Análisis sobre la situación del empleo público en la provincia de Santa Fe
Introducción
El presente informe tiene como objetivo analizar la situación del sector público de la Provincia de Santa Fe a partir de dos ejes de trabajo. En primer lugar, se analiza la ejecución del gasto público provincial por finalidad y función, con sus variaciones reales para el período 2023–2026. En segundo lugar, se examina la variación del poder adquisitivo de los salarios del sector público provincial entre noviembre de 2023 y junio de 2026, diferenciando el comportamiento de los principales sectores que componen la administración pública: salud, educación, seguridad y administración central.
El informe se elaboró a partir del relevamiento de información disponible en fuentes oficiales, incluyendo decretos provinciales, acuerdos paritarios firmados entre el Poder Ejecutivo provincial y los distintos sindicatos del sector público, y datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía de la Provincia. Sobre esta base, se realizó un proceso de sistematización de la información, la elaboración de estimaciones y el posterior análisis de los resultados obtenidos.
La motivación de este trabajo se sustenta en la responsabilidad del Estado provincial de garantizar servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad, así como en el adecuado funcionamiento de la burocracia de la administración central. En este sentido, el informe busca dar cuenta de la relevancia de estos sectores dentro del Estado provincial y la evolución de sus ingresos reales entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con el objetivo de evaluar la profundidad de la política salarial implementada por el gobierno provincial y su impacto sobre el funcionamiento y el sostenimiento de las capacidades estatales.
1- Ejecución del Gasto por Finalidad y Función
Esta sección analiza la evolución del gasto público provincial devengado entre 2023 y el primer trimestre de 2026, expresado en términos reales mediante deflactación con el Índice de Precios al Consumidor del IPEC. El análisis permite identificar qué áreas del Estado provincial absorbieron el ajuste fiscal, cuáles crecieron en términos reales y cómo se distribuye el gasto en el inicio de 2026. Este es el primer eje del informe del sector público de la Provincia de Santa Fe.
¿En qué gasta la provincia de Santa Fe?
En el primer trimestre de 2026, el gasto devengado provincial muestra una estructura concentrada en los Servicios Sociales, que representan el 58,2% del total, seguidos por la Administración Gubernamental (20,1%), los Servicios de Seguridad (13,3%) y los Servicios Económicos (8,1%). La Deuda Pública representa el 0,3%[1] restante.
Al interior de los Servicios Sociales, Educación y Cultura es la partida de mayor peso de toda la estructura provincial con el 23,4% del gasto total, seguida por Seguridad Social (18,7%) y Salud (10,5%): entre las tres explican más de la mitad del presupuesto ejecutado. El gráfico a continuación ilustra esta distribución mostrando, dentro de cada finalidad, el peso relativo de sus componentes.
Esta estructura de gasto del primer trimestre de 2026 no difiere sustancialmente de la que la provincia viene mostrando en los últimos años: el peso relativo de cada finalidad se mantiene. Lo que cambió no es tanto la distribución como el volumen: casi todas las partidas de mayor peso atravesaron ajustes reales significativos desde 2023.
¿Cómo llegamos al 2026? Evolución del gasto: 2023–2025
Entre 2023 y 2025 el gasto total devengado cayó un 9,3% real, equivalente a $1,4 billones a precios de junio de 2026. El ajuste no fue gradual: en 2024 la caída fue del 16,8% respecto de 2023 y la recuperación parcial de 2025 no alcanzó para volver a los niveles previos. Esa contracción fue la vía por la que se alcanzó el equilibrio fiscal: la provincia cerró 2025 con un superávit financiero de $8.264 millones, apenas el 0,07% del gasto total, en el mismo ejercicio en que Educación y Cultura se ejecutaba 13,3% real por debajo de 2023 y Seguridad Social 10,3%. El superávit equivale a menos del 2% de lo que se dejó de ejecutar sólo en Educación y Cultura: el resultado de las cuentas públicas descansó sobre el recorte de partidas.
El ajuste no fue parejo. De las cinco finalidades, sólo dos no registran caída real: Administración Gubernamental (+1,4%) y Servicios de Seguridad (+10,6%).
El +1,4% de la Administración Gubernamental esconde una heterogeneidad muy marcada. Mientras el Poder Judicial caía 22,3% ($150.078 millones menos), la Dirección Superior Ejecutiva creció 37,8% real, con $186.397 millones adicionales: el mayor incremento absoluto de todo el presupuesto provincial. La función agrupa las acciones de administración general del Gobernador y de los ministros y subsecretarios cuyo alcance excede una única finalidad, es decir, partidas de asignación discrecional del vértice del Ejecutivo. También crecieron el Poder Legislativo (+5,9%, $14.655 millones) y las áreas de recaudación y control (Control de la Gestión Pública +10,8%, Administración Fiscal +7,6%). Se expandió el gasto político y se comprimió el único poder que no depende del Ejecutivo.
La otra finalidad que creció fue Servicios de Seguridad: +10,6% real, $149.115 millones adicionales, con el Sistema Penal como la función de mayor expansión relativa (+31,7%, $71.760 millones), en línea con el plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria.
En el otro extremo, la caída se concentró en las funciones que sostienen los servicios a la población y la actividad productiva: Servicios Sociales -11,4% real, Servicios Económicos -32,0% y Deuda Pública -42,9%. Educación y Cultura registró la mayor pérdida absoluta de todo el presupuesto ($497.987 millones, -13,3%) e Industria la más profunda (-98,1%). Ambos bloques se analizan en detalle en los apartados siguientes.
