%, el agua 515%, el transporte 332%, mientras que la remuneración normal y Permanente Desestacionalizada y el SMVM solo aumentaron 113% y 100% respectivamente.


Séptima parte: una estimación poblacional de villas y asentamientos

A continuación, se presenta un estudio estimativo censal de la cantidad de personas que vivirían en villas y asentamientos en la Argentina (13). Fue realizado a través de distintos tipos de relación espacial entre los radios censales (entidades con información censal) y las geometrías de los 'barrios populares' registrados en el RENABAP. El Modelo de estimación poblacional por correspondencia de superficie permite contemplar esta diversidad y tiene un modelo de asignación poblacional para cada caso. Según este modelo de estimación, en Argentina y según la proyección poblacional a 2018, viven 4.117.373 personas en villas y asentamientos. Alrededor de 9,5% de la población total, uno de cada 10 argentinos vive en villas. 


Conclusiones

Primera parte: el poder adquisitivo de los ingresos según inflación

  • El poder adquisitivo del haber mínimo, considerando la evolución del IPC-INDEC y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se retrajo 19,5% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el medido en diciembre de 2018, es decir, unos $1.814 mensuales, considerando la jubilación mínima de $9.306 en diciembre de 2018. Si se proyecta esa pérdida mensual por doce meses, obtenemos una pérdida anual de $21.768 en 2018 respecto del promedio de 2015. Las proyecciones a 2019, a contramano de lo indicado por el gobierno, muestran una profundización en este sentido, llegando a perder 21% en el promedio de los primeros cinco meses de 2019 respecto del promedio de 2015.
  • En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la evolución es similar. El monto se retrajo 19,7% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el mismo valor para el mes de diciembre de 2018, es decir, la pérdida de los beneficiarios arrojaría unos $360 mensuales, considerando la AUH de $1.827 en diciembre de 2018. Las proyecciones a 2019, también a contramano de lo indicado por el gobierno, muestran un empeoramiento de la situación, llegando a perder 20,2% en el promedio de los primeros cinco meses de 2019 respecto del promedio de 2015.
  • Respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil, en promedio, la pérdida de poder adquisitivo en diciembre de 2018 respecto del promedio de 2014/2015 alcanza un 24%, es decir, algo más que $2.700 mensuales, considerando el SMVM de $11.300 en diciembre de 2018.
  • Mientras el beneficio del Programa Hacemos Futuro debería aumentar de $4.030 en abril de 2017 ($4.430 en diciembre último) a $8.265 en agosto de 2019 según el incremento de la inflación, el aumento se limitará a alcanzar los $6.250. Esto significa una pérdida de $2.015 para ese mes, es decir una retracción del poder adquisitivo del orden del 24%. Para el periodo completo, comprendido entre diciembre 2018 y agosto 2019, implicaría una pérdida de $20.980. El bono de $3.000 para los beneficiarios, anunciado recientemente, no logra compensar la pérdida.

Segunda parte: el poder adquisitivo medido en dólares

  • El valor de la Jubilación Mínima cayó a niveles similares a los del año 2001. Si a septiembre de 2001, por ejemplo, la jubilación mínima se ubicaba en torno a los 194 dólares (vale recordar que eran $150=u$150, pero en el ejercicio se deflacta por la inflación de EEUU), esa cifra se encuentra muy cercana a los 207 dólares de diciembre de 2018. Si se considera el valor a noviembre de 2015, este ascendía a 397 dólares, es decir, estaba en un nivel sensiblemente superior al actual. Por otro lado, el promedio de 2015 alcanzó los 373 dólares. Retrospectivamente, la jubilación mínima medida en dólares se encuentra en su punto más bajo de los últimos diez años, comparable a los 201 dólares de diciembre de 2008.
  • En relación al SMVM, el valor cayó por debajo de los niveles de 2001. Si a septiembre de 2001, por ejemplo, el SMVM se ubicaba en torno a los 259 dólares (vale recordar que eran $200=u$200, pero en el ejercicio se considera la inflación de EEUU), el valor a diciembre de 2018 no alcanza los 251 dólares. Si se considera el valor a noviembre de 2015, este ascendía a 516 dólares, es decir, estaba en un nivel sensiblemente superior a los niveles actuales (el promedio de 2015 alcanza los 488 dólares). En síntesis, el SMVM medido en dólares se encuentra en su punto más bajo de los últimos doce años.
  • El poder adquisitivo medido en la canasta seleccionada muestra una sensible caída en el caso de los ingresos de Programas Sociales: mientras que en 2001 se podrían adquirir 5,28 canastas con un Plan Trabajar, en 2018 se podrían adquirir 3,99. Con relación al salario mínimo se podrían adquirir 7,55 canastas en 2001 y 9,01 en 2018 y con relación a la jubilación mínima 5,66 y 7,42.  En cambio, si se utiliza el 2015 como punto de referencia la caída es aún mayor dado que se podía adquirir 15,83 canastas con el salario mínimo, 12,18 con la jubilación mínima y 7,37 con los ingresos de Programas Sociales.

