El #8M en clave económica

El presente informe es realizado por mujeres economistas, sociólogas y politólogas integrantes de CEPA, que al mismo tiempo coordinan y forman parte de equipos de trabajo temáticos (fiscal, precios, mercado de trabajo y equipo  financiero) e impulsan el Observatorio de Géneros al interior del Centro de Economía. El informe se publica en el marco del paro internacional de mujeres del 8 de Marzo -#8M- y tiene por finalidad la cuantificación y visibilización de desigualdades económicas de distinta índole en la sociedad. Este trabajo opera como continuidad de dos trabajos precedentes realizados por el Observatorio de Géneros del CEPA y presentados en 2018 y 2019, titulados “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” (1)y “Mujeres argentinas: entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas”.

El texto se ordena en tres secciones. En la primera se propone sistematizar y actualizar a partir de las nuevas mediciones 2019 las principales desigualdades de género en la economía argentina a la luz de las transformaciones operadas en la etapa 2016-2020, proponiendo al mismo tiempo una radiografía sobre la situación recibida por el gobierno actual que sirva como insumo para la política pública. En la segunda se realiza un análisis de las principales medidas sociales implementadas por el actual gobierno en los primeros meses de gestión considerando un enfoque de género. En la tercera sección se expone la situación actual de las mujeres en el mercado formal de crédito, analizando indicadores de inclusión financiera, al mismo tiempo que se detallan  las medidas adoptadas para aliviar el fuerte peso de la deuda con ANSES que, en su mayoría mujeres, contrajeron en los últimos años. Por último, se desarrollan las conclusiones del informe.


Primera parte: las mujeres y el mercado de trabajo

El perfil de inserción en el mercado de trabajo de las mujeres difiere sustancialmente del de los varones: tienen una menor tasa de actividad y trabajan en promedio, menos horas de manera remunerada, lo que tiene un efecto directo sobre sus ingresos. Según el INDEC (EPH-III 2019), mientras que la tasa de actividad masculina es de 70,2%, para las mujeres es de 49,2%. Según la encuesta de uso del tiempo de INDEC del año 2013, las mujeres dedican 38 horas semanales y los varones 47 horas al trabajo para el mercado.

Como contrapartida de la menor inserción de las mujeres en el trabajo remunerado para el mercado, se encuentra el denominado trabajo reproductivo que realizan en gran medida las mujeres. Como se describe en el informe de CEPA “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” realizado con motivo del 8 de marzo de 2018, las mujeres cargan con la mayor parte de las responsabilidades de orden doméstico, así como también la realización de tareas de cuidados de menores y adultxs mayores. Mientras que las mujeres en promedio dedican casi 46 horas semanales a tareas de cuidado de personas, limpieza y cocina, los varones solamente lo hacen un promedio de 17 horas, según surge de los datos de la encuesta de uso del tiempo de INDEC de 2013 (2).

La desigual inserción laboral femenina limita el acceso a la generación de recursos económicos, lo que deriva en un problema estructural para el conjunto del género femenino. Una de las maneras en que se manifiesta este fenómeno es en la persistencia de la denominada brecha de ingresos. Pero las diferencias entre varones y mujeres al momento de insertarse laboralmente no se agotan en la desigual distribución del trabajo productivo y reproductivo. Las mujeres también tienen mayores tasas de informalidad laboral, lo que implica no solo menores ingresos, sino diferencias cualitativas en términos de derechos laborales y de acceso a cobertura jubilatoria a futuro. Además, la mayor dedicación al trabajo reproductivo en detrimento del productivo opera como limitante al crecimiento profesional de las mujeres, fenómeno que se conoce como “techos y paredes de cristal” y “pisos pegajosos”: las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los niveles inferiores de las organizaciones y sub-representadas en los trabajos de mayor responsabilidad.

Otro de los factores que también tiene influencia sobre los menores ingresos percibidos por las mujeres en el mercado laboral se encuentra relacionado con el perfil de inserción diferencial entre unos y otras. Por un lado, las mujeres se insertan de manera más intensiva en las denominadas profesiones del cuidado: docencia, salud, y trabajo doméstico, reproduciendo en el mercado laboral la división sexual del trabajo que opera al interior de los hogares. Mientras que sólo 6% de los varones se dedica a estas actividades, entre las mujeres asciende a 32%. (CEPA, 2018). La investigadora y referente feminista argentina Valeria Esquivel, estudió -consistentemente con la evidencia internacional-, que tanto la feminización como el componente de cuidado de las profesiones afectan negativamente los salarios percibidos por lxs trabajadorxs.

Cabe destacar, que a partir de los resultados estadísticos arrojados del Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (3), el 59,1% de los casos registrados cuentan con información sobre la situación laboral de la víctima.  De ellos, el 50,4% corresponde a mujeres que manifiestan tener un empleo formal o informal y 49,6% manifiesta no estar ocupada en una actividad remunerada. Dentro de esta categoría se encuentra el trabajo no remunerado de los hogares, es decir que son mujeres que se dedican exclusivamente a tareas domésticas y de cuidados (constituyen aproximadamente la mitad de las víctimas sin trabajo remunerado), y el resto lo constituyen mujeres jubiladas, pensionadas y estudiantes.

Por lo tanto, se podría inferir que casi la mitad de los casos registrados que cuentan con dicha información, reflejan víctimas que dependen económicamente en mayor o menor medida del agresor. Esto implica que la falta de autonomía económica de las mujeres condicione o limite la posibilidad de independizarse o alejarse de la situación de violencia, y por lo cual es importante la presencia de políticas públicas en pos de evitar y desarticular estas dependencias.

La evolución reciente de las mujeres en el mercado laboral: desempleo e informalidad en el período 2015-2019

En 2019, el mercado laboral argentino reflejó la profundización de la crisis, tanto en términos de desocupación como de condiciones de trabajo. Comparando los segundos trimestres, entre 2015 y 2019 la tasa de desocupación se incrementó 4,1 p.p pasando de 6,5% a 10,6%. Las mujeres, cuya inserción en el mercado laboral determina mayor desempleo estructural, llegaron a tener una tasa de dos cifras (10,8%) en el segundo trimestre de 2018. Para el segundo trimestre de 2019 las mujeres tenían una tasa de desempleo de 11,2%.