El primer trimestre de 2026
Los datos disponibles del primer trimestre de 2026 muestran una recuperación interanual: el gasto creció +15,9% real respecto del 1T 2025 y +40,0% respecto del 1T 2024. Sin embargo, comparado con el primer trimestre de 2023, sigue siendo un 1,9% inferior en términos reales, $69.394 millones menos. La recuperación parcial observada no alcanzó aún para revertir la contracción del período 2024–2025.
La serie trimestral permite ubicar con precisión el momento del ajuste: el piso está en el 1T 2024, con una caída del 29,9% real respecto del 1T 2023 -muy superior a la caída anual de ese año (-16,8%)-, lo que indica que el grueso del recorte se concentró en los meses inmediatamente posteriores al cambio de gestión. Desde entonces se registraron dos recuperaciones consecutivas (+20,8% en el 1T 2025 y +15,9% en el 1T 2026) que no completaron el recorrido de vuelta.
De las cinco finalidades del presupuesto provincial, dos superan el nivel del primer trimestre de 2023 y tres continúan por debajo. Servicios de Seguridad se ubica un 48,0% por encima y la Administración Gubernamental un 7,4%; en cambio, Servicios Sociales sigue 5,6% abajo, Servicios Económicos -29,8% y Deuda Pública -70,1%. En la comparación interanual el crecimiento es casi generalizado pero la estructura relativa que dejó el ajuste 2024–2025 no se modificó.
El primer trimestre de 2026 muestra, entonces, un gasto total que se acerca al de 2023 pero con una composición distinta: el aumento se apoya en Servicios de Seguridad, en la Dirección Superior Ejecutiva y en el repunte puntual de Vivienda y Urbanismo, mientras las funciones que concentran el grueso del presupuesto -salud, educación y previsión social- continúan por debajo del punto de partida.
Dentro de los Servicios Sociales -el bloque que absorbió el grueso del ajuste- la recuperación del primer trimestre tampoco fue uniforme. El conjunto crece 13,1% real respecto del 1T 2025, pero sigue 5,6% por debajo del 1T 2023, y ese promedio agrupa funciones con trayectorias distintas. En el siguiente apartado se desagrega el bloque por función y permite ver cuáles alcanzaron o superaron el nivel de 2023 y cuáles continúan por debajo del punto de partida. La comparación es de tres meses contra tres meses y sobre datos aún provisorios, de modo que no es equivalente en magnitud al balance de dos ejercicios completos presentado más arriba. Informa, en cambio, sobre la dirección del movimiento: si la recomposición reciente llegó efectivamente a las funciones que sostienen los servicios esenciales o si se concentró, como en el agregado, en seguridad, obra pública y en las áreas de conducción del Ejecutivo.
La situación de los servicios esenciales
Los Servicios Sociales -que concentran casi el 60% del gasto- fueron el núcleo del recorte: cayeron 11,4% real entre 2023 y 2025 (-$1,1 billones a precios de junio de 2026), explicando el 74% de todo el recorte real del gasto provincial.
Medido en pesos, el ajuste se concentró en cuatro funciones. Educación y Cultura perdió $497.987 millones (-13,3%), la mayor caída absoluta del presupuesto provincial: 2,7 veces lo que creció la Dirección Superior Ejecutiva. Seguridad Social cayó $326.650 millones (-10,3%), un recorte que recae sobre jubilaciones, retiros y pensiones. Agua Potable y Alcantarillado perdió $218.658 millones (-76,4%), la contracción relativa más severa del bloque. Salud cayó $91.264 millones (-5,5%): es la caída relativa más acotada del conjunto, pero se trata igualmente de un retroceso real sobre una de las funciones de mayor peso del presupuesto provincial. La única excepción es Vivienda y Urbanismo, que duplicó su ejecución real (+100,0%, $71.219 millones adicionales) mientras el resto del bloque se contraía.
Los datos del primer trimestre de 2026 permiten ver cuánto de ese recorte empezó a revertirse. El bloque crece 13,1% real respecto del mismo período de 2025, pero sigue 5,6% por debajo del primer trimestre de 2023 -$127.404 millones menos-, y esa brecha se distribuye de manera muy desigual entre las funciones.
Seguridad Social es el caso más persistente: ejecutó $686.002 millones contra $745.665 millones del 1T 2023, una caída real del 8,0% ($59.663 millones menos) que explica por sí sola casi la mitad de la brecha del bloque. Tampoco recuperó en la comparación interanual, donde creció apenas 4,0% frente al 13,1% del conjunto. Salud sigue 8,6% por debajo del 1T 2023 ($36.240 millones menos), también con un crecimiento interanual por detrás del promedio (+6,5%).
Educación y Cultura, en cambio, redujo su brecha a -2,0% tras crecer 19,6% interanual, y Vivienda y Urbanismo triplicó su ejecución real (+213,1%, $44.487 millones adicionales). El bloque se acerca al nivel de 2023 apoyado en obra pública y en la recomposición educativa, mientras las dos funciones que financian prestaciones directas a la población -previsión social y salud- siguen ocho puntos por debajo del punto de partida.
La lógica política del ajuste
El patrón que emerge de los datos no es el resultado de una restricción fiscal externa inevitable, sino el producto de decisiones políticas concretas sobre qué proteger, qué expandir y qué comprimir:
- El ajuste se descargó sobre los ingresos de trabajadores estatales y jubilados. Con dotaciones relativamente estables, la caída del gasto real en Educación, Salud y Seguridad Social operó vía compresión salarial y de haberes.
