La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a agosto 2025

El presente informe se propone analizar la dinámica de empleo del Sector Público Nacional. Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados.

En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. Ello puede confirmarse en el siguiente gráfico donde se observa un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la dotación de personal se redujo en 57.621 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 16,8%.

Analizando por sector, puede observarse que, en términos absolutos, la mayor parte del recorte recae sobre administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país)  y otros entes respectivamente.

En términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente

Análisis por empresas o sociedades

Desde noviembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado. El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.063 despidos. Esta situación no solo implica una pérdida laboral masiva, sino que afecta funciones esenciales que exceden el envío de cartas y paquetes: el Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales del país.

Le siguen la Operadora Ferroviaria, con 3.116 cesantías, en el marco de un retroceso en el desarrollo del sistema ferroviario que incide directamente en los costos logísticos y el crecimiento de las economías regionales. Otro caso preocupante es el del Banco Nación, con 1.968 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización. En Aerolíneas Argentina a cargo de interconectar el país, se contabilizan 1.782 despidos. En AySA, empresa responsable del abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se contabilizaron 1.647 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de un servicio esencial para millones de personas.

Finalmente, la ex Télam, agencia nacional de noticias, fue prácticamente desmantelada con la desvinculación de 641 trabajadores, lo que representa un ataque directo a la pluralidad informativa y a la capacidad del Estado de producir contenidos propios con una mirada federal y soberana.

Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional.

Cuando se analiza el impacto del ajuste estatal en términos proporcionales, es decir, en relación con la dotación total de personal de cada organismo o empresa pública, surgen casos que expresan de forma más nítida no solo la magnitud del recorte, sino la orientación ideológica del proceso de desmantelamiento del Estado. El caso más extremo es el de la ex Télam, donde el recorte alcanzó el 79% del personal, llevándola a una situación de virtual extinción operativa. Este desmantelamiento no se limita a un ajuste presupuestario: constituye una decisión política de alto impacto simbólico y estructural, orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar desde una perspectiva federal, plural y soberana. Con su virtual cierre, se debilita una herramienta estratégica para equilibrar la concentración mediática, visibilizar las realidades del interior del país y construir relatos alternativos a los del mercado.

En segundo lugar, se ubica ENARSA Patagonia, una empresa clave para el diseño y ejecución de políticas energéticas en el sur del país, que sufrió una reducción drástica de personal. Esta medida debilita la presencia del Estado en la planificación territorial del sistema energético, en una región con vasto potencial en gas, petróleo y energías renovables, y cuya integración energética es indispensable para el desarrollo federal. Los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E. —en tercer y cuarto lugar, respectivamente— también son especialmente significativos. Estas empresas fueron fundamentales en la producción y difusión de contenidos pedagógicos, digitales y audiovisuales, desempeñando un rol clave en la democratización del conocimiento, el acceso a la cultura y la construcción de ciudadanía. La reducción de sus planteles limita seriamente la capacidad estatal para garantizar derechos culturales y educativos en todo el país, particularmente en sectores excluidos del mercado de plataformas privadas.

El ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional. En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el ámbito ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF) sufrió un recorte del 34.5% de su planta, afectando la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura clave para el transporte de cargas y pasajeros. Esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable.

En el sector financiero y asegurador, los impactos también son severos. La Casa de la Moneda redujo su personal en 42% y Nación Seguros registró una pérdida del 37% de su personal, lo que debilita la capacidad del Estado para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe. A su vez, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) —pieza clave en el financiamiento del desarrollo productivo— sufrió una reducción del 32% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En conjunto, estos recortes no son aislados ni meramente administrativos: responden a una estrategia de repliegue sistemático del Estado en áreas donde históricamente ha cumplido funciones irremplazables. La combinación de ajuste fiscal con vaciamiento institucional da lugar a un nuevo paradigma, donde lo público se ve reducido a su mínima expresión, y los derechos sociales, educativos, culturales, tecnológicos y financieros quedan crecientemente subordinados a la lógica de mercado.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), el proceso de reducción de personal también fue de gran magnitud, afectando tanto a áreas operativas como a organismos técnicos, científicos y sociales que cumplen funciones estratégicas en el diseño y la implementación de políticas públicas. La mayor reducción nominal de personal se registró en ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional), con 3.148 puestos de trabajo eliminados, lo que representa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado. Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos.

