La Argentina que recibe al Papa
Introducción
Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, Su Santidad León XIV visita la Argentina. Es la primera visita de un Papa a nuestro país desde la de Juan Pablo II, en 1987, y llega a la tierra donde fue arzobispo Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Con motivo de esta visita histórica, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone en manos de Su Santidad este informe, que reúne en un solo documento la evidencia disponible sobre las condiciones materiales de vida de millones de argentinos y argentinas.
Nuestra disciplina es la economía y no la teología. Pero la economía política estudia, en última instancia, cómo una sociedad produce, distribuye y protege, y esa es una pregunta que el magisterio social de la Iglesia nunca dejó de formularse. Francisco la expresó con una imagen que interpela a todos: “quiero una Iglesia pobre para los pobres”[1], y recordó que la opción por ellos es ante todo teológica, antes que cultural, sociológica o política (Evangelii gaudium, 198). León XIV recogió esa herencia en su primera exhortación apostólica, Dilexi te, donde pide a la Iglesia “una opción firme y radical en favor de los más débiles” (n. 16)[2], y nos invita a dejarnos evangelizar por los pobres, que tienen mucho para enseñarnos (n. 102).
Este informe compara la situación económica actual con la de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción del actual gobierno. Se organiza en dos partes. La primera describe el mundo del trabajo y de los ingresos: la evolución de la cantidad de empresas y del empleo registrado, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la informalidad, la desocupación y la morosidad. La segunda analiza, en términos reales, la ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional a septiembre de 2026 de los organismos y programas que sostienen derechos básicos: salud, seguridad social y niñez, justicia y derechos humanos, ciencia, educación y cultura, y transporte y obra pública. Las fuentes son la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el INDEC, la ANSES, el BCRA y el sistema e-Sidif. Las notas metodológicas del final detallan las imputaciones realizadas para que las comparaciones sean consistentes.
Detrás de cada porcentaje hay una persona: un jubilado que cobra el haber mínimo, una trabajadora de casas particulares, un joven que busca su primer empleo, una familia que depende de un hospital público o de una escuela. Ofrecemos estos datos con espíritu de diálogo y con la convicción de que cualquier discusión seria sobre el rumbo del país debe partir de la realidad que viven los más vulnerables.
Evolución de la cantidad de empresas y de trabajadores/as durante la gestión de Javier Milei
La comparación entre noviembre de 2023 y julio de 2026[3] muestra una disminución en la cantidad de empleadores, pasando de 512.357 a 480.067. Esto implica una contracción de 32.290 empresas, es decir, 33 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante todo el período.
El sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 9.132 empleadores en 32 meses. Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicio de transporte y almacenamiento perdió 7.043, Industria manufacturera de 4.324, Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 4.223 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.670 y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 2.503 empleadores en el período.
En términos relativos, el sector más afectado fue el de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, que registró una caída del 18,1% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de transporte y almacenamiento con una disminución del 17,8%, Servicios Inmobiliarios con 14,2% y Construcción, con una contracción del 9,6%.
Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 4,44%, lo que representa una pérdida de 437.611 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.419.562, lo que equivale a 450 trabajadores/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Industria manufacturera con una reducción de 108.000 trabajadores entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Le sigue el sector de Construcción que perdió 81.089 puestos. También registraron caídas significativas en Servicio de transporte y almacenamiento con 72.737 empleos menos, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria con una pérdida de 56.538 puestos de trabajo.
En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 17% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una retracción del 15,7%, y Servicios de transporte y almacenamiento que registró una disminución del 13,6% en el mismo período.
El sector de trabajadores en casas particulares sufrió una caída significativa en el empleo registrado: pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 601.460 en julio de 2026. Son 28.200 personas, lo que equivale a una pérdida de casi 30 puestos de trabajo por día.
Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos y que el trabajo precario aumenta.
Si sumamos trabajadores en las unidades productivas (industria, comercio, servicios y demás) y empleadas en casas particulares, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.021.022 en julio de 2026. Son 465.811 personas en dos años y medio. Eso equivale a 480 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día.
