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Impactos del primer año de vigencia de la Ley Bases: desarticulación de organismos del Estado y empresas públicas, RIGI sin éxito, regresividad en recaudación y caída de empleo registrado

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Al 8 de julio del 2025 y a un año de la sanción y entrada en vigencia de la oficialmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", este informe analiza los impactos de sus principales objetivos.

En primer lugar, se abordan las consecuencias institucionales del otorgamiento de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, con impacto directo sobre las capacidades regulatorias, los servicios públicos y las empresas estatales.

En segundo lugar, se analizan los avances del proceso de privatización —ya sea total o parcial, o mediante concesiones— de un conjunto de empresas públicas estratégicas.

En el plano tributario, se examina cómo la reforma al impuesto a los Bienes Personales reduce la progresividad sistémica y debilita su peso relativo en el total de los ingresos tributarios. Asimismo, se pone de manifiesto el impacto de la restitución del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría.

Se analiza el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones RIGI y el éxito en sus propios términos: ¿cuántos proyectos de aprobaron? ¿cuánto empleo implican? ¿qué supone en materia de ingreso de divisas?

Por último, en el plano laboral, se examinan los datos del mercado de trabajo en materia de puestos y salarios, ¿mejoraron la cantidad de registrados con la política de moratoria y blanqueo laboral aprobados en Ley Bases? También se profundiza en los impactos en el empleo público.

A través del desarrollo de estos ejes, se busca aportar elementos concretos para un diagnóstico riguroso sobre los verdaderos efectos de la Ley Bases en la economía y la producción.

Facultades delegadas y desguace del Estado: concentración de poder y vaciamiento institucional

Uno de los aspectos más regresivos de la Ley Bases fue la delegación ampliamente extendida de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, en abierta contradicción con el principio republicano de división de poderes. Esta habilitación extraordinaria ha permitido que el presidente Javier Milei legisle por decreto con un alcance y una frecuencia sin precedentes desde el retorno de la democracia.

Al 4 de julio de 2025, el Gobierno dictó 157 decretos de carácter legislativo: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados[1], de los cuales 61 se amparan directamente en las delegaciones previstas por la Ley Bases, particularmente en el Título II, de Reforma del Estado. Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas.

Aquí se repasan y clasifican las medidas adoptadas según se trate de disoluciones (tanto de organismos como de fondos fiduciarios), transformaciones de organismos y empresas públicas, o modificaciones de funciones de organismos o de regímenes. Al final se detallan decretos desreguladores de actividades que siguen el camino abierto por el Mega DNU 70.

Disoluciones de organismos, programas y regímenes

La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado.

  1. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), decreto 696/2024.
  2. Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable, decreto 699/2024. Dicho Ente intervenía en la gestión de la Hidrovía, cuya nueva licitación fue dejada sin efecto (por resolución 7/2025 de la Agencia de Nacional de Navegación y Puertos) tras denuncias de direccionamiento.
  3. Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) y creación de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), 953/2024.
  4. Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), decreto 1020/2024.
  5. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), 55/2024.
  6. Programa Nacional de Inversiones Turísticas de la ley 25.997, decreto 216/2025.
  7. Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven de la ley 25.872, decreto 339/2025.
  8. Regímenes de promoción de Ganadería ovina y llamas (ley 25.422), Promoción y producción del gusano de seda (ley 25.747), Actividad caprina (26.141), Ganadería bovina de zonas áridas (27.066), Producción de Búfalos (ley 27.076).
  9. Plan de desarrollo sustentable y fomento de la producción algodonera de la ley 26.060, decreto 429/2025.

A la fecha de realización de este informe, el Gobierno Nacional tiene en carpeta la disolución del INTI y el INTA, así como de los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar, campesina e indígena, el de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura[2]. Asimismo, se anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.[3]

Disoluciones de fondos fiduciarios y fondos de financiamiento

Estas disoluciones avanzaron suprimiendo, fundamentalmente, importantes programas vinculados a emergencias, viviendas y hábitat (entre ellos el Pro.Cre.Ar y el Fondo de Integración Socio Urbana, este último llevado a la justicia) y de promoción tecnológica y científica. Los decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación.  

Por decretos 888/2024, 985/2024, 1018/2024, 1048/2024, 6/2025. 144/2025, 234/2025, 312/2025, 415/2025 y 437/2025 se disolvieron estos fondos:

  1. Fondo Nacional de Emergencias.
  2. Fondo Fiduciario PROGRESAR.
  3. Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
  4. Fondo Fiduciario de Capital Social.
  5. Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor.
  6. Fideicomiso para la refinanciación hipotecaria.
  7. Fondo Fiduciario del Programa de Inversiones Estratégicas.
  8. Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
  9. Fondo Fiduciario del Programa Pro.Cre.Ar.
  10. Fondo Fiduciario del Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA.
  11. Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar.
  12. Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
  13. Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.
  14. Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria.
  15. Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.
  16. Fondo de Integración Socio Urbana.
  17. Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y tecnológica.
  18. Fideicomiso PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras.
  19. Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de GLP.
  20. Fondo Nacional para la Construcción de viviendas de servicio para el personal militar, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval y de la Policía Aeronáutica.

Transformaciones y transferencias de organismos y bienes

Las medidas impulsadas en este segmento estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria, al Sitio ESMA y Datos genéticos) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares.

  1. Empresa del Estado de construcción de vivienda para la Armada (COVIARA), decreto 117/2025, se transformó en una Sociedad Anónima Unipersonal.
  2. Transferencia de bienes de Fabricaciones Militares a Catamarca Minera y Energética Sociedad Del Estado (CAMYEN S.E.), dependiente de la Provincia de Catamarca, decreto 205/2025.
  3. Transferencia del Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, decreto 304/2025, esta medida se adopta en contraposición a la ley 27.759, posterior a la Ley Bases, que había dispuesto su funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia.
  4. Transferencia de la Caja de retiros, jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, decreto 311/2025.
  5. Transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio ESMA en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), decreto 344/2025.
  6. Fusión y transformación de Institutos varios, a saber: el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Yrigoyeneano, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y el Instituto Nacional de Investigaciones Eva Perón, decreto 345/2025.
  7. Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (antes un ente descentralizado) en organismo desconcentrado, decreto 351/2025.
  8. Fusión y transformación del Instituto Nacional del Agua e Instituto Nacional de Prevención Sísmica, decreto 396/2025.
  9. Transformación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en una unidad organizativa en el ámbito de Jefatura de Gabinete, decreto 438/2025.
  10. Reconformación de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal, decreto 442/2025.
  11. Transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (antes un ente descentralizado) en organismo desconcentrado actuante en el Registro de Armas del Ministerio de Seguridad, decreto 445/2025.

Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar

El impulso de las privatizaciones, al igual que en los noventa, se orienta a conseguir financiamiento para mantener el modelo basado en la apreciación cambiaria, vendiendo empresas sin importar su resultado económico - financiero y su finalidad pública.

  1. Belgrano Cargas y Logística S.A., decreto 67/2025.
  2. Corredores Viales S.A., decreto 97/2025, luego también intervenida por decreto 244/2025.
  3. Intercargo, decreto 198/2025.
  4. ENARSA, decreto 286/2025.
  5. Banco Nación, decreto 116/2025. Si bien se trata de una transformación en sociedad anónima, se trata del primer paso para su privatización. La medida fue impugnada en sede judicial y ya fue suspendida, en virtud de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del día 5 de junio de 2025.
  6. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), decreto 115/2025, fue transformada a Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima para su posterior privatización. A diferencia del Banco Nación, la privatización de YCRT sí está prevista en la Ley Bases (art. 9).

Modificaciones de funciones de organismos

  1. Leyes 19.349 (Gendarmería Nacional), y 18.398 (Prefectura Naval), decreto 724/2024.
  2. Ley 26.165, Comisión Nacional para los Refugiados, decreto 819/2024.
  3. Ley 25.246, Unidad de Investigación Financiera (UIF), decretos 891/2024 y 274/2025.
  4. Decreto Ley 15.943/45, Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal,
  5. Ley 26.075, Consejo Federal de Educación, decreto 341/2025.
  6. Nuevo Estatuto de la Policía Federal, decreto 383/2025.
  7. Ley 26.184, autoridad de aplicación del régimen energía eléctrica portátil, decreto 431/2025.
  8. Decreto 157/2020, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, decreto 447/2025.

Modificaciones a distintos regímenes

  1. Ley 24.633 de circulación internacional de bienes culturales, decreto 1037/2024.
  2. Ley 24.241, decreto 1039/2024, supresión de funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos.
  3. Ley 24.653, decreto 1109/2025, se modificó el régimen sancionatorio de la ley de transporte automotor de cargas.
  4. Ley 13.064 y decreto 1023/01, se eliminó el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y se suprimió su inscripción como requisito para contratar con la Administración Pública, decreto 105/2025. Se creó una nueva base de datos compartida de contratistas de leyes 13.064 y 17.520.
  5. Ley 20.115, Argentores, decreto 207/2025.
  6. Ley 23.551, Asociaciones Sindicales, decreto 342/2025.
  7. Ley 27.654, Personas en situación de calle y familias sin techo, se dejó de reconocer el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas, decreto 373/2025.
  8. Ley 25.613, Régimen de importaciones para insumos destinados a investigaciones científico tecnológicas, decreto 395/2025.
  9. Ley 17.606 de Sanidad vegetal, fue derogada, decreto 410/2025.
  10. Leyes 26.522 (Medios) y 27.078 (Argentina Digital) decreto 433/2025.
  11. Ley 27.234 de Violencia de Género, se derogó el art. 3 que disponía la realización de una jornada por ciclo lectivo, decreto 436/2025.