Las mujeres jóvenes fueron las que experimentaron mayores tasas de desocupación. Entre 2015 y 2019 ésta se incrementó en 8.5 p.p, pasando de 14,9% a 23.4% en el período considerado. Sólo entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019 se incrementó en 4.1 pp, pasando de 19,3% a 23.4%.

En términos de informalidad, las mujeres también son las más afectadas. En un contexto de incremento del trabajo no registrado experimentado en el período 2015-2019 (pasó de 33,1% a 34,5%), las mujeres pasaron de 35% a 36,7%.

Por otra parte, una de cada dos trabajadoras con empleo no registrado se inserta en el trabajo doméstico, actividad feminizada casi completamente, donde el 98% son mujeres. En este rubro, la diferencia entre formalidad e informalidad es determinante: entre las empleadas domésticas formalizadas, el 26% son pobres, mientras que entre las empleadas domésticas no registradas el porcentaje asciende al 48%. El salario por hora de las trabajadoras domésticas no registradas representa el 75% del salario por hora de las registradas (EPH-INDEC II-2017).

La brecha salarial: persistencia y evolución reciente

La ausencia de paridad en términos de ingresos constituye una de las principales desigualdades económicas que afecta a las mujeres en Argentina y en el mundo. La misma es un fenómeno persistente, como puede observarse en elGráfico N°4. Cuando se observa la brecha de ingresos de la ocupación principal (laboral) en el largo plazo, es posible identificar una disminución de 11 puntos porcentuales durante la etapa previa, pasando del 33% al 22% en el período 2004 - 2015, con una contundente disminución durante los primeros años y un relativo estancamiento en la caída en la segunda mitad. Esta evolución está relacionada con la mejora de los indicadores macroeconómicos y particularmente aquellos asociados al mercado de trabajo (salario real, nivel de formalización e incorporación a convenios colectivos de trabajo, etc.). En 2020 la brecha obtenida por los ingresos diferenciales de la ocupación principal se ubica en 26%. Si bien en un período de corto plazo resulta difícil dar cuenta de tendencias de este tipo, el crecimiento de la brecha entre 2015 - 2017 permite prever que, en un contexto de desmejora macroeconómica, las desigualdades de género en los ingresos se profundizan. Asimismo, este hecho se visualiza para el periodo recesivo del año 2014. De cualquier manera, es posible concluir que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres por la ocupación principal se mantiene entre el 20 y 30% desde hace más de una década. Si se considera la brecha de ingresos personales, la evolución es similar, aunque con disminuciones menos pronunciadas porque incluye ingresos no – laborales, que no evolucionan necesariamente a la par del mercado de trabajo. La misma da cuenta de la existencia de desigualdades de género aún en los ingresos no vinculados directamente a lo laboral. Así, la brecha de ingresos personales disminuyó 6 puntos porcentuales entre 2004 - 2015, para volver ascender 3 puntos porcentuales hacia 2017 y llegar a 27% durante 2018 y 2019.

Recientemente, para el segundo trimestre de 2019, si se consideran los ingresos de la ocupación principal (aquellos compuestos por la principal actividad laboral) la brecha se ubica en el 26%. Es decir, que la masa salarial de los varones en los 31 aglomerados urbanos de Argentina es 26% mayores que la masa salarial de las mujeres. Pero aun cuando se consideran los ingresos personales (aquellos compuestos por la totalidad de los ingresos de una persona: ingresos laborales de la ocupación principal y secundaria e ingresos no laborales, como por ejemplo jubilaciones, pensiones, renta, cuota por alimentos, entre otros), la brecha entre varones y mujeres se ubica en el 27%. Es decir, que los varones perciben ingresos personales un 27% mayores que las mujeres.

La tendencia a la baja en ambas mediciones durante 2018, parece ser contradictoria con las graves dificultades macroeconómicas que viene atravesando argentina desde el inicio de 2018. Sin embargo, vale aclarar que la caída de la brecha, aunque exprese una mejora relativa de las mujeres respecto de los varones, es consistente con un empeoramiento absoluto de los salarios reales de mujeres y varones. Por otro lado, tal como se muestra en el Gráfico N° 5, al observar la evolución diferencial de la brecha entre trabajadorxs registrados y no registrados, surge que la disminución de esta operó solo para los registrados y por el contrario en el caso de los no registrados se amplió de 34% a 35%.

Los promedios que muestra la brecha esconden que las mujeres con mayor vulnerabilidad laboral experimentaron tanto un empeoramiento absoluto de sus ingresos, como uno relativo en términos de género. Además, ese colectivo de mujeres está viéndose incrementado por el aumento de la informalidad laboral femenina (tal como se muestra en el Gráfico N°3) y la destrucción de puestos de trabajo registrado. Según los datos de SIPA procesados por el Ministerio de Producción y Trabajo, hacia diciembre de 2018 se produjo una caída en el total de trabajadorxs registrados del 1,5%. Por lo cual, las mejoras relativas de género que operaron en el mercado laboral en término de brecha durante el 2018 correspondieron solamente al mercado de trabajo formal sin percibirse un derrame sobre las mujeres con empleos informales. Por el contrario, en el mercado informal se amplió la brecha en paralelo a un aumento en el porcentaje de trabajadoras informales.

Cuando se observa la brecha de ingresos en el trabajo informal con respecto al trabajo formal en el largo plazo, queda de manifiesto la importancia del rol del Estado: mientras que entre lxs trabajadorxs registrados la brecha ronda el 20%, entre las y los informales la brecha se duplica, ubicándose en torno al 40%.

En definitiva, es posible identificar una correlación negativa entre la performance macroeconómica y la evolución de la brecha de ingresos entre varones y mujeres (mientras se formalizaba el empleo y crecía el salario real, la brecha disminuía) aunque, como se mencionó previamente, persiste un núcleo duro de desigualdad que se manifiesta en la existencia de una brecha superior al 20% durante todo el período bajo análisis, Así, la eliminación de la brecha de ingresos entre varones y mujeres exige la puesta en práctica de políticas públicas con perspectiva de género, que hagan hincapié en las causas de la inequidad salarial.