- El Estado provincial se retiró del fomento productivo. Industria prácticamente desapareció como política pública: -98,1% real, $349.174 millones menos, con una ejecución de $6.809 millones en todo 2025. La acompañan Agricultura (-39,9%), Comunicaciones (-29,6%) y Transporte (-$126.813 millones, -14,5%). Es la renuncia a un rol activo en la economía real, aunque con algunos cambios de signo a principios de 2026.
- El vértice ejecutivo se protegió y el aparato de control se expandió. La Dirección Superior Ejecutiva acumuló el mayor crecimiento real de todo el presupuesto (+37,8%, $186.397 millones), superando en términos absolutos al crecimiento del bloque completo de Seguridad; el Poder Judicial, en cambio, absorbió uno de los recortes más severos (-22,3%).
- Los primeros datos de 2026 muestran una recuperación parcial del gasto interanual sin revertir la contracción estructural: el 1T 2026 sigue por debajo del 1T 2023 en términos reales y las prioridades relativas se mantienen.
El contraste ordena todo el período: mientras Educación y Cultura, Salud y Seguridad Social perdían $915.901 millones entre las tres, la Dirección Superior Ejecutiva sumaba $186.397 millones y los Servicios de Seguridad $149.115 millones. No hubo un ajuste general sino una redefinición de prioridades.
2- Variación de los salarios del personal público de la provincia de Santa Fe
Luego de analizar la evolución de la ejecución del gasto en el sector público de la provincia de Santa Fe, este apartado se propone examinar la dinámica salarial del personal público provincial. En particular, se analiza la variación del poder adquisitivo de los salarios reales entre noviembre de 2023 y junio de 2026, diferenciando el comportamiento de los principales sectores que componen la administración pública: salud, educación, seguridad y administración general.
El ejercicio se realiza sobre casos testigo: cargos concretos, con jornada, antigüedad y categoría fijas, cuyo salario neto de bolsillo se reconstruyó mes a mes a partir de recibos de sueldo, planillas de las propuestas paritarias y decretos y acuerdos publicados en el Boletín Oficial de la provincia. Al mantener constantes las condiciones del puesto, la serie aísla el efecto de las paritarias de la progresión personal de cada agente. Todos los valores se expresan en pesos constantes de junio de 2026, deflactados por el Índice de Precios al Consumidor del IPEC, es decir, por la inflación efectivamente registrada en la provincia de Santa Fe, que es la que determina el poder de compra de los santafesinos y las santafesinas.
Trabajadores de salud
En el caso del sector salud se analiza, en primer término, la situación del personal de enfermería. A junio de 2026, el salario de bolsillo de un enfermero/a de categoría 3 con jornada larga asciende a $1.948.856, un 9,5% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($2.153.183).
Esa brecha se sostuvo durante todo el período. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $10.834.715, es decir, un promedio de $338.584 por mes a pesos de junio de 2026. El peor momento fue enero de 2024, cuando el salario real quedó un 24,6% por debajo de noviembre de 2023, producto de la devaluación de diciembre de 2023 y su traslado a precios.
El segundo caso testigo del sector salud corresponde al personal profesional comprendido en el régimen del Arte de Curar: un profesional ayudante de unidad de organización (cargo 7-01-0070) de 24 horas semanales y un año de antigüedad. A junio de 2026, su salario de bolsillo asciende a $1.595.835, un 2,8% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($1.642.473) -la brecha más acotada del conjunto analizado-. Aun así, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $6.944.671, es decir, un promedio de $217.020 por mes a pesos de junio de 2026.
Ese resultado, sin embargo, no refleja la trayectoria del período sino un salto puntual y muy reciente. Hasta febrero de 2026, el salario real del sector se mantuvo sistemáticamente entre 11% y 26% por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una caída máxima de 25,9% en febrero de 2024. Recién en marzo de 2026, con la recomposición correspondiente a la incorporación del 50% de la jerarquización profesional, el ingreso real dio un salto de casi 22 puntos porcentuales en un solo mes y superó transitoriamente el nivel de noviembre de 2023 en un 3,7%. A partir de allí volvió a caer y en junio de 2026 se ubica un 2,8% por debajo de aquel nivel. Se trata, entonces, de una recuperación concentrada en un único concepto, posterior a más de dos años de deterioro, y que no compensa la pérdida acumulada del período: es el sector con la menor brecha salarial actual y, al mismo tiempo, uno de los que más ingresos dejó de percibir en el camino.
Sector educativo - Portero/a categoría 3
En el sector educativo, el portero/a de categoría 3 -comprendido dentro de los asistentes escolares- percibe a junio de 2026 un salario de bolsillo de $1.300.782, un 9,0% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($1.430.145). Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $5.879.752, es decir, un promedio de $183.742 por mes a pesos de junio de 2026.
La serie tocó su piso en enero de 2024, cuando el salario real quedó un 24,0% por debajo de noviembre de 2023, reflejo del salto cambiario de diciembre de 2023 y su traslado a precios. En febrero de 2026 llegó a recuperar transitoriamente el nivel de noviembre de 2023, superándolo en un 0,6%, para volver a caer en los meses siguientes y ubicarse en junio de 2026 un 9,0% por debajo de aquel nivel. Este colectivo concentra parte importante de los trabajadores de menores ingresos dentro del sector educativo provincial.
Sector educativo - Docente titular (maestro/a de grado)
El caso testigo que este informe utiliza para el sector docente es el de un maestro/a de grado de jornada simple con 15% de antigüedad. A junio de 2026, su salario de bolsillo asciende a $1.047.406, un 18,9% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($1.291.470) -la segunda pérdida más profunda del conjunto analizado-. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $8.529.899, es decir, un promedio de $266.559 por mes a pesos de junio de 2026.
