8 de marzo en perspectiva económica

Desde el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) venimos contribuyendo a la discusión pública incorporando la perspectiva de género a nuestros análisis económicos. Asimismo, nos propusimos construir datos que reflejen las desigualdades económicas que atravesamos las mujeres y diversidades con respecto a los varones. A su vez, pusimos a disposición esos datos en nuestra página web www.centrocepa.com.ar/genero para que puedan ser utilizados para el debate público.

Desde la firme convicción de que es preciso que las políticas públicas se diseñen a partir de reconocer las desigualdades estructurales que nos atraviesan por razones de género, nos proponemos aportar datos concretos acerca de las principales brechas de trabajo, ingresos, de patrimonio y de tiempo de cuidado entre varones y mujeres. Visibilizar estas desigualdades es condición necesaria, pero no suficiente, para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Para ello, en la primera parte de este informe, nos proponemos revisar los datos centrales en el mundo del trabajo y los ingresos, así como también su contracara, las desigualdades estructurales en la distribución de las responsabilidades del cuidado. En ese sentido, analizamos la evolución por género de las tasas de actividad, de desocupación, de desocupación joven, de informalidad, entre otras. En materia de ingresos, medimos las brechas generales pero también entre trabajadoras/es  formales e informales. En suma, aportamos datos que permiten explicar la feminización de la pobreza. Las últimas estadísticas disponibles datan del tercer trimestre del 2023, con lo cual representan el punto de partida para el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre último.

En segundo lugar, analizamos la contracara de la feminización de la pobreza: la subrrepresentación de las mujeres en los impuestos que gravan la riqueza. Así, nos acercamos a los datos que dan cuenta de la brecha patrimonial y la masculinización de la riqueza: las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.

En la tercera parte del informe, nos adentramos en el análisis de la política económica impulsada por el nuevo gobierno a través de la ejecución presupuestaria. Así, relevamos aquellos programas presupuestarios que hasta el año pasado estaban etiquetados con perspectiva de género para analizar su ejecución en esta nueva etapa política.

Por último, pese a que el presidente niega la existencia misma de las desigualdades de género, las políticas llevadas adelante tienen un impacto negativo diferencial en las mujeres y diversidades. Por ello, nos adentramos en el plan económico del nuevo gobierno y en las medidas tomadas en estos meses poniendo especial énfasis en sus consecuencias sobre las mujeres y diversidades y en la profundización de las brechas de género.

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1. Brechas de trabajo(s) e ingresos

1.1. Actividad económica, desocupación e informalidad al tercer trimestre de 2023

Considerando los últimos datos publicados de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) correspondientes al tercer trimestre del 2023, para los 31 aglomerados urbanos, analizaremos la evolución de las desigualdades de género intrínsecas al mercado de trabajo -tanto en el acceso al empleo como en los niveles de ingresos alcanzados-.

Es importante aclarar que las estadísticas oficiales se continúan elaborando a partir de categorías binarias varón/mujer, de manera tal que persiste la invisibilización de las diversidades en los principales indicadores socioeconómicos. Por eso, el análisis se desarrolla en base a este binarismo.

A septiembre de 2023, cerrando el tercer trimestre del año pasado, la actividad económica registró una caída del 0,7%. En ese marco, la tasa de actividad de las mujeres alcanzó un 52,3%, un aumento de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo trimestre de 2022 (51,1%). Por otra parte, la tasa de actividad de los varones (70,7%) registró un incremento de 0,3 p.p. con respecto al mismo período de 2022 (70,4%). Así, la brecha se ubicó en 18,4 puntos porcentuales. Es preciso destacar que la tasa de actividad de las mujeres se encuentra en niveles históricamente altos.

Al mismo tiempo, la tasa de desocupación marcó un descenso con respecto a igual trimestre del año 2022, siendo la más baja de los últimos 8 años. La tasa a nivel general fue de 5,7%, ubicándose 1,4 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del mismo período de 2022 y 4 puntos por debajo de lo registrado al tercer trimestre de 2019 (durante la administración de Cambiemos). Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, las tasas de desocupación (tanto general, como de mujeres y varones) se encuentran en niveles muy bajos en términos históricos.