Con relación a las políticas públicas, cabe resaltar la importancia que tiene el estudio del mercado de trabajo con mirada de género para la elaboración y proposición de acciones efectivas al momento de mejorar las condiciones laborales y de ingreso de las mujeres. Uno de los principales mitos- y que sirvió de fundamento al proyecto de ley de equidad salarial propuesto por el entonces oficialismo en 2018- en cuanto al origen de la brecha es que la misma se debe a que las mujeres perciben menor remuneración a igual tarea realizada por varones. Además de estar prohibido por ley, lo cierto es que esta per se no explica el fenómeno macro. Si bien es cierto que estos casos de discriminación existen, otros fenómenos resultan determinantes: la desigual distribución entre trabajo productivo y reproductivo, la mayor informalidad laboral y la penalización salarial de las profesiones más feminizadas. Allí es donde deben apuntar las políticas públicas.

Las investigadoras Valeria Esquivel y Francisca Pereyra estudiaron las remuneraciones promedio horarias de lxs trabajadorxs argentinxs entre 2006 y 2015 y concluyeron que los trabajadorxs del sector de sanidad, docencia y domésticos tenían remuneraciones por hora inferiores a otras actividades similares, identificando una penalización del cuidado en este tipo de profesiones. En este contexto es que cobra vital importancia el Mapa Federal del Cuidado que el nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación se encuentra realizando con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Como primer paso para definir la agenda pública en materia de equidad entre varones y mujeres, hay que definir no sólo cómo, cuando y dónde se cuida sino que también quiénes lo hacen y en qué condiciones se cuida.


Segunda parte: Análisis de las primeras políticas en clave feminista

Aumento de jubilaciones y pensiones

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no está exento de los sesgos patriarcales de la distribución del ingreso. Sin embargo, las últimas medidas adoptadas desde diciembre 2019 en materia de jubilaciones responden a una política con perspectiva de género, dado que quienes han resultado más beneficiadas son las mujeres jubiladas y pensionadas.

En Argentina, el 63,48% de los y las beneficiarios/as titulares de jubilaciones y/o pensiones del SIPA son mujeres -tal como surge del Cuadro 1-.

Las últimas políticas adoptadas, referidas a los bonos para la jubilación mínima, benefician a las personas que perciben menores ingresos en el sistema jubilatorio, que resultan ser mujeres. Entre el 71% y el 74%  de los y las perceptores/as de la jubilación mínima son mujeres, según los datos provistos por ANSES.

Si analizamos los haberes medios, el sesgo a favor de los varones se puede ver no solamente por la división entre las mujeres y varones sino también entre quienes acceden a la jubilación a través de una moratoria y quiénes no. Y nuevamente el análisis es desfavorable para las mujeres en ambos casos, ya que reciben los haberes más bajos y son quienes se jubilan mediante un plan de facilidades. En este sentido, si tenemos en cuenta sólo el universo de mujeres, se puede ver que el 86% de las que acceden a una jubilación lo hace a través de la moratoria, es decir, que sólo el 14% de las mujeres puede jubilarse mediante un sistema plenamente contributivo (porque han logrado tener 30 años de aportes).

De acuerdo a la información que se puede observar en el Cuadro N° 2, quienes acceden a la jubilación sin moratoria tienen haberes superiores al medio, pero más altos para los varones, quienes lo llegan a superar en un 79% mientras que las mujeres en un 41%. Por otro lado, aquellos que llegan a jubilarse vía un plan de facilidades tienen jubilaciones menores, pero la baja es más profunda para las mujeres que reciben ingresos un 25% por debajo del haber medio mientras que los varones un 19%.

En el mismo cuadro, se visualiza que el haber promedio que perciben las mujeres jubiladas en Argentina es menor que el que perciben los varones. En marzo de 2019 la diferencia entre jubilados y jubiladas sin moratoria era de un 28% a favor de los jubilados varones, mientras que aquellos jubilados con moratoria cobraban en promedio un 8% más que las jubiladas en su misma condición. Este fenómeno se explica a través de la brecha de ingresos que existe en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres (que en el 2019 ascendió a 27%). En la vida activa, los hombres al percibir mayores ingresos realizan mayores aportes al sistema previsional, generando así que -en promedio- tengan haberes más elevados.

En virtud de esta desigualdad entre varones y mujeres al interior del sistema previsional, el aumento jubilatorio anunciado para marzo de 2020 implica un beneficio mayor para las mujeres que perciben jubilaciones con moratoria. El aumento en promedio resultó de un 13% y para los jubilados varones de un 12%. Este aumento además redujo la brecha al 26,41%.

Las medidas recientes aplicadas para las y los jubilados de menores ingresos consistieron en: 1) el otorgamiento de bonos de hasta $5.000, otorgados en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 a todas las jubilaciones y pensiones inferiores a $19.068, y 2) un primer aumento general decretado para el mes de marzo 2020 por un monto de $1.500 más el 2,3% -en un contexto de suspensión de la fórmula de movilidad previsional por 180 días-. El objetivo de estas decisiones fue reducir la brecha o distancia al interior del sistema previsional entre los haberes de menor y mayor poder adquisitivo. Ello redundó en la mejora de la situación de las mujeres jubiladas y pensionadas, quienes - según la información que surge de los cuadros 3 y 4- son las que menores ingresos perciben.

Es importante mencionar que el poder adquisitivo del haber mínimo se retrajo un 19,1% entre 2015 y 2019 (CEPA) y, si se incluye en el análisis la evolución de la Canasta Básica Alimentaria, la pérdida en 2019 en relación a 2015 alcanza el 24% (5).

Del total de los beneficiarios, el 48,85% percibe un haber mínimo y, de ese total, el 82,19% corresponde a jubilaciones con moratoria. Si tenemos en cuenta que del total de beneficios con moratoria el 73,46% son percibidos por mujeres, se pone de manifiesto que de lxs adultxsmayores que perciben haberes mínimos, la mayoría son mujeres.