Desregulaciones de sectores o actividades

A través del decreto 446/2025 se modificó el régimen de gas licuado de petróleo (GLP), continuando el camino desregulador del Mega DNU 70/2023. El artículo 14 elimina la atribución de la Autoridad de Aplicación para fijar el precio de referencia de uso doméstico en envases, es decir, garrafas.

Para mayor detalle de las desregulaciones instauradas por Gobierno de Javier Milei a través del Mega DNU se puede consultar el informe de CEPA “El Mega DNU del gobierno de Milei: desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales”.[4]

A su vez, por otros DNUs se han modificado y desregulado más áreas, sólo a título enunciativo, se detallan:  

  • los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y la telefonía móvil (decreto 304/2024),
  • la actividad aerocomercial (decreto 338/2025),
  • la navegación y la marina mercante (decreto 340/2025), véase informe CEPA al respecto[5]
  • la tenencia de armas (decreto 103/2025, complementado por el decreto delegado 445/2025 de transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el decreto 397/2025 de flexibilización de autorizaciones para adquisición de armas semiautomáticas).

En cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado.

En efecto, la eliminación de los fondos fiduciarios a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional), conllevan la inaplicabilidad de los regímenes que venían a financiar y complementar. El mejor ejemplo son las viviendas: se eliminó el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana. No hay reemplazo de esta función estatal.

En el debate por la ley bases, desde el bloque UCR se había solicitado que se excluyera de su eliminación el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que está integrado por los bienes decomisados en delitos de explotación, trata y lavado de dinero. Podemos ver, un año más tarde, que el Gobierno usó las facultades que el bloque UCR votó, para eliminar el fondo.

Estos decretos delegados detallados se han combinado con una cantidad inusitada de Decretos de Necesidad y Urgencia que han definido el rumbo de actividades muy relevantes para el país, que se complementan con el DNU 70, que aún está vigente. La concentración de poder en el Ejecutivo contó, adicionalmente, con otros hitos a través de la sanción de DNUs que cabe detallar: 1) Vía DNU 274/2024 se estableció la nueva fórmula previsional (con el Congreso en funcionamiento y proyectos de ley en la Comisión de Previsión social) en marzo de 2024; 2) vía DNU 846/2024, el Poder Ejecutivo se auto habilitó a realizar canjes de deuda pública sin cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF) y 3) vía DNU 179/2025 se habilitó al Poder Ejecutivo a realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incumpliendo con la propia Constitución Nacional que establece que los arreglos de deuda están en cabeza del Congreso (véase informe CEPA sobre el acuerdo con FMI).[6]

La obra pública según el modelo de la Ley Bases y la licitación de la Vía Navegable Troncal

La Ley Bases trajo más privilegios para el sector privado en materia de contrataciones públicas con un nuevo marco legal a medida de los contratistas. Se reformó la ley de concesión de obra pública (17.520 del año 1967), más conocida como “ley de peaje”. La concesión de obra pública establece la posibilidad de que un privado haga una obra y se cobre a través de una tarifa que paguen usuarios. Sobre esta base se dieron aún más beneficios con la Ley Bases.

Estos son algunos de los cambios y ventajas que otorgó la Ley Bases al modificar la ley 17.520:

  • Objeto más amplio. Se pueden concesionar obras públicas y también infraestructuras y servicios públicos.
  • Se eliminó que la concesión deba tener como requisito “un abaratamiento efectivo de tarifa” a favor del usuario.
  • Las concesiones podrán tener plazo variable, lo que es especialmente problemático, dado que se estarían entregando bienes del dominio público a privados sin tener certeza de cuándo el Estado retomaría su gestión y control.
  • Toda alteración -aunque menor al 20% y hasta por razones de fuerza mayor- generará la obligación de compensar al contratista.
  • En casos de extinción del contrato, se eliminarán topes indemnizatorios a favor del Estado.
  • Los contratos de concesión se podrán ceder en todo o en parte.
  • Los contratos se fijarán y abonarán en moneda extranjera.
  • Resolución de controversias. Al igual que el RIGI, la resolución de controversias de la Administración se hará con paneles técnicos o tribunales extranjeros.

En resumen, con la nueva ley 17.520 de concesión: 1) se canaliza toda la obra pública y la gestión de servicios públicos a través de este régimen a medida del sector privado, 2) solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios, 3) se elimina el riesgo empresario, que quedará a cargo del Estado.

El 6 de agosto del 2024 -a través del DNU 699/2024- fueron declaradas nuevas actividades como servicios públicos: dragado, mantenimiento, señalización y control de las vías navegables. Después, se emitió otro decreto (708/2024) que determinó el llamado a licitación de los servicios de dragado y mantenimiento de la “Vía Navegable Troncal”. De esta forma, el Gobierno quiso entregar la concesión de la Hidrovía por 60 años con un nuevo régimen, más concesivo, enmarcado en la ley 17.520.

En febrero de 2025 se dejó sin efecto la licitación a través de la resolución 7/2025 de la Agencia de Nacional de Navegación y Puertos tras denuncias de direccionamiento e impugnaciones judiciales. Incluso la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal publicó un informe[7] sobre la licitación en la que detectó y enumeró varias irregularidades. El Gobierno aún no brindó detalles sobre la nueva licitación.

Hasta el momento, no sólo fracasó la licitación de la VNT, sino que tampoco el Gobierno logró implementar la nueva ley 17.520 en materia de corredores viales para lo que denominó “Red Federal de Concesiones”[8]. Dicha Red abarcará 9.145 kilómetros de diversas rutas nacionales, todas a concesionarse y por las que habrá que pagar peajes para solventar su uso, obras y mantenimiento. Se lanzaron las licitaciones en enero de 2025, a través del decreto 28/2025. Pero la licitación de Etapa I aún no concluyó y las de etapas II y III aún no comenzaron.

Privatizaciones y desguace de empresas públicas

Desde su asunción, Javier Milei impulsa un programa sistemático de reducción y fragmentación del Estado nacional. Aunque la Ley Bases habilitó la privatización total o parcial de ocho empresas—de un total original de 41 propuestas[9] —, ese listado representa apenas la punta del iceberg de una estrategia más amplia de desguace del aparato público.

En recientes declaraciones, el 2 de julio de 2025 en una conferencia en IAE SUMMIT de Universidad Austral, el Ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a la venta de activos públicos:

“Vamos a hacer privatizaciones, algunas ya van a venir en el corto plazo; vamos a estar vendiendo fuertemente activos, los activos como los del AABE, vamos a estar haciendo concesiones, como las hidroeléctricas en el futuro cercano, y vamos a estar haciendo también, cuando alguna compañía o provincia venga con algún bloque de dólares grande que puede distorsionar el mercado, pueden preguntarle al tesoro si tiene interés en comprarlo”.

En medios de comunicación se precisó “en off” que las privatizaciones previstas por el gobierno refieren a NASA y AySA, ambas aprobadas por Ley Bases, pero también incluyen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.[10]

Empresas incluidas en la Ley Bases para su privatización total o parcial

La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de las siguientes firmas:

  1. Energía Argentina S.A. (ENARSA)
  2. Corredores Viales
  3. Intercargo
  4. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
  5. Belgrano Cargas
  6. Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
  7. Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) - Privatización parcial
  8. Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) – Privatización parcial

Cabe recordar que el listado de 41 empresas se redujo sustancialmente en los tratamientos de ambas cámaras. En el tratamiento en la Cámara de Diputados se eliminaron de la lista:

  • ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.
  • EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
  • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
  • Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
  • CASA DE MONEDA S.E.
  • Contenidos Públicos S.E.
  • Construcción de viviendas para la Armada Argentina S.E.
  • DIOXITEK S.A.
  • AR S.E.
  • Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
  • Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
  • Fabricaciones Militares S.E.
  • Ferrocarriles Argentinos S.E.
  • Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
  • Nación Bursátil S.A.
  • Pellegrini S.A.
  • Nación Reaseguros S.A.
  • Nación Seguros de Retiro S.A.
  • Nación Servicios S.A.
  • Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
  • Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
  • Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.
  • Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
  • Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
  • TELAM S.E.
  • Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM.
  • ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.
  • Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.
  • Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
  • YPF S.A.

En el Senado, adicionalmente, se eliminaron de la lista:

  • Aerolíneas Argentinas
  • Correo Argentino
  • Radio y Televisión Argentina

Con el objetivo de avanzar en los compromisos asumidos con el FMI y fortalecer las reservas del Banco Central, el Ejecutivo busca acelerar estas operaciones de privatización, no sólo en aquellos casos aprobado por Ley Bases, sino incluso, en empresas que no están autorizadas para su enajenación por el Congreso.

A través del decreto 416/25[11], se establecieron las condiciones para efectuar los procesos de venta, concesión o subasta, que se llevarán a cabo de manera digital mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR.

A continuación, se detallan las medidas específicas que el gobierno nacional viene adoptando empresa por empresa:

ENARSA

A través del Decreto 286/2025, publicado en abril, el Gobierno dispuso el inicio del procedimiento para la privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA). Como parte de ese proceso, está en preparación la cesión de la mitad del paquete accionario que el Estado mantiene, a través de ENARSA, en la firma Citelec. Esta sociedad tiene bajo su control a Transener, la empresa responsable del transporte eléctrico de alta tensión en el país.

Desde el oficialismo, el argumento recurrente para justificar la privatización de empresas estatales es su supuesta ineficiencia y el peso que representan en las cuentas públicas. Sin embargo, en un análisis del CEPA a enero de 2024, se consignaba que del total del déficit que explicaban las empresas públicas a diciembre del 2023 (en torno a un punto del PBI), el 90% (o 0,9% del PBI) se destinó a tres rubros: energía, agua y cloacas y trenes. Más de la mitad de ese monto se destinó a ENARSA, que recibió transferencias por el 0,5% del PBI, fundamentalmente para ejecutar subsidios energéticos y afrontar los pagos del Gasoducto Néstor Kirchner, una obra que actualmente permite alcanzar superávit en la balanza energética.