La trayectoria docente fue, además, la que sufrió la caída más abrupta de todas las analizadas. En enero de 2024 el salario real cayó un 33,8% respecto de noviembre de 2023, producto de la devaluación de diciembre de 2023 y su traslado a precios. Recién en marzo de 2026 logró ubicarse un 12,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023, y en junio de 2026 la brecha se ubica en 18,9% por debajo de aquel nivel.
A diferencia de los demás casos testigo, la lectura del salario docente exige un desarrollo adicional: sobre el cargo se superponen componentes que no están presentes en los otros casos analizados y que modifican sustancialmente el resultado según cómo se los incluya en la comparación.
Dos componentes que modifican la comparación: jornada extendida y presentismo
Sobre el salario del cargo se superponen, desde 2024, dos componentes de naturaleza distinta -la jornada extendida y el incentivo a la asistencia perfecta- que elevan el ingreso de bolsillo sin recomponer el salario básico, y cuya inclusión o exclusión cambia por completo el resultado de la comparación con noviembre de 2023.
El primero es la jornada extendida. El programa -conocido como “Una Hora Más”- incorpora formalmente una hora de clase diaria adicional en el Nivel Primario, elevando la carga horaria semanal de las escuelas primarias comunes a 25 horas reloj.
Cabe destacar que el propio marco normativo del suplemento aclara que este no modifica el puntaje del cargo, lo que respalda la aclaración del gremio docente: el cargo con jornada extendida no reemplaza al cargo testigo tradicionalmente utilizado en las paritarias, que carece de este componente.
Se trata, además, de un beneficio lejos de ser universal: según estimaciones gremiales, alcanza a unos 16.000 de los 77.000 cargos docentes del sistema educativo provincial -los maestros de grado con curso a cargo en escuelas primarias comunes-, quedando fuera el Nivel Inicial, el Nivel Secundario, la modalidad Técnica y, dentro de la propia escuela primaria, los docentes de asignaturas especiales y el personal directivo.
Su efecto sobre el ingreso es significativo: a junio de 2026 el adicional representa $137.270 mensuales (estimación neta aproximada), de modo que un maestro/a de grado con jornada extendida percibe $1.184.677 de bolsillo. Con ese ingreso, la pérdida de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023 se reduce de 18,9% a 8,3%. Ahora bien, ese mayor ingreso no es una recomposición salarial: es la retribución de una hora más de trabajo por día. A igual jornada -la misma que se desempeñaba en noviembre de 2023- la pérdida sigue siendo del 18,9%. Esto se confirma al descomponer el valor de esa hora adicional: se ubica sistemáticamente entre un 13% y un 24% por debajo del valor de una hora común del cargo testigo, brecha que se mantuvo estable desde la implementación del suplemento.
El segundo componente es el incentivo a la asistencia, o presentismo. Se trata de una asignación especial de carácter no remunerativo y no bonificable, destinada al personal docente y de conducción que registra presencia efectiva en las aulas. Al no revestir carácter normal ni habitual, no impacta sobre la base de cálculo del Sueldo Anual Complementario ni sobre los demás adicionales del escalafón docente, y se pierde íntegramente cuando las inasistencias superan el margen previsto. Al igual que la jornada extendida, tampoco es universal: quedan excluidos, entre otros, el personal bibliotecario, los maestros de taller y el personal con tareas pasivas, aun cuando asistan la totalidad de su jornada laboral.
A junio de 2026, el presentismo representa $181.259 mensuales para quien cumple la condición. Sumado a la jornada extendida, el ingreso de bolsillo asciende a $1.365.936, un 5,8% por encima del salario real de noviembre de 2023. Dicho de otro modo: el mismo cargo puede exhibir simultáneamente una caída del 18,9% o una mejora del 5,8% según qué se compare.
Esta triple lectura es el nudo de la discusión pública sobre el ajuste del salario docente en la provincia. Comparar el ingreso de un docente con jornada extendida y presentismo contra el salario de noviembre de 2023 sugiere una recuperación que, en rigor, no proviene de la recomposición del salario del cargo, sino de dos mecanismos de naturaleza distinta: más horas de trabajo, en un caso, y una suma condicionada, no remunerativa y no bonificable, en el otro. El salario que define el piso del escalafón, el que se percibe por la misma tarea y la misma jornada que en noviembre de 2023 y el que sirve de base para el aguinaldo, la antigüedad y los aportes previsionales, continúa un 18,9% por debajo de aquel nivel.[4]
Fuerzas de seguridad - Policía (Suboficial/Agente)
El caso testigo de Policía se construye sobre un cargo concreto -Suboficial/Agente, el grado más bajo del escalafón policial, con 3 años de antigüedad-, sumando básico, antigüedad, título, complementos y las asignaciones remunerativas y no remunerativas que integran el recibo real.
Esta reconstrucción fue validada contra recibos reales de distintos meses, que confirman con precisión los principales componentes del salario en cada período.
A junio de 2026, el salario de bolsillo del Suboficial/Agente asciende a $1.377.197, un 4,9% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($1.448.225). Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $6.132.298, es decir, un promedio de $191.634 por mes a pesos de junio de 2026.