Del total de nuevas mujeres jubiladas en 2018, el 83% lo hicieron a través de la moratoria. Esto significa que solo el 17% de las mujeres han tenido la oportunidad de alcanzar los 30 años de aportes dentro de un mercado laboral formal, a diferencia de los hombres donde la mayoría de las altas de ese mismo período fueron mediante un sistema plenamente contributivo.

Esta cifra es alarmante y demuestra, por un lado, la importancia de sostener un plan de facilidades como lo es la moratoria para garantizar que las mujeres puedan jubilarse. Por el otro lado, reafirma la conclusión de que las mujeres tienen mayores tasas de informalidad laboral, lo que implica no solo menores ingresos, sino diferencias cualitativas en términos de derechos laborales y de acceso a cobertura jubilatoria a futuro.

La mejora en los montos de la Asignación Universal por Hijo/a y la Tarjeta alimentaria

La Asignación Universal por Hijo o Hija (AUH) para protección social entró en vigor mediante el decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo Nacional en octubre de 2009. En julio de 2015 fue consagrada por ley y los incrementos pasaron a decidirse mediante el mismo índice que actualiza las jubilaciones. La asignación universal por hijo es una política ampliamente reconocida por su impacto favorable en niños, niñas y adolescentes. Como ejemplo de esto, UNICEF ha destacado la importancia de la AUH para "reducir -en promedio- un 31% la pobreza monetaria extrema en niñas y niños" (6). Sin embargo, fueron menos explorados los impactos en términos de equidad de género.

Si bien no existen diferencias tan significativas entre el porcentaje de mujeres y varones pobres, la feminización de la pobreza aparece cuando se considera la maternidad, particularmente en aquellas mujeres que crían a sus hijos solas. Tanto la desigual distribución de ingresos, como de las tareas de cuidado se potencian en los hogares monoparentales donde una mujer está al frente.El 27% de los hogares argentinos con niños/as menores de edad son monoparentales, pero gran parte de estos se concentran en los deciles de menores ingresos. En el decil 1 (que representa al 10% más pobre) el 37% de los hogares con menores son monoparentales (esta cifra se elevó desde 34% a 37% entre 2015 y 2019). En el otro extremo, sólo el 8% de los hogares con menores que están en el decil 10 (10% más rico) de ingresos son hogares monoparentales. Cabe destacar el empobrecimiento no sólo absoluto, sino también relativo, que los hogares encabezados por un solo jefe o jefa de hogar sufrieron durante 2018 y 2019: en el decil 8 disminuyó 6 p.p el porcentaje de hogares monoparentales, en el decil 9 disminuyó 3 p.p y en el decil 10 los hogares monoparentales desaparecieron en lo equivalente a 10 p.p.

Esta información se complementa con la siguiente: si bien los hogares monoparentales con niños/as menores de edad solo son el 27% del total, dentro de este universo el 66% son hogares pobres y el 60% de estos tiene jefatura femenina. Aquí tenemos evidencia empírica de la feminización de la pobreza en Argentina.

Desde las Políticas públicas puede reconocerse la importancia de la Asignación Universal por hijo para los hogares monoparentales. La encuesta ENES muestra que el 47% de los hogares monoparentales con Principal Sostén del Hogar (PSH) corresponde a una mujer que percibe la AUH, como se muestra en el Gráfico N° 9. Se trata de un valor muy superior al 37% de hogares con principal sostén del hogar varón y con cónyuge mujer, e incluso superior también al pequeño universo de hogares monoparentales con PSH (Principal Sostén del Hogar) varón.

El Gráfico N° 10 muestra la evolución del poder adquisitivo de la AUH entre abril de 2015 y febrero de 2019: puede observarse que la suma de la actualización de diciembre de 2019 con los dos bonos otorgados en los meses de enero y febrero generaron una mejora del monto promedio percibido en el trimestre diciembre 2019-febrero 2020 del orden del 11%. El poder adquisitivo durante el primer trimestre de gestión de gobierno del Frente de Todos fue el más alto desde el trimestre diciembre 2016-febrero 2020.

Finalmente, cabe agregar que a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva a finales de 2019 se suspendió el coeficiente de actualización de haberes que había impulsado el gobierno macrista en diciembre de 2017 y que ajustaba tanto la AUH como las jubilaciones por un promedio ponderado entre el la inflación y el coeficiente de variación salarial. La ley dictamina que en los meses de marzo y junio de 2020 los incrementos se realizarían mediante decreto del Poder Ejecutivo y el 14 de febrero de 2020 se dio a conocer que el primer incremento sería de 13%. Este valor es superior al 11,6% que hubiese correspondido según la fórmula suspendida.

La tarjeta alimentaria constituye una política de complemento integral alimentario que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Argentina contra el Hambre.  La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo y sólo puede ser usada para la compra de alimentos y productos de primera necesidad (como limpieza o pañales). El universo al que se destina esta tarjeta consiste en hogares que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. En total, se proyecta alcanzar un total de 2.762.429 menores de 6 años, 42.744 hijos menores discapacitados y 75.648 embarazadas para el mes de marzo de 2020 lo que totalizará una inversión de $ 7.700 millones. Considerando la vulnerabilidad y dificultades que el maternaje de unx niñx pequeñx genera al momento de insertarse laboralmente y generar ingresos, lo cual se incrementa aún más en el contexto de crisis, la tarjeta alimentaria es una medida que no sólo protege a los menores, sino que también tiene un impacto de género significativo.

Avances en políticas de género: ¿hacia un Estado Feminista?

En materia de organización estatal, la medida más importante que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández es la incorporación dentro de su gabinete del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, dentro del cual se han creado la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad.  El ministerio tiene como objeto principal la reducción de las brechas entre los géneros y la lucha contra todas las formas de violencia machista en Argentina.

Según la ministra Gómez Alcorta (2019) estos desafíos se van a llevar adelante mediante la creación de áreas y políticas que aborden el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de géneros, igualdad y diversidad en virtud de un enfoque interseccional de los derechos humanos y de la múltiple discriminación que sufren determinados colectivos y poblaciones.