Tercera parte: la evolución del empleo y los salarios

  • El poder adquisitivo de la Remuneración Normal y Permanente Desestacionalizada, considerando la evolución del IPC-INDEC y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM, BCRA), se retrajo 21,5% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo promedio de 2015 y el medido en diciembre de 2018, es decir, unos $7.046 mensuales, considerando la remuneración normal y permanente de $32.776 en diciembre de 2018.
  • Si se considera la tasa de desempleo al segundo trimestre de 2015 (6,6 %, la mínima desde 2003) el 9,6% de desempleo para el segundo trimestre de 2018 implica 387.000 nuevos desempleados en los grandes aglomerados urbanos. Este valor proyectado al total del país implica 645.000 nuevos desempleados.
  • La tasa de desocupación en jóvenes entre 14 y 29 años fue de 19,3% en el segundo trimestre de 2018, 10 pp. (puntos porcentuales) superior a la tasa de desocupación de la población general. En la región GBA (Capital y partidos del GBA) la tasa de desocupación en jóvenes ascendió a 23,2%. Tomando como comparación el segundo trimestre de 2015, el incremento en la desocupación de los jóvenes fue de 5,1 pp. entre 2015 y 2018. Durante el mismo período el incremento fue de 8,2 pp. en el GBA.

Cuarta parte: la evolución de la pobreza

  • Considerando la evolución de los ingresos reales entre julio y octubre de 2017 y julio y octubre de 2018 como proxy de la pobreza del segundo semestre de 2018, se concluyeque el aumento de la pobreza para el segundo semestre de 2018 seria cercano al 6%.
  • Si se toma en cuenta que la medición del segundo semestre de 2017 indicó 25,7% de pobreza, la nueva medición alcanzaría entre 31% y 32% a fines de 2018.

Quinta parte: el efecto de la devaluación y el aumento de precios sobre el consumo

  • Los resultados de la encuesta realizada en Septiembre de 2018 entre CEPA y Proyeccion Ciudadana muestran una fuerte retraccion de prácticamente todos los consumos. En términos secuenciales es posible inferir que, en primer lugar, el recorte se realiza en los rubros vinculados a la recreacion (69%), continuando luego por alimentación (carne, 54%; gaseosas y jugos, 44%; frutas y verduras, 43%) para concluir en un llamativo recorte en dos rubros particularmente sensibles: lácteos (34%) y medicamentos (23%). Este análisis secuencial es de utilidad dado que quien recorta en medicamentos probablemente ya haya recortado en el resto de los rubros menos inelásticos.

Sexta parte: el aumento en los servicios y el transporte. El impacto en relación al SMVM y al salario registrado

  • Si se pretende analizar la evolución de los aumentos de servicios en relación con el aumento del SMVM y de la Remuneración Normal y Permanente Desestacionalizada, solo hasta finales de 2018, se percibe que el incremento de los primeros supera ampliamente el ingreso de los trabajadores. El gas se incrementó a diciembre de 2018 un 3.008%, la electricidad 2.136%, el agua 515%, el transporte 332%, mientras que la remuneración normal y Permanente Desestacionalizada y el SMVM solo aumentaron 113% y 100% respectivamente.