Corredores viales

A través del Decreto 97/2025, publicado en febrero, el Gobierno autorizó el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A., bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. En este marco, avanza con la licitación de activos estratégicos vinculados a la infraestructura vial, como parte del plan de desinversión y búsqueda de ingresos fiscales. Este año se prevé abrir a licitación las rutas y autopistas que hoy se encuentran bajo la órbita de Corredores Viales. El primer tramo a ser concesionado es el que conecta diversas regiones del litoral con el centro del país, en lo que se conoce como la ruta del Mercosur. Este corredor atraviesa territorios de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y comprende un total de 741 kilómetros. La apertura de sobres fue programada para el 5 de agosto. Cabe señalar que la empresa fue recientemente intervenida y que ya se produjeron más de cien cesantías.[12]

Intercargo

El Decreto 198/2025, publicado en marzo, autorizó el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U., bajo la modalidad de venta de acciones. Como complemento a esa medida, ya fueron autorizadas nuevas firmas privadas a ofrecer los mismos servicios, entre ellas Handyway Cargo, Global Protection Service y Air Class Cargo.

Intercargo siempre fue rentable y no necesitó Transferencias Corrientes del Estado Nacional a lo largo de su historia salvo contadas excepciones. Ejemplo de la crisis COVID que redujo las operaciones aéreas en torno del 94%. Cabe destacar el resultado positivo del ejercicio 2023 que ascendió a $1.500 millones.

La empresa provee el servicio de rampa no sólo a Aerolíneas Argentinas, sino a todas las empresas privadas que operan en el país. Bajo lógicas exclusivamente asociadas a la rentabilidad, hay aeropuertos del país con menor volumen de operaciones en los que una empresa privada no contaría con incentivos para prestar servicios o, llegado el caso, lo prestaría a precios sensiblemente más altos que los actuales, volviendo la ruta aérea deficitaria para las líneas aéreas. Aún si dichos precios fueran trasladados a los pasajeros, los pasajes domésticos a ciertas ciudades del país alcanzarían niveles de precios de pasajes internacionales, nuevamente, volviendo la ruta operativa y comercialmente inviable. Ello representaría una dificultad para la apertura y sostenimiento de rutas aéreas que configuran la conectividad a nivel federal y posibilitan el desarrollo de distintas economías regionales en un país como Argentina, que detenta el 8vo lugar del mundo en extensión territorial.

AySA

En lo que respecta a AySA, el Gobierno evalúa un esquema mixto de desinversión. En diciembre de 2024, Alejo Maxit, presidente de la empresa, planteaba “el Estado se va a retirar de AySA; vamos a vender el 90% de las acciones”[13]. La propuesta en análisis contempla una licitación pública por más de la mitad de las acciones, una oferta bursátil por un porcentaje adicional y la asignación de una fracción menor a manos del personal de la empresa.

Belgrano Cargas y SOFSE

El Decreto 67/2025, publicado en febrero, autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio. El proceso contempla el remate público para la venta del material rodante, y la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías, sus inmuebles aledaños y el uso de los talleres ferroviarios. En paralelo, los servicios ferroviarios urbanos y regionales gestionados por Trenes Argentinos (SOFSE) serán sometidos a procesos licitatorios.

Según el informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas No Financieras al primer trimestre de 2025, la empresa Belgrano Cargas registró una reducción de personal de 328 trabajadores entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025.[14]

Yacimientos Carboníferos Río Turbio

Mediante el Decreto 115/2025, emitido en febrero, el Poder Ejecutivo transformó Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos en la nueva sociedad Carboeléctrica Río Turbio S.A. La conversión en sociedad anónima busca habilitar la participación de capitales privados en la explotación del yacimiento y sus actividades vinculadas.

La operación podría derivar no sólo en la pérdida de una empresa estatal clave para la soberanía energética del país, sino también en la desarticulación del proyecto original de generación de energía con base en carbón nacional.
En lugar de garantizar la continuidad de la actividad minera y su articulación con la central termoeléctrica, es de prever que se avance directamente con el cierre de la mina de Río Turbio, quedando la infraestructura del interconectado eléctrico —una obra millonaria financiada por el Estado— al servicio de intereses privados.

Este proceso podría materializarse en una venta a precio vil de un activo desarrollado con fondos públicos, que no sólo implicaría un retroceso en términos de planificación energética soberana, sino también una pérdida patrimonial directa para el Estado nacional.

En este contexto, se suma el despido del interventor designado por el gobierno nacional en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Thierry Decoud, en medio de un escándalo por coimas, lo que expone las irregularidades y falta de transparencia en el proceso de reestructuración de la empresa.[15]

Nucleoeléctrica Argentina

El plan del gobierno para Nucleoeléctrica Argentina es abrir la posibilidad de que inversores privados accedan a una parte del paquete accionario.[16]

La decisión es especialmente sensible dado que NA-SA cumple un rol estratégico en el desarrollo y la comercialización de energía nuclear en el país. Opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema energético argentino.

La eventual incorporación de privados en este sector no responde a un criterio de eficiencia ni de transferencia tecnológica, sino a una lógica de rentabilidad selectiva. Se abre el juego a capitales interesados únicamente en capturar los beneficios económicos, mientras se mantiene bajo responsabilidad exclusiva del Estado la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento futuro de las centrales, tareas costosas, complejas y con altísimo impacto ambiental y social.

Esta maniobra no es inocente ni abstracta. Tiene nombre y apellido, el grupo Pérez Companc, con trayectoria e intereses en el área, busca consolidar su presencia y participar del negocio sin asumir los riesgos estructurales que implica la actividad nuclear.

En paralelo, la construcción de la Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek en Formosa —clave en el ciclo de combustibles nucleares— fue paralizada por el actual gobierno. La falta de transferencias comprometidas por parte del Tesoro Nacional frenó una obra estratégica destinada a producir dióxido de uranio (UO₂) para abastecer a las centrales nucleares del país.[17]

Empresas fuera del listado de Ley Bases, pero bajo avance privatizador

Más allá del conjunto inicial de firmas públicas sobre las que ya se activaron procesos formales, el Gobierno nacional dejó en evidencia que su intención es ampliar aún más el alcance del programa de privatizaciones aun si estas no fueron aprobadas por la Ley Bases.

Ya en el mes de septiembre 2024, a tres meses de aprobada la Ley Bases, le gobierno nacional avanzó en la intención de vender Aerolíneas Argentinas, como cabeza de un avance sobre otros casos subsiguientes. 

Aerolíneas Argentinas

El plan privatizador del Gobierno para Aerolíneas Argentinas tuvo varias etapas legislativas luego de aprobada la Ley Bases. Las iniciativas, presentadas por los diputados Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), impulsaron una serie de reuniones informativas (25 de septiembre y 29 de octubre de 2024) conjuntas entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transporte, con participación del vicejefe de Gabinete José Rolandi y del secretario de Transporte, Franco Mogetta.[18]

En estas instancias, los funcionarios y defensores de los proyectos de privatización, no pudieron responder los siguientes puntos[19]:

  • Aerolíneas Argentinas conecta 21 destinos del país que no son cubiertos por otras compañías. ¿el plan oficial es dejar de conectar esas ciudades, o trasladar el costo de la conectividad a los vecinos?
  • La Auditoría General de la Nación (AGN), en su informe de 2024, concluyó que las empresas low cost no lograron mejorar significativamente la conectividad durante el período 2016-2019, y que incluso se identificaron irregularidades en el otorgamiento de rutas durante ese gobierno. ¿El camino propuesto es que estas mismas compañías low cost -que ya han fracasado en materia de conectividad- reemplacen a Aerolíneas Argentinas?
  • En materia de cumplimiento y calidad de servicio, Aerolíneas recibió solo dos actas por incumplimientos entre junio y julio de 2024 por parte de ANAC, sobre un total de 14 mil vuelos; en contraste, Flybondi tuvo una multa cada 1.100 vuelos, y JetSmart, una cada 900. ¿Cuáles son los parámetros para argumentar que Aerolíneas es menos eficiente que los privados?
  • La compañía tiene un impacto positivo en el PBI por más de 8.000 millones de dólares, genera alrededor de 109 mil empleos directos e indirectos, y en 2023 aportó 176 mil millones de pesos en impuestos nacionales y subnacionales, además de 40 mil millones en tasas: ¿estos números fueron incorporados a la estimación de eficiencia que el gobierno realiza para decidir vender la empresa?

Estas iniciativas de privatización no prosperaron en su tratamiento en el recinto en Diputados. Sin embargo, el Gobierno continuó promoviendo un vaciamiento progresivo de Aerolíneas Argentinas, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional. Se fue desmantelando el mapa de destinos de cabotaje existente, afectando gravemente la integración territorial. A saber:

  • Se interrumpió la ruta a Reconquista, que conectaba Buenos Aires – Rosario – Reconquista, una línea que aprovechaba la cobertura de la ruta Buenos Aires–Rosario.
  • A partir del 1 de octubre de 2024, se eliminó el “Corredor Atlántico”, que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos, tres veces por semana.
  • Se anunció la suspensión de los vuelos Córdoba–Trelew, Rosario–Calafate, Rosario–Neuquén y Salta–Neuquén.
  • También se amenazó con cerrar la ruta a Río Cuarto, lo cual finalmente no se concretó porque el municipio local ofreció un esquema de riesgo compartido, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica si no se alcanzaba un mínimo de ocupación de los vuelos.

A la fecha, en Aerolíneas Argentinas, ya se ejecutaron medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos[20] y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior.

Casa de la moneda

En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ubicada en la localidad de Don Torcuato.[21] En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta fueron dispensadas.

El martes 1 de julio de 2025, mediante el Decreto 442/2025, se dispuso el traspaso de personal, bienes y funciones desde el organismo encargado de imprimir billetes y monedas hacia otros entes estatales, como ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Arsat. Este combo de medidas constituye un paso más en la pérdida de soberanía monetaria y tecnológica del Estado nacional.

Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF)

En diciembre de 2024, el Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF)[22], una empresa estatal dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país. La medida puso en disponibilidad a 1.400 personas, con el objetivo de avanzar con sus despidos en un plazo de entre 6 y 12 meses. Una decisión que elimina capacidades técnicas fundamentales del sistema ferroviario nacional.

Banco Nación

La venta del Banco Nación requiere la aprobación explícita del Congreso de la Nación. Al haber sido excluido del listado de privatizables aprobado en la Ley Bases, no puede ser vendido sin una ley específica que lo habilite. Sin embargo, el 20 de febrero de 2025, el Gobierno fijó la conversión del Banco Nación a Sociedad Anónima en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de preparar el terreno para su privatización posterior. Esta transformación fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025.

Otros tres antecedentes desregulatorios muestran la intención de favorecer a entidades financieras privadas en detrimento del BNA:

  1. Un antecedente clave de este proceso es el DNU 70/2023, que derogó la prohibición legal de privatizar el BNA establecida en 1999, que había sido aprobada con el acompañamiento de todos los bloques partidarios que “blindaron” al banco del proceso de privatización menemista.
  2. Adicionalmente, a través del decreto 747/2024, el Gobierno eliminó en agosto la obligación de pagar los sueldos del personal de la administración pública a través del Banco Nación. También ordenó que se cancelen en el plazo de un año todos los convenios vigentes con esa entidad. Detrás de esta medida, lejos de haber un objetivo de eficiencia, se esconde una clara intención de debilitar al banco público y transferirle un negocio millonario a los bancos privados.[23]
  3. Con el nuevo estatuto -aprobado por Decreto 116/2025- el Directorio podría descapitalizar el Banco.

Todo esto se da a pesar de que el Banco Nación no presenta déficit alguno. Por el contrario, se trata de una entidad sólida, rentable y con un papel central en el sistema financiero argentino. El Banco Nación tiene:

  • $32,1 billones de depósitos que tiene en el sistema financiero (24% del mismo),
  • 749 sucursales en Argentina y en el exterior,
  • el 20,7% de los préstamos del sistema financiero,
  • el 33% de los préstamos hipotecarios (datos a noviembre de 2024).

Además:

  • El Rendimiento Anual del Patrimonio (ROE) del BNA es de 34,6%: muy superior al del sistema financiero en su conjunto (20,4%) y al de los 10 principales bancos privados de la Argentina (14,6%).
  • El Retorno sobre Activos (ROA) antes de Impuesto a las Ganancias del BNA es de 14,8%: ampliamente mayor al del sistema financiero en su conjunto (7,3%) y al de los 10 principales bancos privados de la Argentina (5,0%).
  • En términos de eficiencia, el ratio entre el margen de rentabilidad operativa y los gastos de estructura es de 891,9%: muy superior al del sistema financiero en su conjunto (296,8%) y al de los 10 principales bancos privados de la Argentina (250,7%).
  • A su vez, la prestigiosa calificadora internacional Fix SCR (de Fitch), en su análisis a diciembre de 2023, le otorgó al BNA la calificación “ESG2 (arg) – Muy Altos Estándares”, destacando su compromiso con factores ambientales, sociales y de gobernanza.
  • Por último, el BNA es el gran financiador de las PyMEs argentinas: a noviembre de 2023, los préstamos a pymes representaban el 32,3% del total de préstamos.

En síntesis, el Banco Nación no es una carga para el Estado, sino una herramienta fundamental para el desarrollo económico y productivo. Su eventual privatización implicaría ceder un instrumento clave de política pública a los intereses del mercado, en función de una lógica que busca monetizar activos estratégicos sin considerar su impacto social ni su valor a largo plazo.

Cabe resaltar, en este sentido, la argumentación provista por la Medida Cautelar[24] del Juez Alejo Ramos Padilla, que suspende la Aplicación del DNU 116/2025.

Por último, el juez federal Ramos Padilla desarrolla fundamentos para sostener su postura de que la estructura del BNA no puede ser modificada sin el aval y sin una ley específica del Congreso: “Todo ello me conduce nuevamente a considerar prima facie acreditado que el Banco de la Nación Argentina no puede ser modificado en su estructura jurídica a través del decreto delegado N° 116/2025, conforme el texto de la ley 27.742 (arts. 1 y 3 invocados en los fundamentos de su dictado), y los arts. 1 y 32 de la Carta Orgánica de la entidad”.[25]

Correo Argentino

En el mismo sentido, el Correo Argentino fue también puesto en consideración. Como primer paso, se eliminaron las regulaciones que limitaban la competencia en el mercado de paquetería y encomiendas. A partir de esta apertura, el Ejecutivo anticipó que buscará avanzar con su transferencia al sector privado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó los escenarios posibles para la empresa: “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse”[26]. En todos estos casos, se trata de empresas que cumplen funciones esenciales y que, de concretarse los planes del oficialismo, pasarían a depender de la lógica del mercado.

Represas del Comahue

El gobierno también pretende avanzar con activos estratégicos como las represas hidroeléctricas del Comahue. El ministro de Economía, anticipó el martes 10 de junio, durante su participación en el streaming Carajo, que el Ejecutivo espera recibir entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación del paquete accionario de estas centrales, cuya concesión vigente desde la década del 90 vence en agosto de este año. Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Según lo anunciado, el Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para avanzar con su privatización, en lo que constituiría una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado.

IMPSA, un caso testigo de pérdida de capacidades estatales

El caso testigo fue la privatización de IMPSA, concretada en febrero de este año. La firma mendocina, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, fue traspasada a la estadounidense ARC Energy[27]. No es casualidad que esta empresa haya sido la compradora ya que fue precisamente ARC Energy quien contrató a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos[28], en el marco de un contrato por el cual se adelantaron 120 millones de dólares.

IMPSA había sido rescatada por el Estado nacional y el gobierno provincial en 2021, momento en el que atravesaba una crisis financiera que ponía en riesgo su continuidad. Desde entonces, y bajo gestión estatal, la empresa comenzó a recuperar su sendero productivo, incrementando sus ingresos anuales y reduciendo sus pérdidas operativas.

IMPSA es una empresa estratégica para el país. Produce tecnología de punta para los sectores hidroeléctrico, nuclear y de bienes de capital complejos, con presencia en más de 40 países y solo cinco competidores de su escala en el mundo. Cuenta con una planta de trabajadores altamente calificados y una trayectoria histórica en la provisión de equipamiento para grandes proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, durante 2024 el actual gobierno no concretó nuevos contratos de trabajo para la firma, lo que deterioró sus balances económicos y facilitó las condiciones para su venta. Fue una malventa de una empresa estratégica, a un precio por debajo de su valor potencial y sin mecanismos adecuados de control parlamentario.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

La justificación del gobierno para la aprobación del RIGI fue la promesa de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) mediante la concesión de un conjunto excepcional de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Presentado como una herramienta clave para dinamizar la economía y generar empleo, el régimen se aprobó bajo el argumento de que eliminaría “obstáculos” a la llegada de capitales externos dispuestos a invertir en proyectos de largo plazo.

Sin embargo, a un año de su entrada en vigencia, los resultados están lejos de justificar las concesiones otorgadas:

  • De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, a saber: Parque Solar El Quemado y Anexos, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón y Sidersa. El quinto, Licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, viene a reemplazar la retirada de PETRONAS, también proyecto que estaba en carpeta.
  • En lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.
  • A pesar de otorgar concesiones extraordinarias (y superadoras a la ley de GNL propuesta por el gobierno anterior), el gobierno perdió la principal inversión en cabeza de PETRONAS de Malasia para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica.
  • Las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de mayo 2025 es negativo en USD -1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA.
  • La potencial liquidación de dólares es débil: los 5 proyectos aprobados significan según el informe 143 de Jefatura de Gabinete, una inversión de USD 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025). Tener presente, además, que al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real.
  • En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también deficiente: los 5 proyectos anunciados estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo.

A continuación, se profundiza en los ejes anunciados.

¿Cuánta IED generó?

Cuatro de estos cinco proyectos aprobados contemplan compromisos de inversión por 2.105 millones de dólares en el primer año y 2.640 millones en el segundo, totalizando 4.745 millones de dólares. Sin embargo, estos montos están lejos de poder compensar el déficit de cuenta corriente que acumula Argentina desde hace 12 meses. Para tomar dimensión, desde la flexibilización de las restricciones cambiarias, la formación de activos externos alcanzó solo entre abril y mayo una salida de 5.236 millones de dólares. Es decir, en apenas mes y medio se esfumó un monto superior al total de inversiones comprometidas para los próximos dos años bajo el RIGI.

Peor aún, los datos disponibles muestran que, en lugar de incrementarse, la inversión extranjera directa se desplomó durante la gestión de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, el flujo acumulado de IED arroja un saldo negativo de USD -1.500 millones, según cifras del Banco Central. Esta dinámica evidencia que el régimen no logró revertir el proceso de desinversión que atraviesa la economía argentina, consolidando así su fracaso como política de atracción de inversiones.

¿Cuántos son nuevos proyectos? ¿Cuántos estaban en carpeta previamente?

Una revisión de los proyectos que se presentaron bajo el RIGI revela que no todos son iniciativas nuevas. De hecho, varios de ellos ya habían sido anunciados públicamente antes de la aprobación del régimen, lo que indica que su concreción no dependía del nuevo esquema de incentivos. En otras palabras, son proyectos que estaban en carpeta y que, al entrar en el RIGI, buscan beneficiarse de un marco normativo extremadamente favorable en términos fiscales, aduaneros y cambiarios.