En esa línea de acción, diversos organismos del Sector Público Nacional han creado, dentro de sus estructuras, oficinas que introduzcan la perspectiva de género dentro de su política institucional como la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería y la Coordinación de Género y Diversidad de Aerolíneas Argentinas, entre otros.

Asimismo, a escala provincial la política feminista también se instala como eje de gobierno como en el caso de la Provincia de Buenos Aires que ha creado, por primera vez en la historia, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual a cargo de la Lic. Estela Díaz. 

Por otro lado, es importante enumerar algunas de las medidas que se han anunciado durante los primeros tres meses de gestión, destinadas a mitigar las desigualdades de género y las múltiples violencias hacia las mujeres, travestis, trans y disidencias:

  • Ley 27.533 – Modificación de la Ley de Protección integral a las mujeres. Modifica la definición de violencia contra la mujer, incluyendo el motivo por razones de género e incluyendo como violencia, las acciones que atenten contra la participación política de las mujeres.
  • Ley 27.532 – Incluye la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo en el Sistema Estadístico Nacional que tiene como objetivo recolectar y cuantificar con perspectiva de género información sobre la participación y el tiempo destinado por las personas humanas a sus diferentes actividades de la vida diaria, desagregado por género y edad.
  • Ley 27.539 - Cupo Femenino Y Acceso De Artistas Mujeres A Eventos Musicales, que tiene por objeto regular el cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al desarrollo de la industria musical.
  • El Consejo de la Magistratura modificó el reglamento de la Escuela Judicial a los fines de que todas las capacitaciones al personal del Poder Judicial incorporen la temática de género.
  • Se anunció el Programa de Género y Seguridad Social de ANSES que tiene como objeto diseñar, coordinar y aplicar intervenciones con perspectiva de género tanto al interior del organismo como en las políticas de seguridad social que se implementa.
  • Se lanzaron las Becas PROG.R.ES.AR. 2020 con la novedad de que se modifican los requisitos de edad para las mujeres con hijos que se encuentren a cargo de un hogar monoparental a las cuales se les extenderá el mismo hasta 30 años en educación obligatoria y hasta 35 años en educación superior. A los integrantes de las comunidades indígenas o de pueblos originarios el requisito se prolongará hasta 30 años en secundaria y se quitará el límite de edad en educación superior. Particularmente para las personas trans y con discapacidad no se establece límite de edad para ninguna de las becas. Esta medida busca saldar de alguna manera las violencias y exclusiones (simbólicas, materiales o de otro tipo), independientemente de las socioeconómicas, que estos grupos han sufrido históricamente.
  • Se anunció desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad la creación de un Mapa Federal del Cuidado en la Argentina con el apoyo de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el objeto de visibilizar la importancia de las tareas de cuidado en el sistema socioeconómico argentino.
  • Se realizó la primera Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado cuyo objetivo es crear un espacio de intercambio periódico, para la discusión y creación de consensos para la creación de políticas públicas reconozcan al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho, y que permitan redistribuir de manera igualitaria el cuidado entre varones, mujeres y otras identidades.
  • Se realizó el primer Foro Federal Participativo contra las Violencias de Género, a los fines de diseñar un Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, que respete y represente todas las voces en base a los ejes de prevención, asistencia integral, protección de las violencias por motivos de género e interseccionalidades.

Por último y no menos importante, el pasado 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Alberto Fernández hizo dos anuncios importantes en materia de género.

Por un lado, anunció que dentro los siguientes diez días presentaría un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y garantice a las mujeres que así lo decidan, acceder al sistema de salud de manera segura y gratuita.  Por otro lado, y de manera complementaria, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para instaurar el Plan de los 1000 días, destinado a garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Este proyecto busca que el Estado brinde cuidado y protección de manera contundente a aquellas mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad social durante las etapas del embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza.

La voluntad política del gobierno de saldar una deuda histórica en materia de derechos de salud reproductiva para las mujeres y varones trans, es un gran avance y reconocimiento a las luchas feministas de las últimas décadas. Poner en el centro de las decisiones estas demandas es fundamental para lograr un sistema socialmente más justo.


Tercera parte: Las mujeres en el sistema financiero

La brecha en el acceso al crédito y la importancia de los préstamos ANSES

El sistema financiero argentino es uno de los más pequeños de América Latina y del mundo. En este contexto, con apenas un 11,7% de participación sobre el PBI, el crédito al sector privado experimentó un marcado descenso desde fines de 2018 como resultado de las políticas restrictivas en materia monetaria encaradas por la gestión de Guido Sandleris. El deterioro de los indicadores socioeconómicos de los últimos años actuó como un agravante de esta situación, ya que el desempleo y el trabajo por fuera del mercado laboral formal limita automáticamente el acceso al crédito. Este contexto resulta propicio para el crecimiento de modalidades de financiamiento por fuera del sistema bancario y en algunos casos directamente irregulares, cuyas condiciones exponen al deudor a fuertes dificultades en el repago de la deuda, ubicándolo en una situación de mayor fragilidad financiera que la inicial. En este contexto de limitado desarrollo financiero, al analizar los indicadores disponibles a nivel género podemos observar que la deuda con las mujeres es aún mayor. Los datos publicados por el Banco Central sobre acceso, uso y calidad de servicios financieros son bastante ilustrativos al respecto.

En lo que respecta a cuentas de depósito, se observa que a marzo de 2018 si bien había paridad en el acceso a una cuenta bancaria (80,4% de la población adulta contaba con al menos una cuenta de depósito en el sistema financiero) cuando la observación recaía sobre las cuentas sueldo la brecha era cercana al 9%. Esto es, dentro de la población adulta femenina, un 19,8% contaba con una cuenta donde cobrar su sueldo, mientras que para el caso de los varones este porcentaje ascendía a 28,7%. El hecho de que el número de mujeres beneficiarias de prestaciones de la seguridad social sea mayor al de hombres explicaría la paridad en cuentas de depósito, mientras que la menor tasa de actividad femenina y los mayores niveles de informalidad se correlacionan con la menor proporción de mujeres con posición de cuenta sueldo.