Séptima parte: una estimación poblacional de villas y asentamientos

  • El Modelo de estimación poblacional por correspondencia de superficie permite estimar que, en Argentina y según la proyección poblacional a 2018, viven 4.117.373 personas en villas y asentamientos. En otras palabras, alrededor de 9,5% de la población total, uno de cada 10 argentinos, vive en villas. 

Notas al pie

(1) El Monotributo Social (Ley 25.865), es una categoría tributaria permanente, que tiene el objetivo de promover la incorporación de aquellos trabajadores que no están incluidos en la economía formal a través de una serie de requisitos como el ingreso anual máximo. Pueden acceder a este derecho “Personas físicas mayores de 18 años que realicen una única actividad económica; Integrantes de proyectos productivos que conformen grupos de hasta 3 personas.; Cooperativas de Trabajo (pueden ser fábricas recuperadas o empresas recuperadas que hayan sido traspasadas a los trabajadores, con 6 asociados como mínimo).El derecho se mantiene siempre que subsista la situación de vulnerabilidad social y se continúe cumpliendo con los requisitos de ingreso al programa y no se originen incompatibilidades de ningún tipo. Que es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para la Protección Social y las pensiones no contributivas a madres de 7 o más hijos,…”.

(2) Consultar: https://viapais.com.ar/santiago-del-estero/583463-suspendieron-el-beneficio-del-salario-social-complementario/.

(3) Consultar: https://www.clarin.com/economia/gobierno-dara-baja-28-mil-planes-empleo-reciben-piqueteros_0_HJoWv0OBz.html.

(4) El dólar utilizado es al valor de 29/11/2018 mayorista de la Circular 3500 del BCRA: $38,02. Esta comparación, a diferencia de la realizada en el apartado anterior, se realiza en dólares corrientes, es decir, no considera la inflación de EEUU y por lo tanto no resultan ser dólares equivalentes. A los efectos del presente ejercicio esto carece de sentido dado que se utilizaran para comparar el poder de compra de una canasta medida en dólares también corrientes de cada momento mencionado.

(5) El dólar utilizado es el valor promedio de noviembre de 2015 mayorista de la Circular 3500 del BCRA.

(6) Informe CEPA “Jóvenes y empleo, en números”, junio de 2017, disponible en: http://eppa.com.ar/5887-2/.

(7) La Encuesta Permanente de Hogares es una encuesta por muestreo, donde cada uno de los individuos y hogares incluidos representa un número a uno (en efecto, no es un censo donde se recogen datos del universo). La cantidad de personas y hogares que representa cada uno se llama proyección poblacional.

(8) Los informes precedentes realizados por CEPA pueden descargarse online en http://centrocepa.com.ar. Son los siguientes: “Medición de pobreza (noviembre 2015 - abril 2016)”, 4 de julio de 2016; “Medición de pobreza (noviembre 2015 - junio 2016) - GBA y Región Pampeana”, 16 de agosto de 2016; y “Medición de la pobreza en Argentina: ¿estratagema de ocultamiento o simple deterioro institucional?”, 29 de marzo de 2017. 

(9) Consultar: Born, D. (2018), disponible en: http://artepolitica.com/articulos/pobreza-257-a-fines-de-2017-el-mejor-momento-de-la-era-m-el-mejor-momento-desde-2003/.

(10) Incluye 10% de trabajadores estatales.

(11) Es la estimación del 4% de otros ingresos entre los segmentos mencionados.

(12) http://centrocepa.com.ar/informes/111-analisis-de-la-canasta-basica-alimentaria-cba-utilizada-por-el-indec-segun-el-cambio-de-metodologia-realizado-en-2016.html.

(13) Lo realizó Brian Covaro, al mismo es posible acceder en https://lasocialinformacion.blogspot.com/2018/12/villero-el-ciudadano-estimacion-de-la.html.


Autores

Hernán Letcher, Eva Sacco y Julia Strada.


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