Caída del poder adquisitivo de los salarios
La evolución de los salarios registrados refleja un deterioro persistente del poder adquisitivo de los trabajadores desde la asunción del actual Gobierno. En 8 de los últimos 12 meses, los salarios registrados tuvieron caídas en términos reales, lo que evidencia las dificultades de los ingresos laborales para recuperar el terreno perdido frente a la inflación.
En agosto de 2026, los salarios registrados del sector privado aumentaron 2,8% nominal, frente a una inflación mensual del 1,7%, lo que permitió una recuperación real del 1,2%. Sin embargo, todavía se encuentran 2,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
En el sector público, la mejora real fue de apenas 0,6% en agosto, pero la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 alcanza el 15,3%. La situación es particularmente grave entre los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Sus salarios registraron una mejora real de apenas 0,3% en agosto y acumulan una caída del 35,7% desde noviembre de 2023.
En el caso de los trabajadores provinciales, la pérdida acumulada alcanza el 8,0%. En conjunto, los salarios registrados públicos y privados se encuentran 7,0% por debajo de su poder adquisitivo de noviembre de 2023. Detrás de estos porcentajes hay una pérdida concreta de las condiciones materiales de vida de millones de trabajadores y sus familias, que ven reducido su acceso a bienes y servicios básicos a pesar de contar con un empleo registrado.
Caída del poder adquisitivo de las jubilaciones
La política previsional del actual Gobierno profundizó la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, especialmente de quienes perciben el haber mínimo. Una de las principales herramientas de licuación de sus ingresos fue el congelamiento del bono compensatorio, que permanece fijo en $70.000 desde marzo de 2024, pese a la evolución de los precios.
Si ese bono se hubiera actualizado utilizando el mismo criterio que los haberes jubilatorios, en octubre de 2026 debería alcanzar los $226.875. Esto significa que los jubilados que cobran la mínima pierden $156.875 mensuales como consecuencia del congelamiento.
La pérdida acumulada también se refleja en la comparación de los ingresos previsionales con el último trimestre del gobierno anterior. Entre agosto y octubre de 2026, las jubilaciones mínimas con bono se encuentran 19,2% por debajo de los niveles del cuarto trimestre de 2023. En cambio, las jubilaciones que no perciben el bono registran una caída de 1,2%.
La comparación trimestral es la metodológicamente adecuada, dado que la fórmula de movilidad vigente hasta diciembre de 2023 contemplaba actualizaciones con una dinámica diferente a la actual (ajuste según el último dato de inflación nacional vigente).
En definitiva, los jubilados que cobran la mínima perdieron cerca de una quinta parte de su poder adquisitivo durante el gobierno de Milei. El congelamiento del bono agrava esa situación y golpea especialmente a quienes dependen exclusivamente de sus ingresos previsionales para cubrir sus necesidades básicas.
Aumento de la morosidad
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, en un contexto de ingresos que no logran recuperarse, llevó a muchas familias a recurrir al crédito para sostener sus niveles de consumo y cubrir gastos cotidianos. Sin embargo, las elevadas tasas de interés y la persistencia del deterioro de los ingresos convirtieron ese mecanismo de financiamiento en una fuente creciente de endeudamiento e incumplimiento de pagos.
Desde noviembre de 2024, la morosidad de los hogares comenzó a dispararse y alcanzó niveles históricos. En agosto de 2026, la irregularidad del crédito bancario llegó al 12,8%, un registro que solo encuentra antecedentes superiores en la crisis de 2001, cuando alcanzó el 32,7% en septiembre de 2003.
La situación es todavía más grave en el financiamiento otorgado por proveedores no financieros, como tarjetas de crédito de comercios y otras entidades. En agosto de 2026, la morosidad estimada llegó al 34,2%, marcando un nuevo máximo histórico y superando ampliamente el récord de 27,1% registrado durante la pandemia, en mayo de 2020.
Estos indicadores reflejan una dimensión menos visible de la crisis social: cada vez más hogares necesitan endeudarse para sostener sus gastos básicos y tienen dificultades para devolver lo que deben. El crédito, lejos de representar una mejora en las condiciones de vida, se convirtió para muchas familias en un mecanismo de supervivencia frente a la caída de sus ingresos.