La disímil participación en la titularidad de cuentas de depósito encuentra su reflejo en los indicadores de acceso al crédito. A marzo de 2019 al menos el 51% de la población adulta contaba con algún tipo de financiamiento. El porcentaje de mujeres adultas con dicho acceso era de 47,7%, mientras el porcentaje de hombres adultos ascendía a 54,4%. Si bien son menos las mujeres que tienen acceso a cuentas sueldo en relación con los hombres, es notable que, cuando la medición se realiza al interior de quienes poseen dichas cuentas, la brecha persiste.

El informe de inclusión financiera del BCRA muestra, a su vez, que cuando se analiza la participación según líneas de crédito, casi el doble de hombres que de mujeres accedían a modalidades de financiamiento que requerían mayores garantías o plazos, como es el caso de los préstamos prendarios o hipotecarios. Por último, en lo que respecta a vinculación género, rango etario y financiamiento, se señala que las mujeres son mayoría únicamente en el segmento de deudores a partir de los 60 años.

Es decir, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a un trabajo formal dada la manera en que se estructura la división de tareas al interior del hogar, al mismo tiempo que cuando logran hacerlo, cobran salarios en promedio un 27% inferiores. Entonces, o bien terminan expulsadas del mercado formal de crédito, o los montos de financiamiento a los que pueden acceder son inferiores a los de que sus pares varones. Este acceso diferenciado al crédito es un factor adicional que sostiene las desigualdades en el tiempo y amplifica el impacto de la crisis económica sobre los sectores más vulnerables.

Si bien en los últimos años el BCRA ha adoptado algunas medidas tendientes a favorecer la inclusión financiera en general, como por ejemplo la apertura de nuevos puntos de acceso, facilitar la apertura de nuevas cuentas bancarias y el desarrollo de medios electrónicos de pago, la política monetaria ha estado ausente al momento de promover la igualdad de género en el acceso a los servicios financieros.

Como se ha mencionado con anterioridad, el ajuste recae más duramente sobre las mujeres y como puede verse, recurrir al crédito para amortiguar el impacto sobre ingresos es una posibilidad que encuentran bastante limitada. En el informe de CEPA “La renovación de los Créditos Anses, ¿apuesta electoral o solución al consumo?” se da cuenta del fuerte crecimiento en el número de deudores con la ANSES durante 2019, en el marco de una sensible caída en el poder adquisitivo y deterioro de los principales indicadores socioeconómicos.

Con el relanzamiento a abril de 2019, estos créditos implicaban cuotas que iban desde 24 a 60 meses para jubilados, con montos de $5.000 a $200.000 y con CFT entre 44,68% y 50,85%. Los titulares de PUAM podían acceder en las mismas condiciones, pero con un límite máximo de $70.000 y para las beneficiarias y los beneficiarios de PNC, las condiciones eran las de la PUAM pero con un CFT más bajo: de 40,1% a 46,29%. En el caso de las beneficiarias y los beneficiarios de AUH y de perceptores de Asignaciones Familiares, las cuotas podían ser 24 o 36 y alcanzan los $1.000 a $12.000 por cada Asignación que se cobre (es decir, por cada hija/hijo). El CFT fue del 54,14% y 48,91% respectivamente.

Del total de créditos, más de la mitad lo tomaron beneficiarias y beneficiarios de la AUH y de SUAF. Si se analiza por montos, son las jubilaciones y pensiones las que más incrementan su participación. Esto se relaciona con los montos otorgados, dado que ese segmento tiene acceso a créditos de mayor magnitud. A pesar de que los montos de créditos de beneficiarias y beneficiarios de AUH son sensiblemente menores, este segmento no pierde participación sobre el total, lo que ilustra que refleja la conclusión de los gráficos anteriores: el aumento de la cantidad de titulares que toman crédito.

Si tenemos en cuenta el sensible incremento que tuvo el endeudamiento de las beneficiarias y los beneficiarios de AUH (a junio de 2019 se tomó deuda sobre el 81% de los beneficios abonados, mientras en el período jul-17 a jul-18 este guarismo alcanzaba 42%, es decir, que casi se duplicó entre períodos) y que la gran mayoría de quienes perciben la AUH son mujeres, podemos sostener que se asistió a una fuerte feminización del endeudamiento con ANSES, dejando en evidencia no solo la urgencia de las familias en medio del ajuste, sino también las dificultades de acceso al financiamiento bancario que enfrentan las mujeres.

A diciembre de 2019, el cuadro de situación mostraba que el número de endeudados con ANSES era de aproximadamente 5.500.000 personas, de los cuales 1.900.000 eran beneficiarios de la AUH, 1.765.000 jubilados y pensionados, 830.000 beneficiarios de SUAF y 738.000 PNC + PUAM. Las medidas adoptadas en este contexto por las nuevas autoridades de ANSES buscaron generar un alivio en el peso de la deuda, con una reducción en la tasa de interés de los préstamos y un período de gracia durante el cual se suspenderían las amortizaciones de capital. La baja en las tasas representó una baja en el monto de la cuota de entre 21% y 40% para jubilados y pensionados, y entre 11% y 36% para el caso de AUH y SUAF, repercutiendo positivamente sobre haberes en un 8% y 12%, respectivamente.

La intervención directa del Estado sobre una problemática que afectó mayoritariamente a las mujeres constituyó también una política de género, aliviando la situación de jefas de hogar, amas de casa y jubiladas expuestas a un fuerte ahogo financiero durante los últimos años del macrismo.

El rol de la mujer en la comunicación publicitaria del sistema financiero

“A través de pequeñas historias, la publicidad nos sugerirá, con diversos grados de sutileza, cómo somos o debemos ser de acuerdo a nuestra clase social, nuestra edad, nuestra etnia y nuestra condición de género”(7). En este sentido es que cabe analizar cuál es el enfoque de género que ejercen los Bancos e Instituciones financieras, ya que constituyen uno de los principales auspiciantes privados de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Su publicidad se encuentra omnipresente en la vía pública, televisión, radios, medios gráficos y no tradicionales. Su discurso, también moldea la realidad y el sentido en los que vivimos.