Ahora bien, la reducción del desempleo no tiene el mismo correlato en las mujeres que en los varones. La tasa de desocupación en las mujeres fue del 6,3%, mientras que en los varones fue del 5,3%. En este punto hay dos dimensiones que resultan interesantes de destacar: la primera es que el desempleo de las mujeres se ubicó, y se ubica históricamente, por encima del nivel general. La segunda es que, la brecha entre varones y mujeres se ubica en 1 punto porcentual -es decir, una caída de 0,3 puntos porcentuales por debajo de la brecha registrada al tercer trimestre de 2022 (1,3 p.p.).

Para abordar la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo resulta necesario aplicar una mirada interseccional, que permita ir complejizando el análisis del fenómeno a medida que se le incorporan otras dimensiones. Una de ellas de suma relevancia es la edad de las personas trabajadoras: cuando observamos el acceso de la juventud al empleo los indicadores se deterioran notablemente. La tasa de desempleo de los varones y las mujeres jóvenes (entre 14 y 29 años) fue de 11,9% y 12,7%, respectivamente, y ambas se ubican más que duplicando la tasa general. Pese a ello, es destacable que ambas tasas son las menores de los últimos 8 años.

De los datos analizados cabe destacar que, hacia el tercer trimestre de 2023, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes se redujo interanualmente más que la de los varones jóvenes (-3,9 p.p. vs 2,4 p.p.), con lo cual la brecha en puntos porcentuales (0,8 p.p.) disminuyó en relación con el tercer trimestre de 2022 (2,3 p.p.).

Durante el tercer trimestre de 2023, la tasa de informalidad se ubicó en 35,8%, 1,6 p.p por debajo del mismo trimestre de 2022. Tal como ocurre con la desocupación, las mujeres son quienes tienen mayor participación en trabajos informales. En el tercer trimestre del 2023, la tasa de informalidad de las mujeres fue del 37,4%, con una caída interanual de 2 p.p, mientras que en los varones la reducción fue de 0,8 p.p., lo que significó un achicamiento de la brecha de informalidad (3,7 p.p en 2022 vs. 2,9 p.p en 2023).

1.2. Brechas de ingresos en el tercer trimestre de 2023

La desigualdad en las condiciones de acceso al mercado laboral tiene su correlato en lo que se conoce como brecha de ingresos. Esto es, la diferencia entre la masa salarial promedio de las mujeres y la masa salarial promedio de los varones.

Para graficar esta realidad, a continuación daremos cuenta de la brecha que se observa tanto en el ingreso personal como en el ingreso por ocupación principal. Durante el tercer trimestre del 2023, en los 31 aglomerados urbanos, los varones percibieron un 26,4% más de ingresos personales y un 22,6% de ingresos por ocupación principal que las mujeres.

Es interesante resaltar que durante el tercer trimestre de 2023, mientras la brecha por ocupación principal se redujo levemente con respecto a 2022, la brecha de ingreso personal aumentó 1,8 p.p con respecto al mismo trimestre de 2022. Esto habla de una continuidad de la mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, pero a su vez un aumento en la inequidad en la percepción de otros ingresos no laborales como pueden ser jubilaciones, pensiones y subsidios.

Ahora bien, cuando se observan las brechas de ingresos entre asalariadas y asalariados formales e informales, se evidencia que la formalidad del empleo garantiza no sólo el acceso a la seguridad social sino también a mejores ingresos y a una menor desigualdad salarial entre varones y mujeres. Durante el tercer trimestre de 2023, la brecha de ingresos al interior del trabajo formal fue de 15,7%, mientras que asciende a 24,8% entre las y los informales. Ambos indicadores mostraron una mejora con respecto al mismo trimestre de 2022.

1.3. Desigualdades en los tiempos de trabajo(s)

Además de los datos del mercado de trabajo, es importante analizar cómo se resuelven las necesidades de cuidado. Al año 2021 (último dato disponible), el 40% de los hogares en Argentina tiene al menos una persona demandante de cuidado (1), y en particular el 85,6% de esos demandantes son menores de 13 años. Ahora bien, ¿de qué manera se distribuyen las tareas de cuidado no remuneradas entre las personas que conforman los hogares? Esta distribución tiene impacto directo en la posibilidad de insertarse (o no) en el mercado de trabajo.