La serie tocó su piso en enero de 2024, cuando el salario real quedó un 24,2% por debajo de noviembre de 2023, en línea con el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 sobre los precios. Permaneció depreciada y prácticamente estancada durante 2024 y 2025, y solo mostró una recuperación gradual a partir de la incorporación de la garantía de ingreso mínimo atada a la Canasta Básica Total (Decreto N.° 0203/26). Esa garantía no alcanzó a revertir la pérdida acumulada -a junio de 2026 el salario real seguía 4,9% por debajo del nivel de noviembre de 2023-, pero sí amortiguó buena parte de la caída: sin ella, la pérdida hubiera rondado el 18%, en línea con la que registra el IAPIP, el escalafón no alcanzado por este beneficio.[5]
Esta garantía, sin embargo, quedó fijada en el valor de la Canasta Básica Total publicado por el INDEC en febrero de 2026, y el Decreto N.° 0203/26 no prevé su actualización mensual posterior (sin perjuicio de que se dispongan incrementos adicionales durante el año por otras vías). Como toda suma fija no remunerativa, su valor real se licúa mes a mes con la inflación, en línea con lo señalado para el presentismo docente y la jornada extendida.
Administración Central - Categoría 3
Al analizar la administración pública provincial general se considera, en primer término, el caso de los trabajadores de categoría 3 -el primer nivel de personal profesional con título superior-. A junio de 2026, su salario de bolsillo asciende a $1.146.437, un 11,9% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($1.301.966). Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $5.327.326, es decir, un promedio de $166.479 por mes a pesos de junio de 2026.
La categoría alcanzó su mejor registro del período en febrero de 2026, cuando llegó a ubicarse apenas 2,2% por debajo de noviembre de 2023 y desde entonces retrocedió casi diez puntos, en un contexto de salarios nominales sin modificaciones entre febrero y junio de 2026.
En el otro extremo del escalafón general se ubica la categoría 1, correspondiente al personal de ordenanza y de servicios generales, que constituye el piso de la administración central. A junio de 2026, su salario de bolsillo asciende a $1.066.391, un 7,8% por debajo del salario de noviembre de 2023 expresado en pesos de junio de 2026 ($1.156.742). Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $3.970.404, es decir, un promedio de $124.075 por mes a pesos de junio de 2026.
También en este caso la mejora de comienzos de 2026 - que en febrero llegó a ubicarse 2,4% por encima de noviembre de 2023- se revirtió en los meses siguientes.
Sin embargo, el ajuste no impactó de manera homogénea sobre los trabajadores de la Administración Central. Del análisis surgen tres dinámicas salariales diferenciadas según nivel escalafonario, que permiten distinguir entre las categorías contenidas en el escalafón creado por el Decreto Nº 2695/83 y sus posteriores modificaciones (Decreto Nº 06/99), el cual comprende desde la categoría 1 hasta la categoría 9 del Personal Civil de la administración pública.
En primer lugar, representando al 91% del total de los trabajadores, se ubican las categorías bajas, que incluyen a los trabajadores de las categorías 1, 2 y 3, correspondientes al personal de ordenanza/portería, auxiliares de servicios generales, auxiliares administrativos y asistentes administrativos o auxiliares especializados. El salario promedio de estas categorías, calculado sobre los cargos testigo relevados por este informe, asciende a $1.100.223 a junio de 2026.
En segundo término, se encuentran las categorías medias, 4 y 5, que representan al 5% de los trabajadores y corresponden a cargos que incluyen técnicos superiores, profesionales especializados, coordinadores o profesionales superiores. Estas categorías presentan ingresos promedio de $2.362.585 a junio de 2026.
Por último, las categorías altas, que van de la 6 a la 9, representan el 4% restante de los trabajadores y cargos tales como directores generales y subdirectores, con un ingreso promedio de $5.518.428 a junio de 2026, sin considerar la quita por Impuesto a las Ganancias.
Dichas categorías muestran un comportamiento marcadamente diferencial. Los trabajadores que más sufrieron el ajuste fueron los contenidos en las categorías bajas, que a junio de 2026 acumulan una caída del salario real del 9,5% respecto de noviembre de 2023 y se mantuvieron prácticamente todo el período por debajo de los ingresos reales de 2023, con un piso del 23,9% de caída en enero de 2024. La recomposición de comienzos de 2026 les permitió superar levemente aquel nivel en febrero (un 0,5% por encima), pero la ausencia de aumentos posteriores llevó el salario a un 9,5% por debajo de aquel nivel en junio de 2026.
Las categorías medias presentaron una dinámica similar a la de las categorías más bajas durante la primera parte del período analizado, pero lograron una fuerte recomposición salarial a partir de julio de 2025, cuando recuperaron la relación histórica con la categoría 6 que habían perdido. Como resultado, superaron el nivel salarial real de noviembre de 2023 y, hacia junio de 2026, lo excedían en un 19,2%.
La performance más favorable fue la de las categorías altas. Tras la caída inicial que afectó a la mayoría de los sectores luego de la devaluación de diciembre de 2023, recuperaron el terreno perdido con rapidez -hacia enero de 2025 se ubicaban a menos de dos puntos del nivel de noviembre de 2023- y desde julio de 2025 lo superan de manera sostenida, cerrando junio de 2026 un 12,3% por encima del punto de partida.