En esta sección, se recopilaron en primer lugar las publicidades que lanzaron los principales bancos privados y públicos durante los últimos dos años con motivo del Día Internacional de la mujer y en segundo lugar se realizó un análisis de las publicidades de créditos hipotecarios.

Los estereotipos de género son aquellas ideas o creencias arraigadas en la sociedad relacionadas con cuál es o cuál debería ser el rol de los hombres y las mujeres. No tienen justificación racional y, por lo general, se dictan de forma inconsciente. En este sentido, de los 10 bancos privados más importantes de Argentina (8), cinco tienen o tuvieron en los últimos 12 meses al menos una campaña dedicadas específicamente al público femenino y que reforzaban al menos un estereotipo de género.

Casi todas las publicidades bancarias dirigidas a las mujeres refuerzan el estereotipo de género que presenta a las mujeres como gastadorasy consumistas, promocionando el consumo de indumentaria, calzado, maquillaje, peluquería y belleza. Pero también, se fomentan los estereotipos de género relacionados al paradigma de belleza hegemónico, representando en las publicidades a mujeres jóvenes, delgadas y de piel blanca.

El Día de la Madre es también una fecha elegida donde los bancos despliegan sus promociones y descuentos dirigidos al público femenino: a los estereotipos de género se le suman también la naturalización del rol de la mujer cuidadora, representando la figura femenina rodeada de niñxs y bebés en situación de cuidado.

Análogamente, si se analizan las publicidades de créditos hipotecarios, se puede observar que la amplísima mayoría representan parejas heterosexuales, jóvenes, blancos, presumiblemente de clase-media o clase media alta, con o sin hijos. No hay lugar para las disidencias, identidades no-binarias o para los hogares monoparentales o unipersonales. Los roles de género están bien definidos.


Conclusiones

En cuanto las principales desigualdades de género en la economía argentina a la luz de las transformaciones operadas en la etapa 2016-2020, se puede concluir que son las mujeres justamente las que fueron más afectadas por la crisis económica:

  • A las desigualdades estructurales que sufren las mujeres para acceder al mercado laboral, se agrega durante el 2019 la profundización de la crisis económica. La tasa de desocupación femenina llegó a 11,2% en el segundo trimestre de 2019 y entre las jóvenes de entre 14 y 29 alcanzó 23,4%. El 36,7% de las trabajadoras mujeres se encontraban haciéndolo de forma no registrada.
  • Una manera de cuantificar las desigualdades económicas que afectan a las mujeres es la brecha de género en los ingresos. La brecha salarial y de ingreso entre varones y mujeres se mantuvo alta durante 2019: mientras que si se considera la ocupación principal (vinculada a la actividad laboral) alcanzó 26%, la misma alcanzó 27% vinculada a la totalidad de ingresos personales. Esta situación se agrava más en el caso de las mujeres que tienen empleos informales: mientras que la brecha en entre el salario de las y los trabajadores formales alcanzó 17% entre las y los trabajadores no registrados fue de 38%. Estos datos se calculan a partir de los ingresos que constan en las Encuesta Permanente de Hogares relevada por INDEC.
  • Uno de los mitos en torno a la brecha de género es que la misma se debe a que las mujeres son peor remuneradas a igual tarea realizada por varones. Sin embargo, aunque esto pueda suceder en la práctica en algunos casos, no explica el fenómeno macro. Entre las principales causas de la desigualdad salarial, se encuentra la inequitativa distribución entre trabajo productivo y reproductivo (las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado porque deben atender al sostenimiento del hogar), lo que se refleja en la tasa de actividad: según el INDEC (EPH-III 2019), mientras que la tasa de actividad masculina es de 70,2%, para las mujeres es de 49,2%. Como contrapartida de la menos inserción laboral en el trabajo remunerado las mujeres realizan mucha mayor cantidad de trabajo no remunerado al interior del hogar: según la encuesta de uso del tiempo de INDEC del año 2013, dedican 46 horas semanales y los varones sólo 17 horas al trabajo doméstico y de cuidado.
  • Las investigadoras Valeria Esquivel y Francisca Pereyra estudiaron las remuneraciones promedio horarias de lxs trabajadorxs argetinxs entre 2006 y 2015 y concluyeron que lxs trabajadorxs del sector de sanidad, docencia y domésticos tenían remuneraciones por hora inferiores a otras actividades similares, identificando una penalización del cuidado en este tipo de profesiones. En este contexto cobra vital importancia el Mapa Federal del Cuidado que el nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación se encuentra realizando con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Como primer paso para definir la agenda pública en materia de equidad entre varones y mujeres, hay que definir no sólo cómo, cuándo y dónde se cuida, sino que también quienes y en qué condiciones se cuida.

Con relación al análisis de las principales medidas sociales implementadas por el actual gobierno en los primeros meses de gestión considerando un enfoque de género, pueden analizarse algunas medidas en lo que respecta a jubilaciones, AUH y la Tarjeta Alimentaria principalmente que tienen a compensar la profundización de inequidades que operó durante la gestión macrista.