A partir de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), se puede analizar la distribución de las horas diarias dedicadas por persona a las diversas actividades que componen el trabajo, incluyendo el “trabajo en la ocupación” y el “trabajo no remunerado” (TNR) (2). En este sentido, encontramos diferencias según género: las mujeres destinan en promedio cuarenta y dos (42) minutos más a trabajar (incluyendo ambas actividades que demandan trabajo) que sus pares varones, siendo el promedio de horas diarias destinadas al trabajo total nueve horas y veinte minutos (9:20) para las mujeres, y de ocho horas y treinta y ocho minutos (8:38) para los varones. Cabe aclarar, que se utilizó el “Tiempo con Simultaneidad” para calcular el promedio de horas diarias (3).

Este dato corresponde al total nacional, pero es importante resaltar que las horas por género de los componentes de trabajo total se mantienen de manera bastante homogénea en cada una de las seis regiones analizadas. Además, cabe destacar que si bien la ENUT contempla una clasificación no binaria de género, a partir de la variable “Identidad de Género” incorporada en su diseño, no se utilizó para el análisis ya que no cuenta con suficientes casos relevados como para considerarlo estadísticamente significativo.

La diferencia en las horas totales de trabajo surge principalmente por la brecha en las horas dedicadas al trabajo no remunerado, donde las mujeres a diario destinan en promedio seis horas y media (6:31 horas) en comparación a las tres horas y cuarenta minutos (3:40) de los participantes varones. Es decir, hay una brecha de casi tres horas (2:51 horas) en promedio entre varones y mujeres en la dedicación diaria a las tareas de trabajo no remunerado. Esto tiene, a su vez, implicancias en la inserción en el mercado de trabajo remunerado, donde los varones dedican 1:32 horas diarias más que las mujeres en promedio.

En aquellos hogares que tienen demandantes de cuidado estas brechas se profundizan. Las horas promedio destinadas al TNR se ubican en nueve horas (8:59) en mujeres y apenas cuatro horas y media (4:36) en varones, incrementando la brecha de TNR a cuatro horas y veintitrés minutos (4:23), casi 3 horas superior a la brecha en hogares sin demandantes de cuidado (1:30 hora).

Aún más, en aquellos hogares que tienen más de 4 demandantes de cuidado, las horas promedio dedicadas al TNR se incrementan independientemente del género, pero no con la misma intensidad: mientras alcanzan poco más de trece horas (13:06 horas) promedio para las mujeres, sólo ascienden a casi cinco horas (4:54 horas) para los varones que participan de estas tareas, aumentando la brecha a poco más de ocho horas (8:12 horas).

En este tipo de hogares, hay una diferencia relevante en las horas que destinan varones y mujeres en su ocupación laboral alcanzando las cinco (5:19) horas, dado que las mujeres dedican en promedio cinco (5:04) horas diarias y los varones más de diez (10:23) horas. Esto significa que, frente a una mayor necesidad de cuidado en un hogar, las mujeres son quienes garantizan la cobertura a través de la dedicación de más horas de tareas no remuneradas y menor inserción en el mercado de trabajo remunerado.

Esta mayor carga de tareas de trabajo no remunerado sobre las mujeres que se observa en términos generales, se profundiza en aquellos sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad.Esto se asocia a una menor capacidad de tercerizar servicios de cuidado, lo que reduce a su vez las posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Esto se comprueba cuando se analizan los datos de tiempo de trabajo(s) incorporando la variable de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (4).

Si se observan los datos de horas promedio por persona para los hogares con NBI, encontramos una agudización de los fenómenos que venimos describiendo. En las horas promedio de trabajo total, las mujeres registran una hora y media (1:34) diaria más que los varones, superior a la diferencia que se anota para el total de los hogares (unos cuarenta minutos -0:42 horas-). Los efectos negativos en el mercado laboral remunerado son mayores: las mujeres dedican dos horas y cuarenta minutos (2:40) menos que los varones en su inserción laboral y absorben más de cuatro horas (4:10) en  trabajo no remunerado.

De esta manera, queda reflejado cómo la desigualdad en la distribución del TNR hacia el interior de los hogares, no es ajena a las desigualdades sociales sino todo lo contrario. Por este motivo, resulta fundamental pensar estas problemáticas de manera interseccional para diseñar políticas que promuevan una solución integral que considere todas las dimensiones de la desigualdad. Los valores analizados aquí muestran poca variación respecto de los datos que había arrojado el módulo de EPH sobre uso del tiempo precedente, del año 2013, también a cargo del INDEC. Ello revela la rigidez que posee el reparto de tareas de cuidado y la necesidad de implementar políticas específicas que aborden el fenómeno.

