En las circunstancias de expansión de COVID-19 en el país, la recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada, tanto por la reducción del monto de impuestos y tasas derivado de la inactividad, como por el atraso en el pago de los mismos. 

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Con la presentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley 27.541), el presidente Alberto Fernández incluyó la suspensión de la formula previsional del macrismo con la intención de presentar una nueva fórmula de movilidad en junio 2020 para que ésa sea votada por el Congreso Nacional. La pandemia de COVID19 cambió abruptamente la agenda gubernamental a mediados de marzo (una vez definido el aumento de las jubilaciones por decreto para el primer trimestre) y postergó, en los hechos, la definición de la fórmula en 2020. En este marco, se anunció por decreto el nuevo aumento para septiembre, de 7,5%, en este caso sin segmentación por nivel de haber y con igual aplicación para todas las jubilaciones y pensiones.

After much effort and months of negotiation, Argentina reached an agreement with the bondholders under foreign law. The Center of Political Economy shares its conclusions. Download PDF version in here.

Luego de mucho esfuerzo, y tras varios meses de negociación, Argentina logró un acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera. La deuda reestructurada asciende a aproximadamente US$ 68.800 millones de stock de capital. En este informe, CEPA resume las principales claves del acuerdo.

En los primeros días de marzo se implementaron, en nuestro país, una serie de medidas vinculadas a abordar la problemática del coronavirus. Este esquema consistía en cuarentena obligatoria por 14 días para quienes retornaran de países considerados zona de riesgo por la pandemia, la suspensión de espectáculos masivos (desde el 12 de marzo y por decreto del gobierno nacional, acompañado por distintas provincias), licencias laborales para grupos de riesgo (a partir del 15 de marzo), suspensión de clases, cierre de fronteras del territorio nacional, disminución de la frecuencia del transporte público y recomendación de suspensión en actividades no esenciales (desde el lunes 16 de marzo) (1).

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la evolución de la cantidad de trabajadores/as, masa salarial, contribuciones patronales y de empresas registradas en el sector privado en dos momentos: durante la gestión de Cambiemos (entre noviembre de 2015 a noviembre de 2019) y en los meses de 2020 que han sido afectados por el impacto de la pandemia, considerando los datos disponibles a la fecha de publicación de este informe [1]. Se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación vinculada a las bases del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) en su serie desestacionalizada (ya que esto permite la comparación entre meses no equivalentes) y la base de AFIP referida a la Seguridad Social [2], para aproximar información sobre empleadores/as, masa salarial y contribuciones patronales.

Compartimos una serie de infografías sobre los impactos de la pandemia en la estructura productiva y en el empleo en distintos países de América, Europa y Oceanía.

Cuando parecía que algunos países habían logrado controlar al COVID 19, mostrando una curva descendente en la cantidad de casos, el rebrote actual en al menos una veintena de países demostró que la pandemia no tiene aún fecha de vencimiento. En ese mismo sentido, el impacto en materia económica no hace distinciones: al día de hoy, y en virtud de las últimas proyecciones del FMI, las caídas del producto en gran parte de los países rozan o superan los dos dígitos.

La problemática habitacional es una de las más urgentes para las familias argentinas, ya que acceder a la vivienda entraña dificultades cada vez más importantes para una gran mayoría de la población. Por ese motivo, en 2016 se votó en el Senado por unanimidad, luego de un proceso de movilización de agrupaciones de inquilinos, un proyecto presentado por la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV) que apuntó a regular algunas prácticas extendidas en el funcionamiento del mercado de alquileres, a partir del  establecimiento de un criterio para actualizar los precios, normas para la fijación de las comisiones inmobiliarias y la simplificación y abaratamiento de los trámites burocráticos de sellos y garantías. Ese proyecto, luego conocido como“ley de alquileres”, se aprobó en el Senado e ingresó a Diputados, aunque no pudo tratarse por la resistencia del entonces oficialismo de Cambiemos junto al sector inmobiliario, perdiendo estado parlamentario en 2018 al finalizar el año legislativo sin poder ser tratado.