  • Las mujeres argentinas que se jubilan perciben haberes más bajos que los hombres y son quienes se jubilan mediante un plan de facilidades. Del universo de mujeres, el 86% de las que acceden a una jubilación lo hacen a través de la moratoria, es decir que solo el 14% lo hace por tener 30 años de aportes.
  • Del total de lxs beneficiarixs, el 48,85% perciben un haber mínimo y, de ese total, el 82,19% corresponden a jubilaciones con moratoria. Si tenemos en cuenta que del total de beneficios con moratoria el 73,46% son percibidos por mujeres, se pone de manifiesto que las personas mayores que perciben haberes mínimos son en su mayoría mujeres.  
  • Los bonos de hasta $5000 otorgados en diciembre de 2019 y enero de 2020 a todas las jubilaciones y pensiones inferiores a $19.068, junto con el primer aumento general, decretado para el mes de marzo, por un monto de $1.500 más el 2,3% tuvieron dos objetivos centrales. Por un lado, reducir la brecha entre los haberes de menor y mayor poder adquisitivo y, por el otro, mejorar la situación de las mujeres jubiladas y pensionadas que son las que menos ingresos perciben.
  • En materia de organización estatal, la medida más importante que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández es la incorporación dentro de su gabinete del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta. En esa línea de acción, diversos organismos del Sector Público Nacional han creado, dentro de sus estructuras, oficinas que introduzcan la perspectiva de género dentro de su política institucional, un caso paradigmático es la creación de la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía.
  • Si bien no existen diferencias tan significativas entre el porcentaje de mujeres y varones pobres, la feminización de la pobreza aparece cuando se considera la maternidad, particularmente en aquellas mujeres que crían a sus hijos solas. El 27% de los hogares argentinos con menores son monoparentales, pero gran parte de estos se concentran en los deciles de menores ingresos. En el decil 1 el 37% de los hogares con menores son monoparentales (pasó de 34% a 37% entre 2015 y 2019). En el otro extremo, sólo el 8% de los hogares con menores que están en el decil 10 de ingresos son hogares monoparentales. Cabe destacar el empobrecimiento no sólo absoluto, sino también relativo, que los hogares encabezados sufrieron durante entre 2018 y 2019: en el decil 8 disminuyó 6 p.p el porcentaje de hogares monoparentales, en el decil 9 disminuyó 3 p.p y en el decil 10, disminuyó 10 p.p. 
  • Esta información se complementa con la siguiente: si bien los hogares monoparentales con niños/as menores de edad solo son el 27% del total, dentro de este universo el 66% son hogares pobres y el 60% de estos tiene jefatura femenina. Aquí tenemos evidencia empírica de la feminización de la pobreza en Argentina.
  • Desde las políticas públicas puede reconocerse la importancia de la Asignación Universal por Hijo/a para los hogares monoparentales. La encuesta ENES muestra que el 47% de los hogares monoparentales con Principal Sostén del Hogar (PSH) mujer percibe la AUH. La actualización de diciembre de 2019 con los dos bonos otorgados en los meses de enero y febrero generaron una mejora del monto promedio percibido en el trimestre diciembre 2019-febrero 2020 del orden del 11%. El poder adquisitivo durante el primer trimestre de gestión de gobierno del Frente de Todos fue el más alto desde el trimestre diciembre 2016-febrero 2020.
  • La tarjeta alimentaria constituye una política de complemento integral alimentario que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Argentina contra el Hambre.  La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo y sólo puede ser usada para la compra de alimentos y productos de primera necesidad (como limpieza o pañales). El universo al que se destina esta tarjeta consiste en hogares que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Considerando la vulnerabilidad y dificultades que el maternaje de unx niñx pequeñx genera al momento de insertarse laboralmente y generar ingresos, lo cual se incrementa aún más en el contexto de crisis, la tarjeta alimentaria es una medida que no sólo protege a los menores, sino que también tiene un impacto de género significativo.
  • En los primeros meses de gestión se concretaron diversas medidas destinadas a mitigar las desigualdades de género y las múltiples violencias hacia las mujeres, travestis, trans y disidencias. Entre ellas se destacan la inclusión de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo en el Sistema Estadístico Nacional, la extensión en el programa PROG.R.ES.AR del requisito de edad para mujeres con hijos que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y exención del requisito para personas trans, como así también la creación de un Mapa Federal del Cuidado.
  • Un gran avance y reconocimiento a las luchas feministas de las últimas décadas fue el anuncio de que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que legalice el aborto y garantice el acceso al sistema de salud, de manera segura y gratuita, para aquellas mujeres que así lo decidan.

Por último, con relación a las mujeres y el sistema financiero:

  • Las dificultades para insertarse en el mercado laboral formal y la brecha salarial exponen a las mujeres a una inserción desfavorable en el mercado de crédito, ya sea porque no constituyen sujetos de crédito o porque pueden acceder a montos inferiores de financiamiento, con limitaciones en aquellas líneas que requieren mayores garantías o plazos, como es el caso de los préstamos prendarios o hipotecarios.
  • Durante 2019 se duplicó el número de endeudados con ANSES. A junio de 2019 el 81% de los beneficios abonados registraba algún tipo de deuda, mientras en el período jul-17 a jul-18 este guarismo alcanzaba el 42%. El grueso de esta deuda fue tomado por mujeres, quienes son mayoría entre quienes perciben la AUH. En este sentido, las medidas adoptadas por las nuevas autoridades de ANSES de baja de tasas y período de gracia para el pago de cuotas constituyen una política económica con impacto en las desigualdades de género.
  • Cabe analizar cuál es el enfoque de género que ejercen los Bancos e Instituciones financieras en su comunicación institucional, ya que constituyen uno de los principales auspiciantes privados de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Su publicidad se encuentra omnipresente en la vía pública, televisión, radios, medios gráficos y no tradicionales. Su discurso, también moldea la realidad y el sentido en los que vivimos. Entre los 10 bancos privados de la Argentina, 5 tienen vigentes o tuvieron durante los últimos 12 meses publicidades, campañas y comunicaciones dirigidas específicamente a la mujer y que refuerzan al menos un estereotipo de género.

Notas al pie

(1) Consultar en la web los informes: https://centrocepa.com.ar/informes/43-mas-precarizadas-y-con-menores-salarios-la-situacion-economica-de-las-mujeres-argentinas.
(2) Actualmente, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de La Nación se encuentra realizando un Mapa Federal del Cuidado con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
(3) Consultar: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/rucvm_03_18.pdf
(4) No incluye Regímenes Especiales y Retiros Personal Policial / Serv. Penit. Prov. Transf.
(5) Consultar informe: “El impacto del aumento de las jubilaciones en marzo de 2020” – Centro CEPA https://mailchi.mp/centrocepa.com.ar/informe-807383
(6) Consultar: https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/el-48-de-los-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-argentina-es-pobre
(7) Chaher, Sandra; Santoro, Sonia, comp. (2010). Las palabras tienen sexo. Herramientas para un periodismo de género, p. 58, 1º edición. Buenos Aires: Artemisa Comunicación Ediciones.
(8) http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA50&tipo=4


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