  • Un ejemplo claro es el caso de Galan Lithium, que en diciembre de 2023 ya había anunciado que comenzaría a producir cloruro de litio en Catamarca a partir de 2025.
  • De igual modo, el parque solar El Quemado, en Mendoza, fue presentado en noviembre de 2023, es decir, antes de que se aprobara el RIGI.
  • Lo mismo ocurre con el Proyecto de “Carbonatos Profundos” en San Juan, anunciado en septiembre de 2023.
  • Proyecto Sal de Oro: se conoce su existencia desde febrero de 2023.

Estos casos muestran que, más que promover inversiones nuevas, el RIGI está sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es la composición de los proyectos presentados bajo el RIGI. Si bien el régimen fue concebido con el objetivo de atraer capitales privados extranjeros, los datos disponibles indican que la principal impulsora de las inversiones proyectadas es YPF, empresa de mayoría estatal.

Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto, lo que pone en evidencia una fuerte dependencia de una empresa pública para motorizar el régimen. Además, estas inversiones de YPF ya estaban en carpeta con anterioridad. La construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur constituye una obra estratégica para la petrolera estatal, el parque solar El Quemado, como fue indicado, también formaba parte del plan de inversiones previo, y el proyecto de licuefacción de gas en buques vino a reemplazar el acuerdo caído entre YPF y Petronas para construir una planta de licuefacción en Bahía Blanca, una iniciativa que fue políticamente tensionada por el Gobierno nacional, que impulsó su relocalización en Río Negro por motivos ideológicos más que técnicos.

Lejos de constituir un aluvión de inversiones extranjeras autónomas y privadas, el RIGI, en su fase inicial, se apoya mayoritariamente en el capital estatal.

¿Cuántos puestos de trabajo genera?

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno nacional para justificar el RIGI fue su supuesto potencial para dinamizar el empleo. Sin embargo, el perfil de las inversiones incluidas hasta ahora en el régimen muestra que no se trata de un esquema intensivo en generación de puestos de trabajo.

Desde su aprobación, se presentaron apenas 14 proyectos, de los cuales sólo 5 han sido efectivamente aprobados. Estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso si se consideran las estimaciones optimistas de todos los proyectos presentados —que anticipan 4.101 empleos directos y 19.771 indirectos, sumando un total de 23.872 puestos— el impacto del RIGI en el mercado laboral sigue siendo muy limitado. Esa cifra representa apenas el 20,7% de la pérdida acumulada de empleo privado desde diciembre de 2023.

Aun en el mejor de los casos, la capacidad del RIGI para revertir el deterioro del empleo es claramente insuficiente. Lejos de constituir una herramienta efectiva para la generación masiva de trabajo, el régimen está orientado a sectores de baja intensidad laboral.

La supresión del impuesto patrimonial: menos progresividad tributaria

Reducción de alícuotas de Bienes Personales

El paquete fiscal aprobado en paralelo a la Ley Bases introdujo importantes cambios en el Impuesto a los Bienes Personales. La modificación central fue la reducción de la alícuota máxima, en una línea similar a la implementada durante el gobierno de Macri.

A partir del ejercicio fiscal 2023, la nueva normativa estableció alícuotas que oscilan entre el 0,5% y el 1,5%, dependiendo del valor del bien declarado. Además, se estableció una reducción progresiva tanto de las alícuotas como de los tramos de escala en los años siguientes, hasta llegar a una alícuota única del 0,25% en 2027.

Esta reforma implicó una nueva baja en la carga de un impuesto progresivo, beneficiando especialmente a los patrimonios más elevados. Mientras que quienes se encuentran en el primer escalón de la escala (0,5%) continúan pagando lo mismo, quienes tributaban con alícuotas superiores se vieron favorecidos con una disminución significativa. El resultado es un aplanamiento de la pirámide tributaria, dentro del universo de los más ricos, los que más tienen terminan pagando menos.

Un punto adicional de la reforma es el régimen de pago anticipado. Quienes optaron por abonar el impuesto correspondiente a los próximos cinco años de manera adelantada accedieron a una alícuota reducida del 0,45% anual. En el caso de quienes hayan ingresado al blanqueo de capitales previsto en el mismo paquete fiscal, la alícuota fue del 0,50%. Quienes adhirieron a esta modalidad mantendrán estos beneficios hasta el año 2038, consolidando así un esquema altamente favorable para los grandes patrimonios.

Otro cambio relevante fue la eliminación de la diferenciación entre bienes en el país y bienes en el exterior. Bajo la legislación anterior, estos últimos enfrentaban alícuotas más altas, lo que actuaba como un incentivo a la repatriación de activos. La nueva ley eliminó ese diferencial, reduciendo así un instrumento que buscaba traer capitales al país.

La reducción del Impuesto a los Bienes Personales había sido implementada durante el macrismo y perjudicó la recaudación tributaria nacional empeorando la progresividad del sistema: pasó de representar el 1,2% en 2015 al 0,6% en 2019.

En contraste, la Ley de Solidaridad del Frente de Todos, de diciembre de 2019, permitió elevar la incidencia de la recaudación de este impuesto. En 2020 asciende a 2,9% (con caída de recaudación por pandemia), 2021 a 2,3% y 2022 a 2%.

A partir del gráfico 4, se puede evidenciar una tendencia decreciente en la incidencia del impuesto a los Bienes Personales en relación al total de los recursos tributarios nacionales. Mientras que entre enero y diciembre de 2023 la participación del impuesto se mantuvo relativamente estable en torno al 2,2%, a partir de enero de 2024 comienza una caída sostenida que alcanza un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.

Aunque hay una leve recuperación hacia el segundo semestre de 2024 producto de la recaudación por el régimen especial de pago anticipado, la incidencia vuelve a estabilizarse por debajo del 1,8% a partir de enero de 2025, lejos de los niveles de 2023.

Esta tendencia descendente es coherente con los cambios introducidos en la normativa del impuesto. Por lo tanto, es previsible que esta baja en la participación relativa del impuesto en la recaudación total se profundice en los próximos años, consolidando una menor progresividad del sistema tributario argentino.

Restitución del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría

El paquete fiscal impulsado por el gobierno eliminó el impuesto cedular que gravaba exclusivamente las remuneraciones más altas y las jubilaciones y pensiones de privilegio superiores a 15 salarios mínimos mensuales. En su lugar, se restableció el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, con parámetros mucho más bajos, lo que amplió de manera significativa la cantidad de trabajadores alcanzados.

Al momento de su implementación, alrededor del 12,2% de las y los trabajadores registrados comenzaron a tributar el impuesto, en contraste con el 1,7% que lo hacía entre octubre de 2023 —cuando fue eliminado— y marzo de 2024. La medida representó un fuerte incremento de la carga fiscal sobre los ingresos laborales formales, especialmente en los sectores medios.[29]

La nueva normativa también eliminó exenciones que resguardaban a los asalariados cuando sus ingresos aumentaban transitoriamente por el cobro de horas extras, bonificaciones u otros conceptos variables. A su vez, se suprimió el piso diferencial que beneficiaba a los trabajadores de la zona patagónica, quienes hasta entonces comenzaban a tributar a partir de ingresos un 22% más elevados que el promedio general. Estas modificaciones no solo ampliaron la base de trabajadores alcanzados, sino que intensificaron la presión fiscal sobre los ingresos formales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

Reforma laboral

Menos sanciones por no registración y un blanqueo laboral: ¿realmente se redujo la informalidad laboral?

Uno de los pilares de la reforma laboral impulsada por la Ley Bases fue el llamado “Plan de Regularización del Trabajo No Registrado”, presentado como una herramienta para promover el empleo formal. Sin embargo, el diseño de este régimen favoreció ampliamente a los empleadores, con beneficios notoriamente desproporcionados en relación con sus resultados concretos.

Entre los principales puntos del plan se destacan:

  • La posibilidad de regularizar relaciones laborales previas a la ley sin penalidades.
  • Extinción de la acción penal y condonación total de infracciones, multas y sanciones vinculadas al trabajo no registrado.
  • Eliminación del REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) para aquellas empresas que blanquearan a la totalidad de sus trabajadores.
  • Condonación del capital e intereses de las deudas surgidas por falta de pago de aportes con destino a la Seguridad Social.

A pesar de esta generosa amnistía para los empleadores infractores, los resultados del blanqueo fueron mínimos. Según la respuesta del jefe de Gabinete Guillermo Francos a un pedido de informes del diputado nacional Sergio Palazzo, sólo 7.660 trabajadores fueron registrados desde la implementación del plan.

En paralelo, la informalidad laboral no solo no disminuyó, sino que aumentó. De acuerdo con los datos del INDEC, la tasa de empleo no registrado en los aglomerados urbanos alcanzó el 42,0% en el cuarto trimestre de 2024, lo que implica un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023, bajo la gestión anterior. Este incremento confirma que la política de estímulo al blanqueo no logró revertir la precarización del mercado laboral, sino que contribuyó a consolidar condiciones más laxas para la contratación sin derechos.

Extensión del período de prueba y figura del “colaborador”: ¿aumentó el empleo registrado?

Uno de los aspectos más regresivos de la reforma laboral incorporada en la Ley Bases fue la ampliación del período de prueba, que no solo se duplicó, sino que también permite extenderlo hasta 8 o incluso 12 meses. En la práctica, esto habilitó contrataciones temporales encubiertas. Muchas empresas emplean personal por períodos de cinco o seis meses y luego los despiden sin causa, evitando así el reconocimiento de derechos laborales e indemnizaciones.

A esto se suma la creación de una nueva figura contractual: la del “colaborador”. La normativa habilitó a los monotributistas a incorporar hasta tres colaboradores bajo esta modalidad, sin que ello implique una relación de dependencia laboral. Este esquema profundizó la precarización, promoviendo la tercerización y el desentendimiento de obligaciones laborales básicas por parte de los empleadores.