Aumento de la informalidad laboral
La informalidad laboral continúa creciendo en Argentina y profundiza la precarización de las condiciones de trabajo. En el segundo trimestre de 2026 alcanzó al 45,0% de los trabajadores, lo que significa que casi uno de cada dos ocupados se desempeña en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a los derechos laborales y a la protección de la seguridad social.
La tendencia se agravó durante el gobierno de Milei. En el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral, la informalidad aumentó 0,8 puntos porcentuales. Asimismo, en comparación con el segundo trimestre de 2024, registra un incremento de 3,4 puntos porcentuales.
Estos datos muestran que la flexibilización de las condiciones laborales no se tradujo en una mejora de la calidad del empleo. Por el contrario, la informalidad sigue avanzando y deja a una proporción creciente de trabajadores sin estabilidad, aportes jubilatorios ni protección frente a las contingencias laborales.
Aumento de la desocupación
La desocupación también muestra un deterioro del mercado de trabajo. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación abierta alcanzó el 7,9%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y de 1,7 puntos frente al segundo trimestre de 2023.
El problema se profundiza en los grandes centros urbanos, donde tienen mayor peso las actividades más perjudicadas por el actual modelo económico, como la construcción, la industria y el comercio. En estos aglomerados, la desocupación supera el promedio nacional: alcanza el 11,5% en Gran Rosario, el 10,5% en Gran Córdoba y el 8,2% en el Gran Buenos Aires.
El impacto tampoco es homogéneo entre los distintos grupos de población. Los jóvenes y las mujeres enfrentan las mayores dificultades para acceder al empleo. Entre las personas de 14 a 29 años, la desocupación llega al 17,1% en las mujeres y al 14,1% en los varones.
Estos indicadores dan cuenta de un mercado laboral cada vez más deteriorado, con menos oportunidades de empleo y mayores dificultades de inserción para los sectores que históricamente enfrentan más obstáculos para acceder a un trabajo.
Ajuste en organismos de salud
En materia de Salud, el análisis al mes de septiembre[4] muestra resultados diferenciados entre los distintos organismos, en función del grado de ejecución presupuestaria alcanzado. Entre aquellos con información comparable respecto de 2023, se observan caídas reales significativas en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-30%), en la ANMAT (-36%) y en la Superintendencia de Servicios de Salud (-73%). Asimismo, la ex Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente denominada Secretaría Nacional de Discapacidad, registra una reducción del 27%.
En el caso de los hospitales nacionales, se evidencian caídas generalizadas en su ejecución, destacándose el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (-48%), el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte (-53%), el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (-27%) y el Hospital Nacional “Dr. Ramón Carrillo” (-44%).
En contraste, el INCUCAI registra un incremento real del 58% en comparación con el mismo período del año 2023.
En los programas del área de salud se observan recortes significativos. Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registran ejecución en 2026 (-100%). Le siguen Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas (-75%), Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (-45%), Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (-44%) y Abordaje de Curso de Vida (-41%). Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica se mantiene prácticamente estable (-1,7%), mientras que Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles es el único programa seleccionado que crece (+15%).
Ajuste en organismos de seguridad social
Una de las principales aperturas programáticas, tanto por su impacto social como por su incidencia en el presupuesto, son los programas vinculados a la Seguridad Social y Desarrollo Social. En estos ítems resalta la caída de la Administración Nacional de la Seguridad Social (-6%), que tiene una muy alta incidencia en el total del gasto. La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cae un 75%, mientras la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo hace un 30%. En materia de organismos vinculados a la economía social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cae un 78,5%.
En los programas vinculados a la Seguridad Social predominan las caídas reales, con la excepción de las Asignaciones Familiares, que presentan un incremento del 13%. Las Prestaciones Previsionales, de mayor incidencia presupuestaria, retroceden 4%, y la Atención a Ex-Cajas Provinciales cae 6,5%. Las mayores reducciones se registran en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) (-34%), las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, que incluyen las transferencias al PAMI (-25%), las Pensiones No Contributivas (-24%) y la Atención de Pensiones a Ex-Combatientes y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (-23%).