El ajuste también impactó con fuerza en organismos científicos y técnicos fundamentales para el desarrollo estratégico nacional. El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 1.716 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo. Esta medida no solo afecta la continuidad de líneas de investigación de largo plazo —muchas de ellas vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria—, sino que debilita el tejido institucional del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región. El ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) perdió 810 trabajadores, lo que limita su capacidad de fiscalizar el uso del espectro radioeléctrico, garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios y promover políticas de conectividad e inclusión digital. En un país con profundas desigualdades de acceso a internet y servicios de telecomunicaciones, este recorte implica una renuncia al objetivo de achicar la brecha digital. El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), otro pilar del entramado productivo y tecnológico sufrió una reducción de 745 trabajadores. Esta decisión impacta directamente sobre la asistencia técnica a pymes, el desarrollo de normas de calidad, la transferencia tecnológica y la producción de bienes con valor agregado nacional. Su debilitamiento erosiona la capacidad del Estado de acompañar al sector productivo y promover la innovación tecnológica local. Por su parte, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, perdió 573 puestos de trabajo. Esta reducción pone en riesgo la trazabilidad de exportaciones agroalimentarias, la prevención de enfermedades zoonóticas y la protección del patrimonio fitosanitario del país, con potenciales impactos económicos y sanitarios de gran escala.

En el plano social y previsional, los recortes también fueron significativos. La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) —uno de los principales brazos operativos del Estado en materia de derechos sociales— perdió 1.532 trabajadores, lo que afecta la atención al público, la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales. Esta pérdida de capacidad repercute directamente en los sectores más vulnerables, que requieren de un Estado presente y eficaz.

Un caso particularmente relevante y novedoso dentro del proceso de reducción de personal en la administración pública nacional es el de los despidos registrados en las estructuras centrales de las Fuerzas Armadas. En el Estado Mayor General de la Armada Argentina, las cesantías alcanzaron a 927 agentes, mientras que en el Estado Mayor General del Ejército Argentino se contabilizaron 603 desvinculaciones. Se trata de una medida de impacto inédito en los últimos años, dado que históricamente estos organismos habían quedado relativamente al margen de las políticas de ajuste de personal aplicadas a otras dependencias estatales. La decisión, enmarcada en la política de redimensionamiento del Estado, no solo representa un fuerte gesto político de austeridad, sino que también introduce interrogantes sobre las capacidades operativas y administrativas de las Fuerzas Armadas en un contexto de creciente demanda de profesionalización y modernización institucional. La magnitud de los despidos en ámbitos tan sensibles como el Estado Mayor plantea desafíos adicionales en términos de conducción, planificación y preservación de las capacidades estratégicas nacionales.

En conjunto, estos recortes reflejan una política de ajuste que no distingue entre áreas técnicas, científicas, sociales o administrativas. El enfoque parece ser cuantitativo más que estratégico: se reduce personal sin un análisis del impacto institucional ni de las capacidades públicas que se están desarticulando. Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas tienden a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional.

Al analizar la reducción de personal en términos proporcionales, surgen casos particularmente alarmantes que evidencian una lógica de ajuste insostenible desde el punto de vista institucional, social y sanitario. Lejos de constituir una estrategia de racionalización administrativa, estas reducciones afectan directamente la capacidad del Estado de brindar servicios esenciales y proteger derechos fundamentales.

En primer lugar, se destaca el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sufrió una reducción del 64,4% de su planta de personal. Este organismo desempeña un rol clave en la articulación de políticas públicas interministeriales orientadas a la inclusión social y la equidad territorial, y su desarticulación compromete seriamente la capacidad de diseñar respuestas integradas frente a la pobreza, la desigualdad y las vulnerabilidades múltiples que afectan a millones de personas en todo el país. En segundo lugar, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) —encargada de investigar incidentes y accidentes en los modos aéreo, ferroviario, automotor y marítimo-fluvial— registró una reducción del 45,6% de su dotación, lo cual afecta la capacidad técnica de investigación de siniestros y la elaboración de recomendaciones para mejorar la seguridad operativa. Sumado a la reducción del 34% del Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Le sigue el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió una reducción del 42,6% de su personal. Este organismo cumple un rol central en la promoción, fiscalización y fortalecimiento de cooperativas y mutuales, sectores que constituyen una parte vital de la economía social y solidaria, especialmente en zonas rurales y economías regionales. Su debilitamiento atenta contra una de las formas más democráticas y arraigadas de organización económica, con impactos directos en la producción, el empleo y la cohesión social.

En el ámbito de la salud, se registraron reducciones que resultan particularmente graves. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrió un recorte del 34,7% de su dotación, afectando la atención integral de personas con discapacidades, en un contexto de creciente demanda y necesidad de intervención estatal con perspectiva comunitaria y de DDHH.

Asimismo, se consolida una reducción del 39% del personal en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Esta cifra no solo refleja un recorte administrativo: implica una pérdida sustancial en la capacidad de regulación, fiscalización y promoción de políticas de conectividad e inclusión digital, fundamentales para garantizar el derecho a la información, a la educación y al acceso a servicios públicos.

Conclusiones

Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado.

• Se perdieron 57.621 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 16,8% en la planta de personal del Sector Público Nacional.
• En términos absolutos, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
• El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116 cesantías, y Banco Nación, con 1.968 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.782 desvinculaciones.
• En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 % del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
• En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.148 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.716 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.532 trabajadores.
• En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 42 % de su dotación.

Registro bibliográfico

Informe CEPA N° 526, ISSN 2796-7166.

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