Lejos de traducirse en un impulso al empleo formal, desde la asunción de Javier Milei el mercado de trabajo registrado sufrió una fuerte contracción. En el acumulado desde diciembre, se perdieron 173.563 empleos registrados. De ese total, 58.210 corresponden al sector público, mientras que en el sector privado —con un comportamiento inestable desde agosto 2024— la pérdida asciende a 115.353 puestos.

En contraste, el trabajo independiente registrado bajo el régimen de monotributo se siguió expandiendo durante el período analizado. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se incorporaron 74.997 nuevos monotributistas, pasando de 2.037.762 a 2.112.759. Esta suba en muchos casos representa un refugio frente a la pérdida de trabajos asalariados registrados. Se trata de estrategias de supervivencia ante la falta de oportunidades laborales formales o de situaciones de subempleo encubierto, donde trabajadores que antes tenían relación de dependencia pasaron a facturar como independientes, muchas veces con ingresos más bajos y menor cobertura de derechos laborales.

En términos sectoriales, los únicos sectores que lograron crear empleo registrado privado entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 fueron el comercio (+21.411) y los vinculados a actividades primarias: la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6.302 puestos) y la pesca (+1.699). El resto de los sectores muestra saldos negativos, con una profunda destrucción de empleo en construcción (-61.956) y la industria manufacturera (-31.301).

Impactos en el empleo público

En paralelo, el empleo asalariado registrado en el sector público también mostró una tendencia descendente, esta vez como objetivo expresamente buscado y en línea con la desarticulación de organismos y empresas del sector público dispuestas por el Gobierno Nacional. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 58.210 puestos de trabajo, pasando de 3.466.773 a 3.408.521. Tener presente la modificación de la ley de empleo público incorporada en la Ley Bases, que habilitó el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por un período de hasta 12 meses, al cabo del cual pueden ser despedidos.

Análisis por empresas o sociedades

Desde noviembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado.[30]

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones.

En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 % del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 2.996 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la ANSES, con 1.423 despidos, y el CONICET, con una reducción de 985 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 44 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 41 % de su dotación.

Fondos de cese laboral y resolución 1.071 de la CNV: una reforma que redefine las reglas del despido

La Ley Bases introdujo una modificación sustancial en el régimen de indemnizaciones por despido al habilitar la posibilidad de que empleadores y sindicatos, a través de la negociación colectiva, reemplacen el sistema tradicional por nuevos mecanismos de fondos de cese laboral. La norma se presentó como una supuesta adaptación del modelo vigente en la industria de la construcción, pero lo cierto es que su diseño implica una flexibilización mucho mayor y con menos resguardos para los trabajadores. A diferencia del régimen de la construcción, no se fijaron garantías mínimas y, además, se abrió la puerta a que los aportes a esos fondos puedan ser descontados del salario de los propios trabajadores.

Sin embargo, la implementación concreta de este esquema estaba limitada por la falta de instrumentos financieros regulados para canalizar los fondos. Esa barrera fue removida el 18 de junio con la resolución 1.071 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que reglamentó los vehículos que podrán utilizarse: cuentas bancarias, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. A partir de esta decisión, cualquier sector que acuerde en el marco de un convenio colectivo podrá activar estos mecanismos en reemplazo de la indemnización prevista por la Ley de Contrato de Trabajo. La reglamentación también habilita una alternativa aún más laxa, conocida como “cancelación individual”, en la que las partes pueden definir libremente cualquier forma de compensación por despido, sin obligación de respetar criterios mínimos ni equivalencias con el régimen vigente.

Este nuevo esquema implica una transferencia significativa de riesgo hacia los trabajadores. El valor final de la compensación dependerá del rendimiento financiero de los instrumentos en los que se inviertan los aportes. En un contexto de alta volatilidad macroeconómica, esta exposición al mercado introduce una enorme incertidumbre. A su vez, la legislación no establece cláusulas de garantía que aseguren un piso mínimo a percibir en caso de pérdidas o rendimientos negativos. De esta manera, se debilita uno de los pocos mecanismos que operaban como freno al despido arbitrario, la previsibilidad y el costo económico de la indemnización tradicional.

Si bien la ley establece que estos mecanismos deben ser acordados en convenios colectivos, el carácter “optativo” en favor de los empleadores permite anticipar una dinámica asimétrica en su aplicación. En los hechos, la decisión quedará en manos del sector empresarial, que podrá imponer la adopción de estos esquemas como condición para mantener el empleo o avanzar en negociaciones paritarias. Incluso trabajadores que ya estaban contratados antes de la entrada en vigencia de la ley podrían ser alcanzados por estos cambios si sus empleadores logran imponer un nuevo marco colectivo.

A corto plazo, se espera que los empleadores comiencen a presionar para incluir los nuevos mecanismos en los convenios. A mediano, gana fuerza en el discurso oficial la idea de avanzar hacia una descentralización de la negociación colectiva, favoreciendo acuerdos por empresa. Mientras tanto, el andamiaje institucional ya está en marcha.

Fin de la moratoria previsional

En una primera instancia, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley Bases incluyendo la eliminación de la moratoria previsional. El texto original proponía suplantarla por un régimen de prestación proporcional destinado a personas que alcanzaran los 65 años sin haber completado los 30 años de aportes requeridos. Sin embargo, durante el tratamiento en el Senado, el Título VIII que contenía estas modificaciones fue retirado del dictamen final, por lo que la eliminación de la moratoria no se concretó por esa vía legislativa.

A pesar de ello, en marzo de 2025 venció el plazo de vigencia de la última moratoria previsional y, tal como había adelantado el Poder Ejecutivo, no fue prorrogada. Desde ese momento, la única alternativa disponible para quienes no reúnen los aportes necesarios es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que representa apenas el 80% de una jubilación mínima, no es heredable y solo puede ser solicitado a partir de los 65 años, incluso por mujeres, a quienes antes se les reconocía el derecho jubilatorio a los 60 años.

La no renovación de la moratoria agravó severamente el acceso al derecho jubilatorio: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no logran reunir más de 25 años de aportes, lo que los deja excluidos del sistema previsional contributivo.

El 5 de junio de 2025 en Diputados se aprobó con media sanción la re-instauración de la moratoria previsional (junto con recomposición general a los haberes de 7,2% y aumento del bono para la jubilación mínima en 57%).[31]

Conclusiones

Impactos de los decretos delegados por Ley Bases:

  • La Ley Bases habilitó una delegación legislativa sin precedentes, permitiendo que el Poder Ejecutivo dicte 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases (Reforma del Estado). Esta avanzada de carácter legislativa por parte del Poder Ejecutivo se suma al Mega DNU 70, aún vigente. Este volumen refleja un vaciamiento del rol del Congreso. (Véase cuadro con detalle en Anexo I).
  • Disoluciones de organismos, programas y regímenes: La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado. Podemos detallar las disoluciones de: Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable; AFIP (hoy ARCA); Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC); Programa Nacional de Inversiones Turísticas; Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven; y la disolución de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.
  • Disoluciones de fondos fiduciarios: Estas disoluciones avanzaron suprimiendo, fundamentalmente, importantes programas vinculados a viviendas y hábitat (como el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana) y de promoción tecnológica y científica. Incluso se eliminaron otros fondos como el Fondo Nacional de Emergencias (necesario frente a catástrofes como la de Bahía Blanca o el norte de la PBA en este 2025), el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar. Esta eliminación se produce a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional). Por ende, estos decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación.
  • Transformaciones y transferencias de organismos y bienes: Las medidas impulsadas en este segmento estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares. También por decreto se transfirió el Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, a contramano de lo definido por el Congreso (ley 27.759, posterior a la Ley Bases) donde expresamente se estableció su funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia.
  • Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar: enmarcados en las empresas autorizadas a privatización de Ley Bases, se dispuso por decreto la transformación jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, Banco Nación (suspendida en sede judicial) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) transformada a Carboeléctrica Río Turbio S.A.
  • Modificaciones de funciones y autoridades de organismos: se avanzó en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como: la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal (nuevo estatuto), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.
  • Modificaciones a distintos regímenes: también en este caso el avance se realiza sobre regímenes diversos, tales como: la supresión de las funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos, la modificación de la ley de Argentores, o la eliminación del reconocimiento el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas en situación de calle y familias sin techo.
  • Decretos de Necesidad y Urgencia. Para completar este análisis cabe citar el avance del ejecutivo en materia legislativa a través de DNUs (y no como decretos delegados). Siguiendo la línea del DNU 70/2023, el gobierno dictó otros DNUs que profundizaron la liberalización de sectores estratégicos mediante: Decreto 446/2025 (elimina regulación de precios en garrafas), Decreto 304/2024 (TICs y telefonía móvil), Decreto 338/2025 (desregulación aerocomercial), Decreto 340/2025 (desregulación de la marina mercante y limitación al derecho a huelga), Decreto 103/2025 y 397/2025 (facilita tenencia de armas semiautomáticas). Esto supone la retirada del Estado en la defensa del interés público, con impactos directos sobre consumidores, usuarios y trabajadores.