La desigual distribución de las tareas de cuidado y su contracara, la desigual inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, explican la brecha de ingresos que describimos anteriormente. A nivel agregado, esto se refleja en la distribución de los deciles de ingresos en función del género. Esto es, si observamos la décima parte de la población con ingresos más bajos (el decil 1), encontramos que el 63% son mujeres. A mayores ingresos, las mujeres van perdiendo peso relativo, hasta observar el otro extremo de la pirámide: en el decil de mayores ingresos (decil 10), sólo el 37% son mujeres. Estos fenómenos que conocemos como feminización de la pobreza y masculinización de la riqueza, serán retomados a lo largo de todo el informe.

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2. Brecha impositiva: la otra cara de la desigualdad de ingresos

La desigualdad en el acceso al mercado laboral -y su correlato en los ingresos- entre mujeres y varones encuentra su reflejo en el sistema impositivo. Al analizar en clave de género los impuestos más progresivos -es decir, aquellos que gravan más a quiénes más tienen-, se observa que,la riqueza se encuentra fuertemente masculinizada.

En cambio, la feminización de la pobreza -esto es, la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de menores ingresos-, implica una mayor carga/presión tributaria sobre las mismas vía impuestos regresivos.

En esta sección del informe analizaremos las desigualdades de género desde la perspectiva tributaria centrándonos en evaluar cuál es la participación de las mujeres en el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las Ganancias. Nuevamente, la distinción es binaria (mujer/varón) porque es la manera en que se presenta la información de las distintas bases estadísticas. El último dato disponible, a su vez, corresponde al año fiscal 2021.

2.1. Impuesto a los Bienes Personales

El impuesto a los Bienes Personales se aplica sobre la valuación total del patrimonio para cada ejercicio fiscal. Posee actualmente un monto mínimo no imponible de 27 millones (5) de pesos. Es decir, superado ese monto, una persona debe pagar una alícuota establecida según el rango de sus valores patrimoniales y la localización de los bienes.

Este impuesto aplica progresividad en su esquema de cobro, ya que se aplican alícuotas más altas mientras mayor sea el patrimonio declarado. El Impuesto alcanza a todo tipo de bienes, como inmuebles, automotores, naves y aeronaves, depósitos de dinero, títulos y acciones en el país y en el exterior, bienes muebles, etc. La valuación de esos bienes también es diversa y se establece en la letra de la ley, siendo algunos a valor de mercado y otros próximos al valor de compra o el valor fiscal.

Considerando la información publicada por AFIP para el ejercicio fiscal 2021 del Impuesto a los Bienes Personales, se construyó lo que denominamos brecha patrimonial -esto es, la desigual distribución de la propiedad entre varones y mujeres-. El monto mínimo no imponible en el año 2021 era de $6.000.000 -en tanto que, los inmuebles destinados a casa-habitación tenían un mínimo no imponible de $30.000.000-.

La cantidad absoluta de mujeres alcanzadas por el impuesto para dicho año sumó 313.927 casos aproximadamente. En términos absolutos el número representa a casi la mitad de la cantidad de varones (que ascienden a 598.670). Es decir, al año 2021, del total de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34,4% corresponde a mujeres y el 65,6% a varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género. Si bien desde el 2009 dicha participación viene incrementándose (era del 26%), aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones.

Durante 2021, las mujeres prácticamente mantuvieron la participación del año 2020. Es decir, siguen representando un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales.

Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes alcanzados por el impuesto en posesión de los varones respecto de las mujeres. Al año 2021, sobre el valor total de los bienes declarados, el 71,1% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28,9%.

Es decir, no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad. En otras palabras, los bienes de las mujeres en promedio valen menos que los de los varones.

2.2. Impuesto a las Ganancias

Las brechas salariales entre varones y mujeres se explican, fundamentalmente, por las desigualdades en los niveles de actividad (es decir, la medida en que las mujeres participan dentro del mercado laboral), la feminización (y masculinización) de determinados sectores y los niveles monetarios que obtienen en ellos. La tributación del Impuesto a las Ganancias refleja la desigualdad en estos niveles monetarios, ya que este impuesto se aplica sobre las ganancias de cualquier persona física, empresa o entidad legal.