En síntesis, los siete casos testigo analizados registran pérdidas reales acumuladas entre noviembre de 2023 y junio de 2026, aunque con trayectorias y resultados finales muy distintos. Las brechas más profundas corresponden al maestro/a de grado (-18,9% real, con una pérdida acumulada de $8,5 millones en el período) y a la Administración Central cat. 3 (-11,9%, $5,3 millones), seguidos por el personal de enfermería de jornada larga (-9,5%, $10,8 millones), el portero/a cat. 3 (-9,0%, $5,9 millones) y la Administración Central cat. 1 (-7,8%, $4,0 millones). El personal profesional del Arte de Curar registra la brecha más acotada entre los casos con pérdida (-2,8%, $6,9 millones), y sólo a partir de la recomposición por jerarquización profesional liquidada en marzo de 2026. La Policía, con -4,9% ($6,1 millones), es el segundo caso con menor pérdida: la garantía de ingreso mínimo atada a la Canasta Básica Total, incorporada en febrero de 2026, amortiguó buena parte del deterioro pero no alcanzó a revertirlo -sin ella, la pérdida hubiera rondado el 18%, similar a la que registra el IAPIP, el escalafón no alcanzado por ese beneficio-.
Las recomposiciones otorgadas entre enero y marzo de 2026 permitieron una recuperación parcial y, en algunos casos, un cruce transitorio del nivel previo al cambio de gestión. Sin embargo, la ausencia de aumentos en los meses siguientes volvió a erosionar esos ingresos y, a junio de 2026, ninguno de los casos testigo había recuperado de manera sostenida el poder adquisitivo vigente en noviembre de 2023.
Los datos muestran, además, un patrón que excede la magnitud de la pérdida agregada. Por un lado, el ajuste fue regresivo hacia adentro del propio Estado: mientras las categorías bajas de la administración general -el 91% de la planta- acumulan una caída real del 9,5%, las categorías intermedias y las altas cerraron junio de 2026 un 19,2% y un 12,3% por encima de noviembre de 2023, respectivamente. Por otro, la recomposición que sí llegó a los sectores de menores ingresos se canalizó crecientemente por vías condicionadas y no consolidables -el presentismo docente es el caso más claro- o por la retribución de más horas de trabajo, como la jornada extendida. Ambos mecanismos mejoran el ingreso de bolsillo sin recomponer el salario del cargo: uno lo hace a cambio de más horas de trabajo y el otro, el presentismo, mediante una suma que no integra la base del aguinaldo ni de los aportes previsionales, depende del cumplimiento individual de una condición y, por su propia lógica, individualiza la negociación y debilita el reclamo colectivo. El resultado es un esquema salarial más desigual, más discrecional y más difícil de comparar, en el que la mejora aparente de algunos indicadores convive con un deterioro sostenido del salario básico de quienes sostienen los servicios estatales esenciales.
En definitiva, el ajuste sobre el poder adquisitivo de los trabajadores terminó recayendo principalmente sobre los sectores más vulnerables, que además representan la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia en los distintos ámbitos de la gestión pública provincial.
Transparencia y acceso a la información pública
Por último, cabe recalcar que la elaboración de este informe encontró un obstáculo constante: la falta de transparencia en la información pública provincial. La ejecución presupuestaria se publica con un rezago considerable y con un nivel de desagregación insuficiente, lo que obliga a reconstruir series completas cruzando múltiples fuentes antes de poder analizarlas. En materia salarial, no existe una fuente pública consolidada con los acuerdos paritarios de cada sector: la información surge de decretos individuales dispersos en el Boletín Oficial, que deben rastrearse y sistematizarse uno por uno. La composición de la dotación de personal de la Administración Central tampoco está disponible de forma abierta. A esto se suma que los propios recibos de sueldo, cuando se logra acceder a ellos, resultan de difícil lectura: decenas de conceptos remunerativos y no remunerativos se superponen sin un nomenclador público que permita interpretarlos. Esta opacidad no es un dato menor: dificulta el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y sobre el propio proceso de negociación salarial, y contrasta con los estándares de transparencia activa que el propio Estado provincial dice promover.
Conclusiones
El análisis de la ejecución del gasto y la evolución salarial en la Provincia de Santa Fe permite identificar con claridad la profundidad y el carácter del ajuste implementado a partir del cambio de gestión iniciado en diciembre de 2023. Lejos de constituir un proceso homogéneo orientado a mejorar la eficiencia del Estado, la evidencia muestra un ajuste selectivo, con impactos diferenciados según sector, tipo de vínculo laboral y nivel jerárquico. Y muestra, sobre todo, cuál fue la variable con la que se cerraron las cuentas: el salario de los trabajadores estatales.
El gasto total devengado cayó 9,3% real entre 2023 y 2025 ($1,4 billones a precios de junio de 2026). Con una dotación de personal relativamente estable, esa contracción no se explica por menos Estado en términos de personal, sino por menos salario: el ajuste se ejecutó, en lo esencial, licuando ingresos. La provincia cerró 2025 con un superávit financiero de $8.264 millones -el 0,07% del gasto total- en el mismo año en que Educación y Cultura caía 13,3% real y Seguridad Social 10,3%.
Los datos del primer trimestre de 2026 muestran una recuperación interanual del gasto (+15,9% real), pero el nivel sigue 1,9% por debajo del 1T 2023. La recomposición no fue pareja: se apoya en Servicios de Seguridad, la Dirección Superior Ejecutiva y el repunte puntual de Vivienda y Urbanismo, mientras las funciones que sostienen los servicios esenciales -salud, educación y previsión social- continúan por debajo del punto de partida.
El ajuste presupuestario no fue parejo entre las áreas del Estado. Sólo Administración Gubernamental (+1,4%) y Seguridad (+10,6%) crecieron en términos reales entre 2023 y 2025; el resto cayó, con Industria (–98,1%) como la caída más profunda. Dentro de Administración Gubernamental, el crecimiento se concentró en la Dirección Superior Ejecutiva (+37,8%) mientras el Poder Judicial se recortó 22,3%. No hubo un ajuste general sino una redefinición de prioridades: se protegió el vértice ejecutivo y se resignó el rol productivo del Estado.