Privatizaciones:

  • La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de las siguientes firmas: Energía Argentina S.A. (ENARSA); Intercargo; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A través de decretos citados previamente el gobierno fue habilitando el inicio del proceso de privatización en cada caso. Se dispuso asimismo el cierre de la empresa SOFSE.
  • A través del decreto 416/25, se establecieron las condiciones para efectuar los procesos de venta, concesión o subasta, que se llevarán a cabo de manera digital mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR.
  • La empresa IMPSA, por fuera de la Ley Bases dada la dependencia de la participación accionaria de la provincia de Mendoza, es el primer caso de privatización del gobierno de Milei. Fue concretada en febrero de 2025. La firma mendocina, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, fue traspasada a la estadounidense ARC Energy. No es casualidad que esta empresa haya sido la compradora ya que fue precisamente ARC Energy quien contrató a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos, en el marco de un contrato por el cual se adelantaron 120 millones de dólares.
  • Más allá del conjunto inicial de firmas públicas sobre las que ya se activaron procesos formales enmarcados en Ley Bases, el Gobierno nacional dejó en evidencia que su intención es ampliar aún más el alcance del programa de privatizaciones aun si estas no tienen autorización del Congreso. En recientes declaraciones, el 2 de julio de 2025 en una conferencia en IAE Summit de Universidad Austral, el Ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a cuatro mecanismos: 1) privatizaciones; 2) venta de activos (aquellos en manos de AABE); 3) concesiones (citando puntualmente a las hidroeléctricas) y 4) block trades, en caso de existir inversores grandes entrando al país. En medios de comunicación se precisó “en off” que las privatizaciones previstas refieren a NASA y AySA, ambas aprobadas por ley Bases, pero también incluyen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.
  • Aerolíneas Argentinas: post aprobación de la Ley Bases se intentó su privatización con una ley especial del Congreso, iniciativa que quedó estancada luego del debate en comisiones en Diputados en octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno continuó promoviendo un vaciamiento progresivo, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional. Se interrumpió la ruta a Reconquista, se eliminó el “Corredor Atlántico”, que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos, tres veces por semana, se anunció la suspensión de los vuelos Córdoba–Trelew, Rosario–Calafate, Rosario–Neuquén y Salta–Neuquén. También se amenazó con cerrar la ruta a Río Cuarto, lo cual finalmente no se concretó porque el municipio local ofreció un esquema de riesgo compartido, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica si no se alcanzaba un mínimo de ocupación de los vuelos. A la fecha, en Aerolíneas Argentinas, ya se ejecutaron medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior.
  • Banco Nación: el 20 de febrero de 2025, el Gobierno fijó la conversión del Banco Nación a Sociedad Anónima en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de preparar el terreno para su privatización posterior. Esta transformación fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025. Otros tres antecedentes desregulatorios muestran la intención de favorecer a entidades financieras privadas en detrimento del BNA: 1) Un antecedente clave de este proceso es el DNU 70/2023, que derogó la prohibición legal de privatizar el BNA establecida en 1999, que había sido aprobada con el acompañamiento de todos los bloques partidarios que “blindaron” al banco del proceso de privatización menemista; 2) A través del decreto 747/2024, el Gobierno eliminó en agosto la obligación de pagar los sueldos del personal de la administración pública a través del Banco Nación. También ordenó que se cancelen en el plazo de un año todos los convenios vigentes con esa entidad. Detrás de esta medida, lejos de haber un objetivo de eficiencia, se esconde una clara intención de debilitar al banco público y transferirles un negocio millonario a los bancos privados; 3) Con el nuevo estatuto -aprobado por Decreto 116/2025- el Directorio podría descapitalizar el Banco.
  • Casa de la moneda: En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ubicada en la localidad de Don Torcuato. En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta fueron dispensadas. El martes 1 de julio de 2025, mediante el Decreto 442/2025, se dispuso el traspaso de personal, bienes y funciones desde el organismo encargado de imprimir billetes y monedas hacia otros entes estatales, como ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Arsat.
  • Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF): en diciembre de 2024, el Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país.
  • Correo Argentino: Como primer paso, se eliminaron las regulaciones que limitaban la competencia en el mercado de paquetería y encomiendas. A partir de esta apertura, el Ejecutivo anticipó que buscará avanzar con su transferencia al sector privado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó los escenarios posibles para la empresa: “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse”.
  • Represas del Comahue: El ministro de Economía, anticipó el martes 10 de junio, que el Ejecutivo espera recibir entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación del paquete accionario de estas centrales, cuya concesión vigente desde la década del 90 vence en agosto de este año. Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Según lo anunciado, el Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para avanzar con su privatización, en lo que constituiría una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones:

  • De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, a saber: Parque Solar El Quemado y Anexos, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón y Sidersa. Y el quinto, Licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, viene a reemplazar la retirada de PETRONAS, también proyecto que estaba en carpeta.
  • En lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.
  • A pesar de otorgar concesiones extraordinarias (y superadoras a la ley de GNL propuesta por el gobierno anterior), el gobierno perdió la principal inversión en cabeza de PETRONAS de Malasia para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica.
  • Las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de mayo 2025 es negativo en USD -1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA.
  • La potencial liquidación de dólares es débil: los 5 proyectos aprobados significan según el informe 143 de Jefatura de Gabinete, una inversión de USD 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025). Tener presente, además, que al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real.
  • En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también deficiente: los 5 proyectos anunciados estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso los 14 proyectos presentados estiman la creación de apenas 23.872 puestos de trabajo (directos e indirectos), una cifra que representa solo el 20,7% de los empleos privados perdidos desde noviembre de 2023.

En materia tributaria:

  • La reforma del Impuesto a los Bienes Personales representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino. Al reducir las alícuotas más altas (de 1,75% a 0,25% en 2027) y mantener inalteradas las más bajas, se benefició de manera desproporcionada a los patrimonios de mayor volumen, aplanando la pirámide tributaria.
  • La creación de un régimen de pago anticipado con alícuotas preferenciales, consolidó un esquema fiscal que premia a los grandes contribuyentes con capacidad de adelantar pagos o con activos previamente no declarados. Además, el mantenimiento de estos beneficios hasta 2038 profundiza esa ventaja.
  • La eliminación del diferencial de alícuotas entre bienes en el país y en el exterior suprimió un instrumento clave para fomentar la repatriación de activos.
  • Mientras que entre enero y diciembre de 2023 la participación del impuesto a los Bienes Personales en relación al total de recursos tributarios se mantuvo relativamente estable en torno al 2,2%, a partir de enero de 2024 comienza una caída sostenida que alcanza un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.
  • Aunque hay una leve recuperación hacia el segundo semestre de 2024 producto de la recaudación por el régimen especial de pago anticipado, la incidencia vuelve a estabilizarse por debajo del 1,8% a partir de enero de 2025, lejos de los niveles de 2023.

En materia laboral:

  • La extensión del período de prueba y la creación de nuevas figuras contractuales como el "colaborador" habilitaron un modelo de contratación más precario, con menor protección para los trabajadores. Sin embargo, lejos de fomentar el empleo registrado, el mercado laboral formal se contrajo, con una pérdida de 115.353 puestos registrados del sector privado desde noviembre de 2023 a marzo de 2025.
  • El blanqueo laboral fracasó en sus objetivos: solo se registraron 7.660 trabajadores, pese a los amplios beneficios otorgados a empleadores.
  • El crecimiento de monotributistas (74.997 nuevos inscriptos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal.
  • El empleo asalariado registrado en el sector público se redujo, como parte de una política de desarticulación del Estado, en 58.210 puestos. La reducción se dio en el marco del ajuste fiscal y fue facilitada por la reforma laboral, que habilitó el pase a disponibilidad por 12 meses y luego el despido de trabajadores estatales.
  • La tasa de informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales entre el 4° trimestre de 2023 y el 4° trimestre de 2024, alcanzando el 42% en los aglomerados urbanos. Este incremento se da en contraposición al discurso oficial que sostiene que la flexibilización del mercado laboral permitiría aumentar la formalidad. En los hechos, ocurrió lo contrario.
  • La implementación de los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional representa un claro retroceso en materia de derechos laborales. Bajo un diseño mucho más laxo que el régimen de la construcción, sin garantías mínimas ni obligación de equivalencia con el esquema vigente, este nuevo modelo traslada el riesgo del despido a los propios trabajadores, cuya compensación queda atada al rendimiento de instrumentos financieros.

Anexo I - Decretos delegados dictados en ejercicio de delegaciones previstas en la Ley Bases

Decreto

Descripción

696/2024

Disolución del INADI.

699/2024

Disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

724/2024

Modificación de leyes 19.349 (Gendarmería Nacional) y 18.398 (Prefectura Naval).

819/2024

Modificación de la conformación de la Comisión Nacional para los refugiados.

888/2024

Disoluciones de fondos fiduciarios.

891/2024

Modificación de la ley 25.246 (UIF).

953/2024

Disolución de AFIP.

985/2024

Disolución FONCAP.

1018/2024

Disolución Pro.Cre.Ar.

1020/2024

Disolución de ENOHSA.

1037/2024

Circulación de bienes culturales.

1039/2024

Derogación de normas sobre créditos a beneficiarios previsionales.

1048/2024

Disolución de fondos fiduciarios.

1109/2024

Modificación de la ley 24.653 de transporte automotor de cargas. Sanciones.

1110/2024

Derogación de normas sobre trámite vinculados a Obras Sanitarias.

jun-25

Disolución de fondos fiduciarios.

18/2025

Modificaciones del Decreto-Ley N° 15.943/46.

49/2025

Reducción de derechos de importación para vehículos eléctricos.

55/2025

Disolución COPREC.

67/2025

Privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A..

97/2025

Privatización de Corredores Viales S.A..

105/2025

Modificaciones de la ley 13.064 y del decreto 1023/01.

115/2025

Transformación de YCRT.

116/2025

Transformación del BNA.

117/2025

Transformación de COVIARA.

144/2025

Disolución del Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria.

198/2025

Privatización de Intercargo.

205/2025

Transferencia de bienes de Fabricaciones Militares a CAMYEN S.E.

207/2025

Modificación de la ley 20.115 (Argentores).

216/2025

Modificaciones de la ley 25.997 (Turismo).

234/2025

Disolución del Fondo Fiduciario para el transporte eléctrico federal.

244/2025

Intervención de Corredores Viales S.A..

274/2025

Modificaciones de la ley 25.246 (atribuciones UIF).

286/2025

Privatización de ENARSA.

304/2025

Pase del Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad.

311/2025

Transferencia de la Caja de Retiros de la Policía Federal.

312/2025

Disolución de fondos fiduciarios.