En principio, cabe aclarar que se consideran ganancias a los rendimientos, rentas o enriquecimientos producidos por una fuente permanente, por las sociedades comerciales y empresas unipersonales. También se considera ganancia los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles y los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.

En este sentido, el impuesto a las ganancias se puede dividir en tres categorías, de acuerdo de donde proviene la ganancia:

• Ganancia de primera categoría: Corresponde a las ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales;
• Ganancia de segunda categoría: Corresponde a los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc;
• Ganancia de tercera categoría: Corresponde a las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales;
• Ganancia de cuarta categoría: Son las ganancias obtenidas por el trabajo personal (6).

Durante el periodo fiscal 2021, las declaraciones juradas presentadas alcanzaron 920.101 casos, de las cuales 643.282 corresponden a varones (69,9%), mientras que 276.819 pertenecen a mujeres (apenas un 30,1%).

Tal y como fuera señalado en nuestros informes anteriores (CEPA, 2022 y 2023), al observar los ingresos sobre los cuales se tributa efectivamente el impuesto a las ganancias, esta brecha se profundiza. De acuerdo a los datos fiscales de 2021, los varones explican un 76,1% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres explican apenas un 23,9%. Es decir, la desigualdad de ingresos que observamos en el mercado laboral en su conjunto, se replican en aquellos ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Existe una brecha significativa en el acceso a los puestos laborales que registran mayores ingresos y por este motivo, tributan el impuesto a las ganancias. La desigualdad en la inserción de las mujeres al mercado laboral no mejora al interior de los mayores ingresos del mercado laboral, sino que se refleja también en los mismos.

Nuevamente, al observar la serie histórica de la distribución entre mujeres y varones en lo que corresponde al pago del impuesto a las ganancias, la brecha en la participación entre los géneros tiene variaciones poco significativas en el período señalado (2009-2021), manteniéndose en una participación 70%-30% de varones y mujeres respectivamente, al igual que sucede con el Impuesto a los Bienes Personales.

En promedio, entre 2009 y 2021, los varones explican un 70,7% de las presentaciones con ingresos gravados y un 76,1% de los ingresos gravados. Esto es, las mujeres que realizaron presentaciones para el impuesto a las ganancias explican apenas un 29,3% promedio y un 23,9% de los ingresos gravados para el periodo entre 2009 y 2021. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la participación de las mujeres en el impuesto a los bienes personales, en el impuesto a las ganancias su participación no presenta un crecimiento sostenido.

En Argentina existe una diferencia estructural en la participación que tienen mujeres y varones en el mercado laboral: de cada 10 personas asalariadas registradas en empresas privadas, 7 son varones y 3 son mujeres, en promedio (CEP XXI, 2021). Pero, además de las brechas de género que se evidencian en el mercado laboral, se suma la dificultad de las mujeres de acceder a ciertas actividades económicas, que se encuentran históricamente masculinizadas -y su contracara, aquellas actividades que se encuentran históricamente feminizadas, no casualmente asociadas a tareas de cuidado-. Así, los tres sectores con mayores tasas de feminización son: trabajo en casas particulares (96,7%), enseñanza (73,8%), servicios sociales y de salud (71,5%).

El paradigma de “paredes de cristal”, o segmentación horizontal, que describe la dificultad que enfrentan las mujeres y diversidades para acceder a ciertos tipos de trabajo, como la construcción, la explotación de minas y canteras, empleos en la agricultura y también la industria manufacturera, se refleja la baja participación de las mujeres en estas actividades. A su vez, estas actividades masculinizadas generalmente son también los empleos que tienen mayores salarios promedios. Esta realidad, junto con una sobrerrepresentación de los varones en los puestos jerárquicos (segmentación vertical), se refleja en las bases impositivas que se analizan, ya que no solamente se observa la brecha a nivel general, sino que también se registra una profundización en aquellos sectores históricamente masculinizados (CEPA, 2022).

Por último, relacionado con estos dos impuestos, cabe destacar que desde su asunción el 10 de diciembre, Javier Milei intenta modificarlos. Por un lado, se propuso dar marcha atrás con la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Una modificación que permitió que alrededor de 800 mil trabajadores dejaran de ser alcanzados por el tributo, con un aumento del ~20% en sus ingresos.