Ajuste en organismos de Justicia y Derechos Humanos
En materia de Justicia y Derechos Humanos, el Banco Nacional de Datos Genéticos registra un recorte del 34%, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos evidencia una fuerte caída (-54%), mientras que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura muestra un incremento del 14%. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presenta una reducción significativa (-73%), en tanto que el Consejo de la Magistratura (-17%) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (-36,5%) también registran disminuciones. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenta una caída del 13,5%, mientras que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, actualmente reconfigurado en el programa “Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas”, registra una reducción del 50,5% en su ejecución.
Ajuste en organismos de ciencia
En los organismos vinculados a la Ciencia y la Investigación se registran caídas significativas en la ejecución presupuestaria. La Agencia I+D+i registra una caída del 90%, lo que configura una virtual paralización de su ejecución. Asimismo, se observan reducciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-27%), el CONICET (-36%), la Fundación Miguel Lillo (-30%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-27%), la CONEAU (-35%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-43%).
Ajuste en organismos de educación y cultura
En el caso de los organismos de Educación y Cultura, los mismos sufren severos ajustes. La Biblioteca Nacional 'Doctor Mariano Moreno' cae en 54%, mientras el Instituto Nacional del Teatro lo hace en 60%, y el Fondo Nacional de las Artes lo hace en 32,5%. La Biblioteca del Congreso de la Nación registra una caída del 43%, mientras que el Teatro Nacional Cervantes reduce su ejecución en 20%.
En los programas educativos, se detectan tres que no han tenido ejecución: Conectar Igualdad, Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuya finalidad era complementar y nivelar el salario docente entre provincias, los tres con una caída del 100%. Otros programas muestran reducciones significativas, como la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-85%), las Acciones de Formación Docente (-92%) y la Infraestructura y Equipamiento (-97%). El Desarrollo de la Educación Superior presenta una baja más moderada (-30%).
Ajuste en organismos de transporte y obra pública
Respecto de los organismos de transporte y obra pública, se observan fuertes caídas en la ejecución presupuestaria. La Dirección Nacional de Vialidad registra una disminución del 81,5%, mientras que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos cae 57%. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (-48%) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (-35%) también presentan recortes significativos. Entre los demás organismos incluidos en el gráfico, la Agencia de Administración de Bienes del Estado registra una caída del 19% y la Dirección Nacional de Migraciones una reducción del 9%.
En materia de transporte y obra pública, se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización en varios programas. Se registran caídas totales (-100%) en Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional y Obras de Seguridad en Rutas Nacionales. Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios presenta una caída del (-80%). Asimismo, otros programas muestran reducciones de magnitud similar, como la Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-77%), el Desarrollo de Obra Pública (-98%), el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (-95%), el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-80%) y Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-93%). Por su parte, la Construcción de Rutas Seguras también presenta una fuerte caída (-94%).
Conclusiones
Los datos relevados muestran un deterioro simultáneo en las tres dimensiones que sostienen una vida digna: el trabajo, los ingresos y la protección social.
En el trabajo
- Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 32.290 empleadores y 437.611 puestos registrados en unidades productivas.
- Si se suman las trabajadoras de casas particulares, el empleo privado registrado cayó en 465.811 personas, unas 480 por día.
- La industria (-108.000), la construcción (-81.089) y el transporte (-72.737) lideran las pérdidas.
- La informalidad alcanzó el 45,0% de los ocupados en el segundo trimestre de 2026.
- La desocupación llegó al 7,9%, con picos del 11,5% en el Gran Rosario y del 17,1% entre las mujeres de 14 a 29 años.
En los ingresos
- Los salarios registrados, públicos y privados, están 7,0% por debajo de noviembre de 2023.
- La caída es del 15,3% en el sector público y del 35,7% en la Administración Pública Nacional.
- Las jubilaciones mínimas con bono están 19,2% por debajo del último trimestre de 2023.
