En el marco de la triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional ha propuesto una reforma tributaria con importantes alteraciones en materia de recaudación provincial, particularmente en lo atinente a la reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos (1). Seguidamente, la discusión sobre el reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, M. E. Vidal, abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores provinciales, cuyas arcas se encuentran en serios problemas de solvencia en un escenario de creciente endeudamiento en dólares.

Desde el gobierno nacional, particularmente desde la cartera laboral (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), se elaboró un proyecto “borrador” de reforma laboral y fue presentado a la CGT el lunes 30 de octubre. Se encuentra, actualmente, en proceso de negociación, por lo que no constituye el texto final a ser enviado al Congreso.

El ajuste tiene paso obligado: jubilaciones y AUH

El domingo 29 de octubre, siete días posteriores a las legislativas, en una nota periodística publicada sin firma en el Diario Clarín –y con protagonismo como artículo principal de la web digital- el título rezaba: “Jubilaciones y planes sociales: Macri quiere que se actualicen de acuerdo a la inflación”.

A diferencia del discurso engañoso sostenido en la campaña presidencial del año 2015 (con la coacheada frase de Mauricio Macri “no vamos a devaluar”, que tuvo como corolario una brusca alteración del tipo de cambio del 60% el 16 de diciembre), en las legislativas de 2017 el gobierno nacional ha sido muy claro en sus objetivos pos electorales. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional. La triada reformista a la que “no hay que tenerle miedo” ha sido avisada de antemano. En este informe nos concentramos en las transformaciones en el frente fiscal, desgranando hacia dónde van los cambios en las arcas públicas y cuáles serían sus implicancias más profundas.

El pasado jueves 12 de octubre el INDEC informó que el IPC del mes de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional y 2% en el GBA. Con estos resultados, en 9 meses de 2017 la inflación acumulada (17,6% nacional y 18% GBA) que informa el propio ente de estadísticas oficial ya superó el techo del 17% de la meta de inflación prevista por el BCRA para todo el año y puso en discusión la política impulsada por la autoridad monetaria bajo la presidencia de Federico Sturzenegger.

El pasado 27 de julio, Jefatura de Gabinete presentó un informe al congreso denominado una casa para cada familia, un informe que da cuenta de la magnitud del problema habitacional en la argentina. El mismo da cuenta de 3 programas que plantean, supuestamente, una solución al problema habitacional de la vivienda, dentro de los cuales se destaca el caballito de batalla para la reactivación económica en 2017: los créditos denominados UVA.

Este informe es producto del Observatorio de Precios, Pobreza y Vulnerabilidad del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dirigido por Andrés Pizarro. Este se construye en base a análisis actuales, y de informes anteriores del observatorio, a saber: “Informe de Pobreza de Gran Buenos Aires”, abril 2016; “Medición de la pobreza en Argentina: ¿Estratagema de ocultamiento o simple deterioro institucional?” de marzo de 2017; y de un artículo académico de Andrés Pizarro en la revista Cartografías al Sur de la Unversidad Nacional de Avellaneda “Análisis crítico de la medición de la pobreza en la Argentina: cambios en la metodología oficial del Insituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC)”.

Informe sobre las modificaciones experimentadas en la política de acuerdo de precios en la Argentina en las tres canastas del período octubre 2015, mayo 2017 y septiembre 2017.

A lo largo de los años, la política de desendeudamiento implementada hasta 2015 permitió la reducción progresiva del peso de los intereses de deuda. La decisión política volcada en el presupuesto muestra que desde 2009 no se destinó más de 10% del presupuesto de gastos a atender los intereses de la deuda, incluso llegando en 2016 (en el presupuesto realizado en 2015) a sólo el 6,6%. Sin embargo, en 2017 el presupuesto aprobado superó el 10%, cambiando la dinámica de la curva.

El Gobierno ha mencionado recurrentemente su voluntad de avanzar en una reforma impositiva (1). Si bien no se ha profundizado en cuáles serían las modificaciones previstas, trascendidos mediáticos indican que los escasos cambios se centrarían en modificar el impuesto al cheque por un pago a cuenta de ganancias y el reemplazo del impuesto a los ingresos brutos por un impuesto a la venta final (2). Aunque aún no se define la propuesta, estos cambios no alteraría la estructura de regresividad actual.