339/2025

Derogaciones de leyes PyMEs.

341/2025

Modificación de la ley 26.075.

342/2025

Modificación de la ley 23.551.

344/2025

Transformación del Archivo Nacional de la Memoria.

345/2025

Reorganización de institutos.

351/2025

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

373/2025

Modificaciones a la ley 27.654 de Situación de calle y familias sin techo.

383/2025

Nuevo Estatuto PFA.

395/2025

Modificaciones al régimen de importaciones científico tecnológicas.

396/2025

Transformaciones y fusiones de institutos (INA - INPRES).

408/2025

Disolución de regímenes de promoción.

410/2025

Derogación de la ley 17.606 de Sanidad Vegetal.

415/2025

disolución de fondos fiduciarios (PPP - GLP - HOGAR).

428/2025

Modificación de la ley 25.761.

429/2025

Derogación de la ley 26.060.

431/2025

Modificación de la ley 26.184.

433/2025

Modificación de las leyes 26.522 y 27.078.

436/2025

Derogaciones de arts. de leyes 27.234 y 27.214.

437/2025

Derogación de la ley 21.134 (Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal Militar).

438/2025

Transformación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

442/2025

Reconformación de la Casa de la Moneda.

445/2025

Transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

446/2025

Modificaciones al régimen de GLP.

447/2025

Modificaciones a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Notas al pie

[1] En el Anexo I se listan los decretos delegados dictados en ejercicio de delegaciones previstas en la Ley Bases.

[2] https://www.pagina12.com.ar/839825-inminente-achique-del-inta-inti-y-otros-entes

[3] https://www.lanacion.com.ar/autos/el-gobierno-prepara-un-decreto-para-disolver-vialidad-nacional-y-transferir-el-control-del-transito-nid0207

[4] “El Mega DNU del gobierno de Milei: desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales”, Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 27 de diciembre de 2023. Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/459-el-mega-dnu-del-gobierno-de-milei-desregulaciones-desguace-extranjerizacion-y-fuerte-retroceso-en-derechos-laborales

[5] Con la entrada en vigencia de este DNU, un buque con bandera de Panamá, por ejemplo, podrá transportar combustible desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires sin generar un solo puesto de trabajo argentino, sin contratar proveedores locales ni cumplir con nuestras leyes ni estándares operativos. Mientras un buque argentino no puede navegar por el río Mississippi en Estados Unidos por restricciones de cabotaje, en Argentina el Gobierno decide abrir nuestros ríos y mares a cualquier bandera, sin exigir reciprocidad ni imponer condiciones mínimas. Este nivel de apertura unilateral contrasta con la práctica global. De los 130 países con litoral marítimo, más de 90 restringen el cabotaje nacional. Incluso Estados Unidos —modelo frecuentemente citado por el oficialismo— aplica una de las normativas más estrictas del mundo: solo permite realizar cabotaje a buques que hayan sido construidos en el país, estén inscriptos bajo bandera estadounidense y cuenten con tripulación exclusivamente norteamericana. Para ellos, la Marina Mercante es considerada estratégica al punto de ser catalogada como la “cuarta fuerza armada” por su rol en la defensa y la soberanía nacional.

Esto expone a los armadores nacionales a una competencia abiertamente desleal. Se los obliga a competir con empresas extranjeras que operan con tripulaciones mal pagas, sin sindicatos, sin controles ambientales ni laborales, que eluden inspecciones y bajan sus costos operativos a niveles imposibles de igualar. El resultado es previsible, la expulsión del capital nacional, destrucción de empleo argentino y mayor dependencia del transporte marítimo extranjero.

Véase “Impactos negativos de la desregulación en la industria naval y la marina mercante”, Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 30 de Abril de 2025”, Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/642-impactos-negativos-de-la-desregulacion-en-la-industria-naval-y-la-marina-mercante

[6] Apuntes sobre el acuerdo con el FMI, Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 20 de abril de 2025, Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/639-apuntes-sobre-el-acuerdo-con-el-fmi

[7] Consultar comunicado “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas advierte graves irregularidades en el procedimiento licitatorio de la Hidrovía”. Publicado el 11 de febrero de 2025. https://www.mpf.gob.ar/pia/la-procuraduria-de-investigaciones-administrativas-advierte-graves-irregularidades-en-el-procedimiento-licitatorio-de-la-hidrovia/

[8] Consultar información “Red Federal de Concesiones”. Disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Vialidad. https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/red-federal-de-concesiones

[9] Consultar informe “El rol del Estado en la economía y sectores estratégicos: análisis de las empresas públicas sujetas a privatización por el gobierno de Milei” Publicado el 23 de Enero de 2024. https://centrocepa.com.ar/informes/462-el-rol-del-estado-en-la-economia-y-sectores-estrategicos-analisis-de-las-empresas-publicas-sujetas-a-privatizacion-por-el-gobierno-de-milei  

[10] Clarín, 22 de junio de 2025: “Privatizaciones: quieren conseguir dólares, buscan vender una docena de empresas y, por ahora, hay pocos avances. Las represas del Comahue y la ruta del Mercosur son los procesos más avanzados. Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación están en la lista.”, disponible en: https://www.clarin.com/economia/privatizaciones-quieren-conseguir-dolares-buscan-vender-docena-empresas-ahora-pocos-avances_0_L1ovyq1NWN.html?srsltid=AfmBOooKbBPL5MsL4QDDai5FjJtlzxVlxVjtlyH0ySNTf6yA8mWSc_so

[11] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327096/20250618

[12] “El Gobierno echó a 117 personas de Corredores Viales por las protestas de la semana pasada en la Ricchieri”, La Nación, 16 de abril de 2025. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobierno-echo-a-117-personas-de-corredores-viales-por-las-protestas-de-la-semana-pasada-en-la-nid16042025/

[13] “El Estado se va a retirar de AySA; vamos a vender el 90% de las acciones”, dice su presidente, Alejo Maxit, La Nación, 15 de diciembre de 2024. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/el-estado-se-va-a-retirar-de-aysa-vamos-a-vender-el-90-de-las-acciones-dice-su-presidente-alejo-nid15122024/

[14] Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas No Financieras. Primer trimestre 2025, Ministerio de Economía de la Nación. Disponible en: https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/empretexto/ejecuempresas/2025/1ertrim25.pdf

[15] “Echaron al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en medio de un escándalo de coimas”, Infobae, 10 de septiembre de 2024. Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2024/09/10/echaron-al-interventor-de-yacimientos-carboniferos-rio-turbio-en-medio-de-un-escandalo-de-coimas/

[16] “El presidente de la compañía destacó que buscan abrir hasta el 49% de su paquete accionario al capital privado”, EconoJournal, 29 de octubre de 2024. Disponible en: https://econojournal.com.ar/2024/10/empresas-globales-interes-nucleoelectrica-grupo-de-viena/

[17] “La paralización de Dioxitek en Formosa pone en alerta el futuro de la energía eléctrica del país”, Agenfor, 3 de julio de 2024. Disponible en: https://agenfor.com.ar/2024/07/la-paralizacion-de-dioxitek-en-formosa-pone-en-alerta-el-futuro-de-la-energia-electrica-del-pais/

[18] Al 29 de octubre de 2024, al término del plenario, se firmaron cuatro dictámenes: uno de mayoría, firmado por diputados de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR, y tres dictámenes de minoría presentados por Unión por la Patria, Encuentro Federal (junto a Democracia para Siempre), y el Frente de Izquierda.

[19] Comisión Conjunta Presupuesto y Hacienda – Exposición Dip. J. Strada – 29/10/2024, disponible en: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Wkxm-UPXBtg

[20] Centro de Economía Política Argentina (CEPA), La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a mayo 2025, 1 de julio de 2025. Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/656-la-dotacion-de-personal-del-sector-publico-nacional-datos-a-mayo-2025

[21] “El Gobierno cierra la planta de fabricación de billetes ex Ciccone”, Argentina.gob.ar, 18 de noviembre de 2024. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-cierra-la-planta-de-fabricacion-de-billetes-ex-ciccone

[22] “El Gobierno Nacional oficializó el cierre definitivo de Trenes Argentinos Capital Humano”, Argentina.gob.ar, 17 de diciembre de 2024. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-oficializo-el-cierre-definitivo-de-trenes-argentinos-capital-humano

[23] “Decreto 747/2024”, Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de agosto de 2024. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/312565/20240821

[24] https://drive.google.com/file/d/1KfnUl-OcLi7Zucri8awLgZzAvtFYDSa7/view

[25] Página 34 - Recortes de la Medida Cautelar del Juez Alejo Ramos Padilla

[26] “Correo Argentino: tras anunciar la desregulación del sector, el Gobierno pone sobre la mesa la privatización de la empresa”, Clarín, 11 de noviembre de 2024. Disponible en: https://www.clarin.com/economia/correo-argentino-anunciar-desregulacion-sector-gobierno-pone-mesa-privatizacion-empresa_0_rzjptjIHN2.html

[28] Consultar: “ARC Selected as Prime Contractor for U.S. Navy Worldwide Expeditionary Multiple Award Contract”, ARC Shipping, 15 de junio de 2021. Disponible en: https://www.arcshipping.com/news/arc-selected-as-prime-contractor-for-u-s-navy-worldwide-expeditionary-multiple-award-contract/

[29] Strada, J., & Letcher, H. (21 de abril de 2024). Empoderar leones. El Cohete a la Luna. https://www.elcohetealaluna.com/empoderar-leones/

[30] Consultar informe “La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a mayo 2025” Publicado el 01 de Julio de 2025. https://centrocepa.com.ar/informes/656-la-dotacion-de-personal-del-sector-publico-nacional-datos-a-mayo-2025

[31] A la fecha de elaboración de este informe, se espera su tratamiento en el Senado.

Registro bibliográfico

Informe CEPA N° 495, ISSN 2796-7166.

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