Gobierno del engaño
En la misma semana que estalló el escándalo del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, con la renuncia de Marco Lavagna, el Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial, un área cuyo objetivo es “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política”.
Resulta evidente que la decisión de crear tal oficina representa una respuesta a la confusa y contradictoria suma de argumentos utilizados para explicar el tema INDEC. Primero fue Luis Caputo que sostuvo que había diferencias de criterios con Lavagna y que él y el presidente creían que la implementación del nuevo índica debía realizarse “una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”. Acto seguido, la periodista Cristina Pérez manifestó que “Milei considera que el índice está mal hecho... y que Lavagna armó un índice para perjudicar la medición". Luego twitteó el Gordo Dan, en X, “Los kukas que medían la inflación en el gobierno de Alberto Fernández deciden ahora cambiar la metodología con la que medían la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández afectando así la credibilidad del gobierno”. Y finalmente, aparecieron “declaraciones oficiales” en Infobae: “(Lavagna) venía a los tiros con ‘Toto’ y varios más. Media mal la balanza turística y, sumado a eso, respondía a (Sergio) Massa. Además, con el nuevo sistema de medición, se necesita otro perfil”. Todo esto agravado por las contradicciones de haber incluido el compromiso de actualizar el índice a finales de 2025 en el acuerdo con el FMI (abril de 2025), su mención en la Ley de Presupuesto 2026 y las declaraciones del ex viceministro de economía Joaquín Cottani, recordando que “el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024”.
Pero la creación de la Oficina de Respuesta Oficial tiene un trasfondo más profundo: viene a consolidar la estrategia de opacidad y el ocultamiento impulsada por el gobierno. Repasemos:
Salario del empleo no registrado. Desde fines de 2023 se comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas) pero nunca se explicitó el impacto de estas modificaciones. En palabras sencillas, ahora se le pregunta al encuestado, por ejemplo, si cobra la Tarjeta Alimentar y antes no se lo consultaba. El incremento de su ingreso se relaciona con una mejora en la captación de la información, lo cual es bueno, pero impide la comparabilidad de los datos. De hecho, se refleja en resultados absurdos: entre la asunción del actual gobierno y mayo de 2025, la variación del salario del empleo no registrado fue 30% mayor a la variación de los precios.
Índice de Precios al Consumidor (IPC). El principal cuestionamiento metodológico al IPC se vincula con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. La decisión de utilizar la canasta 2004/2005 (con variedades de 2015 y actualizada por inflación desde 2016) en lugar de la Encuesta de Gastos de 2017/18 derivó en un diferencial de 11,2% de inflación (si esta última se hubiese aplicado desde el inicio del gobierno de Milei). Lo más grave: el deseo explícito del gobierno de continuar “barriendo bajo la alfombra” diferenciales de inflación, afectando a jubilados, paritarias, bonistas y desanclando expectativas. Como corolario, ahora Caputo pretende realizar una nueva Encuesta de Hogares, lo que implica que, en el mejor de los casos, la aplicación de nuevos ponderadores implicaría no menos de tres años.
Incidencia de la pobreza por ingresos. La medición de la pobreza presenta problemas metodológicos tanto por el lado de la canasta de gastos como por el de la captación de ingresos. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario–no alimentario que, al igual que con el IPC aunque con una metodología distinta, subestima el peso actual de los servicios y el transporte. Por otro lado, los cambios introducidos en la EPH respecto a la captación de ingresos no laborales previamente subregistrados, especialmente en los deciles más bajos, reflejan una mejora real de los ingresos cuando en realidad se debe a la forma de captación, tal como se describió previamente. Este abuso metodológico lo utiliza el gobierno para sostener que sacó a 12 millones de personas de la pobreza.
Estadísticas de turismo. La Secretaría de Turismo de la Nación decidió no renovar el convenio de financiamiento de los operativos estadísticos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), luego de cuestionar públicamente su metodología y resultados. Esta decisión se inscribe en una secuencia previa: en 2024 ya se había discontinuado la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares, que aportaba información clave sobre turismo interno. Otra decisión de ocultamiento de datos, en este caso, para no mostrar los efectos del modelo de apreciación cambiaria.
Actividad económica (EMAE). En la publicación de septiembre de 2025 se aplicaron ajustes de magnitud inusualmente elevada, muy superiores a los observados en períodos anteriores, que modificaron la trayectoria del indicador y alcanzaron hasta seis meses hacia atrás. A ello se suma la incidencia extraordinaria del componente Impuestos netos de subsidios, que fue el principal impulsor del crecimiento interanual de septiembre. Finalmente, la combinación del efecto composición sectorial y la sensibilidad del proceso de desestacionalización —reconocida por el propio INDEC— sobredimensionó el cambio de tendencia del EMAE, facilitando una lectura de recuperación que fue utilizada para afirmar la ausencia de recesión.
Oro. Hace mas de un año que el Diputado Sergio Palazzo solicitó información sobre el destino del oro del BCRA, que salió físicamente de la entidad. Aunque la Justicia Federal ordenó que se informe sobre el activo, sigue sin haber respuesta. No sólo no hubo aclaraciones por parte de su titular, Santiago Bausilli sino que, peor aún, fue el ministro de economía Luis Caputo quien sostuvo, en julio de 2024, que "si vos tenés ese oro afuera le podés sacar un retorno y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos" sugiriendo un probable destino del recurso. La gravedad de esta respuesta no es sólo la vaguedad de la información, sino que fortalece el planteo de los bonistas sobre la figura del alter ego del BCRA respecto del Tesoro (el BCRA funciona como contracara ineludible de las decisiones del Tesoro). Si ello fuera así, el oro podría ser embargable en la causa contra el Tesoro.
Swap con EEUU. “¿Y ahora, a quién le debemos?” podría ser el nombre de una película sobre la opacidad del swap acordado entre Luis Caputo y Scott Bessent. En enero de 2026, el BCRA comunicó que se canceló esa línea usada en el cuarto trimestre de 2025. Pero ni el Ejecutivo ni el BCRA habían anunciado previamente su activación, sino sólo su firma. Es decir: se canceló un swap que nunca se supo que estaba activado. Además, se desconoce si se pagó con una línea de financiamiento de Organismos Internacionales o el origen de los fondos utilizados para la cancelación,. Obviamente tampoco se conoce a que tasa.
Pedidos de acceso a la información. Finalmente, este gobierno se ha caracterizado por no responder los pedidos de información. El portal Chequeado publicó, en julio de 2025, una nota titulada “Acceso a la información pública: el gobierno de Javier Milei es el que más pedidos recibió y el que más incumplió”, donde se describe que “la actual gestión recibió un promedio de 781 pedidos mensuales de acceso a la información pública” y que “es la que más pedidos de acceso dejó sin responder” (casi 8% del total). En definitiva, si la consulta no le gusta al gobierno, no se responde.
En conclusión, se identifica un patrón de engaño y ocultamiento de la información y las decisiones oficiales. La paradoja, si es que tiene sentido llamarlo así, es que creación de la “oficina de la verdad”, viene a profundizar la estrategia.
Sobre esta nota
Por Hernán Letcher. Esta nota se publicó originalmente en la edición impresa de Página/12, 8 de febrero de 2025.