Con respecto al Impuesto a los Bienes Personales, en la famosa Ley Ómnibus (o Ley Argentina en Venta), se pretendía reducir la alícuota máxima desde 1,75% hasta 0,5% en 2027, mientras que la alícuota mínima continuaba en 0,5% tal como está actualmente. A su vez, se eliminaba la distinción de alícuota entre bienes en el país y bienes en el exterior. De este modo, se ofrecía un beneficio al sector de mayores ingresos de la sociedad argentina.

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3. Había una vez un presupuesto con perspectiva de género. Análisis de la ejecución presupuestaria a febrero 2024

Dadas las desigualdades de carácter estructural que hemos analizado, es preciso que el Estado asuma un rol activo en la implementación de políticas públicas para el abordaje de las profundas asimetrías de género. Sin embargo, el contexto actual nos muestra un desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género y una afrenta contra la institucionalidad que se construyó en los últimos años. El punto de partida de esta avanzada contra la lucha del movimiento feminista radica en la negación misma de las desigualdades existentes, sobre las cuales hemos profundizado en los apartados anteriores.

A diferencia de nuestros últimos informes, en los cuales nos propusimos año a año relevar las políticas nuevas implementadas y mostrar los avances, hoy estamos ante un retroceso, tanto a nivel nacional como subnacional. El primer retroceso sobre el cual vamos a adentrarnos se vincula con el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG).

3.1. Presupuesto “2024”

Para el ejercicio 2024, el Congreso de la Nación, a pedido del presidente electo Javier Milei, no discutió ni aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, al aplicarse la Ley 24.156, quedó establecida la prórroga del que estuvo en vigencia en 2023. Por ello, nos referiremos al presupuesto “2024” (entre comillado) porque si bien es el vigente, no fue formulado, discutido ni aprobado por el Congreso. La primera consecuencia de la prórroga, debido al ritmo inflacionario, es la caída de todas las partidas presupuestarias en términos reales.

Un total de 20 programas están etiquetados como parte del Presupuesto con Perspectiva de Género (en adelante PPG). Se trata de actividades que dependen de una amplia variedad de organismos del Estado y cuya identificación como PPG nos indica que dichas partidas presupuestarias contribuyen a reducir las brechas de género existentes. Para 2024, la cantidad es considerablemente menor que en 2023, cuando se habían etiquetado 42 programas. ¿Cómo se explica la motosierra en etiquetas PPG? ¿Qué está sucediendo con la ejecución de aquellas partidas presupuestarias identificadas?

Los programas etiquetados son ejecutados por 17 organismos del Estado e incluyen 4 ministerios. Las partidas PPG tienen un presupuesto estimado de $5.727.877 millones, que representa el 14% del presupuesto total del Estado Nacional, casi 1 punto porcentual por debajo de lo que representaba el año anterior. A su vez, el monto de gasto anual 2024 representa un retroceso de 64% i.a. en términos reales.

Las etiquetas que se eliminaron pertenecían principalmente al Ministerio de Salud, donde radican políticas públicas relacionadas con el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual, el desarrollo de la Salud Sexual, la prevención del embarazo adolescente o el Programa 1000 días. Al no ser identificadas como parte del PPG, no fueron incorporadas al análisis. 

Los programas más relevantes etiquetados como PPG están vinculados con políticas de ANSES y del Ministerio de Capital Humano, tales como: jubilaciones, pensiones y programas sociales. Concretamente: las prestaciones previsionales por moratoria, Asignación Universal para Protección Social y pensión para madres de más de 7 hijos, junto con el Plan Potenciar Trabajo conforman cerca del 98% del total del presupuesto etiquetado.

A continuación, se puede observar la reducción en términos reales que afecta a dichos Programas y sus destinatarios:

3.2. Ejecución

Al 19 de febrero, la ejecución del PPG muestra grandes variaciones según actividad y programa y una marcada dispersión entre las mismas. Más del 70% de las actividades mantiene su ejecución en 0. Entre ellas, se encuentran las obras de infraestructura territorial, afectadas como toda la obra pública por la decisión política gubernamental de frenarla por completo. Otro grupo de programas cuya ejecución es nula se compone de las acciones de ayuda urgente para diversidades y sus familias, así como el rescate y acompañamiento a víctimas de trata.