- El bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. De haberse actualizado como los haberes, hoy sería de $226.875, es decir, $156.875 mensuales más para quienes menos tienen.
- El deterioro de los ingresos empujó a las familias al endeudamiento. La pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones llevó a los hogares a recurrir al crédito para sostener el consumo y afrontar gastos cotidianos.
- La morosidad bancaria alcanzó niveles históricos. En agosto de 2026 llegó al 12,8%, el registro más alto desde la crisis de 2001, cuando alcanzó el 32,7% en septiembre de 2003.
- El incumplimiento en el crédito no bancario marcó un récord absoluto. La morosidad de proveedores no financieros trepó al 34,2% en agosto de 2026, superando ampliamente el máximo de 27,1% registrado durante la pandemia.
En la protección social (ejecución real a septiembre de 2026 respecto de septiembre de 2023)
- Niñez: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayó 75%.
- Adultos mayores y pensiones: la PUAM cayó 34% y las pensiones no contributivas, 24%.
- Discapacidad: la Secretaría Nacional de Discapacidad cayó 27%.
- Salud: la atención sanitaria en el territorio y la prevención de enfermedades crónicas no registran ejecución, y el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte cayó 53%.
- Educación: las becas estudiantiles cayeron 85%, y Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles no registran ejecución.
- Pueblos indígenas: el programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas cayó 50,5%.
Quiénes deben estar en el centro
- Este documento aspira a que la deliberación democrática ponga en el centro a quienes hoy están más expuestos: los jubilados que dependen del haber mínimo, los trabajadores informales y desocupados, las mujeres y los jóvenes, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
Ponemos este informe en manos de Su Santidad con respeto y esperanza.
Confiamos en que su palabra y su cercanía con los más humildes de nuestro pueblo, en la tradición de Francisco, sigan recordándonos a todos que nadie puede ser considerado un descarte, y que la justicia social no es una concesión sino una deuda.
Notas metodológicas
A los efectos de mantener consistencia en el análisis interanual jurisdiccional se hicieron las siguientes imputaciones:
- En 2023 se imputó Ministerio de Educación a la actual Secretaría de Educación
- En 2023 se imputó Ministerio de Trabajo a la actual Secretaría de Trabajo, exceptuando ANSES y SRT.
- En 2023 se imputó Ministerio de Desarrollo Social a la actual Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
- Para la serie de Ministerio de Justicia, en 2023 se imputó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, exceptuando el Servicio Penitenciario Federal, que fue trasladado al Ministerio de Seguridad.
- Para la serie de Ministerio de Seguridad, en 2023 se incorporó el Servicio Penitenciario Federal, que orbitaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- A la serie de Secretaría de Cultura, se imputó el Ministerio de Cultura en 2023.
- En 2023 el Ministerio de Economía se abrió en cuatro subjurisdicciones (Economía y Energía, Infraestructura, Producción y Ministerio de Economía). A los fines comparativos se unifican las cuatro para mantener comparabilidad con años anteriores.
- La ex Agencia Nacional de Discapacidad cambió su nombre a "Secretaría Nacional de Discapacidad" bajo la órbita del Ministerio de Salud. Dado que este cambio implicó una dispersión de sus programas, se reconstruyó su ejecución sumando los programas que estaban dispersos.
- Los hospitales ahora están consolidados bajo la ANES (Administración Nacional de Establecimientos de Salud).
- El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ahora depende del Ministerio del Interior, bajo el programa “Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas”.
Notas al pie
[1] La frase “Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres” fue pronunciada por el Papa Francisco el 16 de marzo de 2013, durante su primera audiencia con los representantes de los medios de comunicación tras ser elegido pontífice.
[2] Esta frase pertenece al número 16 de la Exhortación Apostólica Dilexi te del Papa León XIV, publicada en octubre de 2025, la cual está dedicada al amor hacia los pobres.
[3] A principio de noviembre 2026, los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo correspondían a la cantidad de empleadores y trabajadores hasta el mes de julio 2026.
[4] Último dato disponible
Registro bibliográfico
Informe CEPA N° 701, ISSN 2796-7166.
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