En materia salarial, los siete casos testigo analizados registran pérdidas reales acumuladas entre noviembre de 2023 y junio de 2026, desde el -18,9% del maestro/a de grado hasta el -2,8% del personal del Arte de Curar, la pérdida más acotada del conjunto. Policía, con -4,9%, quedó como el segundo caso con menor pérdida gracias a una garantía no remunerativa incorporada en febrero de 2026 que amortiguó, sin revertir, el deterioro (sin ella, la caída hubiera rondado el 18%, similar a la del IAPIP, no alcanzado por ese beneficio). A junio de 2026, ninguno de los siete había recuperado de manera sostenida el poder adquisitivo previo al cambio de gestión.
- Educación es el caso más nítido de esa correspondencia. Es la función más recortada del presupuesto provincial (-13,3% real respecto de 2023) y, al mismo tiempo, donde el salario testigo más se deterioró: un maestro de grado de jornada simple perdió el 18,9% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con $8,5 millones dejados de percibir en el período. Los asistentes escolares -porteros de categoría 3- acumulan una caída del 9,0% y $5,9 millones.
En Salud, la contracción presupuestaria fue la más acotada (-5,5%). El personal profesional del Arte de Curar muestra una recuperación tardía y parcial recién desde marzo de 2026; el personal de enfermería de jornada larga, en cambio, sigue 9,5% abajo y acumula la mayor pérdida absoluta de todos los casos testigo: $10,8 millones.
El ajuste también fue regresivo hacia adentro del propio Estado. Mientras la Dirección Superior Ejecutiva acumuló el mayor crecimiento real de la Administración Gubernamental (+37,8% entre 2023 y 2025), en el escalafón general las categorías bajas -que concentran el 91% de la planta- cerraron junio de 2026 un 9,5% por debajo de noviembre de 2023, contra un +19,2% de las categorías intermedias y un +12,3% de las altas.
La recomposición que sí llegó a los sectores de menores ingresos cambió de forma. En el caso docente, la mejora del ingreso de bolsillo no provino del salario del cargo sino de la jornada extendida -una hora más de trabajo por día- y del presentismo, una suma no remunerativa y condicionada que no integra la base del aguinaldo ni de los aportes previsionales. Es un esquema que mejora el número sin recomponer el salario, y que individualiza la negociación.
En síntesis, el ajuste implementado en la provincia de Santa Fe combinó un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios con una recomposición regresiva de la estructura estatal, trasladando el mayor costo a los trabajadores de menores ingresos y a los sectores estratégicos del Estado provincial, en paralelo a una fuerte protección presupuestaria del vértice ejecutivo y del aparato de control.
Anexo. I
Anexo II. Definiciones y metodología
Este anexo reúne las definiciones y los criterios metodológicos utilizados a lo largo del informe. Las definiciones de finalidad y función corresponden al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de la Provincia de Santa Fe, aprobado por el Decreto N° 1302/96.[6]
1. Clasificación por finalidad y función
El gasto público provincial se clasifica, entre otros criterios, según la naturaleza de los servicios que el Estado brinda a la comunidad. Esta clasificación se organiza en cinco finalidades, cada una de las cuales agrupa un conjunto de funciones.
I. Administración gubernamental
Funciones inherentes al Estado: legislativas, justicia, dirección superior ejecutiva, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de gestión e información estadística.
Legislativa. Ejercicio de potestades legislativas.
Judicial. Ejercicio de potestades judiciales. No incluye tribunales administrativos (Tribunal Fiscal, Tribunal de Faltas, etc.).
Dirección Superior Ejecutiva. Administración general a cargo del Gobernador e intendentes, supervisando la administración centralizada y descentralizada. Incluye acciones de ministros y subsecretarios que abarquen más de una finalidad.
Relaciones Interiores. Relaciones con los gobiernos municipales, incluyendo apoyo a municipios y comunas no discriminable en otras finalidades.
Administración Fiscal. Programación, recaudación y fiscalización de ingresos públicos; programación e inversión de fondos del Estado; custodia del patrimonio estatal.
Control de la Gestión Pública. Control interno y externo de la hacienda pública y de sus bienes y recursos.
Información y Estadística Básica. Producción de información y del sistema estadístico de interés general para los agentes económicos y sociales.
II. Servicios de seguridad
Seguridad Interior. Acciones inherentes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes.
Sistema Penal. Reclusión de personas bajo prisión preventiva o condena, incluyendo su bienestar.
III. Servicios sociales
Acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos.
Salud. Aseguramiento del estado sanitario de la comunidad, incluyendo salud pública y obras sociales prestacionales.
Promoción y Asistencia Social. Protección y ayuda directa a personas necesitadas (aportes financieros y materiales, reeducación y resocialización), incluyendo aportes a instituciones con fines sociales.
Seguridad Social. Cobertura financiera de la población que dejó de contribuir al proceso productivo (pensiones, retiros, jubilaciones), incluyendo seguro de desempleo y prestaciones similares.
Educación y Cultura. Desarrollo intelectual y moral del niño y del joven, y enseñanza del saber humano. Incluye actividades culturales, deportivas y religiosas, museos, bibliotecas, monumentos y recreación.
Ciencia y Técnica. Obtención de nuevos conocimientos y sus aplicaciones: I+D, transferencia tecnológica, posgrado para investigadores y promoción científico-técnica.