Al ser un presupuesto prorrogado, el porcentaje de ejecución puede resultar engañoso. Por ello, se procedió a actualizarlo por inflación. De este modo, podemos tener una aproximación más real de su ejecución presupuestaria. A continuación, se presentan los principales Programas y su porcentaje de ejecución presupuestaria:

A su vez, se puede comparar lo invertido en febrero de 2024 con lo destinado en febrero de 2023 para medir su variación interanual en términos reales:

3.2.A. ANSES

ANSES tiene a su cargo el pago de las Asignaciones Familiares correspondientes al subsistema no contributivo para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y la Asignación por Embarazo para Protección Social, según lo dispuesto por la Ley N° 24.714 y sus modificatorias. A partir del Decreto N° 504/2015 se incorpora la prestación por ayuda escolar. En conjunto, el subprograma denominado Asignación Universal Para Protección Social alcanza a:

• 4.246.551 beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo
• 134.056 beneficiarias de la Asignación por Embarazo
• 3.546.564 beneficiarias y beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual
• 247.599 pensionadas por ser madres de 7 o más hijos

Estas partidas presupuestarias están siendo ejecutadas pero en términos interanuales representan una caída real del 53%. Pese a que la AUH fue incrementada en un 100% en el mes de enero de 2024, llevándola a $41.322, apenas alcanza a cubrir el 60% del costo de bienes y servicios de menores de 1 año, y menos del 20% del total de la canasta de crianza para la misma edad medida por el INDEC, que en enero superó los $200.000 mensuales.

3.2.B. Obra pública

“Los gastos de capital destinados a la obra pública experimentan una reducción significativa, registrando una disminución real del 77%. Durante el mes de enero 2024, la ejecución de la obra pública fue nula debido a la falta de voluntad de gestión. Es importante destacar que todas las obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales. La ausencia de inversión en programas de infraestructura fue tan pronunciada que no se observa un registro tan bajo en ningún otro mes desde enero de 2017” (Informe fiscal CEPA - enero 2024). En este grave contexto, la infraestructura de cuidado que apunta a la disminución de brechas de género no está exenta de esta situación de caída en la obra pública.

Por ejemplo, la construcción de Centros Territoriales Integrales que había sido planificada como parte del abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género no se está llevando a cabo. Dichos Centros son dispositivos donde se realizan políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e integral. Contemplan un modelo de gestión flexible e integrada entre Nación, provincias y municipios y en red con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, teniendo en cuenta las particularidades del contexto local. En algunos casos, estos Centros además prevén contar con espacios destinados al alojamiento de personas en contextos de violencia por motivos de género y sus hijos/as. El presupuesto contempla la construcción de 19 Centros, ubicados en 16 provincias distintas, con una partida total de 1.334,2 millones de pesos. Sin embargo, al mes de febrero de 2024 no se han ejecutado los gastos correspondientes.

Por otra parte, tampoco se ejecutaron los gastos correspondientes a las obras vinculadas con la Infraestructura del Cuidado a cargo de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Obras Públicas, tales como Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes, construcción de Centros de Desarrollo Infantil, mejoras edilicias en Hospitales, construcción de Nodos Cuidados en Red, etc. Este tipo de obras tienen un impacto concreto en el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y en su intensidad, que como hemos desarrollado anteriormente, se encuentra principalmente a cargo de las mujeres, lo que repercute en las brechas de género y en la agenda de los cuidados en general no sólo de quienes reciben cuidados (infancias, adolescencias, personas mayores, etc.) sino también de quienes brindan cuidado (trabajadoras que, en su gran mayoría, son mujeres). Es decir, que no existe ningún indicio de que este tipo de obras se ejecute, lo cual profundiza las desigualdades de género.

3.2.C. Violencia de Género

El Programa Acompañar consiste en el acompañamiento económico por el plazo de 6 meses a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género. Tiene como objetivo fortalecer la independencia económica de mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales y otras identidades del colectivo (LGBTI+) que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de un apoyo económico temporal. Este Programa se implementa a nivel federal en articulación con gobiernos provinciales y municipales que se constituyen en Unidades de Acompañamiento. Desde la pandemia ha sido uno de los principales vectores de ayuda y articulación entre organizaciones territoriales, gobiernos municipales y provinciales para este tipo de casos. Las p