Trabajo. Conciliación capital-trabajo y promoción de relaciones laborales; normatización de legislación laboral e higiene y seguridad; asociaciones profesionales; estudios de mano de obra.
Vivienda y Urbanismo. Promoción del desarrollo habitacional y acceso a vivienda; infraestructura urbanística.
Agua Potable y Alcantarillado. Acciones inherentes a la ingeniería sanitaria, provisión de agua potable y sistema de eliminación de excretas.
Otros Servicios Urbanos. Acciones inherentes a otros servicios urbanos tales como: cementerios, mercados, parques, alumbrado y limpieza urbana, etc.
IV. Servicios económicos
Producción de bienes y servicios para el desarrollo económico: fomento, regulación y control de la producción pública y privada.
Energía, Combustible y Minería. Producción, transporte y suministro de energía eléctrica; explotación y suministro de petróleo, gas, carbón y otros combustibles y minerales no combustibles; energía atómica y combustibles vegetales.
Comunicaciones. Servicios públicos de comunicaciones, medios masivos y control técnico de tele y radio transmisoras.
Transporte. Servicio público de transporte ferroviario, vial, fluvial y aéreo, incluyendo infraestructura de rutas, puentes, terminales, puertos y aeropuertos.
Ecología y Medio Ambiente. Control y explotación de recursos naturales y equilibrio ecológico; tratamiento de residuos y contaminación del aire, agua y suelo.
Agricultura. Promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola e ictícola; protección de la fauna; y mejora de tierras para explotación agropecuaria (erosión, inundaciones, riego, drenaje).
Industria. Producción industrial a cargo del sector público, incluyendo su relación con la actividad industrial privada.
Comercio, Turismo y Otros. Actividades comerciales, depósito y almacenaje de bienes, y promoción del turismo.
Seguros y Finanzas. Seguros y reaseguros, y actividades financieras, incluyendo servicios bancarios.
V. Deuda pública
Comprende los gastos destinados a atender los intereses y gastos de la deuda pública.
Servicios de la Deuda Pública (intereses y gastos). Comprende los gastos destinados a atender los intereses de la deuda pública.
Notas al pie
[1] En diciembre de 2025, la Provincia colocó el bono SF34 por USD 800 millones en el mercado internacional, a una tasa del 8,10% anual y vencimiento en 2034. Los intereses se abonan semestralmente (11 de junio y 11 de diciembre), por lo que ya impactan sobre el gasto en Deuda Pública desde el ejercicio 2026; la amortización del capital, en cambio, no comienza hasta diciembre de 2031, en cuatro cuotas anuales del 25% cada una. Esto implica que el peso de esta colocación sobre el gasto corriente en deuda seguirá siendo acotado en el corto plazo, y recién escalará con fuerza entre 2031 y 2034.
[2] Caso testigo: médico/a de planta, 24 horas semanales y un año de antigüedad (Profesional Ayudante de Unidad de Organización, escalafón Arte de Curar; recibos del Ministerio de Salud), con todos los componentes normalizados a esa antigüedad y al grado inicial para aislar la paritaria de la progresión personal. La serie incluye el mínimo garantizado y las garantías de paritaria (cód. 1670, 1941 y 2101) y excluye guardias, mayor jornada laboral (cód. 2470), presentismo (cód. 1930), suplencias y descuentos voluntarios, por no integrar la retribución normal y habitual de la misma jornada. Valores en pesos constantes de junio de 2026 (deflactor IPC IPEC), base 100 = noviembre de 2023.
[3] Caso testigo: maestro/a de grado de jornada simple con 15% de antigüedad (recibos AMSAFE), con todos los componentes normalizados a esa antigüedad para aislar la paritaria de la progresión personal. La serie del cargo incluye las sumas garantizadas de paritaria y excluye jornada extendida (cód. 308), presentismo mensual y trimestral (cód. 453 y 454) y suplencias, por no integrar la retribución normal y habitual de la misma jornada.
[4] El salario de bolsillo del caso testigo incluye, además de los conceptos remunerativos del cargo, las garantías salariales (Código 544 y 545) que la provincia liquida cuando el haber no alcanza un piso determinado por decreto. Como los demás componentes no remunerativos de este apartado, tampoco integran la base del aguinaldo ni de los aportes previsionales, y se reducen automáticamente a medida que el resto del salario se recompone. Se optó por incluirlas en el cálculo porque constituyen ingreso efectivo percibido por el trabajador, pero su peso creciente sobre el bolsillo total -de 0% en abril de 2025 a 11% en junio de 2026- es en sí mismo un indicador de licuación. Sin este componente, la pérdida de poder adquisitivo del caso testigo docente entre noviembre de 2023 y junio de 2026 asciende al 30,7%, en lugar del 18,9% que resulta de incluirlo.
[5] El Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (I.A.P.I.P.), corresponde en realidad a un escalafón distinto del de Policía, con su propio piso de garantía. Este escalafón no fue alcanzado por el aumento de febrero de 2026 (Decreto N.° 0203/26), que se limitó a Policía y Servicio Penitenciario: el piso del IAPIP siguió su propio esquema de actualización gradual, y en términos reales acumula una caída de 18,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026 —cercana a la que habría tenido Policía sin la garantía—. Se trata de un piso legal, no de un caso testigo con la misma reconstrucción salarial completa aplicada a Policía en esta sección, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.
[6] https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/35629/182279/file/decreto1302-96.pdf
Registro bibliográfico
Informe CEPA N° 643, ISSN 2796-7166.
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